Ma. Magdalena Hernández Gómez

Expediente 21/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
21/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
29/08/2019

Partes del expediente

  • Ma. Magdalena Hernández Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    iv-Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al que adjunta el informe justificado rendido por el Juez Mixto de Primera Instancia en Tanhuato, Michoacán, dentro del juicio de amparo en que se actúa, promovido por Ma. Magdalena Hernández Gómez, por conducto de su apoderado jurídico Carlos Federico López Pantoja; sin que haya lugar a acordar en torno a dicho informe, toda vez que en proveído de veintidós de enero del año en curso (fojas 28 a 37), se desechó la demanda de garantías de referencia, la que causó estado en auto de catorce de febrero siguiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    IV.-Agréguese a los autos únicamente como antecedente, la lista de acuerdos publicada en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el treinta y uno de enero del año en curso; lo anterior, toda vez que en proveído de doce de febrero actual, se acordó lo conducente, al haberse recibido mediante el comunicado 2693, enviado por la vía electrónica (foja 76). Por otra parte, del inciso b), de la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintidós de enero pasado (fojas 28 a 37), en que se desechó la demanda de garantías. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Finalmente, por resultar innecesaria su retención, devuélvanse a la Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Tanhuato, Michoacán, los autos originales del juicio sumario civil 323/2018, sobre acción real e interdictal para recuperar la posesión de bien inmueble, en dos tomos y el incidente de litisconsorcio pasivo necesario, con los cuales se ordenó formar cuadernos de pruebas por separado, identificados como tomos I, II y III, solicitándole ordenen a quien corresponda el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    IV-Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por medio del cual, remite diligenciado el exhorto electrónico 157/2019 (C.O. 182/2019), del índice de este Juzgado de Distrito, que se le envió con el objeto de que notificara a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintidós de enero del presente año, en que se desechó la demanda de garantías, por los motivos ahí expuestos; asimismo, la requiriera para que señalara domicilio donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Dése de baja el comunicado de referencia y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a ordenar el acuse de recibo correspondiente, en razón de que el mismo se genera una vez enviada la comunicación por vía electrónica, a través del mencionado sistema. Por otra parte, de las documentales que integran el oficio de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, en el referido proveído de veintidós de enero pasado, a efecto de que designara domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, sin que lo haya hecho. En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que, las subsecuentes notificaciones que le resulten, aún las de carácter personal, practíquense por lista de acuerdos que sea publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale uno en esta ciudad para esos efectos. Finalmente, una vez que transcurra el plazo previsto en el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte agraviada interponga el recurso de queja, en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), del tal ordenamiento jurídico, en contra del mencionado proveído, acuérdese lo conducente. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    IV.-RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Téngase por recibido el oficio 191, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al que acompaña el cuaderno de incompetencia 965/2018, derivado de la demanda de amparo promovida por Ma. Magdalena Hernández Gómez, por conducto de su apoderado jurídico Carlos Federico López Pantoja, carácter que le es reconocido para los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con las constancias que integran el juicio sumario civil 323/2018, sobre acción real e interdictal para recuperar la posesión de bien inmueble, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Tanhuato, Michoacán; asimismo, remite los autos de dicho juicio en dos tomos y el incidente de litisconsorcio pasivo necesario. Lo anterior, toda vez que mediante acuerdo de once de enero del año en curso, el Tribunal de alzada, declaró carecer de competencia legal para resolver el juicio de amparo en cuestión, al considerar que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva que decida el juicio en los principal, ni una resolución que sin resolver el fondo del mismo le haya puesto fin, en términos de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, de conformidad con los artículos 37, 45 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Comuníquese esta determinación al Tribunal Colegiado declinante, para los efectos legales conducentes. Por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 21/2019-IV; se comisiona al Secretario la revisión de integración de los expedientes. Con las documentales que remite la autoridad oficiante, consistente en las constancias que integran el juicio sumario civil 323/2018, sobre acción real e interdictal para recuperar la posesión de bien inmueble, en dos tomos y el incidente de litisconsorcio pasivo necesario, fórmense cuadernos de pruebas por separado, identificados como tomos