Ma. Teresa Mendoza Garduño

Expediente 1675/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1675/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Ma. Teresa Mendoza Garduño
  • Ma. Teresa Mendoza Garduño y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; cinco de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó el presente asunto (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa VI DESAHOGO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos el escrito signado por Ma. Teresa Mendoza Garduño, por propio derecho, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de veintiocho de octubre del año en curso. En consecuencia, ténganse por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. DESECHAMIENTO. Luego, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, es menester precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama: - El auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 1058/2022, mediante el cual el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, admite a trámite los medios preparatorios a juicio promovidos por Victoria Mejía Gómez y Marcela Adriana Zepeda Mejía, esta última en su calidad de albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Arcadio Zepeda Guadarrama, en el que se le citó para que bajo protesta de decir verdad precisara la personalidad con la que se ostenta de poseedora y/o administradora de Grúas Zepeda Sociedad Anónima de Capital Variable. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, esto es, la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción III, inciso b) y fracción IV interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." .". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (...).". La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción IV del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra tres tipos de actos a saber: a) Actos ejecutados fuera de juicio -medios preparatorios a juicio, interdictos, providencias precautorias o diligencias de jurisdicción voluntaria; b) Ejecutados después de concluido el juicio aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a preparar su ejecución; y, c) De ejecución de sentencia propiamente dichos -que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. Cabe destacar que para los actos fuera de juicio no se previenen reglas específicas; sin embargo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/94, consideró que tratándose de actos fuera de juicio que se dicten dentro de un procedimiento o trámite secuencial, el amparo sólo procederá contra la resolución que le ponga fin y, siempre que se afecten los intereses del particular quejoso, al expresar: "(.) Lo anterior no significa, sin embargo, que el juicio de amparo indirecto deba entenderse procedente en contra de cualquiera de los actos dictados o ejecutados en el procedimiento en análisis, pues si bien es cierto que de la letra del artículo 114, fracción III, en cita, no aparece señalado expresamente algún requisito adicional de procedencia, también lo es que el sistema integral del juicio de amparo descansa sobre ciertos principios que no pueden ser desconocidos por este alto tribunal en su papel de intérprete final de las leyes. El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos fuera de juicio que se dicten o ejecuten dentro de un procedimiento o un trámite secuencial, así éste sea breve o sumarísimo, el juicio sólo resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, cuando de ella derive directamente la lesión de los intereses jurídicos del particular. Tal apreciación se desprende de las normas que acotan la procedencia del juicio de amparo en general, algunas de las cuales han quedado transcritas al inicio de este considerando y a las que conviene agregar la prevista en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, la cual dispone: Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:- (...) II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia;' (.) El examen minucioso de las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y de los artículos de la misma Ley que regulan el amparo directo (reglamentarios de la fracción III del artículo 107 constitucional copiada al inicio de este considerando), muestra que tratándose de procedimientos judiciales o administrativos, por regla general, sólo se admite la acción de amparo en contra de la resolución terminal, es decir, aquélla con la cual culmina la actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en una secuencia formal. Tal principio rige en los actos viciados provenientes de autoridades administrativas (fracción II), pues si los mismos se dictan dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, deben reclamarse junto con la resolución que le ponga fin. De manera similar acontece con los actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados tanto dentro de juicio (fracción IV), como después de concluido éste (fracción III), pues, como antes se dijo, respecto de los primeros, rige la regla general de que las violaciones cometidas durante el curso del juicio son reclamables hasta que culmine el mismo con el fallo correspondiente, sea sentencia, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, y sólo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos; y respecto de los segundos, tratándose de los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución final. Resulta entonces manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial o administrativo, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado Este principio, operante para los actos de las autoridades administrativas y de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados dentro de juicio y después de juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos fuera de juicio, considerando que el legislador, de haber tenido presente este supuesto -inusual por lo demás, pues la mayoría de esos actos se producen fuera de todo procedimiento- habría adoptado la misma solución. Si de acuerdo con lo anterior, en el supuesto de los actos fuera de juicio que, sin embargo, provengan de un procedimiento así sea breve o sumarísimo, el juicio constitucional sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, cabe concluir que en la materia de la presente contradicción de tesis, la acción de amparo únicamente resulta procedente en contra de la resolución definitiva que autoriza o niega la venta de la prenda (.).". Precisado lo anterior, resulta dable destacar que los medios preparatorios son actos preliminares al juicio, esto es, actos fuera de juicio, pues su finalidad es acreditar hechos o circunstancias que sirvan de fundamento para instaurar el juicio principal o fundar una excepción