Macrina González Reyes y Otros.
Expediente 1316/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1316/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/06/2022
Partes del expediente
- Macrina González Reyes y Otros.
- Macrina González Reyes
- Ma. de los Dolores Muñoz Melchor
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual solicita acuse recibo del oficio 166/2022 por el que remitió testimonio de la ejecutoria emitida en la queja 5/2022 de su índice. Atento a lo anterior, como lo solicita la autoridad oficiante, se acusa de recibo de las constancias recibidas en fecha diez de febrero del dos mil veintidós; de entre ellos la ejecutoria emitida en el recurso de queja y copia certificada del juicio de amparo 1316/2021.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado vía electrónica por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, asimismo informa que lo registro con el número de queja 5/2022, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de ....mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto dictado el quince de diciembre de este año por el que se les desechó la demanda intentada en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo, se tienen por interpuesto este recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que se deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito de agravios en original, y copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio. Háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda promovida por ++++++++++ en calidad de albacea de Agustín Felipe González, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1316/2011-II-B. DESECHAMIENTO. Ahora, del análisis íntegro al escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: "La falta de notificación y citación personal a la radicación de la sucesión intestamentaría, reconocimiento de heredero, nombramiento y aceptación del cargo de albacea de nuestro señor padre Filemón Abel González Carrillo, contenida en el instrumento notarial con número 14, 761 celebrado ante el notario público 097, del Estado de México, con residencia en Valle de Bravo" Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es menester de esta autoridad federal verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto legal invocado refiere: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El juicio de amparo que se intenta resulta improcedente, en atención a que se actualiza la causa que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, mismos que prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para determinar a quiénes se debe considerar como autoridades para efectos del juicio de amparo, el último de los preceptos invocados señala que se atribuye ese carácter a la autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, a la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Conforme a lo expuesto en el párrafo que precede, conviene establecer que en el citado artículo 5, el legislador únicamente hizo referencia a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo; empero no especificó las características que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del citado artículo 5, de la ley de la materia, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, aunado a que de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados. De lo anterior se advierte que, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo, debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Apoya a lo anterior la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro, texto y datos de localización son los siguientes: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. (Época: Novena Época, Registro: 161133, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Tesis: 2a./J. 164/2011, Página: 1089) Ahora bien, es un hecho público y notorio que los Notarios Públicos, no pueden tener el carácter de autoridad para efectos del amparo, cuando realizan instrumentos notariales, a través de los cuales, protocolizan un acto de expedición de escritura, solicitada por los aquí terceros interesados. Sustenta lo anterior la tesis I.3o.C.88 K, del Tercer Tribunal Colegiado, en Materia Civil del Primer Circuito, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 2091, de la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia, así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales". Así pues, para efectos de la Ley de Amparo, es responsable aquella autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría ciertas situaciones jurídicas, de manera que en la especie el Notario Público Número 97 del estado de México, con residencia en Valle de Bravo, no pueden tener la calidad de autoridad responsable, pues no realiza actos equivalentes a los de una autoridad cuando se le reclama la protocolización de una escritura pública, si únicamente da formalidad al acto jurídico que celebran las partes, ya que en todo caso, únicamente se concretó a realizar la indicación de radicar la sucesión intestamentaria de Filemón Abel González Carrillo, reconocimiento de heredero, nombramiento y aceptación de cargo de albacea de Filemón Abel González Carrillo derivado de una orden que dio la autoridad Judicial, pues en ese trámite actúa como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que si entre éstos y aquél no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, por lo que es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; sustenta lo anterior: La jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 199, de la Décima Época, de Rubro y Texto: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN). Conforme a los artículos 934, 935, 936, 937 y 938 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 800, 881, 882, 883, 884 y 885 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, una vez radicada la sucesión ante el juez natural y hecha la declaratoria de herederos, cuando éstos sean mayores de edad, los menores estén debidamente representados y haya designación del albacea, podrá continuarse extrajudicialmente el trámite sucesorio ante notario público, siempre y cuando no se suscite controversia, pues en caso de haberla, el mencionado fedatario debe suspender su intervención y a costa de los interesados remitir testimonio de lo que haya practicado al juzgado que previno, para que judicialmente continúe el procedimiento, sin que los interesados puedan volver a separarse de éste. Así, el notario público actúa en dicho trámite como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que si entre éstos y aquél no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; máxime que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar. En ese sentido, se concluye que cuando un tercero que se dice extraño al trámite de una sucesión llevada ante notario público, lo reclama alegando que se le desconocieron sus derechos hereditarios, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo el aludido fedatario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, además de que la falta de llamamiento al trámite indicado no constituye un acto definitivo sino una controversia que debe resolver el juez natural que previno en el conocimiento del juicio sucesorio". Y La Tesis XXVII.3o.36 K (10a.), del Tercer Tribunal del Vigésimo Séptimo Circuito, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, Página 1852, del Rubro y Texto: "NOTARIO PÚBLICO. NO REALIZA ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD CUANDO SE LE RECLAMA LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ESCRITURA PÚBLICA, SI ÚNICAMENTE DA FORMALIDAD AL ACTO JURÍDICO QUE CELEBRAN LAS PARTES. Conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal, y ahora atiende a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, con la modalidad de que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los referidos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por ende, la protocolización de una escritura pública por un notario público, al ejercer esa función en términos de la ley del notariado que rige su actuación, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del amparo, ya que sólo autentica y da forma a los instrumentos donde constan los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que en ellos intervienen, razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral ni afecta la esfera legal de las partes, pues es el acto, hecho o negocio jurídico protocolizado el que, en sí mismo, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas y el que, en su caso, podría causar perjuicio a las partes que intervienen". Bajo esa premisa y tomando en consideración lo hasta aquí manifestado, el acto que reclama deriva de un acto Administrativo ante el Notario Público Número 97 del estado de México, con residencia en Valle de Bravo; lo que resulta evidente que no le asiste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII y 5, fracción II, este último interpretado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo. Sin que pase inadvertido para este juzgador que los promoventes no acreditan con documento fehaciente la personalidad con la que promueven este juicio, en calidad de tutor de Macrina González Reyes y Ma. de los Dolores Muñoz Melchor en calidad de albacea de Agustín Felipe González; sin embargo no resulta necesario prevenir a los mismos para que subsanen dicha formalidad, en razón que a nada práctico conduciría, pues la causal invocada seguiría actualizándose, aun cuando cumpla con ello. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020). Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. APARTADO ESPECIAL PARA ACTUARIOS. Por otra parte, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de enero de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2021. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Macario Ciriaco Hernández538/2018
- Macario de Jesús Palma Morquecho1105/2016
- Macario Soto Domínguez540/2016
- Macario Vargas Lobato306/2014
- Macedonio Miguel Flores Mondragón1175/2019
- Maclovia Ruíz Millán1632/2023
- Madian Mabel Barajas Colín655/2020
- Madian Mabel Barajas Colín1113/2022
- Magali Sánchez Vera813/2020
- Magali Sánchez Vera1254/2022
- Magaly Estrada Romero1603/2018
- Magdalena Alejandro Esteban81/2018