Ma. Victoria Sánchez Robles

Expediente 923/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
923/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
10/10/2017

Partes del expediente

  • Ma. Victoria Sánchez Robles

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja, contra el auto dictado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por la quejosa *********** sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por **********, contra actos del Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 923/2017. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, el suscrito estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que: La quejosa es parte demandada en el expediente ***, radicado en el Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, en el que se ejercitó, en la vía ejecutiva civil, la ejecución de convenio, promovido por la actora Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en relación con un inmueble. En el período de ejecución, concretamente, en el procedimiento de remate, el veintiséis de abril del año en curso se celebró la audiencia de subasta en primera almoneda, en la cual adjudicó en favor de la parte actora el bien en conflicto. La demandada -aquí quejosa-, interpuso recurso de apelación, contra dicha determinación, que fue resuelto el veintiocho de junio pasado, confirmando el proveído recurrido. Posteriormente, el Juez responsable el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, emitió un proveído en el que ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación en favor de la parte actora (éste es el acto reclamado). De los antecedentes narrados, concretamente el inciso d), se advierte que se trata del último acto dictado en el procedimiento de remate, acorde con lo que dispone el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; sin embargo, la promovente del amparo no agotó el principio de definitividad, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues al ser parte en el juicio de origen, estaba obligada a agotar el recurso correspondiente, previamente a acudir a esta instancia constitucional. Ahora bien, a fin de determinar la procedencia del medio de impugnación idóneo para controvertir dicho proveído, se transcriben los artículos correspondientes del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato: ARTÍCULO 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. ARTÍCULO 233. La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. (Párrafo Reformado. P.O. 13 de agosto de 2004) Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto. (Artículo Reformado. P.O. 13 de agosto de 2004) ARTÍCULO 234. Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día. ARTÍCULO 235. Del auto que decida sobre la revocación no habrá ningún recurso. ARTÍCULO 236. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. En materia familiar, cuando sea en beneficio de menores o incapacitados, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de agravio expresados. (Artículo Reformado. P. O. 13 de agosto de 2004) ARTÍCULO 237. La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero. ARTÍCULO 243. Son apelables las sentencias dictadas, en primera instancia, tanto por los Jueces de Partido como por los Menores. (Artículo Reformado. P.O. 1 de abril de 1997) ARTÍCULO 244. Las sentencias que fueran apelables conforme al artículo anterior lo será en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. ARTÍCULO 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere le sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos De estos preceptos legales se advierte que la ley adjetiva aplicable reconoce, en lo que interesa, los medios de impugnación denominados: revocación y apelación. Respecto del recurso de revocación, los propios numerales proporcionan sus notas distintivas: Procede contra autos y decretos que no fueren apelables. En cuanto a la apelación procede contra aquellos autos que, dictados en procedimientos, decidan un incidente o lo disponga el mismo Código, además de que la sentencia definitiva sea susceptible de apelar. En concreto, en cuanto al procedimiento natural, esto es, vía ejecutiva civil, la apelación encuentra su procedencia en los artículos 243 y 245 del Código de Procedimientos Civiles, esto es, procede contra sentencias dictadas en primera instancia y contra autos que decidan un incidente o así lo disponga el Código. Se trata entonces de una regla de exclusión entre ambos recursos que no amerita mayor análisis, dado que constituye un lugar común en el ámbito procesal. En ese contexto, es decir, los anteriores numerales, contrastados con la premisa fáctica contenida en los antecedentes narrados , se concluye que el auto que ordena a la demandada que otorgue la escritura del bien adjudicado, no encuadra en los supuestos de la apelación; puesto que no se actualiza ninguna de las hipótesis que alude los artículos 243 y 245, esto es, no es una sentencia definitiva; asimismo, no es una resolución interlocutoria, ni existe disposición expresa que así lo prevea. Luego, bajo la regla de exclusión expuesta, procede el recurso de REVOCACIÓN. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, visible en la página 902, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002, que es del rubro siguiente: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No es óbice la relevancia del acto reclamado que, inclusive, encuentra su propia reglamentación de procedencia expresa en el artículo 107 de la Ley de Amparo; empero, no existe disposición legal, ni razón jurídica o interpretativa, que permita forjar una excepción al principio de definitividad que rige la materia iusfundamental. De igual manera, no es válido formular una analogía con algún otro supuesto previsto en la normatividad, dado que resulta jurídicamente inaceptable en tanto que el tópico representaría una excepción y el mecanismo de integración normativa para colmar una laguna o vacío legislativo únicamente es factible usarlo en aquellas disposiciones que por su naturaleza puedan aplicarse de manera extensiva; es decir, tratándose de disposiciones de aplicación estricta, como sucede en las excepciones, solamente podrán aplicarse a los supuestos para los que fueron creadas, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón, ya que se dejaría de acatar la voluntad del creador de la disposición Así lo ha sostenido el Alto Tribunal a través de diversos criterios que datan desde la quinta época. Se cita uno de ellos, visible en el tomo XIX, página 754, del Semanario Judicial de la Federación con registro IUS 282725, de rubro y texto: LEYES DE EXCEPCION. Las leyes que establecen excepciones, son de estricta interpretación, y, por tanto, no pueden aplicarse por analogía, a caso alguno no comprendido en ellas En las relatadas condiciones, es decir, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA promovida por **********. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ****de esta ciudad; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo, a *************, en virtud de que obra su cedula profesional inscritas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementando por el Consejo de la Judicatura Federal. Con relación a las demás personas que indica, se les tiene autorizado en términos restringidos del numeral en cita, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que los autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Sin que pase inadvertido, que el promovente haya proporcionado número de cédula profesional de **************, que pretende autorizar en términos amplios; sin embargo, al realizar la búsqueda correspondiente, no se encuentran registradas ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano