Ma Trinidad Canchola Sánchez

Expediente 741/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
741/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
06/11/2020

Partes del expediente

  • Ma Trinidad Canchola Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de noviembre de dos mil veinte. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veintitrés de octubre de este año, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese; y por medio de lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos del Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otra autoridad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 741/2020-I. En este asunto los actos reclamados son el despido injustificado de su empleo como trabajadora del ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y con motivo de ello, la privación de la atención médica y el pago de sus haberes. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1o., fracción II, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, las autoridades señaladas como responsables, al emitir el acto que se les reclama, no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el acto que se les atribuye versa sobre el despido injustificado del empleo de la quejosa, lo que tiene su origen en una relación jurídica de ese municipio como patrón con sus trabajadores en la que ambos actúan en un mismo plano de igualdad, en la que entre ambas partes existe una relación de coordinación y, por ende, los conflictos que entre ambas partes se susciten deben resolverse por los tribunales laborales establecidos para ello, concretamente a través del juicio laboral burocrático previsto en el artículo 185, fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México. En efecto, el juicio de amparo sólo procede contra actos e autoridades teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, no todo acto emitido u omisión por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino sólo aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad que suponga el ejercicio de facultades sustentados en el orden público e interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación; pero también los entes de la administración pública pueden actuar como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios, conocidos comúnmente como relaciones de coordinación que son entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, y para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que deba establecerse que, cuando los trabajadores al servicio de cualquiera de las dependencias de gobierno, promueven un juicio de amparo contra las acciones tendentes a gestiones de su relación laboral y/o la modificación de sus condiciones de trabajo, como acontece en la especie, en la que la quejosa reclama el despido injustificado de su empleo, el juicio de amparo resulta improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, materia Común, Laboral, página 1956, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN". Además, tal relación de índole laboral tiene su fundamento en el artículo 185, fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, de acuerdo con el cual, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer y resolver en conciliación y arbitraje, de los conflictos individuales que se susciten entre las instituciones públicas, dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos de carácter Estatal y Municipal, y organismos autónomos que sus leyes de creación así lo determinen y sus servidores públicos que no conozcan las Salas. Máxime que la quejosa no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que sea miembro de una institución policial de la Federación, entidad federativa o municipio, que hiciera procedente la vía constitucional, en atención a la prohibición expresa de reincorporación al servicio, cualquiera que fuera el resultado del juicio o medio de defensa que promueve, que establece la Constitución. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Realícense las notificaciones por lista electrónica a la parte quejosa por así haberlo solicitado. Sin que haya lugar a tener como tal el boletín que se pública en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que la ley de la materia no lo contempla. Por autorizadas a las personas que refiere para los efectos que precisa. Se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y por medio de lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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