Magda Margarita Noriega Jiménez

Expediente 496/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
496/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Magda Margarita Noriega Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta, testimonio anexo y los autos originales del juicio de amparo número 496/2022, que devuelve la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; háganse las anotaciones sobre el regreso de los autos en el libro de gobierno de este Juzgado; glósese el cuaderno de antecedentes formado con el envío del referido juicio. Sin que haya lugar a acusar recibo por los motivos que expone el Tribunal de Alzada. Ahora bien, desprendiéndose del testimonio de la ejecutoria de once de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el amparo en revisión penal 304/2022, que la superioridad revocó la sentencia impugnada en los siguientes términos: ".Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MAGDA MARGARITA NORIEGA JIMÉNEZ, contra los actos y autoridades indicada en su demanda de amparo. Notifíquese." Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes: Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Nueva integración del expediente físico y electrónico. En términos del artículo 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formarán el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; en atención a su contenido, téngasele comunicando que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia de nueve de junio de dos mil veintidós; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta suscrito por Fabián Ortega Navarrete, autorizado en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, de la quejosa Magda Margarita Noriega Jiménez, en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia de nueve de junio de dos mil veintidós; por lo tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el original al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno de este Circuito Judicial, para la substanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 496/2022; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. MAGDA MARGARITA NORIEGA JIMÉNEZ, por propio derecho, mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a los magistrados de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, que más adelante se precisará, y que estimó violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a la responsable, emplazó a la parte tercera interesada, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado que muestra el acta respectiva. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio contencioso 1917/18-15-01-04, por el que tuvo por cumplida la sentencia de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, pronunciada en dicho juicio. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado; lo que se corrobora con las documentales que remitió en apoyo al mismo, consistentes en copias certificadas deducidas del juicio contencioso 1917/18-15-01-04, a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral segundo. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto legal transcrito, establece lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual se justifica en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias legales que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. De tal forma, que la instancia constitucional en la vía biinstancial, contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio de defensa mediante el cual se pueda nulificar, revocar o modificar dicho acto. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, consultable en la página 902 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187016, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Para demostrar lo anterior, se transcribe el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 1, e inciso d), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, en lo que interesa, literalmente establece: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.) II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. (.) Existiendo resolución administrativa definitiva, si el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, porque se plantean cuestiones novedosas que no fueron materia de la sentencia, prevendrán al promovente para que presente su demanda dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, reuniendo los requisitos legales, en la vía correspondiente, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja. No deberá ordenarse el trámite de un juicio nuevo si la queja es improcedente por la falta de un requisito procesal para su interposición." Como puede advertirse, el artículo transcrito establece el procedimiento en caso de exceso o defecto en el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en su caso sus Salas, el cual es claro en señalar que el afectado por el exceso o defecto en el cumplimiento de una resolución dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, siempre que no se planteen cuestiones ajenas al fallo de nulidad cumplido. Asimismo, prevé que dicho recurso procede sólo contra la resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; contra la resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo legal, que hubiere obligado a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia; o, si la autoridad no diera cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. También dispone que su interposición debe hacerse dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca, aclarando que tratándose del incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, el recurso se puede interponer en cualquier momento ante el instructor, salvo que hubiere prescrito su derecho. De igual forma, en el inciso d), determina que si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. Conforme a lo anterior, contra la resolución que se dicte en cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o sus Salas, procede el recurso de queja en las hipótesis señaladas. Precisado lo anterior, y para mejor comprensión del asunto, conveniente precisar algunos antecedentes del acto reclamado: 1. Demanda de nulidad. Por escrito presentado el veintidós de junio de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de Oaxaca, MAGDA MARGARITA NORIEGA JIMÉNEZ, reclamó la nulidad de la resolución negativa ficta recaída al escrito presentado ante la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el veintidós de febrero del mismo año, mediante el cual solicitó se le informaran los incrementos a su pensión por jubilación número 696813 y el pago de las diferencias que resultaran a su favor con motivo de dichos incrementos. 