Ma. Nicolasa Ramírez Rojas

Expediente 405/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
405/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
29/04/2016

Partes del expediente

  • Ma. Nicolasa Ramírez Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de abril de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual, remite diversas constancias, entre ellas, el acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, del que se advierte señaló las quince horas del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo el desahogo de la ratificación de contenido y firma a cargo de Juana Meza García, asimismo, ordena girar oficio la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, para efecto de que presente a la ratificante por conducto de la fuerza pública; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, toda vez que la Junta responsable se encuentra realizando actos tendientes al cumplimiento al fallo protector; en esas condiciones, es procedente requerir a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que en el término de CINCO DÍAS contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que acrediten el envió del oficio antes referido, girado en el expediente laboral 01/13/12-JE1. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de abril de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por la Delegada de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, en representación de la Presidenta Municipal, mediante el cual, solicita a la Tesorera Municipal, acate el fallo protector en los términos señalados, asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En esas condiciones, se ordena que las subsecuentes notificaciones que se ordenen a dicha autoridad, se realicen en su residencia oficial, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 28 de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías del que se advierte que es un hecho notorio que en el diverso juicio de amparo 1550/2014-III, del índice de este Órgano Jurisdiccional, se advierte que Adriana Dariela Aguilar Blanquel funge como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos; en consecuencia, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, además, en la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172215 6 de 18 SEGUNDA SALA Tomo XXV, Junio de 2007 Pág. 285 Jurisprudencia(Común) "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Atento a lo anterior, se acuerda lo siguiente: Cabe precisar que por sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección a Marybelem Martínez Rodríguez, para los efectos siguientes: ".En ese orden de ideas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Marybelem Martínez Rodríguez, para los efectos siguientes: a) No se le apliquen los artículos 94 bis-8 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se le devuelvan, con su actualización, las cantidades que ampara el recibo de pago electrónico C2-1589, de veinte de mayo de dos mil catorce, emitido por la Tesorería del municipio de Temixco, en que se le aplicaron aquellos preceptos relativos al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles e Impuesto Adicional. c) No se le apliquen los artículos 59 a 64 y 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. d) Se le devuelvan, con su actualización, las cantidades correspondientes que amparan los recibos 1536625 y 1536626 expedidos por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, en que se le aplicaron los preceptos correspondientes al pago de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad; así como el impuesto adicional." Por auto de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia, requiriendo a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por auto de veintisiete de julio de dos mil quince, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, e inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, por lo que se turnó al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el cual quedó registrado con el número 28/2015, y en ejecutoria dictada en sesión de dieciséis de octubre de dos mil quince, declaró fundado dicho recurso, para el efecto de reintegrar al quejoso el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, debidamente actualizado. En proveído de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se realizó la actualización del cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, y se determinó que la cantidad total a devolver es de $16,194.71 (dieciséis mil ciento noventa y cuatro pesos 71/100 moneda nacional). Ahora bien, por su naturaleza, la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relativa a la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal, siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, ya que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Atento a lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 29/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, Marzo de 2007, página 80, que dice: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO. La materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituye el análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo y de la contumacia de las autoridades responsables para ello, a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal. Ahora bien, por su naturaleza, las referidas sanciones siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, toda vez que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Además, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda pronunciarse respecto de la procedencia de su aplicación, previamente deberá agotarse el procedimiento establecido en el Capítulo XII de la Ley de Amparo, el cual salvaguarda la garantía de audiencia, tanto de las autoridades responsables como de sus superiores jerárquicos, pues merced a los requerimientos que se les hagan estarán informadas de la ejecutoria que están obligadas a cumplir, lo cual les permitirá acatarla y evitar que se les apliquen las sanciones correspondientes. En congruencia con lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. En esas condiciones se estima necesario establecer a Adriana Dariela Aguilar Blanquel quien funge actualmente como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, que en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, se determinó conceder el amparo para el efecto de que devuelva la cantidad que pagó por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, a razón de la cantidad actualizada de $16,194.71 (dieciséis mil ciento noventa y cuatro pesos 71/100 moneda nacional). Consecuentemente, es procedente requerir ahora a Adriana Dariela Aguilar Blanquel quien funge como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos y su superior jerárquico Irma Camacho García Palma quien funge actualmente como Presidenta Municipal de Temixco, Morelos precisando lo siguiente: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. II. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a Adriana Dariela Aguilar Blanquel quien funge actualmente como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para que dentro del término de diez días, siguientes a los que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el total cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, esto es reintegre a la parte quejosa la cantidad actualizada de $16,194.71 (dieciséis mil ciento noventa y cuatro pesos 71/100 moneda nacional), por concepto de cobro de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, debiendo para ello señalar de manera específica el día y hora en que deberá comparecer la parte quejosa para recibir dicha cantidad, y remita copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior, o bien informe la situación presupuestal precaria que les impida realizar la referida devolución. De lo anterior, es necesario acredite con la documentación oficial respectiva la situación financiera que presentan las diversas partidas que integran su presupuesto, debiendo tomar en cuenta que aun ante la falta de recursos presupuestales en la partida destinada al cumplimiento de sentencias o pagos similares, las referidas autoridades están obligadas a adoptar todas las medias que resulten necesarias para dotar de recursos a esa partida, como puede ser mediante las transferencias o adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para ello, atendiendo al carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, ya que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar el acatamiento de una sentencia constitucional, tal y como se precisa en la tesis jurisprudencial identificada con el número P./J.5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN.", publicada en la página diez, del Tomo XXXIII, correspondiente mes de marzo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Cabe precisar que el término de diez días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo la autoridad deberá realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere a la Presidenta Municipal de Temixco, Morelos (IRMA CAMACHO GARCÍA), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Finalmente, si bien es una práctica reiterada de este Juzgado, realizar el primer requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria en veinte días; lo cierto es que el superior jerárquico de la autoridad responsable, ya tiene conocimiento de esta ejecutoria, por lo que se considera que el término de diez días es suficiente para dar debido cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de marzo de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por medio del cual, en atención al requerimiento de veinticuatro de febrero del año en curso informa el cumplimiento a la ejecutoria, anexando copia certificada del acuse de recibo del cheque con el número de folio 0000040 de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, expedido a favor de la quejosa moral por la cantidad de $6,788.72 (seis mil setecientos ochenta y ocho pesos 72/100 moneda nacional), firmando el representante legal de la quejosa moral el veintitrés de febrero del año en curso; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de cuenta, dése vista a la parte quejosa para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, se dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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