Macario Benjamín Serrano Vega

Expediente 463/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
463/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Macario Benjamín Serrano Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente asunto, toda vez que únicamente solicitó que las notificaciones en el presente asunto se realizaran a través de dos cuentas de correo electrónico. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el proveído de veintiocho de abril del presente año, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes actuaciones que así lo ameriten, hasta en tanto señale domicilio procesal. Notifíquese por lista a la parte quejosa el auto de veintiocho de abril del año en curso.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda y anexos de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese como juicio de amparo 463/2023-A. Desechamiento. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo que se provee, se advierte que el quejoso reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación con Detenido de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, la formal acusación que realizó ante el Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en autos de la causa penal **********, por los delitos de homicidio por culpa, daño en propiedad ajena culposo y manejar vehículo de motor en estado de ebriedad. De lo anterior, debe concluirse que la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, deviene improcedente. Se afirma lo anterior, en razón de que se advierte que respecto del acto que el quejoso reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "(.) Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro digital 205651 de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas." De acuerdo con lo sustentado por el alto tribunal del país, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender a algún derecho humano o sustantivo). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, los actos de imposible reparación se conciben como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos los cuales se entienden como aquéllos que lesionan derechos fundamentales como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, susceptible de ser analizados mediante juicio de amparo indirecto; en tanto los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste. La distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, lo constituye la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Ahora bien, el procedimiento penal de corte acusatorio, comprende tres etapas, como así lo establece el código nacional de procedimientos penales, en su artículo 211, la de investigación - inicial y complementaria-, la intermedia y la de juicio. Asimismo, que el cierre de investigación da por concluida la etapa de investigación (inicial y complementaria) y motiva el inicio de la etapa intermedia, que tiene lugar una vez que se presenta la acusación y finaliza con el auto de apertura a juicio, siendo ésta diligencia la que dará pie a la etapa de juicio, la cual concluirá con la sentencia que emita el tribunal de enjuiciamiento. Conforme a lo expuesto, se advierte, primero, que la cuestión que se dilucida en la etapa intermedia está relacionada con la formulación de la acusación, el consecuente ofrecimiento y admisión de los medios de prueba y la depuración de los hechos controvertidos con base en los cuales cada una de las partes contendientes sostendrá su teoría del caso. Respecto a la acusación que formula el órgano técnico, debe decirse que es un imperativo constitucional, pues así lo dispone el artículo 21 de la carta magna, la cual, una vez presentada ante el juez de control, éste la notifica a las partes, sin que ello implique algún pronunciamiento por parte del juzgador en cuanto a si procede o no la misma y mucho menos la imposición de penas, pues su única función es tutelar el debido proceso, fungiendo como rector del mismo. Con lo anterior, se desprende que los derechos involucrados con el acto reclamado no revisten la categoría de sustantivos sino de adjetivos, cuya afectación, además, no es actual, ya que depende de que llegue o no a trascender al desenlace de la fase intermedia en la cual se ubica el procedimiento -momento en el que sus secuelas podrían consumarse de manera efectiva- y como en el caso, podría ser hasta el dictado del auto de apertura a juicio oral. Por ende, el acto de acusación por parte del fiscal sólo da lugar al inicio de la etapa intermedia, en la cual se llevará a cabo el ofrecimiento de la prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, lo cual de ninguna manera propicia afectación o lesión alguna a los derechos o intereses del quejoso que deba ser reparada en el juicio biinstancial. En ese contexto, resulta patente que en este momento procesal el acto reclamado no tiene una ejecución de carácter irreparable, porque aun cuando se haya tenido por presentada la acusación formulada por el fiscal en contra del aquí quejoso, lo cierto es que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace de la fase intermedia en la cual se ubica el procedimiento, momento en el cual sus secuelas podrían consumarse de manera efectiva, y de ser así, con el dictado del auto de apertura a juicio oral, podrá reclamarla en el amparo que en su caso promueva contra el referido auto de apertura a juicio oral, pues sólo mediante una resolución desfavorable a los intereses de la parte quejosa puede hablarse de una violación a los preceptos legales y será entonces cuando se vean afectadas las defensas del quejoso. Por ello, en todo caso, como se ya se dijo, si el acto reclamado genera consecuencias de índole procesal, al no producir una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, el primero interpretado a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis: I.1o.P.113 P (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2017752, XVII.1o.P.A.37 P (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con número de registro digital 2012837 de rubros: "FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO." "AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES." Así como la diversa tesis, consultable en la gaceta del semanario judicial de la federación. libro 11, marzo de 2022, tomo iv, página 3514, con registro digital 2024294, rubro y texto, siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE DECRETARLO DE OFICIO, DERIVADO DE LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O QUE VIOLE DERECHOS SUSTANTIVOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio el imputado solicitó al juez de control el sobreseimiento de oficio en la causa penal, en términos del artículo 325 del código nacional de procedimientos penales, en virtud de que el agente del ministerio público formuló su escrito de acusación fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 324 del propio código; sin embargo, dicho juzgador omitió decretarlo. criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que en el proceso penal acusatorio, la omisión del juez de control de decretar de oficio el sobreseimiento en la causa penal, derivado de la presentación extemporánea del escrito de acusación, no constituye un acto de imposible reparación o que viole derechos sustantivos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que su naturaleza es meramente adjetiva. justificación: conforme a los artículos 324 y 325 del código nacional de procedimientos penales, el agente del ministerio público cuenta con un plazo de quince días para formular la acusación y, de no cumplir con dicha obligación, el juez de control pondrá el hecho en conocimiento del fiscal o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días al respecto. ahora, si bien es cierto que en el último precepto también se establece que de no pronunciarse el superior jerárquico en el plazo aludido, el órgano jurisdiccional ordenará el sobreseimiento, no menos lo es que ello se actualiza sólo en ese supuesto, por lo cual, si el agente del ministerio público es quien presenta su acusación de manera extemporánea, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción xxiii, en relación con el diverso 107, fracción v, ambos de la ley de amparo, pues los actos reclamados por la parte quejosa todavía no son de imposible reparación, dado que no afectan derechos sustantivos de la persona vinculada a proceso, sino sólo adjetivos, cuya afectación, además, no es actual, ya que dependerá de que lleguen o no a trascender al desenlace de la fase intermedia en la cual se ubica el procedimiento, momento en el cual sus secuelas podrían consumarse de manera efectiva, en su caso, hasta el dictado del auto de apertura a juicio oral, momento en el cual puede hacer valer la acción constitucional de amparo." Señalamientos de domicilio y autorizados. En atención a lo dispuesto en términos del artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para recibir notificaciones del promovente el que indica; asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a Omar Lugo Ramírez y Gregorio Campos Meléndez, dado que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual manera, se tiene a la parte quejosa señalando dos cuentas de correo electrónico, para el contacto respectivo. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico. En atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los diversos Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015, ambos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al contenido del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Comunicación con los justiciables. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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