Ma. Rocio Melgar Avila
Expediente 434/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/04/2023
Partes del expediente
- Ma. Rocio Melgar Avila
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de abril de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME. De la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintitrés de marzo del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha quedado firme. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. De igual forma, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otras autoridades. REGISTRO DE LA DEMANDA. Fórmese expediente electrónico y físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese bajo el número 434/2023-VI. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La falta de contestación a la petición realizada el tres de febrero de dos mil veintitrés. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." DESECHAMIENTO. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de la Materia, se debe analizar el escrito para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en tal supuesto, debe desecharse de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Precisado lo anterior, este juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Se actualiza dicha causa de improcedencia en razón de que el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, menciona que las autoridades contarán con un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que reciban la solicitud, para emitir la respuesta correspondiente, al precisar: "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. (.)" Por su parte, el artículo 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, dispone lo siguiente: "Artículo 75. Cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud. El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." En el asunto que nos ocupa, tenemos que tanto de la demanda de amparo como del acuse de recibo de la petición combatida, el derecho de petición protegido por el precepto 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue ejercido por Ma. Rocío Melgar Ávila, aquí quejosa, el tres de febrero de dos mil veintitrés, de tal forma que el plazo de treinta días hábiles para que la autoridad responsable le diera respuesta comenzó el martes siete de febrero de dos mil veintitrés y fenece el día de la fecha (descontando los sábados, domingos y días inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los numerales 19 de la Ley de Amparo y 143 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los días inhábiles publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México); y si en el presente caso, la demanda de amparo se depositó en el buzón judicial el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, es claro que a la fecha de su presentación no había transcurrido el plazo de treinta días hábiles que establecen los artículos 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, relacionado con el diverso 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, para que la autoridad responsable diera respuesta a la petición de la quejosa. Esto es, debe considerarse que la autoridad cuenta con un plazo de treinta días hábiles para dar contestación a las peticiones hechas ante su potestad; lo anterior, sin contar el plazo para que se hagan las notificaciones y éstas surtan efectos. En efecto, si bien la citada norma constitucional establece que el derecho de petición debe ser satisfecho con una contestación, la cual debe ser otorgada en breve término o bien en el plazo previsto por la norma que rija el actuar de la responsable, ello de ningún modo implica que ésta deba ser proporcionada el mismo día en que se eleve su promoción; puesto que esto, en todo caso, implicaría desatender las labores previas con las que las autoridades cuenten, a efecto de satisfacer el "breve término" o en el plazo que la norma les señala, en el que se deba contestar dicha solicitud. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.A.68 K, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, página 390, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Febrero de 1994, octava época, cuyo rubro y texto es: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Es por ello, que resulta necesario que las autoridades a las que se elevó la petición combatida, dispongan de un tiempo razonable para atender su solicitud, lo que en la especie no ha ocurrido, ya que del acuse de recibo que insertó en su escrito inicial de demanda, se advierte que la fecha de recepción es de tres de febrero de dos mil veintitrés, y la demanda de amparo fue recibida el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por ende, es inconcuso que a la fecha de presentación de la demanda, no había transcurrido el término que la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y el Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, establecen para que la autoridad responsable dé contestación a su escrito de petición. De ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no había causado perjuicio alguno a la quejosa, pues no había transcurrido el tiempo que le otorga la norma que rige el actuar de la responsable para que contestara la solicitud que le fuera elevada. En ese sentido, este órgano constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia referida, en virtud de que si bien la quejosa en la presente instancia reclama la violación al derecho de petición por la falta de contestación por parte de la autoridad responsable, lo cierto es, que la impetrante de amparo no ha dejado el lapso que la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y el Reglamento de Prestaciones respectivo establecen para que materialmente la autoridad puedan dar contestación a su escrito de petición y hacerle conocer el acuerdo recaído, motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Bajo esa tesitura, es inconcuso que, para que este órgano jurisdiccional entre al estudio del acto que por esta vía se reclama, es necesario que la quejosa, deje pasar el lapso que la norma respectiva establece, sin que la autoridad dé contestación a su petición, para estar en aptitud de analizar la violación a su derecho en la presente instancia reclamado; en consecuencia, en el presente caso, el acto impugnado no le causa ningún perjuicio a sus derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos interpretados en sentido contrario, por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el proemio de la demanda de cuenta. CORREO ELECTRÓNICO. Por otra parte, en relación al correo electrónico que proporciona, si bien no puede tenerse como sitio para oír y recibir notificaciones; de ser necesario y a criterio de este juzgado, se le podrán comunicar aspectos urgentes en los mismos. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, atendiendo a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a demanda de amparo promovida por *****************, por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a las diversas personas que autoriza por no contar con el registro correspondiente ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En atención a la certificación de cuenta, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica al usuario "************" por lo que se comisiona al analista jurídico de esta adscripción para la apertura de campos necesarios para tal fin. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese electrónicamente.
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