Ma. Victoria Sanchez Robles

Expediente 791/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
791/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
11/10/2017

Partes del expediente

  • Ma. Victoria Sanchez Robles

Actuaciones

  1. Principal

    A sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, remite testimonio de la resolución pronunciada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el recurso de queja civil 126/2017 de su índice, promovido por el autorizado de la parte quejosa *************contra el auto de nueve de agosto de la presente anualidad, que en sus puntos resolutivos determinó: ".ÚNICO.- Es infundado el presente recurso de queja." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se desechó la demanda planteada, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones III y IV del acuerdo en cita el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó de plano la demanda.

  2. Principal

    Por recibido el oficio que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, téngasele informando que se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa *********, por conducto de su autorizado, contra el acuerdo de nueve de agosto del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, registrándose con el número de queja civil 126/2017-IV.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de ***********(autorizado de la parte quejosa); téngasele interponiendo el recurso de queja, de conformidad con el artículo 97, fracción I inciso a), de la Ley de Amparo, contra del auto por el que se desechó la demanda. Ríndase el informe a que alude el artículo 101 de la Ley de Amparo, y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, copia certificada de lo actuado en el presente cuaderno, así como el original del escrito de agravios.

  4. Principal

    Vista la demanda presentada por **********, quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Magistrada Propietaria de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano El quejoso reclama la resolución emitida en el toca de apelación 381/2017, el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, que confirmó la audiencia de remate y adjudicación de veintiséis de abril del año en curso, efectuada en el juicio ***en el que la quejosa es parte demandada. Ahora bien, la improcedencia respecto de dicho acto, radica en que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, acorde con lo que dispone el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo que establece: El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Ese precepto fue interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el amparo procede contra cualquiera de esas dos conductas, independientemente de que se dicten en un mismo proveído o en diversos. Así lo sostuvo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 13/2016 (10ª), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, tomo II, abril de dos mil dieciséis, página 1066, de rubro y texto: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial De lo anterior se deduce que tratándose de actos de ejecución de sentencia de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, concretamente en el procedimiento de remate, el juicio de amparo bi-instancial, sólo puede promoverse contra la última resolución que se dicte en dicho procedimiento, entendiéndose por ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De modo que se trata de una resolución intermedia dictada en el procedimiento de remate, respecto del cual se torna improcedente el juicio constitucional intentado. Lo anterior adquiere mayor relevancia, ya que de una lectura de los conceptos de violación, denota que la parte quejosa se duele de la indebida publicación para anunciar venta del inmueble afecto, a través de los edictos correspondientes, lo que constituye una violación procesal que únicamente puede ser analizada, en los términos que ordena el articulo 107, fracción IV de la Ley de Amparo y no en este momento, como pretende la promovente. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del artículo 107, de dicho Ordenamiento Legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA que dio origen a este juicio, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, presentada por ************ Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngasele señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la calle ***, Celaya, Guanajuato; y como autorizados en términos amplios del artículo 19 de la Ley de Amparo, a **************toda vez que dichos profesionistas cuentan con cédulas registradas en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y las personas restantes en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal citado, toda vez que no se encuentran en ese supuesto. Finalmente, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

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