o una reconvención, en su caso. Luego, los medios preparatorios a juicio se rigen por un trámite secuencial que culmina, en su caso, con una declaratoria por parte de la autoridad judicial; en tanto como actos prejudiciales, los medios preparatorios son aquéllos que anteceden o preceden al juicio; o sea, los que tienden a asegurar una situación de hecho o de derecho, con anterioridad a la presentación de la demanda y al establecimiento de la relación jurídico procesal; luego, las decisiones que se dicten con tal motivo, serán actos fuera de juicio e impugnables a través del amparo, en la vía indirecta. No obstante lo anterior, debe decirse que ello se actualiza hasta el momento en que se emita la última resolución en dicho trámite secuencial, cuando se podrán impugnar, conjuntamente con ésta, las demás violaciones que el quejoso estime le causan perjuicio en su esfera de derechos. Por ende, es incuestionable que el acto combatido por la peticionaria del amparo, consistente en el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 1058/2022, mediante el cual el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, admite a trámite los medios preparatorios a juicio promovidos por Victoria Mejía Gómez y Marcela Adriana Zepeda Mejía, esta última en su calidad de albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Arcadio Zepeda Guadarrama, en el que se le citó para que bajo protesta de decir verdad precisara la personalidad con la que se ostenta de poseedora y/o administradora de Grúas Zepeda Sociedad Anónima de Capital Variable, no constituyen la última resolución dictada en ese procedimiento, puesto es evidente que dichos proveídos fueron emitidos para la preparación de los medios preparatorios, sin que se advierta que se haya emitido el fallo correspondiente (declaratoria emitida por la responsable). Sirve de apoyo la tesis VI.2o.C.18 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Septiembre de 2014, página 2461, del texto: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN O CONTRA ACTOS INTERMEDIOS QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los medios preparatorios consisten en diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, que si bien no forman parte del juicio, sí lo preparan. Ahora bien, en términos del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de protección de derechos humanos procede en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Por otro lado, en la jurisprudencia P./J. 50/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si para los efectos del amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dictaran con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio, porque le preceden y, por tanto, en su contra es procedente el amparo indirecto. Sin embargo, en la ejecutoria de referencia no se definió el tema de si el amparo indirecto procede en contra de cualquier acto emitido en los medios preparatorios a juicio o si sólo contra la última resolución que se dicte en ellos. Así, de una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V, del invocado artículo 107, se concluye que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como los que se dictan en relación con la admisión, desechamiento y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios que, por tanto, no constituyen la última resolución dictada en ellos, por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, incluidos los procedimientos de remate; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, salvo que ese acto intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de amparo indirecto.". De igual forma, de conformidad con el precepto 107, fracción IV, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y el criterio previamente citado, el amparo indirecto procede contra actos intermedios que tengan una ejecución que sea de imposible reparación. Dichos actos son aquéllos que afectan directamente derechos sustantivos de las partes, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de los gobernados y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo indirecto que se promueva contra la última resolución en tales medios preparatorios. Sin embargo, las actuaciones de los medios preparatorios no tienen el carácter de afectar derechos sustantivos porque no afectan de manera cierta e inmediata alguno de esos derechos, por ello, se estima que el acto combatido no constituye un acto de imposible reparación ni afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que por regla general dichas violaciones se pueden hacer valer cuando transcienden en el resultado de la resolución que se emita, mediante el recurso ordinario que prevea la ley que rige el acto reclamado o, en su caso, el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la determinación correspondiente, si es contraria a los intereses de la hoy quejosa. Así, dicha resolución por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado, dado que sus efectos y consecuencias únicamente se reflejan en el procedimiento de origen. De ahí, que se estime que el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, en tanto que no genera efectos materiales sobre ella, sean de carácter real o personal, sino sólo la posibilidad de que pueda ocurrir al dictarse la resolución con que culminen los medios preparatorios a juicio, en la medida en que influya para que el fallo sea adverso a sus intereses. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, de rubro y texto siguientes: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, PROCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA SI CON AQUÉLLOS SE AFECTAN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA DERECHOS SUSTANTIVOS. La fracción III del artículo 114 de la ley de la materia establece que procede el amparo ante los Juzgados de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; empero, cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, por regla general, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. De ahí que si bien es cierto que por identidad jurídica debe aplicarse la regla general para los actos de ejecución de sentencia a los actos intraprocesales fuera de juicio, en cuanto a que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución, también lo es que igualmente procede si con los medios preparatorios a juicio se afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos. Por lo que el Juez de amparo debe atender en grado predominante esa situación, tomando en cuenta tanto los antecedentes, como el alcance del contenido de los actos reclamados.". Así como la diversa emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN O CONTRA ACTOS INTERMEDIOS QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los