Ma. Teresa Domínguez Luna
Expediente 803/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ma. Teresa Domínguez Luna
- Director General de Administración de P.R.S.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 803/2020-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el cinco de abril de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con veinte minutos del cinco de abril de dos mil veintiuno, día y hora señalados en el juicio de amparo 803/2020-I, promovido por MA. TERESA DOMÍNGUEZ LUNA, por propio derecho, para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia sin la comparecencia de las partes. SE DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA DE LEY, la Secretaria hace una relación oral de todas las constancias que obran en los presentes autos. SE ABRE EL PERIODO DE PRUEBAS, en concordancia con la tesis aislada 2ª. XLVI/98, con registro 196531, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, página 254, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU FALTA DE RELACIÓN EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA, POR SÍ SOLA, NO CAUSA AGRAVIO A LAS PARTES.", la Secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por las autoridades responsables Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y Comisionado de Prevención y Readaptación Social al rendir su respectivo informe justificado (folios 10390 y 11886) relativas al expediente personal de la quejosa y del oficio combatido; así como las exhibidas por la parte quejosa en su demanda de amparo, las cuales obran agregadas en autos. El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relatadas por la Secretaria, que se desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica, las cuales se valoraran y tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. SE CIERRA EL PERIODO DE PRUEBAS Y SE ABRE EL DE ALEGATOS, en el que la Secretaria hace constar que las partes no realizaron manifestación alguna en esta vía. El Juez acuerda: téngase a las partes sin formular alegatos. En tales condiciones, se declara CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS; y al no haber cuestión pendiente qué proveer, se ordena dictar sentencia definitiva. Doy fe. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 803/2020-I, promovido por MA. TERESA DOMÍNGUEZ LUNA, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y otras autoridades; y RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito con sede en esta ciudad, MA. TERESA DOMÍNGUEZ LUNA, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y otras autoridades. Mediante acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el número de expediente 803/2020-l; se admitió a trámite, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto que se reclama. Segundo. Fijación del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La orden de comisión para presentarse en el Centro de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS-Michoacán", en su carácter de médico penitenciaria, por el periodo del veinticuatro de septiembre al diecisiete de octubre de dos mil veinte, ordenada mediante oficios SSPC/PRS/12122/2020 signado por el Coordinador General de Centro Federales, en suplencia del Comisionado de Prevención y Readaptación Social y SSPC/PRS/CGCF/CEFEREPSI/DG/4313/2020 suscrito por el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el Estado de Morelos. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad Director General de Administración de P.R.S., toda vez que así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado, sin que la quejosa MA. TERESA DOMÍNGUEZ LUNA hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de la mencionada autoridad, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de éstas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el actor reclamado al Comisionado de Prevención y Readaptación Social toda vez que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Por otra parte, se tiene por cierto el acto reclamado a la diversa responsable Coordinador General de Centros Federales, pues si bien negó el mismo, lo cierto es que como se advierte de las documentales allegadas en autos, dicha autoridad firmó el oficio combatido SSPC/PRS/12122/2020, en suplencia por ausencia del Comisionado de Prevención y Readaptación Social. Se determina en este sentido pues tratándose de la suplencia por ausencia, tanto la autoridad suplida como la que la suple son autoras y responsables del acto emitido, porque ambas intervienen en su elaboración, cada una en el ejercicio de una competencia que les es propia; la ausente, con la que le confieren los ordenamientos que regulan su actuación para dictar el acto, y la suplente, con la atribución que le otorgan las disposiciones orgánicas o reglamentarias para suplir al funcionario ausente. De igual forma, se tiene por cierto el acto que se le atribuye a las autoridades adscritas al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y al Director General del Centro de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS-Michoacán", a virtud de que si bien negaron el acto reclamado, lo cierto es que de la lectura íntegra del mismo se advierte su existencia, de ahí que deba tenerse por cierto. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Octava Época, registro 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Lo que además se corrobora con las constancias que adjuntaron las citadas responsables Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y Comisionado de Prevención y Readaptación Social al rendir su respectivo informe justificado, de las que se desprende la existencia de la orden de comisión de trabajo aquí combatida por la quejosa, quien prestaba sus servicios como médico penitenciaria en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial ordenando su cambio al diverso Centro de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS-Michoacán" por el periodo del veinticuatro de septiembre al diecisiete de octubre de dos mil veinte. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Quinto. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley de Amparo. Apoyado lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA." Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora, para tener por demostrada la causal de improcedencia citada, es importante señalar las constancias allegadas en su informe justificado por las autoridades responsables Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y Comisionado de Prevención y Readaptación Social, entre otras, las siguientes: Oficio SSPC/PRS/12122/2020 signado por el Coordinador General de Centro Federales, en suplencia del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, dirigido al Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el Estado de Morelos, el que se ordena la comisión de trabajo de la aquí quejosa al diverso Centro de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS-Michoacán" por el periodo del veinticuatro de septiembre al diecisiete de octubre de dos mil veinte. Oficio SSPC/PRS/CGCF/CEFEREPSI/DG/4313/2020 suscrito por el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el Estado de Morelos, dirigido a la quejosa . TERESA DOMÍNGUEZ LUNA en el que se le hace de su conocimiento dicha comisión de trabajo. Oficio SSPC/PRS/13630/2020 de ocho de octubre de dos mil veinte, suscrito por el Coordinador General de Centro Federales, en suplencia del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, a través del cual canceló la comisión de trabajo de la aquí quejosa MA. TERESA DOMÍNGUEZ LUNA al Centro Federal Readaptación Social Número 17 "Michoacán". Constancias a las que se les concedió valor probatorio pleno, al tratarse de documentos públicos por haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 197 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Con tales informes y constancias, mediante acuerdos de veinte de octubre y trece de noviembre ambos de dos mil veinte, este juzgado federal dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que realizara manifestación alguna relativa a lo rendido por las responsables en su informe de ley ni a las documentales exhibidas, específicamente del oficio por el que se canceló la orden de comisión de trabajo combatida. Así, de las constancias referidas se desprende que por oficio SSPC/PRS/13630/2020 de ocho de octubre de dos mil veinte, el Coordinador General de Centro Federales, en suplencia del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, canceló la comisión de trabajo de la aquí quejosa MA. TERESA DOMÍNGUEZ LUNA al Centro Federal Readaptación Social Número 17 "Michoacán", quien deberá continuar con sus actividades en el centro penitenciario donde se encontraba adscrita. Por lo expuesto es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que la orden de comisión de trabajo reclamada por la quejosa ha quedado sin efectos, pues el Coordinador General de Centro Federales, en suplencia del Comisionado de Prevención y Readaptación Social por oficio SSPC/PRS/13630/2020 de ocho de octubre de dos mil veinte ordenó su cancelación. Sin que la impetrante de garantías haya realizado manifestación alguna respecto al oficio del que se desprende su entrega y recepción, pese a la vista otorgada por este juzgado con los informes justificados rendido por las responsables. De ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al haber sido cancelado; por lo que ya no está surtiendo sus efectos; y con el oficio SSPC/PRS/13630/2020 se restituyó a la quejos de la garantía la cual refiere le fue vulnerada. Esto es así, pues de las actuaciones que obran en autos se advierte que la orden de comisión combatida no se ejecutó, pues del informe con justificación rendido por el Director General del Centro Federal Readaptación Social Número 17 "Michoacán" se desprende que hizo del conocimiento de este juzgado que a la fecha en que se rindió el informe (treinta de octubre de dos mil veinte) la quejosa no se había presentado en dicho centro penitenciario a cumplir con su comisión; motivo por el cual, es dable indicar que el acto reclamado no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal ante la falta de prueba en contrario; y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de septiembre de dos mil veinte), las autoridades responsables habían ordenado la comisión de trabajo de la quejosa al diverso centro penitenciario Centro Federal Readaptación Social Número 17 "Michoacán", de la cual ordenó su cancelación el ocho de octubre de dos mil veinte. Por tanto, si de manera posterior se realizó la cancelación de la orden de comisión de trabajo, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en los derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63 fracción V del referido ordenamiento legal. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 803/2020-I, promovido por MA. TERESA DOMÍNGUEZ LUNA, por propio derecho, respecto de los actos y contra las autoridades señaladas en el considerando segundo, en términos del tercer y quinto considerandos de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe. Razón. Esta foja corresponde a la última de la sentencia dictada el día de hoy, cinco de abril de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio de amparo 803/2020-I. Conste.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, diez de diciembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el siete de diciembre de dos mil veinte, en los autos del recurso de queja 202/2020, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de queja." En mérito de lo anterior, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Sin necesidad de acusar de recibo, debido a que como lo refiere el Tribunal de Alzada la anotación y sello de que se recibió el citado expediente y testimonio en su oficio, hará las veces del mismo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil veinte. Se tiene por recibidos los oficios provenientes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, a través de los cuales en el primero acusa recibo del oficio por el cual se remitió el escrito por el cual se interpuso el recurso de queja en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 803/2020-I; asimismo, informa que admitió dicho recurso el cual quedó registrado con el número 202/2020. Asimismo, en el segundo de los oficios la autoridad oficiante, remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de siete de diciembre de dos mil veinte, en autos del recurso de queja 202/2020, concluyendo en su punto resolutivo que es del tenor siguiente: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de queja." En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Sin necesidad de acusar de recibo, en razón de que como lo refiere el Tribunal de Alzada la anotación y sello de que se recibió el citado expediente y testimonio en su oficio, hará las veces del mismo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
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