Magdalena Leticia Rangel Ortiz

Expediente 208/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
208/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • Magdalena Leticia Rangel Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en la que se NEGÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de pruebas que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de haberse NEGADO el amparo y protección de la justicia federal; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCION: Morelia, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil veintidós VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo II-208/2022, promovido por MAGDALENA LETICIA RANGEL ORTIZ, por propio derecho, contra un acto del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado a través de buzón judicial el veintitrés de febrero de dos mil veintidós y turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional,1 MAGDALENA LETICIA RANGEL ORTIZ acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en los términos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: El Juez Octavo en Materia Civil de este Distrito Judicial, con domicilio ubicado en (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS: la sentencia interlocutoria de fecha 4 de febrero del año 2022, que resuelve el recurso de revocación en contra del auto de fecha 17 de enero del año 2022, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 100/2021. (.)" Ocurso en el que la parte quejosa narró los antecedentes del caso, señaló los preceptos constitucionales que consideró vulnerados y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Prevención. En auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós2 se ordenó el registro del cuaderno de amparo con el número consecutivo correspondiente y se previno a la parte promovente para que aclarara su demanda sobre lo siguiente: 1 Fojas 1 y 2. 2 Fojas 12 a 14 "1.- Manifieste expresamente si los hechos y abstenciones que refiere en la demanda, los expone bajo protesta de decir verdad, toda vez que de la lectura integral de su demanda se observa que es omiso en satisfacer dicho requisito. (.) 2.- Asimismo, aclare la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, toda vez que de la lectura integra de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución dictada el cuatro de febrero de dos mil veintidós; sin embargo, en el capítulo "VII" de su demanda, titulado "FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO" refiere que ello ocurrió el "día 29 de noviembre de la presente anualidad"; por lo que ante tal inconsistencia, deberá precisar la fecha correcta. (.)" TERCERO. Cumplimiento de prevención. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintidós,3 la parte quejosa contestó la prevención que le fue formulada en los términos siguientes: "PRIMERO. Por tanto, manifiesto que los hechos y abstenciones planteadas en mi escrito de demanda de amparo indirecto, los expongo bajo protesta de decir verdad. SEGUNDO. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que tuve conocimiento del acto reclamado el día 8 de febrero del año 2022, fecha en que se me notificó la sentencia interlocutoria, misma que se combate, información que será verificada cuando la autoridad responsable rinda su informe previo a esta autoridad federal. (.)" CUARTO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de once de marzo de dos mil veintidós4 se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; la que 3 Fojas 17 y 18 4 Fojas 19 a 22 ??????????????? previo su diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello toda vez que se reclaman actos negativos emitidos por una autoridad con sede dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal ejerce jurisdicción y que emergen de un juicio ejecutivo mercantil. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda ???????????? de garantías y escrito aclaratorio se desprende que el acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad responsable consiste en: ? La resolución interlocutoria de tres de febrero de dos mil veintidós, que recayó al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de diecisiete de enero del año en cita, dentro del juicio ejecutivo mercantil 100/2021. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con la constancia que remitió como sustento de su informe, consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 100/2021; a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Cobran aplicación las jurisprudencias emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal del país que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto".5 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".6 CUARTO. Antecedentes. Previo al análisis de la procedencia del juicio de amparo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de 5 No. Registro: 917,812, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 278, Página: 231 6 No. Registro: 394,182, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis: 226, Página: 153 origen para una mejor comprensión del asunto; así, se tiene que: 1. Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintiuno, Hugo Said Morales Rodríguez y Rogelio Rangel Valencia en cuanto endosatarios en procuración de Magdalena Leticia Rangel Ortiz y/o Magdalena L. Rangel O. y/o Leticia Rangel Ortiz, demandaron en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a Rosa María Guido Mendoza, en cuanto deudora principal, el pago de diversas sumas por concepto se suerte principal, más los intereses moratorios que se siguieran acumulando, así como el pago de gastos y costas generados con motivo del juicio.7 2. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, quien mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno la admitió a trámite, ordenando su registro bajo el número de expediente 100/2021; proveído en el que se autorizó al actuario de aquella adscripción para que se constituyera en el domicilio de la demandada para que llevara a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento.8 Diligencia anterior que no se ha llevado a cabo de acuerdo a las constancias remitidas por el juez de origen. 7 Foja 2 a 8 del juicio de origen. 8 Fojas 14 y 15 ídem ??????????????? 3. Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno,9 la parte accionante promovió incidente sobre providencia precautoria, consistente en la retención del bien inmueble "LOTE MZA. T ZONA 1, EJIDO DE SAN JUANITO ITZÍCUARO, DEL MUNICIPIO Y DISTRITO DE MORELIA, MICHOACÁN, CON REGISTRO NÚMERO 53 (CINCUENTA Y TRES) DEL TOMO 3427 (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE), DE FECHA 12 DE ABRIL DE 1995 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DEL LIBRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL DISTRITO DE MORELIA", propiedad de la demandada. 4. A la anterior petición recayó el proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno,10 mediante el cual el juez responsable determinó que no había lugar a admitir el incidente planteado, virtud de ya haberse autorizado el embargo de bienes de la reo y ser inaplicable la retención. 5. A través de diverso escrito presentado el trece de enero de dos mil veintidós,11 la parte actora promovió de nueva cuenta el incidente precisado en el punto 3. 6. Al anterior escrito recayó el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintidós, en el que el juez responsable nuevamente determinó no admitir el incidente, bajo el argumento de que fue planteado en los mismos términos que el anterior, el cual fue desechado por los 9 Fojas 86 a 90 ídem 10 Fojas 93 y 94 ídem 11 Fojas 99 a 103 ídem motivos expuestos en auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno. 7. En contra de la anterior determinación,12 la parte actora interpuso recurso de revocación, el cual se admitió en auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós.13 8. Mediante resolución de tres de febrero de dos mil veintidós,14 el juez responsable declaró infundado el recurso. Ello en atención a las siguientes consideraciones: ".el auto recurrido de modo alguno trasgrede las disposiciones invocadas ni se emitió sin haber fundado y motivado la negativa a su petición de 13 trece de enero del año actual, esencialmente, sobre la admisibilidad de la providencia precautoria sobre retención de bienes de la parte accionada, habida cuenta que su inadmisión y desechamiento de plano en los términos expuestos, obedeció al sustentarse en los mismos argumentos y fundamentos planteados en escrito que presentó el 1 uno de diciembre de 2021 dos mil veintiuno y, el cual, fue materia de contestación en proveído de 6 seis de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, en el que se fundó y motivó la negativa de la providencia precautoria a que hace alusión, en acatamiento a lo dispuesto en los artículo 8º y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 1077 del Código de Comercio; auto que adquirió firmeza legal y se convalidó de pleno derecho, pues no fue combatido por los recursos ordinarios en la materia ni se contrapuso, invalidó o nulificó a través de los medios de defensa previstos para nuestra legislación." La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado y realizada una reseña de las principales constancias que integran el juicio de origen, se analizará la procedencia del juicio de 12 Fojas 108 a 117 ídem 13 Foja 118 ídem 14 Fojas 120 y 121 ídem ????????????? amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita, se advierte que no es necesario que alguna de las partes invoque la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque el análisis de las mismas es de orden público. En el caso concreto, las partes no hicieron valer causales de improcedencia y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, por lo que procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Registro digital: 164618 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora, de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio, se desprende que la quejosa MAGDALENA LETICIA RANGEL ORTIZ alega, en esencia, que la resolución reclamada trasgrede en su perjuicio las garantías previstas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados, bajo los siguientes argumentos. La autoridad responsable no fundó ni motivó su resolución de tres de febrero de dos mil veintidós, dictada con motivo del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de diecisiete del mes y año en cita, pues es omisa en establecer cuál o cuáles normas legales dan sustento a las razones que la condujeron a no admitir en