Magdalena Hernández Pérez
Expediente 863/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Magdalena Hernández Pérez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta población, al que acompaña testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 184/2022, interpuesto por Magdalena Hernández Pérez, contra el auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano su demanda de amparo; así como un cuaderno de copias certificadas deducidas del presente juicio de amparo; acúsese recibo. Ahora bien, advirtiéndose que el referido Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso de queja quedando firme el auto recurrido; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso d) (aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que el cuaderno devuelto por la autoridad oficiante, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este expediente, por lo que se ordena su destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintidós. Glósese el oficio de cuenta, que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta población, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Edgar López García, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintidós de julio del año en curso, que desechó la demanda de amparo, el cual quedó radicado con el número 184/2022. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintidós . Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Edgar López García, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo; visto su contenido y con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Magdalena Hernández Pérez. Por tanto, agréguese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, ríndase el informe con justificación en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que por acuerdo de veintidós de julio del presente año, se desechó la demanda de amparo promovida por la quejosa Magdalena Hernández Pérez; al que se deberá adjuntar el original y copia del ocurso de cuenta, así como copia certificada de la totalidad de las constancias que forman el presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo en Turno, de este Décimo Tercer Circuito, para la substanciación del recurso. Con fundamento el artículo 3 de la Ley de Amparo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; así como el diverso Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, una vez que el presente expediente se encuentre integrado para su remisión, realícense las certificaciones respectivas en los autos del presente juicio de amparo, relativa a la validación de la coincidencia en su totalidad entre el expediente electrónico y el impreso, así como el escrito de cuenta recibido vía electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por MAGDALENA HERNÁNDEZ PÉREZ, contra actos de la magistrada de la Décima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otra autoridad; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso con el número 863/2022, regístrese en el libro de gobierno. Análisis de la demanda. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte la parte quejosa reclama lo siguiente: De la magistrada de la Décima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La resolución de treinta de junio del año dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTPA/14/2022, que determinó no admitir por improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra de la continuación de la audiencia intermedia de seis de mayo de dos mil veintidós, desahogada en la causa penal 217/2022, en que el juez de control admitió los medios de prueba de la defensa. Del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Como consecuencia del acto reclamado antes indicado, la pretensión de desahogar la audiencia de juicio oral programada en la causa penal 217/2022 del índice del Juzgado de Control de Putla de Guerrero, Oaxaca de la cual emana el acto reclamado. Refiere, bajo protesta de decir verdad, en la continuación de la audiencia intermedia de seis de mayo de dos mil veintidós, desahogada en la causa penal 217/2022, el juez de control admitió los medios de prueba de la defensa, a pesar de no haberse realizado con las formalidades que para tal efecto prevee el Código Nacional de Procedimientos Penales; inconforme con lo anterior, su asesor jurídico interpuso recurso de apelación, mismo que mediante resolución de treinta de junio del año dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTPA/14/2022, no fue admitido por la magistrada de la Décima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por considerado improcedente. En el presente caso, se estima actualizada, de manera notoria y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario; que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De tales preceptos deriva que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio, únicamente será procedente cuando esos actos afecten derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. La interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; en tanto que los que no son de imposible reparación solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora bien, el legislador precisó el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos, con lo cual proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de este tipo, ya que estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación materia a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían recaer sobre derechos sustantivos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente a las leyes adjetivas. De esta interpretación se deducen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos. Tales derechos sustantivos, son considerados antagónicos a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que dependen de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso concreto, se trata de un tema procesal que, por el momento, no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, pues la determinación combatida no afecta de modo material, directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos del quejoso, como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión, puesto que, como se dijo, no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación procesal que pudiera ocasionarse puede ser subsanada al momento de que el Juez emita la resolución definitiva favorable a sus intereses, por lo que esa esa violación que impugna desaparecería y, en caso contrario, esto es, aun cuando no fuera así, puede remediarse mediante el medio de defensa que se promueva en contra del citado fallo definitivo, alegándolo como una violación procesal, incluso en amparo directo. Conforme a lo anterior, los actos reclamados no tienen ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no reviste la categoría de un derecho "sustantivo", consagrado en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Esto es así, pues los efectos que ocasionaron los actos combatidos, no constituyen actos de imposible reparación, pues no afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que la afectación que provocan los mencionados actos no es actual, sino que produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, en cuya hipótesis podrá hacer valer esa situación al inconformarse contra la resolución que resuelva en definitiva el proceso penal, y podrá hacer valer alegaciones en contra de dicho acto reclamado; incluso, de resultarle adversa la citada impugnación, podrá reclamar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo correspondiente. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, consultable en la página 1319 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Así como, la tesis XVII.1o.P.A.98 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, consultable en la página 6207 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, de rubro y texto: "PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN EN EL QUE SE RECLAMA UNA DETERMINACIÓN TOMADA EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA, SOBRE LA ADMISIÓN DE PRUEBAS, NO ES UN ACTO CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de título y subtítulo: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL.", resolvió que el estudio de violaciones procesales en amparo directo debe limitarse exclusivamente a las ocurridas en la audiencia de juicio oral, lo que significa que las partes se encuentran obligadas a formular sus planteamientos en el momento o etapa procesal correspondiente, ya que de lo contrario, por regla general, se entenderá que agotaron su derecho para inconformarse. En ese sentido, el desechamiento del recurso de apelación en el que se reclamó una determinación tomada en audiencia intermedia, sobre la admisión de diversas pruebas, no afecta derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, ya que se está frente a una violación procesal susceptible de ser reparada durante el desarrollo del juicio oral, en donde la defensa puede controvertir el desahogo y valoración de dichas pruebas, por lo que no se surte el supuesto previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación." En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos artículos 107, fracción V, este aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Notificación a la parte quejosa. En atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se autoriza la consulta vía internet de la versión electrónica del presente juicio de amparo, toda vez que el usuario Edgarlg1187, se encuentra registrados en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, se ordena agregarlo al expediente electrónico, además, como lo solicita, se ordena la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario. Por otra parte, se tiene por autorizado en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo a Edgar López García y Paola Pacheco Peralta, y a las restantes personas que menciona únicamente para recibir notificaciones, sin gozar de las demás facultades que estable el precepto invocado, por así haberlo solicitado. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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