Ma Esther Posada Flores
Expediente 43/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 43/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/10/2020
Partes del expediente
- Ma Esther Posada Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En virtud de que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente del auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se hace efectivo el apercibimiento asentado en el aviso fijado en veinte de octubre de dos mil veinte, por lo que se le notifica éste personalmente mediante lista que se fija en los estrados de este Juzgado y en el portal de internet del poder judicial de la federación, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se obtiene que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector por parte de las autoridades responsables, en auto de cinco de octubre de dos mil veinte, sin que hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO expediente. Mediante sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "En reparación de la violación indicada, la concesión del amparo y la protección de la Justicia Federal, es para el efecto de que la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de inmediato emita el laudo respectivo dentro del expediente laboral número 709/2017, hecho lo anterior, proceda a notificarlo a la solicitante del amparo, en los plazos y términos que prevén los artículos 741, 742, fracción VIII, y 744, de la Ley Federal del Trabajo." Al no ser recurrida la sentencia de que se trata, por auto de veintidós de enero del año en curso, causó ejecutoria y se requirió a la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector. Seguidamente, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiocho de julio de dos mil veinte, en el cual se estableció lo relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; en el artículo 2, se determinó la reanudación de plazos y términos procesales, así como el levantar la suspensión ordenada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio del mismo año. 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? Por lo que, por auto de once de agosto del año en curso, se ordenó levantar la suspensión del presente juicio, requiriéndose a la responsable a fin de que diera cumplimiento al fallo protector concedido. En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, el dos de octubre de dos mil veinte, el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada del laudo de veinte de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del expediente laboral 709/2017, en relación con la entrega de las prestaciones que reclamo la parte quejosa dentro del expediente de origen, con motivo de la celebración de un contrato celebrado por la quejosa Ma Esther Posada Flores y la parte demandada, en los términos siguientes: "PRIMERO.- La parte actora MA ESTHER POSADA FLORES probó parcialmente su acción y la demandada INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL acreditó parcialmente sus excepciones y defensas. ------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDO.- Se CONDENA al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL a que cubra a la actora MA ESTHER POSADA FLORES la cantidad de $97,121.21 (NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 21/100 M.N.) por concepto de DIFERENCIA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD; la cantidad de $117,989.99 (CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) por concepto de VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL; la cantidad de $29,191.46 (VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.) por concepto de AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS; cantidades las anteriores computadas por las razones y consideraciones de derecho expuestos en el considerando último de la presente resolución y se ABSUELVE a la demandada de las prestaciones reclamadas bajo los incisos A), B), C) y J) por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------- TERCERO.- Se concede a la demandada un término de QUINCE DÍAS para que cumpla voluntariamente con la presente resolución. ---------------------------------------------------- ---------- 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO CUARTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES en términos del artículo 742 fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, en los domicilios señalados en autos. CÚMPLASE.- Y en su oportunidad ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. ---------------------------------------------" Asimismo, mediante el oficio antes precisado, el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de las constancias de notificación realizadas a las partes del laudo dictado dentro del expediente laboral 709/2017 de su índice. Con lo anterior, es claro que se dio cumplimiento al fallo protector, pues la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, i) emitió el laudo dentro del expediente laboral 709/2017 y ii) notificó a las partes de dicha determinación. Por tanto, es inconcuso que la autoridad responsable dio cumplimiento a los puntos de la ejecutoria de amparo y no se advierte la existencia de algún otro acto que deba quedar sin efectos. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes quejosa y tercero interesada, intenten el medio de impugnación correspondiente. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Notifíquese personalmente
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, a las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados por auto de seis del mes y año en curso (foja 41), para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de derechos fundamentales 43/2019-A-2, promovido por Ma Esther Posada Flores, de propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; ante la presencia de Juan Domingo Valadez Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, conforme al oficio número CR./CJD./002/7219/2019, signado por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de la Secretaria Daniela Cecilia Félix Chávez, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: Escrito inicial de demanda y anexo (fojas 2 a la 12), auto admisorio (fojas 16 a la 18) e Informe justificado y anexos rendido por la autoridad responsable (fojas 32 a la 35). El Secretario encargado del despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias que hace la Secretaria, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por la autoridad responsable. El Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las pruebas señaladas en el párrafo que antecede, sin perjuicio de valorarlas al momento de dictar sentencia, con ello, se cierra el periodo correspondiente. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes las formuló. El Secretario encargado del despacho acuerda: sin pruebas pendientes por desahogar ni escritos de alegatos que tener por reproducidos, se tiene por terminada la audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Vistos los autos del expediente 43/2019-A-2, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por Ma Esther Posada Flores, de propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Ma Esther Posada Flores, de propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial 59, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: La omisión, por parte de los integrantes de la Junta Especial 59, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, consistente en la no elaboración del proyecto de resolución en forma de Laudo, que debe realizarse dentro de los 10 días posteriores a la declaración de CIERRE DE INSTRUCCIÓN en el juicio natural, con los requisitos que prevé el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio ESPECIAL Laboral identificado con el expediente 709/2017, radicado ante la Autoridad señalada como responsable, en el cual la SUSCRITA tiene el carácter de parte Actora y el Tercero interesado el de demandado, y en el cual la Instrucción se declaró cerrada desde el día 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, sin que a la fecha se haya elaborado el correspondiente proyecto de resolución en forma de laudo. En consecuencia, la falta de pronunciamiento del Laudo por parte de los Integrantes de la Junta Especial 59, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dentro del término de 10 días previsto en el artículo 887, en relación con el 886, de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral señalado en el punto anterior Dicho de otra manera, se reclama la abstención por parte de la Junta Especial 59, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de realizar el proyecto de resolución en forma de laudo en el juicio antes mencionado dentro del término, requisitos y condiciones que señala el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo y el abstenerse de pronunciar el Laudo que en derecho corresponda en el juicio de origen, dentro de los términos fijados en los artículos 887 y 889, en relación con el 886, todos del Ordenamiento Legal antes invocado. [.]" Segundo. Preceptos Constitucionales que se estiman violados. El quejoso estimó vulnerado el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. Tercero. Trámite y Substanciación. La referida demanda se turnó, a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite; lo que dio lugar a la instauración del presente juicio de amparo que se registró con el número 43/2019-A-2, asimismo, se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal (foja 21), se reconoció el carácter de tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 38), se continuó con la tramitación del juicio en los términos que al respecto establece la Ley de Amparo hasta celebrarse la correspondiente audiencia constitucional, la que previo diferimiento se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Juan Domingo Valadez Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, conforme al oficio número CR./CJD./002/7219/2019, signado por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, a efecto de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que el quejoso dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: La omisión de emitir el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 709/2017, del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tijuana, Baja California. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Nueve, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por así haberlo manifestado en el informe justificado que se le requirió. Certeza que se corrobora con las constancias que anexó relativas a la copia certificada del acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 709/2017 de su índice, documental a la que se le reconoce valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2; toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Estudio de los conceptos de violación. Al no advertirse de oficio que se actualice alguna causal de improcedencia o que las partes hayan hecho valer alguna otra, se procede al estudio de los conceptos de violación los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria, amén que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción es innecesaria, en términos de la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de registro 164618, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede leerse en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La quejosa reclama la omisión de dictar el laudo respectivo, dentro del expediente laboral número 709/2017, del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no obstante que ha transcurrido el término de diez días a que refiere el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, de lo que se desprende que se violó el derecho previsto en el artículo 17 Constitucional el cual dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." De igual forma el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo establece: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se desprende que el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos para realizar el proyecto de resolución respectivo. Sin embargo, la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Nueve, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en ciudad, no ha emitido el proyecto de laudo respectivo, ni la propio resolución dentro del expediente número 709/2017, siendo que a la fecha de la presentación de la demanda habían transcurrido once meses desde la fecha en que se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto respectivo, por lo que es incuestionable que se ha excedido en el plazo que señala la Ley Federal del Trabajo en el numeral 885 antes transcrito, para emitir el laudo, por tanto, es evidente que dicha omisión, viola en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional y, por ende, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita. Lo anterior es así, pues en el caso existe una "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total" del mismo; conceptos que deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que el desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional y como se dijo, en el juicio laboral del que emana el acto reclamado ha transcurrido más de cuatro meses, desde la fecha en que se declaró cerrada la instrucción hasta el día de hoy, sin que se hubiera emitido el laudo correspondiente. Es aplicable la tesis jurisprudencial VI.1o.A. J/2, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1096, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, Registro: 2001213, Décima Época, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." Asimismo, en apoyo a lo considerado y expuesto, se cita el siguiente criterio jurisprudencial resultante de la contradicción de tesis 159/2003-SS: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." (Jurisprudencia 8/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 226, del Tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Quinto. Efectos de la concesión del amparo. En reparación de la violación indicada, la concesión del amparo y la protección de la Justicia Federal, es para el efecto de que la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de inmediato emita el laudo respectivo dentro del expediente laboral número 709/2017, hecho lo anterior, proceda a notificarlo a la solicitante del amparo, en los plazos y términos que prevén los artículos 741, 742, fracción VIII, y 744, de la Ley Federal del Trabajo. Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76, 77 y 79 de la Ley de Amparo, así como 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal Ampara y Protege a Ma Esther Posada Flores, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Nueve, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por los fundamentos establecidos en el considerando cuarto y para los efectos precisados en el quinto considerativo de la presente sentencia. Segundo. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el treinta de octubre del año en curso, se reservó de acordar la solicitud de tener como tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, hasta en tanto obrara el informe justificado rendido por la autoridad responsable, lo que a la fecha ya aconteció; por tanto, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce a la denominación en comento el carácter de tercero interesado y se ordena su emplazamiento, para lo cual córrasele traslado con copia simple de la demanda de amparo, auto admisorio y de este proveído; asimismo, se le requiere para que en el plazo de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones se le efectuaran por medio de la lista que se fije en los estrados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 de la Ley de Amparo. Por otra parte, hágasele del conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra señalada a las diez horas con veinte minutos del seis de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de noviembre de dos mil diecinueve Informe justificado. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 59, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California, en el oficio de cuenta; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Pruebas. Finalmente, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que acompaña la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado; por tanto, con fundamento en los arábigos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional que se celebre. Notifíquese.
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