la vía incidental la providencia precautoria de retención de inmueble. Además, no atendió a la totalidad de los argumentos planteados al dar contestación al recurso de revocación de la parte contraria, lo que se traduce en una violación al principio de exhaustividad. Los anteriores argumentos son infundados. Se estima de esta forma, ya que contrario a lo alegado por la quejosa, el juez responsable sí fundó su determinación en los preceptos legales que estimó ????????????? aplicables, siendo éstos los artículos 1077, 1334 y 1335 del Código de Comercio. Además expuso las razones y motivos que tuvo en consideración para resolver el recurso de revocación en la forma en que lo hizo, siendo las siguientes: ? El incidente se sustenta en los mismos argumentos y fundamentos planteados en escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno, el cual fue materia de contestación en proveído de seis del mes y año en cita, en el que se fundó y motivó la negativa de la providencia precautoria solicitada, en acato a lo dispuesto por los artículos 8º y 19 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 1077 del Código de Comercio; ? El proveído combatido adquirió firmeza y se convalidó de pleno derecho, al no haber sido combatido por los recursos ordinarios en la materia, ni se contrapuso, invalidó o nulificó a través de los medios de defensa previstos en la legislación aplicable. De lo anterior, como se indicó, se aprecia que la autoridad responsable fundó y motivó su determinación, en virtud de que expresó las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su emisión, cumpliendo de esta forma con los requisitos establecidos por el mencionado dispositivo 16 de la Constitución Federal. Además, se estima que en la resolución combatida en esta instancia constitucional, la autoridad responsable sí cumplió con el principio de exhaustividad. Ello, si se toma en consideración que a través de los agravios planteados en su escrito de revocación, la parte quejosa alegó esencialmente, la falta e indebida aplicación en su perjuicio de los artículos 1069, 1168 y 1177 del Código de Comercio, así como el artículo 42, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, y estima cumplió con los requisitos para que proceda la medida precautoria; por lo que considera que la resolución recurrida carece de fundamentación y motivación. Sin embargo, como se desprende de los puntos torales en los que descansa la resolución reclamada, antes precisados, la responsable sí contestó lo esencialmente alegado por el recurrente, en tanto que hizo referencia a la firmeza del auto anterior, virtud de su falta de impugnación, donde desestimó la solicitud de la medida precautoria en los mismos términos. Por otro lado, la quejosa argumenta que conforme a lo dispuesto por los artículos 1168, 1175, 1176, 1177, 1183 y 1187 de Código de Comercio, resulta procedente la providencia precautoria planteada vía incidental. Agrega que la autoridad responsable no tomó en cuenta que la promoción de dicha providencia obedeció a que no se ha podido emplazar a juicio a la parte demandada; lo que genera el temor de que el único bien que pueda garantizar el pago de las prestaciones reclamadas sea dilapidado o embargado por acreedores diversos que pudieren tener derecho sobre éste. Por lo anterior, la quejosa considera haber acreditado el derecho de promover una providencia precautoria para el aseguramiento de lo que presuntivamente se le adeuda de acuerdo al título de crédito base de la acción. Los anteriores argumentos son inoperantes. ???????????? Ello pues tienden a combatir el auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, por el que la autoridad responsable determinó no admitir el incidente sobre providencia precautoria de retención de inmueble promovido dentro del juicio de origen. Sin embargo, tal determinación no constituye la materia de la litis en esta instancia constitucional, sino la resolución que recayó al recurso de revocación interpuesto en contra de ese proveído. Cobra aplicación por analogía, el criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "Registro digital: 203515 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, página 121 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO. Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia." Por otra parte, aduce la promovente de amparo que resulta infundado el actuar de la responsable, al no admitir la providencia precautoria promovida vía incidental, bajo el argumento de ésta fue planteada en los mismos términos de diversa incidencia tramitada por cuerda separada, de conformidad con lo establecido por el artículo 1177 del Código de Comercio. Lo que considera, no debe operar en el caso, pues al tratase de un incidente que se tramita por cuerda separada, éste debe resolverse con la fundamentación y motivación propia en la resolución, no así limitándose a remitir su fundamentación y motivación a un auto que resolvió un incidente diverso. Lo anterior es infundado. Eso ya que como acertadamente el juez responsable lo sostuvo en la resolución recamada, al haberse planteado el incidente de providencia precautoria en los mismos términos del diverso desechado a través de acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, como esto último