Macario Ovando Montoya

Expediente 482/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
482/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Macario Ovando Montoya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Téngase al Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 23, con sede en Texcoco de Mora, Estado de México, solicitando la devolución de los autos originales de su juicio agrario 652/2018; en consecuencia, se ordena remitir dichas constancias, consistentes en un tomo; para tales efectos, téngase el oficio que al efecto se gire, como acuse de recibo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es destruible, el primero en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales en atención a que se dictó resolución sobreseyendo en el mismo. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del acuerdo antes mencionado. En consecuencia, se considera innecesaria la retención de los documentos que obran en autos, requiérasele para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en su escrito inicial, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente el día viernes dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; asimismo, tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece. Finalmente, visto el escrito del quejoso **********; hágase del conocimiento que su petición ha sido satisfecha en los párrafos que anteceden. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y la tercero interesada interpongan recurso de revisión contra la sentencia del once de julio de dos mil veintidós, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones respectivas. Notifíquese y por lista electrónica a la parte quejosa y tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    I. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las ocho horas con treinta y cuatro minutos del once de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 482/2022-I, promovido por ***********, por derecho propio, ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Por último, doy cuenta con el escrito con registro 9905. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. En relación al escrito de cuenta, téngase a la tercero interesada ********** apersonándose a este juicio. Háganse las notificaciones por lista electrónica a la parte tercero interesada por así haberlo solicitado expresamente. Se tienen por autorizadas a las personas que señala para los efectos que establece, en la inteligencia que en el supuesto de que sea en términos amplios deberán contar con el registro correspondiente. Respecto de sus manifestaciones en vía de alegatos, acuérdense en la etapa correspondiente. Período de pruebas. Abierto este periodo, el secretario hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable ofrecieron diversas pruebas documentales. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que el tercero interesado Herminia Martin Pérez realizó manifestaciones en vía de alegatos. El Juez de Distrito acuerda: con fundamento con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por hechos sus argumentos los cuales serán tomados en consideración al momento de emitir el fallo que en derecho corresponda. Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe.V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 482/2022-I; y, R E S U L T A N D O I.**********, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 23 con sede en Texcoco de Mora, Estado de México. II. Previo desahogo de prevención, mediante acuerdo del trece de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo con el número 482/2022-I; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. III. Mediante acuerdo del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a un agrario residente dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. Segundo. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la demanda de amparo, se hace consistir en: La sentencia del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno dictada en el juicio agrario 652/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 23 con sede en Texcoco de Mora, Estado de México, sin haber sido llamado a juicio. Tercero. La autoridad responsable la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 23 con sede en Texcoco de Mora, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado por el quejoso. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Cuarto. Previo al estudio del fondo del asunto, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo por ser de orden preferente sobre aquel aspecto, de acuerdo a la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable y la tercero interesada señalan que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2019456, materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." En ese sentido, la procedencia de la acción de amparo respecto de los actos reclamados que derivan de un proceso seguido ante un tribunal judicial, como en la especie acontece, está supeditada a que el peticionario de amparo demuestre tener interés jurídico. En el presente asunto, la parte quejosa se duele de la sentencia del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno dictada en el juicio agrario 652/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 23 con sede en Texcoco de Mora, Estado de México, sin haber sido llamado a juicio. Ahora, de las constancias que anexó la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 23, a su oficio de cuenta se desprende lo siguiente: 1. Por escrito presentado el catorce de junio de dos mil dieciocho Herminia Martínez