I, II y III; asiéntese la certificación que corresponda. DESECHAMIENTO Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, así como las constancias que integran el juicio sumario civil 323/2018, sobre acción real e interdictal para recuperar la posesión de bien inmueble y el cuaderno incidental, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Tanhuato, Michoacán, que remite la autoridad oficiante, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, esta última en concordancia con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Así, debe precisarse que los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, han definido como actos procesales dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, a aquellos que, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al efecto se invoca la tesis: Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 205651 16 de 19 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Pag. 11 Jurisprudencia(Común) "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Además, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto era así, cuando se afectaba a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debería determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obligaba a considerar que deberían ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dictara la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, debían valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional o complementario, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto y el quejoso debería esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, solo el primero relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. Sobre el particular, cobran aplicación las tesis del rubro y texto siguiente: Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006589 2 de 2 Pleno Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pág. 39 Jurisprudencia(Común) "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011338 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Pág. 1902 Jurisprudencia(Común) "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En el caso la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución interlocutoria de trece de septiembre de dos mil dieciocho, que declaró improcedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario, promovido por la aquí quejosa Ma. Magdalena Hernández Gómez, interpuesto en autos del juicio sumario civil 323/2018, que sobre acción real e interdictal para recuperar la posesión del bien inmueble, promovió Ma. Guadalupe Hernández Silva, por conducto de su apoderado legal, frente a la citada Hernández Gómez, en su calidad de demandada. Conforme a lo anterior, es evidente que los actos reclamados emitidos y desahogados dentro del juicio sumario civil 323/2018, que sobre acción real e interdictal para recuperar la posesión del bien inmueble, promovido por Ma. Guadalupe Hernández Silva, por conducto de su apoderado legal, frente a la aquí quejosa Ma. Magdalena Hernández Gómez, no son de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos de autoridad combatidos y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó el promovente, así como de las constancias que integran el referido juicio sumario civil 323/2018, que sobre acción real e interdictal para recuperar la posesión del bien inmueble, promovió Ma. Guadalupe Hernández Silva, por conducto de su apoderado legal y el cuaderno incidental de litisconsorcio pasivo respectivo. Por auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Tanhuato, Michoacán, previa prevención admitió a trámite la demanda promovida por Josué Pérez Hernández, en cuanto apoderado jurídico de Ma. Guadalupe Hernández Silva, en la vía sumaria civil y en ejercicio de la acción real e interdictal para recuperar la posesión de inmueble, frente a María Magdalena Hernández Gómez (aquí quejosa). Mediante diligencia de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el Actuario del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tanhuato, Michoacán, emplazó al citado juicio sumario civil, a la demandada, aquí quejosa. Posteriormente, en proveído de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Tanhuato, Michoacán, tuvo a la parte demandada, aquí peticionaria de garantías, dando contestación a la demanda entablada en su contra y por oponiendo excepciones y defensas, ordenando tramitar la excepción procesal de litisconsorcio pasivo necesario, en la vía incidental. Así, en resolución interlocutoria dictada el trece de septiembre de dos mil dieciocho, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Es de la competencia de este órgano judicial conocer y resolver la incidencia planteada. SEGUNDO. En los términos del considerando segundo de esta interlocutoria, se declara improcedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario, promovido por Ma. Magdalena Hernández Gómez, parte demandada del juicio principal. TERCERO. Se condena a la parte incidentista al pago de los gastos y costas que su contraria hubiere erogado con motivo de la tramitación de este incidente, previa su regulación y aprobación judicial". Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías. Antecedentes que el promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pág. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Conforme con lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido en el incidente de litisconsorcio pasivo necesario, relativo al juicio sumario civil 323/2018, que sobre acción real e interdictal para recuperar la posesión del bien inmueble, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la peticionaria de garantías, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable en el contradictorio civil de origen. Lo anterior, es así en virtud de que la resolución interlocutoria de trece de septiembre de dos mil dieciocho, que declaró improcedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario, interpuesto en el juicio sumario civil 323/2018, que sobre acción real e interdictal para recuperar la posesión del bien inmueble, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra dicha determinación; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso a la aquí quejosa, de manera que mientras tal resolución no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la misma le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la promovente del amparo. A más de que, la sentencia que en su momento se dicte en el negocio principal, de ser contraria a los intereses de la quejosa, podrá ser revocada, modificada o confirmada, mediante los medios de defensa que en su momento, en su caso, ésta haga valer. De esta forma, es manifiesto que es improcedente el juicio de amparo, toda vez que en el caso, el acto de autoridad que se combate no es de aquéllos que de manera inmediata cause un perjuicio irreparable que afecte a la parte quejosa en sus derechos sustantivos como son la vida, integridad personal, posesiones, etcétera. Apoya a la consideración anterior al contener el sentido jurídico, la tesis II.1o.C.4 K (10a.), que sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 2075 del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dispone lo siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en concordancia con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Ma. Magdalena Hernández Gómez, por conducto de su apoderado jurídico Carlos Federico López Pantoja; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. AUTORIZACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LAS PARTES. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. DOMICILIO Y AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA Ahora, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, declinó en favor de este Juzgado de Distrito, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, y en virtud de que el promovente señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle de Casamata, número 679, colonia Chapultepec Sur, de Morelia, Michoacán, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, gírese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, notifique el presente auto a la parte quejosa. Asimismo, la requiera para que dentro de los tres días siguientes al en que quede debidamente notificada, por escrito, proporcione domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones; en caso de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, le serán ordenadas por medio de lista, como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Con la indicación que desde este momento se habilitan días y horas inhábiles en caso de ser necesario, para la práctica de dicha diligencia; de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Sin que se estime necesario que la autoridad exhortada acuse el recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema se tendrá como tal. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal, que una vez hecho lo encomendado, remita únicamente vía electrónica las constancias con las que acredite la diligenciación de dicho exhorto. Es aplicable a lo anterior por analogía jurídica, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercero Circuito, visible en la página 1207, Tomo XVII, Mayo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AUTO ADMISORIO. LA RADICACIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO RECIBIDA EN UN JUZGADO DE DISTRITO, EN RAZÓN DE QUE UN TRIBUNAL COLEGIADO DECLINÓ LA COMPETENCIA EN SU FAVOR, REQUIERE DE NOTIFICACIÓN PERSONAL Y SU FALTA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO QUE DA LUGAR A LA REVOCACIÓN DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y A LA REPOSICIÓN DE AQUÉL. Cuando un Tribunal Colegiado declina la competencia para conocer de un amparo directo a favor de un Juzgado de Distrito, para que éste trámite el amparo biinstancial, y no se le notifica personalmente a la parte quejosa la radicación de su demanda en la vía indirecta, debe revocarse la sentencia recurrida y reponerse el procedimiento a efecto de que el juzgado del conocimiento notifique la radicación de la demanda en forma legal y señale nuevo día para la celebración de la audiencia constitucional, en la que, con plena facultad de jurisdicción, se dicte la resolución que en derecho corresponda, puesto que dicha radicación implica un cambio de jurisdicción, además de que deben hacerse llegar con certeza al conocimiento de las partes todas aquellas resoluciones de trascendencia para garantizarles la oportunidad de hacer valer sus defensas en tiempo y forma; y con la omisión de la notificación personal se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento, previstas en los artículos 146, 147, 148 y demás relativos de la Ley de Amparo, dado que se deja en estado de indefensión a la parte peticionaria de garantías, al desconocer el juzgado en que se radicó y tramitó su demanda de garantías que había propuesto por la vía uniinstancial, lo cual le impidió comparecer a juicio, ofrecer las pruebas pertinentes y rendir sus alegatos". DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. NOTIFÍQUESE; mediante exhorto al quejoso y por oficio a la autoridad oficiante.

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