Maclovio Gómez Miranda
Expediente 234/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 234/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- MACLOVIO GÓMEZ MIRANDA y Otros.
- Maclovio Gómez Miranda
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; once de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado, que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... Acapulco, Guerrero, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada el ocho de marzo actual. IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, del estudio de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama la resolución de trece de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de reconsideración planteado en el juicio especial hipotecario número 39-3/1995, mediante el cual se relevó a los incidentistas del cargo de custodio de los bienes hipotecados y se ordenó la entrega de estos al depositario judicial Héctor Mandujano Reyna al no dar cumplimiento a lo requerido en comparecencia de veintiséis de enero del año en curso. Como antecedentes del mismo, señalaron que: I. El veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco, fueron designados como depositarios judiciales de los bienes hipotecados, consistentes en "Departamento 202, del Edificio ubicado en la Colonia Chapultepec Polanco, Delegación Miguel Hidalgo", en la Ciudad de México; "La Casa marcada con el número 1, del Condominio Horizontal "Desarrollo las Gaviotas", que se localiza entre el Fraccionamiento Playa El Guitarrón y el Fraccionamiento Las Brisas II, en Acapulco, Guerrero el Departamento número 501, del Edificio en Condominio ubicado en Calle El Mogote, número 10, de la Sección Cuarta del Fraccionamiento Hornos Insurgentes de la Ciudad de Acapulco, Guerrero; los Lotes de Terreno números 21 y 22, de la Sección Primera del Fraccionamiento Los Limoneros, localizado en el Poblado de Ahuatepec, correspondiente al Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos", en el juicio especial hipotecario 39-3/1995, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad. II. El veintidós de enero de dos mil dieciséis, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, Guerrero, revocó el auto de diez de julio de dos mil trece, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, en el expediente 39-3/1995, relativo al juicio especial hipotecario promovido por Banca Cremi Sociedad Anónima de Capital Variable, sustituida por la persona moral Asset Investiments Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Mac Gómez y Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable, Maclovio Gómez Miranda y Perla Romero Ayvar de Gómez, en el que resolvió no declarar aprobado el remate de los bines hipotecados, en virtud de que no se notificó a la parte demanda el acuerdo de cinco de febrero de dos mil trece, en el cual se dio vista a fin de que designaran perito valuador. III. En comparecencia de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se requirió a los depositarios judiciales Maclovio Gómez Miranda y Perla Romero Ayvar de Gómez, para que dentro del pazo de tres días, rindieron cuentas pormenorizadas de los ingresos y gastos de los fondos que manejaron por razón de custodia de los inmuebles señalados anteriormente en el punto número uno, con el apercibimiento que de no hacerlo así se les revocaría de custodios de bienes hipotecados. III. En resolución interlocutoria de trece de febrero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable revocó el nombramiento de los depositarios judiciales y se designó a Héctor Mandujano Reyna, como nuevo depositario judicial, en virtud de que no exhibieron documentos que acreditara la rendición de cuentas de los citados inmuebles. Precisado lo anterior, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley .". "Articulo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución ." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley; el segundo de los preceptos transcritos establece como regla de procedencia del amparo indirecto, que cuando se trate de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, sólo procede contra la última resolución, y enseguida se precisa cuáles son aquellas determinaciones que deben considerarse como la "última resolución"; y son las que aprueben o reconozcan el cumplimiento total de lo sentenciado o declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Es importante destacar la regla prevista en la última parte del párrafo segundo de la norma mencionada, en torno a los actos previos a la "última resolución" de la etapa de ejecución de sentencia, pues al establecer que las violaciones cometidas en esos actos (durante el procedimiento), se podrán reclamar en "la misma demanda", con la condición de que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, debe entenderse que el amparo promovido contra esos actos, cuando no estén vinculados a la reclamación conjunta contra el acto que constituye la "última resolución", resulta improcedente. Bajo esta fórmula se impide la reclamación autónoma e inmediata en contra de cada uno de los actos que integran la fase de ejecución a fin de que el amparo no constituya un obstáculo para la misma; y en cambio, se privilegia el principio de concentración para que en una misma demanda se puedan estudiar todas las violaciones que llegaren a suscitarse conjuntamente con el acto principal que determina la procedencia del amparo indirecto, siempre y cuando tal violación trascienda a su resultado por haber dejado sin defensa a la parte quejosa; lo que permite colegir que en la demanda de amparo se puede plantear el estudio de esas violaciones en vía argumentativa y no como actos destacados. Ahora, frente a los supuestos específicos de procedencia previstos en los párrafos segundo y último del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ubican otros actos que pueden emitirse después de que el juicio ha concluido, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como aquellos que tienen una autonomía destacada, es decir, se desvinculan de los que natural u ordinariamente tienen como propósito la ejecución de una sentencia definitiva. Ese supuesto corresponde cuando los actos reclamados son dictados en un incidente de autonomía destacada, en cuyo caso el juicio de amparo procederá contra la resolución definitiva de tal incidente, en la inteligencia de que en contra de la misma podrán hacerse valer todas las violaciones que se hubieren suscitado dentro del trámite de aquella incidencia, siempre que esas violaciones procesales hubiesen dejado indefensa a la parte quejosa. Otro, de los supuestos se actualiza cuando aquellos sean de imposible reparación, lo cual da la pauta para que de manera excepcional sean reclamados, sin necesidad en esperar a que se dicte la ultima resolución, verbigracia, dentro del procedimiento de remate, se niegue a señalarse fecha para el verificativo de la audiencia de remate, en cuyo caso, no es necesario esperar a que se apruebe o desapruebe el remate, en razón de que si no se permite el control constitucional sobre dichas determinaciones, podría no llegarse nunca al final de la ejecución. Ilustra lo expuesto la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Entendiéndose como aquellos, que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Bajo ese contexto, se tiene que la determinación reclamada no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia del juicio de origen; en razón que la responsable en ningún momento aprobó o reconoció de manera expresa o tácita el cumplimiento total de dicha resolución, dentro del expediente natural, ni mucho menos declaró la imposibilidad material o jurídica para ejecutar el mismo ni se encuentra dentro de esos supuestos de excepción, esto es de aquellos que violentan derechos sustantivo del quejoso o, que por su propia naturaleza sean de aquellos que se consideren de autonomía destacada a la cosa juzgada o de procedimiento de ejecución, pues se insiste el acto reclamado es la resolución de cambio de depositario, no obstante la etapa en la cual se emitió. Por lo antes expuesto, se tiene que en el caso en estudio se surte la causa de improcedencia que se analiza; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe. ...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PATRA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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