no se combatió oportunamente, dicha determinación adquiere firmeza, precluyendo su derecho a hacerlo. Ello pues la parte quejosa ejerció la facultad o derecho de haber solicitado dicha incidencia previamente, habiéndose desestimado su pretensión. Por ende, no podría ya ser modificada virtud de que debe continuar rigiendo. Cobra aplicación la tesis por contradicción de criterios, del tenor: "Registro digital: 168293 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 2a. CXLVIII/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, página 301 Tipo: Aislada PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA. La mencionada institución jurídica procesal, consistente en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, contribuye a que el proceso en general, para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad posible, pues por virtud de la preclusión, las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la posibilidad de discusión, en aras de que la controversia planteada se solucione en el menor tiempo posible, observando el principio de impartición de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar cuando: a) No se haya observado el orden u oportunidad establecido en la ley, para la realización del acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad procesal incompatible con el ????????????? ejercicio de otra; y, c) La facultad relativa se haya ejercido válidamente en una ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos corresponde a la consumación propiamente dicha, indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, lo que implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede hacerse valer en un momento posterior. En ese sentido, la figura procesal referida permite que las resoluciones judiciales susceptibles de ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de los recursos y medios ordinarios de defensa que establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza cuando se emita la decisión que resuelva el medio impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se haya hecho valer." En las relatadas condiciones, ante lo inoperante e infundado de los argumentos analizados, lo procedente es NEGAR a la quejosa MAGDALENA LETICIA RANGEL ORTIZ, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, respecto al acto reclamado examinado en el presente considerando. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MAGDALENA LETICIA RANGEL ORTIZ, por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza, el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil veintidós VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo II-208/2022, promovido por MAGDALENA LETICIA RANGEL ORTIZ, por propio derecho, contra un acto del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado a través de buzón judicial el veintitrés de febrero de dos mil veintidós y turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional,1 MAGDALENA LETICIA RANGEL ORTIZ acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en los términos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: El Juez Octavo en Materia Civil de este Distrito Judicial, con domicilio ubicado en (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS: la sentencia interlocutoria de fecha 4 de febrero del año 2022, que resuelve el recurso de revocación en contra del auto de fecha 17 de enero del año 2022, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 100/2021. (.)" Ocurso en el que la parte quejosa narró los antecedentes del caso, señaló los preceptos constitucionales que consideró vulnerados y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Prevención. En auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós2 se ordenó el registro del cuaderno de amparo con el número consecutivo correspondiente y se previno a la parte promovente para que aclarara su demanda sobre lo siguiente: 1 Fojas 1 y 2. 2 Fojas 12 a 14 "1.- Manifieste expresamente si los hechos y abstenciones que refiere en la demanda, los expone bajo protesta de decir verdad, toda vez que de la lectura integral de su demanda se observa que es omiso en satisfacer dicho requisito. (.) 2.- Asimismo, aclare la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, toda vez que de la lectura integra de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución dictada el cuatro de febrero de dos mil veintidós; sin embargo, en el capítulo "VII" de su demanda, titulado "FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO" refiere que ello ocurrió el "día 29 de noviembre de la presente anualidad"; por lo que ante tal inconsistencia, deberá precisar la fecha correcta. (.)" TERCERO. Cumplimiento de prevención. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintidós,3 la parte quejosa contestó la prevención que le fue formulada en los términos siguientes: "PRIMERO. Por tanto, manifiesto que los hechos y abstenciones planteadas en mi escrito de demanda de amparo indirecto, los expongo bajo protesta de decir verdad. SEGUNDO. