Macedonio Guzmán Maldonado y Otros.

Expediente 749/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
749/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
11/06/2015

Partes del expediente

  • Macedonio Guzmán Maldonado y Otros.
  • Macedonio Guzmán Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de junio de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de veintinueve de mayo de dos mil quince, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Macedonio Guzmán Maldonado, se hizo correctamente al promovente por medio de lista el uno del mes en curso, notificación que surtió efectos el dos siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la ley de la materia en vigor, para interponer el recurso de queja, transcurrió del tres al diez del mes en curso, descontándose los días seis y siete del actual, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el cinco de este mes, toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el tres del actual, acordó declarar el día cinco de este mes y año, como no laborable, lo que comunicaron por oficio SEPLE/GEN/014/4193/2015, de esa misma fecha; sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado acuerdo, ya que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este asunto, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de mayo de dos mil quince. Vista la demanda promovida por Macedonio Guzmán Maldonado, contra actos del síndico municipal de San Antonio Tepetlapa, Oaxaca y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo bajo el número 749/2015 que le corresponde. La parte quejosa reclama del síndico municipal de San Antonio Tepetlapa, Oaxaca, el oficio citatorio que recibió en el que se le solicita para que comparezca ante dicha autoridad municipal. En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6° de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. En relación con el concepto "perjuicio", existen las tesis siguientes: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Las palabras "parte agraviada", se aplican a las personas que han sufrido un agravio, y se refieren, en general, a la ofensa o perjuicio que se hace a alguno, en sus derechos o intereses, tomándose la palabra "perjuicio", no en los términos de la ley civil, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". (Tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1568 del Semanario Judicial de la Federación XLVII, Quinta Época). "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. El que promueve amparo es el Juez de su propio interés, pero esto no limita la capacidad de la autoridad, para juzgar sobre la real existencia del interés directo e inmediato que hace posible el juicio constitucional, o el mediato o indirecto que puede no permitirlo, pues bien sabido es que existe una relación íntima entre el interés y el perjuicio, y entre la naturaleza de uno y otro. Sería ilógico sostener que el Juez del amparo no tiene capacidad para estimar, en caso alguno, si el acto objeto del juicio, puede, o no, perjudicar directamente al reclamante, y si puede tener un interés inmediato en su insubsistencia". (Tesis apoyada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en la página 565 del Semanario Judicial de la Federación XLIII, Quinta Época). Los artículos y tesis transcritos, revelan los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, a saber: 1. Instancia de parte agraviada. 2. Agravio personal y directo. Conforme al primero el juicio de garantías nunca opera oficiosamente y para su nacimiento es necesario el ejercicio de la acción constitucional del gobernado mediante el cual ataque el acto de autoridad que considere lesivo a sus derechos, supuesto que en el caso se colma. En cuanto al segundo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio, entendiéndose por éste último como sinónimo de lesión u ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona con motivo de un acto u omisión de autoridad. Ese perjuicio, debe ser personal porque debe recaer precisamente en la esfera jurídica del quejoso, esto es que afecte a una persona concretamente especificada; además debe ser directo, es decir, una afectación real no subjetiva de realización presente, pasada o inminentemente futura, no simplemente eventual, aleatorio o hipotética. Lo que se justifica porque el amparo tiene como finalidad la restitución al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino que se actualice durante la tramitación del juicio. Pues con ello, se generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no respecto de actos concretos. En el caso, el quejoso Macedonio Guzmán Maldonado, reclama el citatorio de veintiséis de mayo de dos mil quince, sigando por el síndico municipal de San Antonio Tepetlapa, a través del cual se le informa que deberá comparecer en esa sindicatura municipal el veintisiete de mayo de este año a las dieciséis horas, para un asunto relacionado con su persona y lo apercibe que de no comparecer su asunto será turnado a la fiscalía local. Sin embargo, dicho acto no irroga perjuicio directo alguno al agraviado. En efecto, la sola emisión del citatorio no lesiona ni ofende algún derecho del promovente consagrado en la ley, porque la sola cita para ese evento, no se traduce en algún perjuicio cierto y objetivo, pasado, presente o inminente. Ello es así, porque en principio, es incierta la celebración de dicha comparecencia, aún en la hipótesis de que se realice, también es incierto que se perjudiquen los derechos humanos fundamentales del quejoso; inclusive, los que señala como consecuencias, en el sentido que la cita es con la finalidad de presionarlo y amenazarlo o encarcelarlo para el caso de que no de paso por su solar a una persona, actos que son futuros de realización incierta, en caso de que así sucediera, sería hasta ese momento cuando se materializaría tal perjuicio. Estimar lo contrario generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no respecto de actos concretos. Por tanto, dicho citatorio no causa perjuicio directo al quejoso. Máxime que con el citatorio se garantiza su derecho de audiencia previa, pues a la cita ante la autoridad administrativa puede acudir acompañado de persona de su confianza o abogado que le brinde la asesoría necesaria para resolver su conflicto. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano, la demanda de garantías de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizadas para tal efecto a las personas que señala. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a su intimidad al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, háganseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, ante la licenciada Lizeth Ortiz Segura, secretaria que autoriza y da fe. mesa amparo I-B

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