Pérez, demandó de los integrantes del Comisariado Ejidal de Coacalco, Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México: "A) El respeto absoluto a mis derechos ejidales, que me acrediten la calidad de ejidataria dentro del núcleo agrario que nos ocupa, y que están amparados con el certificado de derechos sobre tierras de uso común número 0000083336, expedido a mi favor el 10 de agosto de 2000. B) La condena a la parte demandada, en sentencia firme, para que respete dichos derechos y se me permita su libre ejercicio, lo que implica, entre otras cuestiones. El acceso a las asambleas de ejldatarios, así como a votar y ser votado dentro de la mencionada asamblea de ejidatarios. C) El pago de todos los beneficios que correspondan por las afectaciones que se me hayan hecho, se hagan o se estén haciendo sobre las tierras de uso común y en general cualquier beneficio derivado de dichos derechos sobre tierras de uso común, pues desde el mes de diciembre de 2017, se me han retenido dichos pagos." 2. Correspondió conocer de dicha demandada al Tribunal Unitario Agrario Distrito 23, Estado de México, misma que por auto del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho la admitió a trámite con el número de juicio agrario 652/2018, y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 3. Seguidos que fueron los trámites de dicho asunto el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno dictadó sentencia, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Es procedente condenar al Comisariado Ejidal de COACALCO, Municipio de COACALCO, Estado de MÉXICO, a que de inmediato realice a favor de HERMINIA MARTÍN PÉREZ, el pago de participaciones y reparto de utilidades que generó el aprovechamiento de tierras de uso común, que dejaron de otorgársele a partir de diciembre de dos mil diecisiete, hasta la fecha en que cause estado el presente fallo, lo cual deberá cuantificarse en ejecución de sentencia, dada sucalidad de ejidataria. SEGUNDO. Con copia certificada de la presente resolución, notifíquese personalmente a las partes, en los domicilios señalados para tal efecto; en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido; hecho que sea, sin acuerdo previo, hágase la devolución de los documentos que en original y copia certificada hayan exhibido los interesados como medio de prueba, previa constancia que de los mismos quede en autos, y toma de razón de recibo. LÍSTESE y CÚMPLASE." 4. Determinación que causó estado por auto del siete de marzo de dos mil veintidós y se requirió el cumplimiento voluntario a la parte demandada. De lo anterior se desprende que en el contradictorio de origen únicamente se limitó a declarar que Herminia Martín Pérez, es titular de derechos sobre tierras de uso común en el ejido que nos ocupa y, por ende, le correspondían los beneficios que otorgan su explotación en el porcentaje que indica el certificado número 83336 que al efecto le fue expedido el diecisiete de agosto de dos mil, pues no existe antecedente de que le haya sido suspendido por el máximo órgano del ejido o bien, por resolución de autoridad competente. De tal forma que las actuaciones que por esta vía reclama el quejoso no le causan una afectación a sus intereses jurídicos, toda vez que no se hizo pronunciamiento alguno que afecte el certificado de derechos sobre tierras de uso común número 000001008420 del cual es titular. Máxime que como lo estableció el tribunal responsable en la resolución reclamada, la circunstancia que al hoy quejoso se le haya reconocido como sucesor de los derechos agrarios que correspondieron al extinto posesionario Pedro Pablo Montoya Gómez, dentro del ejido que nos ocupa mediante resolución del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete en diverso juicio agrario 654/2016, no pugna con los derechos que asisten a la promovente del diverso juicio agrario 652/2018 (de donde emana el acto reclamado), pues de acuerdo con lo pactado en el convenio del veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, dentro del juicio 295/97, del índice de ese Tribunal Unitario Agrario, tanto Herminia Martín Pérez como su contraparte Pedro Pablo Montoya González, son titulares en 50% sobre los derechos sobre tierras de uso común que fueron del extinto Rogelio Montoya González y por consiguiente, ambos cuentan con calidades agrarias dentro del ejido Coacalco, del Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México y, por ende, pueden designar sucesores de sus respectivos derechos agrarios. De ahí que el quejoso conserve su calidad de ejidatario del de cujus en relación con los derechos agrarios que deriven del certificado de derechos agrarios expedido en favor del autor de la sucesión, para que -de considerarlo- los haga valer en la vía legal correspondiente. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 49/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2001252, materia Administrativa, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 576, de rubro: "CERTIFICADO DE DERECHOS AGRARIOS EXPEDIDO EN FAVOR DEL AUTOR DE LA SUCESIÓN. ES UN DOCUMENTO IDÓNEO Y VÁLIDO PARA TENER POR ACREDITADA LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL DE CUJUS, EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS AGRARIOS QUE DERIVEN DE AQUÉL". Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo por los motivos expuesto en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese; y por lista electrónica a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.

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