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que tuve conocimiento del acto reclamado el día 8 de febrero del año 2022, fecha en que se me notificó la sentencia interlocutoria, misma que se combate, información que será verificada cuando la autoridad responsable rinda su informe previo a esta autoridad federal. (.)" CUARTO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de once de marzo de dos mil veintidós4 se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; la que 3 Fojas 17 y 18 4 Fojas 19 a 22 ??????????????? previo su diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello toda vez que se reclaman actos negativos emitidos por una autoridad con sede dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal ejerce jurisdicción y que emergen de un juicio ejecutivo mercantil. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda ???????????? de garantías y escrito aclaratorio se desprende que el acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad responsable consiste en: ? La resolución interlocutoria de tres de febrero de dos mil veintidós, que recayó al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de diecisiete de enero del año en cita, dentro del juicio ejecutivo mercantil 100/2021. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con la constancia que remitió como sustento de su informe, consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 100/2021; a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Cobran aplicación las jurisprudencias emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal del país que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto".5 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".6 CUARTO. Antecedentes. Previo al análisis de la procedencia del juicio de amparo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de 5 No. Registro: 917,812, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 278, Página: 231 6 No. Registro: 394,182, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis: 226, Página: 153 origen para una mejor comprensión del asunto; así, se tiene que: 1. Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintiuno, Hugo Said Morales Rodríguez y Rogelio Rangel Valencia en cuanto endosatarios en procuración de Magdalena Leticia Rangel Ortiz y/o Magdalena L. Rangel O. y/o Leticia Rangel Ortiz, demandaron en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a Rosa María Guido Mendoza, en cuanto deudora principal, el pago de diversas sumas por concepto se suerte principal, más los intereses moratorios que se siguieran acumulando, así como el pago de gastos y costas generados con motivo del juicio.7 2. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, quien mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno la admitió a trámite, ordenando su registro bajo el número de expediente 100/2021; proveído en el que se autorizó al actuario de aquella adscripción para que se constituyera en el domicilio de la demandada para que llevara a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento.8 Diligencia anterior que no se ha llevado a cabo de acuerdo a las constancias remitidas por el juez de origen. 7 Foja 2 a 8 del juicio de origen. 8 Fojas 14 y 15 ídem ??????????????? 3. Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno,9 la parte accionante promovió incidente sobre providencia precautoria, consistente en la retención del bien inmueble "LOTE MZA. T ZONA 1, EJIDO DE SAN JUANITO ITZÍCUARO, DEL MUNICIPIO Y DISTRITO DE MORELIA, MICHOACÁN, CON REGISTRO NÚMERO 53 (CINCUENTA Y TRES) DEL TOMO 3427 (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE), DE FECHA 12 DE ABRIL DE 1995 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DEL LIBRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL DISTRITO DE MORELIA", propiedad de la demandada. 4. A la anterior petición recayó el proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno,10 mediante el cual el juez responsable determinó que no había lugar a admitir el incidente planteado, virtud de ya haberse autorizado el embargo de bienes de la reo y ser inaplicable la retención. 5. A través de diverso escrito presentado el trece de enero de dos mil veintidós,11 la parte actora promovió de nueva cuenta el incidente precisado en el punto 3. 6. Al anterior escrito recayó el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintidós, en el que el juez responsable nuevamente determinó no admitir el incidente, bajo el argumento de que fue planteado en los mismos términos que el anterior, el cual fue desechado por los 9 Fojas 86 a 90 ídem 10 Fojas 93 y 94 ídem 11 Fojas 99 a 103 ídem motivos expuestos en auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno. 7. En contra de la anterior determinación,12 la parte actora interpuso recurso de revocación, el cual se admitió en auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós.13 8. Mediante resolución de tres de febrero de dos mil veintidós,14 el juez responsable declaró infundado el recurso. Ello en atención a las siguientes consideraciones: ".el auto recurrido de modo alguno trasgrede las disposiciones invocadas ni se emitió sin haber fundado y motivado la negativa a su petición de 13 trece de enero del año actual, esencialmente, sobre la admisibilidad de la providencia precautoria sobre retención de bienes de la parte accionada, habida cuenta que su inadmisión y desechamiento de plano en los términos expuestos, obedeció al sustentarse en los mismos argumentos y fundamentos planteados en escrito que presentó el 1 uno de diciembre de 2021 dos