2. Turno de demanda de nulidad. Del juicio correspondió conocer a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Oaxaca, mismo que lo registró con el número 1917/18-15-01 4, que previa substanciación, el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, dictó sentencia en la que decretó la nulidad de la resolución impugnada, en los términos siguientes: "...por lo que resulta procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir de que el presente fallo quede firme, la autoridad demandada emita una resolución expresa, fundada y motivada, aplicando a la pensión de la actora, obtenida desde el 01 de febrero de 2004, los incrementos de 4.88%, 4.67% , 37.46%, 4.63%, 4.18%, 4.25%, 3.50% y 3.50%, respecto de los años 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 y 2017, que obran en la constancia de evolución salarial exhibida por el accionante, mismos que como se ha analizado en el presente fallo, no fueron tomados en consideración por la autoridad al realizar los incrementos que corresponden, esto es, conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiera tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año, y únicamente en caso de que en el año calendario anterior, el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los incrementos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, la cuantía de la pensión se incremente en la misma proporción que estos últimos. Asimismo, durante el mismo plazo, deberá pagar al actor las diferencias que pudieran llegar a resultar de la aplicación de dichos incrementos, así como de la gratificación anual señalada en el último párrafo, del artículo 57, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, calculada con base en la cuota diaria pensionaria debidamente incrementada en los términos expresados en el párrafo anterior, y la actualización que en derecho corresponda; en el entendido de que las diferencias en comento, que se deberán pagar a la actora, son las que exclusivamente se hayan generado desde el día 22 de febrero de 2013 (5 años) en adelante y hasta que se dé cumplimiento a este fallo, dado que respecto de las diferencias anteriores a la fecha indicada ha operado la preclusión de la acción de pago. ." 3. Acuerdo que tiene por cumplida sentencia contenciosa. Mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, la Sala responsable dio cuenta con el oficio por medio del cual el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, proporcionó información sobre el cumplimiento de la sentencia de nulidad y determinó tener por cumplida la sentencia contenciosa. Esta determinación constituye el acto reclamado en este juicio. Una vez relatados los antecedes del acto reclamado, se advierte, que al no haber agotado la quejosa el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 1, e inciso d), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y al no configurarse ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, conlleva a sobreseer respecto del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis (IV Región)1o.9 A (11a.), consultable en la página 2444, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, Undécima Época, Materia Administrativa, registro digital: 2023381, bajo el rubro y texto: "SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO OBLIGA A LAS SALAS DE DICHO ÓRGANO A VERIFICAR OFICIOSAMENTE SI EN LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO LA AUTORIDAD DEMANDADA ATENDIÓ SUS EFECTOS, PUES EL PARTICULAR CUENTA CON EL RECURSO DE QUEJA SI CONSIDERA QUE NO FUE ASÍ. Los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen la obligación de las autoridades demandadas y de cualquier otra relacionada, de cumplir con las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el deber de éste para que, vencido el plazo otorgado para ello, actúe de oficio o a petición de parte y asegure el pleno cumplimiento de sus resoluciones, otorgándole la facultad para requerir a la autoridad demandada el informe relativo, a fin de determinar si hubo incumplimiento injustificado del fallo, así como el medio ordinario de defensa (recurso de queja) con que cuenta la parte interesada para inconformarse con éste. Sin embargo, el análisis del cumplimiento de dichas sentencias no está previsto en la ley citada, pues ésta sólo obliga a requerir un informe sobre su cumplimiento, pero no a que de manera oficiosa la Sala verifique si en la resolución de cumplimiento la autoridad demandada atendió los efectos establecidos en la sentencia, pues el particular cuenta con el recurso de queja si considera que no fue así, el cual procede contra la repetición de la resolución anulada, por exceso o defecto en su cumplimiento o por haberse emitido después de concluido el plazo de cuatro meses establecido en los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la señalada ley." Así como la Tesis: XVI.1o.A.178 A (10a.), localizable en la página 3183, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Décima Época, Materia Administrativa, registro digital: 2019386, que establece: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SUS CONSECUENCIAS, DE ACUERDO CON EL VICIO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE NULIDAD EN CONTRA DE LA QUE SE INTERPONGA. De conformidad con el inciso c) de la porción normativa citada, si se trata de la repetición de la resolución anulada, al conocer del recurso de queja en su contra, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anulará la repetida y notificará a la autoridad responsable, previniéndole que se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Esto es así, porque en la repetición de la resolución impugnada no existe ejecución, simplemente hay una reiteración del vicio que ocasionó la nulidad de aquélla. Así, la autoridad demandada estará en condiciones de volver a emitir una determinación en cumplimiento; no obstante, si decide hacerlo, debe abstenerse de incurrir en nuevas repeticiones y dictar su fallo definitivo dentro del plazo de cuatro meses, aun cuando a la nulidad decretada no se le imprima efecto alguno, en cumplimiento al artículo 57, fracción I, inciso b), del ordenamiento mencionado; plazo que no se interrumpe, pese a la repetición o a la tramitación del recurso de queja interpuesto en su contra, pues es un lapso perentorio para que la autoridad cumpla la sentencia de nulidad, de manera que, donde la ley no distingue, no es dable al juzgador hacerlo. Dicho en otras palabras, la anulación por repetición de la resolución no conlleva la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla, pues de ser éste el propósito del legislador, así lo hubiera previsto, como lo hizo para el caso de que esa determinación se emita después de concluido el plazo legal, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, por la omisión de requisitos formales o por vicios del procedimiento iniciado de oficio, es decir, en ejercicio de facultades discrecionales, en donde además de la nulidad, se declarará la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para emitirla [artículo 58, fracción II, inciso e)], o para el diverso supuesto en donde hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia [inciso d) de la misma fracción y artículo], en el cual se deja sin efectos la resolución de la autoridad demandada y se le concede el plazo de veinte días para que acate debidamente el fallo, además de que, para evitar que incurra en los mismos vicios, deben precisarse la forma y términos en que deberá cumplir." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, conlleva a sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 496/2022, promovido por MAGDA MARGARITA NORIEGA JIMÉNEZ. NOTIFÍQUESE.

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