Macario Figueroa Radilla
Expediente 410/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Macario Figueroa Radilla
Actuaciones
- Principal
SÍNTESIS: Juicio de Amparo 409/2023 y sus acumulados 410/2023 y 411/2023.************************************************************ VISTOS; para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 409/2023 y sus acumulados 410/2023 y 411/2023.******************** R E S U L T A N D O******************* - - - *R E S U E L V E******************** ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a (1) ******************** en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. ********************Notifíquese personalmente, . . .
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Macario Figueroa Radilla, por su propio derecho, y en su carácter de Tesorero del Ayuntamiento Municipal de Cuautepec, Guerrero, contra actos de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en Ometepec, Guerrero y de otra autoridad responsable. Regístrese en el libro de gobierno con el número 410/2023, y fórmese expediente. ACUMULACIÓN DE DEMANDA De la certificación de cuenta se advierte que con esta misma fecha fueron turnadas a este juzgado federal las diversas demandas promovidas por César Iván Pérezvargas Ríos y Gumercindo Rafaela Chona, por derecho propio y en su carácter respectivamente el de Tesorero y Director de la Policía Preventiva, ambos del Ayuntamiento Municipal de Cuautepec, las cuales fueron registradas con los números de juicio de amparo 409/2023 y 411/2023, en la que reclaman el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente TCA/SRO/145/2015 del índice de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en la parte en que se les impuso a cada uno una multa de noventa veces el valor de la unidad de medida y actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $9,336.60 (nueve mil trescientos treinta y seis 60/100 moneda nacional), y las consecuencias jurídicas que de ello deriven. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio el quejoso Macario Figueroa Radilla, por su propio derecho, y en su carácter de Tesorero del Ayuntamiento Municipal de Cuautepec, Guerrero, designó a las mismas autoridades responsables y señaló los mismos actos reclamados, se provee lo siguiente: En torno al tema que rige el sentido de esta determinación, es conveniente anticipar que a raíz de la reforma que sufrió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente, fueron derogados los numerales 57 a 65, que regulaban la figura de la acumulación de autos consistente en la reunión material de un expediente reciente a los autos de otro más antiguo y que se encuentran en trámite en poder del mismo Juez, a fin de continuar su sustanciación conjunta, con el objetivo primordial de respetar el principio de economía procesal, traducido éste en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de amparo promovidos contra el mismo acto y autoridad responsable, aunque los quejosos sean diversos, a fin de evitar que se dicten sentencias contradictorias en tratándose de asuntos vinculados o relacionados. Aspectos que observó el Constituyente al emitir la reforma a la Ley de Amparo, ya que basta remitirse a la exposición de motivos respectiva, para advertir que el juicio de amparo debe ser más ágil, con el fin de que se resuelva de la manera más rápida, pues en el capítulo de incidentes se estableció lo siguiente: "En materia de incidentes los cambios propuestos consisten, en lo fundamental, en establecer una tramitación genérica para dar claridad y evitar remisiones inútiles y confusas a la ley supletoria. Asimismo, permitirá al órgano jurisdiccional de amparo que determine la forma en que debe ser resuelto. Para ello deberá atender a las características del asunto y definir si lo resuelve de plano, si el mismo requiere de un especial pronunciamiento o si reserva su resolución para el momento de fallar el fondo. Esta solución permite, por una parte, mantener ciertos procedimientos específicos o formas de resolución para aquellos incidentes a los que la ley les confiera un trámite especial pero, por la otra, posibilita que el juzgador decida cómo proceder dadas las situaciones particulares que concurran al caso sometido a su resolución". Lo antes destacado, revela que la intención del legislador estribó en dotar de amplias facultades al Juez de amparo para resolver los aspectos accidentales que surgieran durante el trámite del juicio, lo cual va desde establecer si debe resolverse de plano o en su defecto requiere de un trámite especial o ha de resolverse al fallar el fondo del asunto, hasta determinar la forma en que habrá de proceder en las situaciones particulares que encierre el caso puesto bajo su consideración, con la finalidad de dar mayor celeridad a los asuntos de su competencia, a fin de cumplir con el postulado de justicia pronta que impone el numeral 17, de la Carta Magna. En vinculación con lo anterior, el numeral 66, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia". La interpretación literal del citado ordinal, permite establecer que la facultad ahí contenida debe ejercerse de manera unilateral, con potestad plena y sin tramitación alguna, razón por la cual no es factible que un Juez de Distrito pueda decretar la acumulación respecto de demandas de amparo que se tramiten ante otro órgano jurisdiccional, porque en esa hipótesis la acumulación procedería mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y la otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte. Luego, no es posible que de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otras demandas de amparo, que se las envíe, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo en virtud de la facultad discrecional de que goza. Aspectos que válidamente llevan a sostener que la acumulación sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado. En esas condiciones, y dadas las facultades que otorga el numeral 66 de la Ley de Amparo, como se destacó, se decreta de oficio la acumulación del juicio de amparo 409/2023 a los diversos 410/2023 y 411/2023, por ser el primero el más antiguo, mismos que se resolverán en una misma sentencia, sin necesidad de abrir y tramitar el incidente respectivo, ya que en esta hipótesis este Tribunal considera que no se trata de una cuestión incidental, sino de una determinación de autoridad jurisdiccional que se emite de plano y por tanto, no requiere tramitación incidental. ADMISIÓN DE DEMANDA Precisado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con apoyo en el artículo 128 de la Ley de Amparo, y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, tramítese por separado el cuaderno único del incidente de suspensión. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación, en el cual expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirán copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberán informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirán las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se informa a las autoridades responsables que las notificaciones se les practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTOS Igualmente, se les informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerles una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rindan su informe justificado, o lo hagan sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. TERCERO INTERESADO Respecto de la notificación del tercero interesado este Juzgado se reserva el acuerdo correspondiente; hasta en tanto, obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable ordenadora. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Nogales número 96, planta baja, departamento A, colonia Progreso, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Cristian David Alarcón Bernal, Brianda Jolotzy Viridiana López, Juan Antonio González Flores, Miguel Santiago Justo Juárez, Concepción Nava Zeferino y Vladimir Bautista González, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Grecia Itzayana Giles Castro, Humberto López Romualdo, Francisco Fabián Martínez Nava, José Alejandro Memije Reséndiz, Mere Yair Flores Salazar, Yadira Berenice Terrero Capilla y Ulises Estrada Molina, por no cumplir con el requisito anterior, quedando a salvo su derecho para hacerlo con posterioridad. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otro lado, como lo solicita se autoriza la consulta del expediente electrónico en el presente juicio, a través del nombre de usuario que proporciona (Gonzalez12) por lo que previa verificación del referido usuario, de existir registrado, se instruye al servidor público responsable para que haga la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.
