Magali Sánchez Vera

Expediente 130/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
130/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Magali Sánchez Vera

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa IV. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 130/2019-IV, promovido por ******, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Magali Sánchez Vera, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO." "IV.- ACTO RECLAMADO: De la Autoridades Responsables se reclama: LA OMISIÓN DE LA EMISIÓN DEL LAUDO EN EL JUICIO LABORAL NÚMERO 135 2017, DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO POR LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIO PARA TAL EFECTO." (sic) Acto reclamado que el quejoso señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público Federal adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, al reclamarse una omisión a una autoridad del trabajo, cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de dictar laudo en el juicio laboral 135 2017, dentro del término previsto por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, aceptó la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, dicha autoridad señalada como responsable, remitió copia certificada del auto de treinta de julio de dos mil diecinueve, donde se declaró cerrada la instrucción dentro del expediente laboral 135 2017; a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al tratarse de una documental pública expedida por funcionario en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, publicada en la página ciento cuarenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 1995, Tomo VI, Materia Común, que establece lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. ." CUARTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, y tampoco se actualiza de oficio, causa alguna de improcedencia que deba ser examinada por el suscrito; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la amparista. QUINTO. Conceptos de violación. No se hace transcripción de los conceptos de violación alegados, por no existir precepto legal alguno que así obligue a este juzgador. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y datos siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." (Jurisprudencia 2a. J.58 2010, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830). SEXTO. Estudio de fondo. La parte quejosa refiere, en esencia, que la responsable viola en su perjuicio el principio de impartición de justicia pronta y expedita, protegida por el artículo 17 de la Constitución General de la República, dado que no ha emitido el laudo respectivo en el expediente laboral 135 2017. El aludido argumento es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, aunque para ello deba suplirse en su deficiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, en la especie se reclama la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de realizar y elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo que en derecho corresponde dentro del expediente laboral 135 2017. En ese sentido, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Federal establece: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior, se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Luego, retomando la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerar que, como se aprecia de las constancias que obran en autos, desde la emisión del auto de treinta de julio de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos del expediente laboral 135 2017 para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo; sin embargo, no se acreditó que a la fecha en que se falla el presente asunto, se haya emitido el laudo correspondiente en el conflicto laboral sometido a la potestad de la autoridad responsable. Al respecto, cabe destacar que los preceptos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que contienen los términos que deben respetar los tribunales laborales, para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, establecen: "Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al C. Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal. Artículo 242 BIS. Una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días." Los numerales antes transcritos establecen que una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal; asimismo, que una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de quince días. El diverso artículo 244 de la ley en consulta, establece: "Artículo 244. Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala. Si se le hicieran modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. Una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes." El precepto reproducido establece que si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala; empero en el supuesto de que se hicieran modificaciones o adiciones, se hará constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado, por lo que una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes. De modo que, como ya se dijo, si de la constancia que remitió la autoridad responsable, se obtiene que desde el treinta de julio de dos mil diecinueve, dictó un acuerdo en el proceso laboral de referencia, que declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos al Auxiliar Dictaminador para que emita el proyecto de laudo correspondiente, e inexiste constancia alguna de la que se advierta que el Auxiliar Dictaminador, hubiera realizado el proyecto relativo, para que se procediera a su discusión y aprobación dentro de los quince días siguientes, es inconcuso que existe una dilación en el trámite del juicio laboral. En efecto, en el procedimiento laboral se instituyeron los principios de celeridad, inmediatez, economía y sencillez, a fin de evitar el entorpecimiento y obstaculización de la función jurisdiccional de los tribunales, por lo que si en el presente asunto, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que hasta el momento en que se emite la presente determinación el Auxiliar Dictaminador, no ha elaborado el proyecto de resolución dentro del expediente laboral 135 2017, se concluye que, al momento en que se admitió la demanda de amparo y fue solicitado a la responsable su informe justificado, ha existido una dilación en el trámite del referido juicio laboral, y como consecuencia un exceso en el término a que hacen referencia los numerales 242 y 242 Bis antes invocados para emitir, discutir y aprobar el proyecto de laudo correspondiente; pues de acuerdo a lo establecido en dichos preceptos legales, la autoridad responsable debió haber tomado las determinaciones correspondientes a efecto de continuar con las diversas etapas del juicio y emitir el laudo correspondiente, en virtud de que el término de quince días que contempla el artículo 242 Bis ya citado, constituye un límite fijado por el legislador conforme al cual debe administrarse la justicia en el procedimiento del trabajo, sustentado en el derecho que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual no se observó; independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que la autoridad debe realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias a fin de que el proyecto de laudo sea emitido en tiempo y así estar en posibilidad de concretar el dictado del mismo. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia IV 3.T. J 57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página: 1283, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del texto: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. ." En tales circunstancias, lo procedente es conceder a la quejosa Magali Sánchez Vera, el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, inmediatamente, a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, emita el proyecto de laudo correspondiente en el juicio laboral 135/2017 y proceda a su discusión y aprobación conforme a lo previsto en la legislación de la materia y ordene notificar dicha determinación en el lugar que para tal efecto haya señalado la quejosa. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve a poyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de los datos siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2.J. 45 2007). ." SÉPTIMO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. ." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****, contra el acto y autoridad precisados en el Considerando Segundo de esta sentencia, para los efectos expuestos en el Considerando Sexto de la misma.

