Magali Sánchez Vera

Expediente 1628/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1628/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Magali Sánchez Vera

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el ocurso de cuenta, a través del cual José Francisco Torres Abraham, apoderado legal de la parte quejosa Magali Sánchez Vera, da cumplimiento a la prevención realizada mediante proveído de dieciséis de octubre del año en curso. Bajo ese contexto, se deja sin efectos el apercibimiento que fue decretado en el referido acuerdo. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo y de lo narrado bajo protesta de decir verdad en el apartado de antecedentes y conceptos de violación por el propio impetrante, se advierte que el acto reclamado al Órgano Titular del Organismo Público Descentralizado Sistemas de Autopistas Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México es la omisión de pagar el laudo emitido por el Tribunal señalado como responsable en fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno. Por tanto, este Juzgado de Distrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que el juicio biinstancial es improcedente contra actos dictados por particulares o entidades que no les revista el carácter de autoridades para efectos del amparo. Para demostrar lo anterior, conviene destacar el contenido de los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [. ] II. La autoridad responsable, teniendo el carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de un órgano del Estado que no tenga el carácter de autoridad para efectos del amparo. Bajo ese tenor, se desprende que con independencia de su naturaleza formal, es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso, omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones, ello con independencia de si dicho acto es desplegado por una autoridad en sentido material, o bien, lo realiza un particular de forma equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, las características que distinguen a una autoridad para los efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones expuestas tienen sustento en la jurisprudencia 2a./J 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089; que señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De acuerdo con lo anterior, para que el acto de un órgano sea conceptualizado como de autoridad para los efectos de este medio procesal de tutela constitucional debe originarse con motivo de una relación de supra a subordinación; es decir, entre sujetos colocados en diferentes planos, por un lado, los particulares y, por otro, el Estado investido con su imperio. Así, para identificar si un acto se generó dentro de una relación de supra a subordinación deberá tener las características siguientes: 1. Ser unilateral, porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o la colaboración del gobernado frente al cual se ejerce; esto es, su emisión sólo depende de la voluntad de la autoridad. 2. Ser imperativo, lo cual implica que la voluntad del gobernado quedará sometida a lo dispuesto por el ente público, esto es, el acto se impone aún en contra de la voluntad del particular. 3. Ser coercitivo, ya que podrá constreñir al gobernado para hacer respetar el mandato de la autoridad; en otras palabras si el acto no se acata en forma voluntaria se podrá lograr su cumplimiento de manera coactiva a través de los mecanismos que la ley establezca, incluso mediante el uso de la fuerza pública en ciertos casos. Así, las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo, caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En términos de estas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Constitución, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos fundamentales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de este juicio constitucional. Bajo esas premisas es inconcuso que no cualquier acto proveniente de un ente público será susceptible de ser reclamado en el juicio constitucional, sino sólo aquél por medio del cual se afecten situaciones jurídicas abstractas -norma general- o concretas con efectos particulares -acto en estricto sentido u omisión-, que es imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de tal forma que se evidencien las características descritas. En ese sentido, es necesario atender a la naturaleza de los actos que se impugnan para determinar si provienen o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Luego, si en el caso el quejoso reclama de la autoridad que señala como responsable es la omisión de pagar el laudo emitido por el Tribunal señalado como responsable en fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, es indiscutible que dicho acto no tiene naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues la autoridad señalada como responsable por el quejoso, no tiene el carácter de parte patronal, en una relación de coordinación y no de supra-subordinación y el acto que se le reprocha está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación del quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, marzo de 2016, tomo II, página 1639, número de registro electrónico: 2011298, que lleva por rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL SEÑALADO COMO RESPONSABLE." De ahí que, la omisión de pagar el laudo emitido por el Tribunal señalado como responsable en fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, el cual le atribuye al Órgano Titular del Organismo Público Descentralizado Sistemas de Autopistas Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, consiste un conflicto de índole laboral que deberá dilucidarse ante el Tribunal laboral competente. En consecuencia, se concluye que la autoridad responsable señalada en este juicio carece de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5°, de la Ley de Amparo, motivo por el cual es imposible tenerla como responsable y menos ante el hecho de que el acto reclamado corresponde a la esfera del derecho privado, es decir, en la relación laboral que tienen como patrón frente a la parte quejosa. Por otra parte, es pertinente mencionar, que al tratarse de relaciones de coordinación, como la existente entre la parte quejosa y la autoridad que señala como responsable, la legislación prevé los procedimientos ordinarios para ventilar las controversias que se susciten entre las partes; con la finalidad de que éstas se resuelvan estando las partes al mismo nivel. En tales condiciones, procede el desechamiento parcial de la demanda, promovida por Magali Sánchez Rivera, únicamente respecto a la autoridad responsable Órgano Titular del Organismo Público Descentralizado Sistemas de Autopistas Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, por su manifiesta e indudable improcedencia dada la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción II, del diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos imputados a la autoridad responsable. En diversa guisa, respecto a las diversas autoridades responsables: Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Y con los actos siguientes: La omisión de dictar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo sea pronta y expedita. La omisión de señalar fecha y llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo en los términos previstos en los artículos 250 al 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada contra el acto reclamado indicado con antelación, atribuido a las autoridades citadas; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, y la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de esta determinación. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las trece horas con diez minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a las responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación, solicitándoles privilegien el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe, de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe de Ley o sean requeridas posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberán enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado de Distrito; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberán hacer comunicación alguna. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** quien se ostenta como apoderado legal de la quejosa, ********************, contra actos del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente electrónico y físico en atención al Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1628/2023-I. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, previo a la admisión de la demanda, el Juez de Distrito debe examinar la misma y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 114, fracciones I y III, en relación con el 108, fracción I, de la Ley de Amparo, dado que es requisito formal para la presentación de la demanda entre otros, acreditar la personalidad con que se acude a la instancia constitucional, se considera pertinente requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias de éste, sabedor de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja procesal indebida: Manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento electrónico digitalizado con el que pretende acreditar su personalidad es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Ello, de conformidad con lo referido en el artículo 12, inciso f), párrafo segundo del "Acuerdo General Conjunto ******************** de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico", cuyo contenido es: "Artículo 12. El expediente electrónico coincidirá íntegramente en su contenido con el expediente impreso que se lleva en los órganos jurisdiccionales, y será administrado desde el sistema electrónico de control de expedientes de cada órgano del Poder Judicial de la Federación. (.) f) Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso." Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.III.L. J/2 L (11a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 2305, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Tomo II, Septiembre de 2021, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO SE INGRESA CARTA PODER DIGITALIZADA A FIN DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL APODERADO ESPECIAL DEL QUEJOSO, DEBE SEÑALAR LA CALIDAD DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO QUE EXHIBE (ORIGINAL, COPIA CERTIFICADA O COPIA SIMPLE) Y MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES COPIAÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO." Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, llegaron a posturas diferentes al resolver asuntos donde se desechó o se tuvo por no presentada la demanda de amparo indirecto tramitada electrónicamente por el apoderado especial de la parte quejosa, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo ********************, ********************, en relación con el ********************, en reciprocidad con los Acuerdos Generales Conjuntos Número ******************** de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal y Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, al estimar que la carta poder digitalizada exhibida, resultaba insuficiente para acreditar su personalidad. Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito determina que la persona que actúa en representación de otra cuando promueva el juicio de amparo indirecto de manera electrónica y pretenda acreditar su personalidad mediante carta poder digitalizada, deberá señalar la calidad del documento que exhibe (original, copia certificada o copia simple) y manifestar bajo protesta de decir verdad que dicho documento electrónico digitalizado es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Justificación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo ******************** y en los Acuerdos Generales Conjuntos Número ********************, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, Número 1/2014 y Número 1/2015, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se implementaron los servicios tecnológicos relativos a la firma electrónica (FIREL), la integración del expediente electrónico y la tramitación electrónica del juicio de amparo, con la finalidad de simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales, como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas; ello como muestra inequívoca de la urgente necesidad de orientar la impartición de justicia en todas sus vertientes hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, a efecto de garantizar la justicia expedita a la que hace referencia el artículo 17 constitucional. Asimismo, el Alto Tribunal en diversos asuntos relacionados con cuestiones de personalidad, se ha pronunciado en el sentido de que dicha figura es de gran relevancia en el juicio de amparo y necesariamente debe estar acreditada en el juicio porque implica el inicio de la instancia, cuyas implicaciones no sólo son de carácter privado sino también público, y en virtud de que el juicio de amparo tiene como primordial interés salvaguardar el orden constitucional. Por lo tanto, dada la relevancia que tiene la personalidad en el juicio de amparo, es preciso que cuando una persona promueva en representación de otra juicio de amparo indirecto de manera electrónica, al ingresar la carta poder digitalizada, toda vez que se trata de un documento electrónico y que no es posible que el juzgador pueda corroborar la calidad de dicho documento de manera física, dada la trascendencia que conlleva el inicio de una instancia constitucional, a fin de acreditar la personalidad del promovente, deberá señalar la calidad del documento (original, copia certificada o copia simple) y manifestar bajo protesta de decir verdad que el documento electrónico es copia íntegra e inalterada del documento impreso, exigencia que no es requerida cuando se tramita el juicio de amparo indirecto por escrito, pero que tratándose del juicio de amparo indirecto tramitado vía electrónica se encuentra plenamente justificada, en virtud de que el juzgador no puede realizar de manera fehaciente la valoración documental, lo cual se estima necesario a fin de conceder seguridad jurídica a las partes. Sin que se impida que el juzgador, en uso de sus facultades, de manera excepcional y en caso de verdadera duda, pueda requerir al promovente la exhibición del documento fuente, a fin de verificar su coincidencia. Asimismo, se precisa que el juzgador conserva íntegra su facultad valorativa para verificar que la carta poder cumpla con los requisitos legales, toda vez que dicho supuesto no fue parte del análisis de esta contradicción de tesis". Lo anterior, toda vez que si bien el promovente de amparo manifiesta lo siguiente: ".personalidad que acredito en términos de la carta poder que se anexa al presente escrito de Amparo Indirecto, solicitando nos sea reconocida la personalidad con la que nos ostentamos en términos de los artículos 5, 6, 10, 11 y 12 de la Ley de Amparo en Vigor .". No obstante, dicha manifestación es insuficiente para tenerle por acreditada la personalidad con la que promueve la presente demanda de amparo, pues no se advierte que haya cumplido con la formalidad citada. Apercibido que de no dar cumplimiento en los términos indicados, en el plazo establecido, se procederá conforme a lo dispuesto en la penúltima parte del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Ahora bien, en virtud, que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario "********************", conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se le tiene esa vía electrónica como medio para oír y recibir notificaciones y se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico; asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico aportado. Con fundamento en los artículos 3o, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

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