medios preparatorios consisten en diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, que si bien no forman parte del juicio, sí lo preparan. Ahora bien, en términos del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de protección de derechos humanos procede en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Por otro lado, en la jurisprudencia P./J. 50/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si para los efectos del amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dictaran con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio, porque le preceden y, por tanto, en su contra es procedente el amparo indirecto. Sin embargo, en la ejecutoria de referencia no se definió el tema de si el amparo indirecto procede en contra de cualquier acto emitido en los medios preparatorios a juicio o si sólo contra la última resolución que se dicte en ellos. Así, de una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V, del invocado artículo 107, se concluye que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como los que se dictan en relación con la admisión, desechamiento y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios que, por tanto, no constituyen la última resolución dictada en ellos, por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, incluidos los procedimientos de remate; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, salvo que ese acto intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de amparo indirecto.". En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Ma. Teresa Mendoza Garduño, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 1993, página 480, del texto: "MEDIOS PREPARATORIOS, AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Si el quejoso señala como actos reclamados los autos por medio de los cuales el juez responsable tuvo por iniciados los medios preparatorios a juicio promovidos por el futuro actor, ordenando se desahogara la prueba confesional ofrecida a cargo del agraviado, tales actos no pueden ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto, porque no le causan un daño irreparable, toda vez que el solo mandamiento para la práctica de las diligencias de los medios preparatorios, no llevan en sí una resolución que vaya en su contra, si sólo tienen como objeto, que el ahora recurrente manifieste ante una autoridad judicial por qué concepto está poseyendo el bien que ocupa, pero sin que esto implique que por sí mismo le cause algún daño jurídico, el cual para actualizarse requeriría en primer término que su contraparte ejerciera la acción correspondiente, que podría no ser así, y en el supuesto de que así fuera, en el juicio presentado en su contra podría combatir dichos medios preparatorios por las irregularidades que llegaren a presentar, y que deberán ser tomados en consideración por el órgano judicial que conozca del juicio correspondiente, irregularidades que en caso de existir podrían originar que la sentencia definitiva que se dictara fuera favorable a sus intereses, por lo que en realidad ninguna afectación jurídica estaría sufriendo, y en caso que se dictara una sentencia en su contra, aun así podría agotar los recursos previstos por la ley procesal civil e incluso el juicio de garantías previsto por la Ley de Amparo, quedando de manifiesto que los medios preparatorios no le causan un daño irreparable, procediendo que se deseche la demanda de garantías con apoyo en el artículo 73 fracción XVIII en relación con el artículo 114 fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mesa VI RADICACIÓN Y REGISTRO. Por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Teresa Mendoza Garduño, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1675/2022-VI. PREVENCIÓN. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que el ocursante pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, fracción V, en relación con el precepto 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, procede requerir a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto, y bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: PRIMERO. Amplíe de manera cronológica y sucinta los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, de los cuales se pueda advertir lo siguiente: La fecha en que tuvo conocimiento de los medios preparatorios a juicio. El estado procesal en que actualmente se encuentra el expediente del que deriva el acto reclamado (etapa procesal). Precise el tipo de diligencia en que fue ordenada su comparecencia, asimismo, haga de conocimiento si ésta ya fue desahogada, así como el día y hora señalados para la celebración de tal actuación. Precise si los medios preparatorios que alude, tienen como propósito un juicio ordinario civil o un juicio mercantil. Lo anterior, pues el quejoso es omiso de precisar los datos de identificación del asunto de origen, a pesar que de los antecedentes de su líbelo inicial, hace de conocimiento que ya fue llamado a juicio a efecto de establecer la procedibilidad de la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo la tesis I.7o.A.100 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia Común, Registro 175345, Página 990, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley.". SEGUNDO. De igual forma, toda vez que la impetrante es parte en los medios preparatorios a juicio del que deriva el acto reclamado, deberá remitir copia del escrito inicial de medios preparatorios a juicio, así como el auto reclamado de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. En su caso, manifieste si en la actualidad se ha promovido juicio fundado en los medios preparatorios a juicio referidos como acto reclamado. En la inteligencia que del escrito con el que cumpla lo solicitado deberá de exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes que refiere intervienen en el presente juicio; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia P/J.36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, publicada en la página 79, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril del año dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189977, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". APERCIBIMIENTO. En este contexto, se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento al primer requerimiento, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el señalado en el proemio de la demanda de cuenta. En otro punto, atendiendo a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos estrictos del artículo 12 de la ley de la materia a los señalados por el promovente, hasta en tanto registren cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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