  2. Principal

    Mesa V. Toluca, Estado de México, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde su informe justificado y adjunta la constancia relativa; por tanto, con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de diecinueve de noviembre del año en curso, este Juzgado de Distrito se reservó acordar lo conducente tocante a la admisión y desahogo de las copias certificadas de las constancias que integran el expediente laboral 135/2017 tramitado ante la responsable, que ofreció como prueba la quejosa, hasta que se contara con la misma. Por lo cual, conforme a la razón de cuenta, se tiene por admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, la copia certificada del auto de treinta de julio de dos mil diecinueve, que se anexó al oficio de cuenta, donde se declaró cerrada la instrucción dentro del expediente 135/2017, sin prejuicio de relacionarla en la audiencia constitucional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo; no así la totalidad de las constancias que integran dicho expediente y que ofreció la quejosa, en virtud de que la autoridad oficiante al rendir su informe justificado manifestó expresamente la existencia del acto reclamado y, para justificar la constitucionalidad del mismo, estimó suficiente, para la emisión de la sentencia correspondiente en el presente asunto, remitir la copia certificada que acompañó. Por otro lado, visto el estado de autos del presente juicio, se desprende que la audiencia constitucional fue fijada para las diez horas con treinta minutos del veinte de diciembre de la presente anualidad; sin embargo, en aras de una justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 Constitucional, la referida audiencia constitucional se anticipa para las once horas con veinte minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo, promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 130/2019-IV. En términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa que los actos tildados de inconstitucionales consistentes en: a) La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de dictar laudo en el juicio laboral 135/2017, dentro del término previsto por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para tal efecto. b) El cumplimiento total del laudo que emita el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en cuanto a la pronta ejecución del mismo y en su defecto y en virtud del sentido del mismo, el embargo sobre bienes de los terceros interesados que baste cubrir el crédito laboral que en su caso dicte a favor de la quejosa Magali Sánchez Vera, así como el debido procedimiento hasta la total conclusión del asunto laboral, respetando los términos previstos en los artículos 242, 242 BIS, 243 y 244 de Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la Ley Federal del Trabajo en aplicación supletoria. Precisados así los actos reclamados, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano parcialmente la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia respecto al acto marcado con el inciso b) de la demanda de referencia. En efecto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano; al respecto, se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen, por las razones siguientes. En lo conducente es aplicable la tesis I.4o.A.269 A, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se aprecia en la página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda". Así como, en lo conducente, la jurisprudencia 19, consultable en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En ese orden de ideas, conviene precisar que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.". Por otra parte la jurisprudencia 23, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 45, publicada en el Apéndice de 1985, que establece: "ACTOS FUTUROS, Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." Y la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1740 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLI, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS: El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos." Se considera lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; ya que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. Es aplicable a lo anterior, la tesis IX.1o.17 L (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 835 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que establece lo siguiente: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." Por otra parte, respecto al acto reclamado marcado con el inciso a), consistente en la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de dictar laudo en el juicio laboral 135/2017, dentro del término previsto por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para tal efecto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por la quejosa; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con treinta minutos del veinte de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio de notificación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Órgano de Control Constitucional, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Por otra parte, dado que la quejosa refiere que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México; con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, emplácese a éste al presente sumario constitucional, mediante oficio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, así como de la presente determinación; asimismo, se le hace saber el derecho que tiene de apersonarse a este juicio si a sus intereses conviniere. Por otra parte, se tiene como domicilio de la quejosa el que cita en su demanda, para los efectos que refiere; y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Francisco Torres Abraham, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y, en términos del artículo 24 de la legislación citada a Jesús Carmona Manzanarez y Ana Karen Escobar Delgado, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Por otro lado, respecto a las pruebas que ofrece la promovente consistentes en la instrumental pública de actuaciones relativa a todo lo actuado y por actuar en el presente juicio de amparo, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto se integre el presente sumario constitucional. Asimismo, en relación al diverso medio de prueba relativo a la presuncional legal y humana, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de la misma en la celebración de la audiencia constitucional. Y en relación a las copias certificadas de las constancias que integran el expediente laboral 135/2017 que se tramita ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, se tiene por ofrecida, y una vez que se cuente con la misma se proveerá respecto a su admisión y desahogo. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. También, se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, Décima Época, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito.

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