- Incidental
Acapulco, Guerrero; veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que antecede y en cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo número 410/2023, promovido por ********************, por su propio derecho, y en su carácter de Tesorero del Ayuntamiento Municipal de Cuautepec, Guerrero, contra actos de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrerocon sede en Ometepec, Guerrero y de otra autoridad responsable; tramítese el cuaderno único del incidente de suspensión. AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. INFORME PREVIO Con fundamento en los artículos 138, 139 y 140, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables sus informes previos, mismos que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, en el cual expresen si es o no cierto el acto reclamado que se les atribuye, así como las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. APERCIBIMIENTO Asimismo, se les informa que el artículo 260, fracción I, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerles una multa que va de cien a mil unidades de medida de actualización, en caso de que no rindan su informe previo. DECISIÓN Antes de proveer sobre la medida cautelar se precisa que los quejosos, aquí incidentistas reclaman por esta vía: a) El acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ******************** del índice de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en la parte en que se les impuso a cada uno una multa de noventa veces el valor de la unidad de medida y actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $******************** (********************Moneda Nacional). b) Las consecuencias jurídicas que de ello deriven. Precisado lo anterior, en relación con el acto identificado con el inciso a), aun cuando se cumple con los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, no ha lugar a conceder la suspensión provisional respecto del acuerdo reclamado, porque le reviste el carácter de consumado y de concederla se le estaría dando efectos restitutorios; lo cual es propio de la sentencia que en el fondo se dicte. No obstante lo anterior, respecto del acto marcado con el inciso b), consistente en las consecuencias que produce la emisión del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés que se combate, al estimar que se satisfacen las exigencias previstas en el citado numeral 128 de la ley de la materia, pues la medida cautelar fue solicitada y con su concesión no se infringen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, y de negarse se causarían a los incidentistas perjuicios de difícil reparación al ser molestados en sus patrimonios; lo procedente es conceder la suspensión provisional, para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se haga efectiva la multa impuesta a cada uno de los quejosos, siempre y cuando a la fecha ello no hayo ocurrido, o bien, provenga de autoridades distintas a las señaladas en la demanda de amparo, hasta en tanto reciban notificación de la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente. Esta medida cautelar surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 136 de la Ley de Amparo, los quejosos no garantizan ante la autoridad responsable exactora, el interés fiscal por el monto total al que asciende la multa reclamada, en términos del diverso numeral 135 de la ley materia; hecho que deberán demostrar ante este órgano jurisdiccional, con las constancias respectivas. Lo anterior, ya que las multas administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución, esto, con independencia de que aquélla provenga de infracciones de carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, de ahí que no sea procedente otorgar la suspensión solicitada sin garantizar el interés fiscal. Esto, en razón de que el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso la misma, la cual deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que los quejosos no se encuentran dentro de la hipótesis a que se refiere el último párrafo del artículo 7 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 2ª./J.148/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 365, tomo XXIII, Diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." SOLICITUD COPIA CERTIFICADA Finalmente, como lo solicitan los quejosos, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídaseles copia certificada por triplicado del presente acuerdo y de la suspensión definitiva una vez que esta se emita, en la inteligencia que esta última es a su costa, previa razón de recibido para constancia legal, mismas que podrán obtener por conducto de quienes autorizaron para tales efectos. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- Ma. Yesenia Pino Ramos890/2019
- Ma. Yumina Contreras Mendoza1041/2015
- Macabeo Tapia de la Cruz294/2020
- Macarena del Rocio Bastien Calderón114/2021
- Macario Figueroa Radilla437/2023
- Macario Figueroa Radilla529/2023
- Macela Torres Cervantes738/2022
- Maclovia Galeana Galeana1196/2006
- Maclovio Gómez Miranda71/2015
- Maclovio Gómez Miranda234/2018
- Maclovio Gómez Miranda y Otros.1059/2016
- Maclovio Gómez Miranda y Otros.1027/2016