Ma. Raquel Morales Aguilera
Expediente 673/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 25/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Raquel Morales Aguilera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Ma. Raquel Morales Aguilera, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la ley en la materia, se declara firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables pues de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que de ellas se haya reclamado y, en el caso, se determinó sobreseer en el juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables antes precisadas puedan recurrir la sentencia de que se trata. Por tanto, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este órgano jurisdiccional este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser trasferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. De igual manera, por lo que hace al original del incidente de suspensión, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se negó la medida cautelar provisional. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación, tanto en el expediente principal como en los incidentes respectivos. Además, toda vez que la parte quejosa exhibió diversos documentos, en términos del último párrafo del artículo décimo primero del referido acuerdo, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días comparezca a recogerlos, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias serán destruidas junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión correspondiente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la razón levantada por el actuario adscrito, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la partes quejosa y tercera interesada la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero del año en curso. Ahora, dado que de autos se aprecia la manera correcta en que se deben comunicar las resoluciones correspondientes, se ordena al actuario adscrito para que notifique este acuerdo, así como la mencionada sentencia, de la manera siguiente: a) A la parte quejosa de manera electrónica, atento a lo establecido en auto admisorio de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho; y, b) A la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo estipulado en proveído de veintinueve de octubre del año pasado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico. ASI MISMO, SE NOTIFICA LA SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-673/2018; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil dieciocho ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, Ma. Raquel Morales Aguilera por medio de apoderada legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de autoridad que consideró violatorios de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, relató los antecedentes que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto, la que previo cumplimiento de un auto preventivo fue admitido en acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se emplazó con el carácter de tercero interesado a Francisco Flores García a través de la carta rogatoria girada al Cónsul General de los Angeles California de los Estados Unidos de Norte América (foja 95), se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no formuló pedimento, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48, 52 fracción II, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque el acto reclamado se atribuye a un tribunal administrativo que reside dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio, con base en el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000 , que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En tal virtud, de la interpretación integral de la demanda armonizada con el resto de los elementos que se desprenden de las actuaciones, se advierte que la intención de la parte quejosa es combatir: 1. El emplazamiento al procedimiento sucesorio agrario 548/2009, promovido por el tercero interesado respecto de los derechos que en vida pertenecieron a Ma. De Jesús García Viuda de Flores o María Jesús García Ezquivel o María García Esquivel. 2. La sentencia emitida en ese procedimiento. Actos que se reclama al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad. 3. La inscripción de la sentencia indicada, la cancelación de los certificados 239568 relativo a la parcela 376 Z-2 P1/3 y el diverso 71767 que ampara el derecho de uso del 0.1900% de las tierras de uso común del ejido Villamar, municipio del mismo nombre. Que se demanda a la Delegación Federal en Michoacán del Registro Agrario Nacional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman al Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 (fojas 43 y 44) y Registro Agrario Nacional (fojas 51 y 52), ya que así se desprende del contenido de los informes justificados y se corrobora con las copias certificadas que exhibieron; la primera, consistentes las copias certificadas del expediente relativo al procedimiento agrario subyacente las que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo; y la segunda, las relativas a los movimientos registrales consecuentes, las que tienen el mismo valor probatorio. Apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. 1. Este tribunal advierte, de oficio, que el juicio de amparo es improcedente virtud a que la quejosa carece de interés jurídico para la promoción, lo anterior porque las pruebas que fueron aportadas al sumario no acreditan que sea titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Efectivamente, porque el artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". Por su parte el artículo 5o, de la Ley de Amparo en consonancia con el precepto transcrito señala lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". De la interpretación sistemática (sentido estricto) y funcional (teleológica) de los preceptos transcritos, se advierte que una de las razones que motivó la reforma de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, --según se advierte del proceso legislativo que lo precedió --, fue que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, consideró que uno de los objetivos centrales en la iniciativa fue llevar a cabo una reforma integral al instrumento de control constitucional más importante que se tiene en el ordenamiento jurídico mexicano, y lo que es más, al principal medio de protección de los derechos fundamentales y garantías, como es el juicio de amparo. La expresada Cámara también precisó que debido a ese papel trascendental en la vida jurídica y política del país, era necesario