Ma. Socorro Arteaga Novoa
Expediente 393/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Socorro Arteaga Novoa
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de junio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ********************, contra actos del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número ********************, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda, pues la falta de firma electrónica de quien aparece en ella, actualiza la causal de improcedencia que deriva de la aplicación relacionada de los artículos 3°, 6º, 61, fracción XXIII, y 108, de la propia Ley. Es así, pues aun cuando de conformidad con el numeral 3° mencionado, la demanda de amparo puede presentarse electrónicamente, utilizando para ello la firma electrónica previamente obtenida, y que de conformidad con el diverso artículo 108, no es necesaria esa firma electrónica cuando el asunto se refiere a los casos previstos en el diverso 15, de la Ley de Amparo; sin embargo, la demanda no se encuentra firmada electrónicamente por la quejosa ********************, previo a su envío a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, para que la demanda pueda considerarse recibida en línea, no solo debe presentarse a través de dicho portal, sino que es indispensable que la misma cuente con su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y en el caso, en dicha demanda no aparece la evidencia criptográfica de su firma electrónica. Esta situación produce que no exista jurídicamente instancia de parte agraviada, como lo requiere el artículo 6° de la norma en comento y, en ese tenor, se actualiza la causa de improcedencia derivada de la aplicación de estos preceptos, en términos de la fracción XXIII del aludido numeral 61. La presente determinación se apoya, además, en lo conducente, en los criterios emitidos por la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "FIRMA DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE". "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE". Por último, se precisa que aunque el segundo de esos criterios exime a la promovente de firmar electrónicamente la demanda, cuando reclama actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no acontece, toda vez que se señalan como actos reclamados los siguientes: a) En el apartado relativo a la petición de amparo (segundo párrafo del escrito inicial de demanda), la supuesta quejosa solicita la protección y amparo de la Justicia Federal por ser una persona de la tercera edad en estado de vulnerabilidad, por el destierro y por la violación a sus derechos humanos, según lo que establece el artículo 22 de nuestra Carta Magna. b) Asimismo, en el apartado relativo a los actos reclamados, mismo que señala como "IV.- ACTO RECLAMADO.-", precisa lo siguiente: En los puntos "1.", "2." y "3.", reclama la omisión de proporcionarle seguridad social, incluyendo el acceso al derecho humano de la vivienda adecuada, así como de garantizarle el reconocimiento de su derecho a la dignidad humana; En el punto "4.", señala el dolo y mala fe de desalojarla de su vivienda, en la cual refiere vivir desde hace más de treinta años y que pretenden dejarla en la calle siendo una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad, violando con ello el derecho humano de la vivienda digna y al máximo vital; y En el arábigo "5.", refiere reclamar el proceso penal y audiencia de juicio dentro de la causa penal ********************, sobre el delito de uso y/o aprovechamiento de un bien que pertenece a la nación. De lo anterior se advierte que, respecto de dichos actos reclamados, no está acreditada alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que literalmente indica: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En efecto, no obstante que la parte quejosa reclame el destierro y la violación a sus derechos humanos, según lo que establece el artículo 22 de nuestra Carta Magna, debemos entender primeramente lo que es en sí el destierro y de ahí partir de la idea de su actualización o no en el caso en concreto que refiere; por lo que se entiende al destierro como un tipo de pena que un Estado puede imponer a una persona por haber cometido un delito o una fechoría, el cual consiste en expulsar a alguien de un lugar o de un territorio, que es lo que se conoce como destierro determinado (que normalmente es el territorio hasta donde se extiende la soberanía de quien impone el castigo). Por tanto, en el presente asunto no se está ante la pena que el Estado puede imponer a la supuesta quejosa y, por ende, ordenar su destierro, pues del contenido íntegro del escrito inicial de demanda no se advierte dato alguno que haga suponer que a la supuesta promovente se le haya ordenado su destierro hacia otro país, ni la expulsión del lugar donde reside para mandarla a otro territorio. Máxime que el supuesto "destierro" que reclama lo hace depender de una denuncia penal levantada en su contra por ocupar un bien inmueble que al parecer pertenece al Gobierno Federal, ya que la vivienda donde refiere habitar se encuentra construida a un costado de un dren denominado ********************; denuncia en la cual se señalaron los días ******************** del año en curso para que comparezca ante la Sala de Oralidad en la ciudad de Morelia, Michoacán. De ahí que, como ya se dijo el destierro que se reclama no se actualiza en el presente asunto por los motivos expuestos con anterioridad. Asimismo, por