Macario Ciriaco Hernández
Expediente 538/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/04/2018
Partes del expediente
- Macario Ciriaco Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra del auto en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental.
- Principal
Vista la demanda de cuenta, suscrita por *** en favor de ***, regístrese bajo el número 538/2018-I-A. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En primer lugar, deben analizarse las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. El solicitante del amparo reclama la orden de aprehensión emitida en su contra, la privación ilegal de la libertad, incomunicación, malos tratos y tortura. En ese sentido, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en: privación ilegal de la libertad, incomunicación, malos tratos y tortura, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista el numeral 61, fracción X, de la ley de la materia que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios.". Del precepto legal en estudio, se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo se sustenta en la institución de litispendencia, pues parte del supuesto de que existen dos juicios de amparo con identidad de quejoso, autoridades responsables y de actos reclamados, lo cual impide que prospere el asunto promovido con posterioridad y refleja la clara intención del legislador de evitar el trámite simultáneo de dos instancias en contra de un mismo acto, voluntad que resulta acorde con el principio de seguridad jurídica, pues tiende a evitar el dictado de dos resoluciones en un mismo asunto y que pudieran resultar contradictorias. Se dice que hay litispendencia, conforme a la doctrina, cuando un juicio es promovido ante un órgano jurisdiccional y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria, es el litigio pendiente de resolución por el Juzgador. Cuando un litigio está pendiente de solución no puede ser objeto de conocimiento en otro proceso por el mismo o diverso juzgador, porque, como ya se dijo, se podrían dictar sentencias contradictorias, pues dicha circunstancia atentará contra el principio de seguridad jurídica al no justificarse dos procesos sobre el mismo litigio. Al respecto, por identidad de razones, se invoca la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable.". Entonces, el juicio de amparo resulta improcedente de acuerdo con la institución de litispendencia, siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) La norma general o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Ese juicio esté pendiente de resolución; y, c) Ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Resulta aplicable por identidad de razones, la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio.". Ahora bien, en el caso, conviene recordar que la parte quejosa promovió demanda de amparo, contra la autoridad y actos siguientes: ACTO RECLAMADO: .privación ilegal de la libertad, incomunicación, malos tratos y tortura. III. AUTORIDADES RESPONSABLES: .Titular de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Valle de Bravo. Luego entonces, del índice de este órgano jurisdiccional se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 532/2018-I-B, el cual resulta hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atendiendo a su numeral 2. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 181729, con el rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial.". De las constancias que integran el referido juicio constitucional, se advierte lo siguiente: El quejoso es *** y promovió a su favor ***. La autoridad y actos precisados en el escrito de demanda son: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES:.Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, adscritos a la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, Estado de México. IV.- ACTO RECLAMADO: III.- De la incomunicación a la que está sometido mi hijo de nombre ***, por parte de los agentes del Ministerio Público, además de que mencionan que está siendo torturado, por parte de los policías ministeriales que se encuentran de guardia en la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, Estado de México, lugar en el que se encuentra privado de su libertad e incomunicado.". De ahí, es evidente que en el citado juicio de amparo número 532/2018-I-B del índice de este órgano jurisdiccional existe identidad en cuanto al quejoso (*** y promovió a su favor ***), autoridad responsable y acto reclamado. En las relatadas circunstancias, al existir motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *** a favor de ***, respecto de los actos reclamados consistentes en: privación ilegal de la libertad, incomunicación, malos tratos y tortura, atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia. En el entendido que la parte quejosa sigue teniendo vigente su derecho de defensa respecto de los actos aquí reclamados, pues precisamente al haber sido controvertidos también en el diverso sumario 532/2018-I-B del propio índice, es evidente que el suscrito analizará la constitucionalidad de los actos que dice le causa perjuicio a sus prerrogativas. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten.". COPIA CERTIFICADA DEL JUICIO 532/2018-I-B A fin de dar certeza a lo anterior, glósese copia certificada de la demanda, auto donde se ordena ratificar escrito de demanda y se concede la suspensión de plano, diligencia de ratificación e informe de cumplimiento a la suspensión de plano, del referido juicio. SEGUNDA CAUSA DE DESECHAMIENTO Por otra parte, tocante a la orden de aprehensión librada en contra del quejoso **** por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. De conformidad con los artículos 113, 61, fracción XXIII en relación con los diversos 15 y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la demanda de que se trata por cuanto a la orden de aprehensión se desecha de plano por notoriamente improcedente. Dichos artículos establecen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II.-." ".Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes: a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.". Ahora bien, *** quien dice promover a favor de Macario Ciriaco Hernández, y con el carácter de madre del directo quejoso, reclama, de conformidad con sus manifestaciones y atento al contenido de su escrito inicial, la orden de aprehensión y su ejecución. En ese sentido, uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, es el de la instancia de parte agraviada, previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en el caso concreto, el acto reclamado, no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, aunado a que ***, según se advierte, no se encuentra imposibilitado (incomunicado o segregado, por ejemplo) para promover el juicio de amparo, sino que únicamente se encuentra privado de su libertad, sujeto a un proceso; todo esto de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni tampoco se encuentra dentro de alguno de los supuestos del artículo 22 Constitucional. En estas condiciones, es inconcuso que *** no se encuentra en alguno de los supuestos referidos por el citado artículo 15 de la Ley de Amparo ni 22 Constitucional, puesto que reclama la orden de aprehensión librada en contra del quejoso ***, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, por lo cual debe considerarse que la promovente, carece de legitimación procesal para intentar el presente juicio, por lo que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 15 y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo y 22 Constitucional.. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la promovente *** , se ostente como madre de ***, pues ello, en el caso específico, no lo legitima para pedir el amparo en su nombre, ya que no es su representante legal ni su defensor en el proceso de origen ni tampoco se encuentra dentro de ninguna de las hipótesis del artículo 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, así como del 22 de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de diciembre de 2004, en la página 1347, de rubro y texto siguiente: "GESTOR OFICIOSO. CON TAL CARÁCTER NO PUEDE PROMOVERSE UN JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE OTRA PERSONA". El juicio de garantías no puede promoverse con el carácter de gestor oficioso, a nombre de otra persona, porque el caso no se encuentra dentro de lo previsto por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, pues únicamente puede pedirse amparo sin intervención de legítimo representante cuando se trata de menores, conforme al artículo 6o. de la citada ley, y en contra de los actos específicos previstos en el artículo 17 del mismo ordenamiento.". Por tanto, debe quedar debidamente establecido que el juicio de amparo no lo puede promover alguien con el carácter de gestor oficioso a nombre de otra persona, pues, únicamente puede pedirse amparo sin intervención de legítimo representante cuando se trata de menores, conforme al artículo 8. de la Ley de Amparo, y en contra de los actos específicos previstos en el artículo 15 del mismo ordenamiento, así como del artículo 22 Constitucional, como ya ha quedado explicado en párrafos que anteceden. Además, la orden de aprehensión reclamada no puede considerarse como un acto que ataque a la libertad personal fuera del procedimiento, pues en su caso sería emitida por un Juez, esto es, dentro de un procedimiento, de ahí que no sea aplicable la excepción prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo, relativa a que cualquier persona puede presentar la demanda en los casos previstos en ese precepto legal. En razón de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 113, 61, fracción XXIII en relación con los diversos 15 y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo y 22 Constitucional, se desecha de plano la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado, por así solicitarlo. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Ma. Trinidad Gómez Guadarrama305/2023
- Mabel Valeria Campuzano Carmona610/2020
- Macaria Esmeralda Sánchez Luna1572/2019
- Macaria Martínez Palemón200/2016
- Macaria Martinez Palemon447/2014
- Macario Ciriaco Hernández532/2018
- Macario de Jesús Palma Morquecho1105/2016
- Macario Soto Domínguez540/2016
- Macario Vargas Lobato306/2014
- Macedonio Miguel Flores Mondragón1175/2019
- Maclovia Ruíz Millán1632/2023
- Macrina González Reyes y Otros.1316/2021