mil veintiuno y, el cual, fue materia de contestación en proveído de 6 seis de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, en el que se fundó y motivó la negativa de la providencia precautoria a que hace alusión, en acatamiento a lo dispuesto en los artículo 8º y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 1077 del Código de Comercio; auto que adquirió firmeza legal y se convalidó de pleno derecho, pues no fue combatido por los recursos ordinarios en la materia ni se contrapuso, invalidó o nulificó a través de los medios de defensa previstos para nuestra legislación." La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado y realizada una reseña de las principales constancias que integran el juicio de origen, se analizará la procedencia del juicio de 12 Fojas 108 a 117 ídem 13 Foja 118 ídem 14 Fojas 120 y 121 ídem ????????????? amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita, se advierte que no es necesario que alguna de las partes invoque la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque el análisis de las mismas es de orden público. En el caso concreto, las partes no hicieron valer causales de improcedencia y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, por lo que procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Registro digital: 164618 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora, de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio, se desprende que la quejosa MAGDALENA LETICIA RANGEL ORTIZ alega, en esencia, que la resolución reclamada trasgrede en su perjuicio las garantías previstas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados, bajo los siguientes argumentos. La autoridad responsable no fundó ni motivó su resolución de tres de febrero de dos mil veintidós, dictada con motivo del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de diecisiete del mes y año en cita, pues es omisa en establecer cuál o cuáles normas legales dan sustento a las razones que la condujeron a no admitir en la vía incidental la providencia precautoria de retención de inmueble. Además, no atendió a la totalidad de los argumentos planteados al dar contestación al recurso de revocación de la parte contraria, lo que se traduce en una violación al principio de exhaustividad. Los anteriores argumentos son infundados. Se estima de esta forma, ya que contrario a lo alegado por la quejosa, el juez responsable sí fundó su determinación en los preceptos legales que estimó ????????????? aplicables, siendo éstos los artículos 1077, 1334 y 1335 del Código de Comercio. Además expuso las razones y motivos que tuvo en consideración para resolver el recurso de revocación en la forma en que lo hizo, siendo las siguientes: ? El incidente se sustenta en los mismos argumentos y fundamentos planteados en escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno, el cual fue materia de contestación en proveído de seis del mes y año en cita, en el que se fundó y motivó la negativa de la providencia precautoria solicitada, en acato a lo dispuesto por los artículos 8º y 19 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 1077 del Código de Comercio; ? El proveído combatido adquirió firmeza y se convalidó de pleno derecho, al no haber sido combatido por los recursos ordinarios en la materia, ni se contrapuso, invalidó o nulificó a través de los medios de defensa previstos en la legislación aplicable. De lo anterior, como se indicó, se aprecia que la autoridad responsable fundó y motivó su determinación, en virtud de que expresó las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su emisión, cumpliendo de esta forma con los requisitos establecidos por el mencionado dispositivo 16 de la Constitución Federal. Además, se estima que en la resolución combatida en esta instancia constitucional, la autoridad responsable sí cumplió con el principio de exhaustividad. Ello, si se toma en consideración que a través de los agravios planteados en su escrito de revocación, la parte quejosa alegó esencialmente, la falta e indebida aplicación en su perjuicio de los artículos 1069, 1168 y 1177 del Código de Comercio, así como el artículo 42, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, y estima cumplió con los requisitos para que proceda la medida precautoria; por lo que considera que la resolución recurrida carece de fundamentación y motivación. Sin embargo, como se desprende de los puntos torales en los que descansa la resolución reclamada, antes precisados, la responsable sí contestó lo esencialmente alegado por el recurrente, en tanto que hizo referencia a la firmeza del auto anterior, virtud de su falta de impugnación, donde desestimó la solicitud de la medida precautoria en los mismos términos. Por otro lado, la quejosa argumenta que conforme a lo dispuesto por los artículos 1168, 1175, 1176, 1177, 1183 y 1187 de Código de Comercio, resulta procedente la providencia precautoria planteada vía incidental. Agrega que la autoridad responsable no tomó en cuenta que la promoción de dicha providencia obedeció a que no se ha podido emplazar a juicio a la parte demandada; lo que genera el temor de que el único bien que pueda garantizar el pago de las prestaciones reclamadas sea dilapidado o embargado por acreedores diversos que pudieren