lo que ve al diverso acto que se reclama, consistente en la violación a sus derechos humanos, según lo que establece el artículo 22 de nuestra Carta Magna, debe decirse que en el caso tampoco se actualiza dicho supuesto para que haga procedente la demanda de amparo en cuestión. Al respecto, debemos atender a lo que para el caso establece precisamente el numeral 22 Constitucional, el cual dice: "ARTÍCULO 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes: a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes". Como puede verse del numeral recién transcrito, las hipótesis que establece dicho artículo en nada vulneran los derechos fundamentales de quien se dice quejosa, pues ninguna de ellas se actualiza conforme a la materia de reclamo en la presente instancia constitucional, ya que, como se dijo en párrafos que anteceden, éste deriva de la posesión que dice ostentar la supuesta quejosa del bien que refiere habitar, el cual, aduce, pertenece a la Nación, pues como lo menciona, su vivienda se encuentra construida a un costado de un dren, el cual es de propiedad federal. De ahí que ninguno de los dos supuestos descritos con antelación se actualicen conforme a lo dispuesto por el citado artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para hacer procedente la demanda de amparo de que se trata con la sola firma escaneada de quien se dice quejosa. Por tanto, de lo anterior se advierte la exigencia de que obre la firma electrónica de la quejosa, lo cual se funda en la necesidad de constatar el cumplimiento del principio de iniciativa de parte agraviada que rige al amparo y que se encuentra previsto en el artículo 6° de la Ley de la materia, al establecerse en éste que el juicio puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, por su propio derecho, por su representante legal o por cualquier persona en los casos expresamente previstos en la norma. El propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia P./J.32/2018, estableció que presentada una demanda de amparo en el Portal indicado, sin la firma electrónica de la parte quejosa, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir a la quejosa para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que obre escaneada la firma autógrafa de la quejosa ********************, sin embargo, toda vez que la demanda de que se trata, fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, resulta insuficiente para cumplir con el principio de iniciativa de parte agraviada. Conforme a lo expuesto y fundamentos dados, se desecha de plano la demanda de cuenta; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que corresponda. Sin que pase inadvertido para esta Juzgadora la circunstancia de que la quejosa refiera que es una persona adulta mayor de ********************, pues nació el ********************, con estudios de ********************, en estado de vulnerabilidad y que por tal motivo solicita la suplencia de la queja, en virtud de que, además, firmó en cuanto quejosa de forma digital y de urgencia por ser una adulta mayor en estado de vulnerabilidad y carece de recursos económicos para presentar físicamente el amparo. Empero, si bien la promovente del amparo es una persona adulta mayor, la cual es considerada dentro de los grupos vulnerables, respecto de los cuales opera la suplencia de la quejosa en materia de amparo; lo cierto es que dicha suplencia no opera en tratándose de la falta de firma electrónica de los escritos presentados a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ya que éste es un requisito sine qua non que debe contener todo escrito para acreditar la voluntad de quien aparece como promovente, de ahí que se reitera el desechamiento de la demanda de amparo por los motivos descritos con antelación. Máxime que las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, como en el caso, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.7o.P.13 K, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 1947, Materias(s) Común, con número de Registro digital: 164587, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y contenido es: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otro lado, en relación con el señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones y los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; tomando en consideración los razonamientos vertidos en párrafos anteriores (falta de voluntad para promover la demanda), resulta improcedente proveer sobre dicha petición. Sin embargo, a efecto de hacer saber a la parte quejosa la presente determinación, notifíquesele por medio de lista de acuerdos que se publican en los estrados de este Juzgado. Asimismo, dada la trascendencia de la determinación judicial adoptada, se instruye al Actuario Judicial de la adscripción, para que por única ocasión notifique el presente acuerdo a través del usuario electrónico proporcionado; esto es, "********************". Por tanto, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia, así como el 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, instrúyase al encargado del área correspondiente para que realice lo concerniente al ingreso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del referido usuario "********************", para el efecto precisado en el párrafo que antecede. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS Y A TRAVÉS DEL USUARIO QUE PROPORCIONA.
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