tener derecho sobre éste. Por lo anterior, la quejosa considera haber acreditado el derecho de promover una providencia precautoria para el aseguramiento de lo que presuntivamente se le adeuda de acuerdo al título de crédito base de la acción. Los anteriores argumentos son inoperantes. ???????????? Ello pues tienden a combatir el auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, por el que la autoridad responsable determinó no admitir el incidente sobre providencia precautoria de retención de inmueble promovido dentro del juicio de origen. Sin embargo, tal determinación no constituye la materia de la litis en esta instancia constitucional, sino la resolución que recayó al recurso de revocación interpuesto en contra de ese proveído. Cobra aplicación por analogía, el criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "Registro digital: 203515 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, página 121 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO. Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia." Por otra parte, aduce la promovente de amparo que resulta infundado el actuar de la responsable, al no admitir la providencia precautoria promovida vía incidental, bajo el argumento de ésta fue planteada en los mismos términos de diversa incidencia tramitada por cuerda separada, de conformidad con lo establecido por el artículo 1177 del Código de Comercio. Lo que considera, no debe operar en el caso, pues al tratase de un incidente que se tramita por cuerda separada, éste debe resolverse con la fundamentación y motivación propia en la resolución, no así limitándose a remitir su fundamentación y motivación a un auto que resolvió un incidente diverso. Lo anterior es infundado. Eso ya que como acertadamente el juez responsable lo sostuvo en la resolución recamada, al haberse planteado el incidente de providencia precautoria en los mismos términos del diverso desechado a través de acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, como esto último no se combatió oportunamente, dicha determinación adquiere firmeza, precluyendo su derecho a hacerlo. Ello pues la parte quejosa ejerció la facultad o derecho de haber solicitado dicha incidencia previamente, habiéndose desestimado su pretensión. Por ende, no podría ya ser modificada virtud de que debe continuar rigiendo. Cobra aplicación la tesis por contradicción de criterios, del tenor: "Registro digital: 168293 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 2a. CXLVIII/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, página 301 Tipo: Aislada PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA. La mencionada institución jurídica procesal, consistente en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, contribuye a que el proceso en general, para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad posible, pues por virtud de la preclusión, las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la posibilidad de discusión, en aras de que la controversia planteada se solucione en el menor tiempo posible, observando el principio de impartición de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar cuando: a) No se haya observado el orden u oportunidad establecido en la ley, para la realización del acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad procesal incompatible con el ????????????? ejercicio de otra; y, c) La facultad relativa se haya ejercido válidamente en una ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos corresponde a la consumación propiamente dicha, indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, lo que implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede hacerse valer en un momento posterior. En ese sentido, la figura procesal referida permite que las resoluciones judiciales susceptibles de ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de los recursos y medios ordinarios de defensa que establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza cuando se emita la decisión que resuelva el medio impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se haya hecho valer." En las relatadas condiciones, ante lo inoperante e infundado de los argumentos analizados, lo procedente es NEGAR a la quejosa MAGDALENA LETICIA RANGEL ORTIZ, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, respecto al acto reclamado examinado en el presente considerando. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MAGDALENA LETICIA RANGEL ORTIZ, por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza, el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 208/2022 promovido por Magdalena Leticia Rangel Ortiz contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no tiene reconocido el carácter de tercero interesado persona alguna. Por otra parte, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tuvo por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad responsable ofreció diversas pruebas documentales, con las que se ordenó formas un tomo de pruebas por separado; mismas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ: Al no existir pedimento ni alegatos de las partes que tener por reproducidos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. ESPERANZA FUENTES REYES

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