fortalecer el juicio de amparo a partir de la eliminación de tecnicismos y formalismos extremos que han dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, su ámbito de protección. Así, más adelante se indicó en la exposición de motivos, que además del objeto de protección y los efectos de las sentencias, la cuestión más relevante del juicio de amparo tiene que ver con el tipo de interés exigido para solicitarlo; que hasta ahora, en nuestro país se ha seguido la idea de que para tal efecto es necesaria la existencia de un interés jurídico, identificado con el derecho subjetivo. Luego, la misma se precisa en exposición de motivos, que si bien en el pasado esa forma de relación entre la situación de las personas y sus posibilidades de acceso a los procesos fue correcta, toda vez que se pensaba a la sociedad mexicana como altamente homogénea; en la actualidad, como la forma de representación de la sociedad de nuestros tiempos es la pluralidad política y existe una lucha social para lograr la incorporación al orden jurídico de una serie de demandas sociales, no es posible seguir exigiendo el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Estas reflexiones condujeron a la Cámara de Senadores a concluir que la forma de resolver el problema del interés para acudir al juicio tiene que ver con la forma en que se vislumbran las posibilidades de acceso a la justicia. En virtud de lo anterior, en la exposición de motivos en consulta, la Cámara de Senadores del Congreso General, plasmó lo siguiente: ".Frente a la disyuntiva de mantener el sistema en sus términos actuales o abrir nuevas posibilidades de impugnación, se propone introducir la figura del interés legítimo. Se trata de una institución con un amplio desarrollo en el derecho comparado y con algunos antecedentes en el nuestro que, justamente, permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona que resulte afectada por un acto en virtud de, o la afectación directa a, un derecho reconocido por el orden jurídico -interés jurídico- o, cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico". Cabe aclarar que la propuesta de reforma de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprobó, en este apartado sin modificaciones. Ahora, del resultado del proceso legislativo y de la actual redacción del artículo antes indicado, en la fracción que se menciona, se advierte que la legitimación para ejercer la acción de amparo, en la vía indirecta, se produce cuando el quejoso sufre una afectación directa a un derecho reconocido por el orden jurídico -interés jurídico- o, cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico. En este contexto en la actualidad subsiste como requisito para la promoción del juicio de amparo, la existencia de un interés cualificado, entendido éste, como un fenómeno psicológico, de cualquier índole, que se representa en la utilidad, el bien, el valor, el goce, que una situación determinada produce para una persona. Sin embargo, tal y como se precisa en la exposición de motivos y en la actual redacción del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no cualquier interés genera la legitimación en el ejercicio de la acción de amparo, sino que éste debe satisfacer alguna de las dos características a que alude el precepto constitucional; esto es, que la ley, el acto o la abstención que se reclama, afecte algún derecho del quejoso protegido por el orden jurídico caso en el que existirá un interés jurídico en la promoción del juicio del amparo. En cambio, cuando el quejoso por la situación particular que guarda frente a la ley, le reporta algún beneficio igualmente jurídico, objetivamente apreciable, del que pueda disfrutar en forma particular o colectiva, tendrá un interés legítimo para ejercer la acción de amparo. De lo anterior se sigue que el interés jurídico supone la existencia de un derecho, que pertenece a una persona individualmente identificada; en tanto que, el interés legítimo no supone la existencia de ese derecho, sino una afectación genérica en la que una autoridad afecta indirectamente a una persona o a una colectividad de personas que se encuentran en la misma situación frente a la ley; de tal suerte que el quejoso sólo podrá estar legitimado para solicitar la protección constitucional en la medida en que justifique que se encuentra en esa universalidad de sujetos, que guardan frente a la ley, un statu quo. No obstante -como ya se precisó-, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales es menester que en el juicio de amparo se justifique la existencia del interés jurídico ya que conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el amparo judicial es indispensable la existencia de un interés jurídico. Al respecto cobra aplicación la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente literalidad: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En virtud de lo anterior, del análisis de las constancias que integran el expediente respectivo -las que ya fueron valoradas-, se advierte que el acto reclamado fue emitido por un tribunal agrario, dentro de un procedimiento de sucesión de derechos agrarios respecto de los que tenía Ma. de Jesús García viuda de Flores o María Jesús García Ezquivel o María García Ezquivel, amparados por los certificados 239568 relativo a la parcela 376 Z-2 P1/3 y el diverso 71767 relativo al derecho de uso del 0.1900% de las tierras de uso común del ejido Villamar, municipio del mismo nombre. Proceso al que la parte quejosa no fue llamada, en virtud de que -afirma el tribunal señalado como autoridad responsable-, conforme a las constancias que lo integran no tenía ningún interés jurídico (foja 43) Luego, las determinaciones tomadas en el procedimiento subyacente implican necesariamente para la procedencia de este juicio que la quejosa tenga la obligación de acreditar un interés jurídico; y para lograr tal propósito, se acompañaron a la demanda las siguientes documentales públicas: 1. Poder general para pleitos y cobranzas otorgado por la quejosa en favor de Alberto Orozco Moreno o Edith Olivia Sánchez García (fojas 12 y 13). 2. Copias certificada de los certificados 239568 relativo a la parcela 376 Z-2 P1/3 y el diverso 71767 que ampara el derecho de uso del 0.1900% de las tierras de uso común del ejido Villamar, municipio del mismo nombre. 3. Copias certificadas por el Oficial del Registro Civil del Estado relativos a las siguientes actas: a. Número 50 inscrita en el libro 6, tomo 1 de treinta de marzo de dos mil dieciocho relativa al defunción de la María Aguilera (A) María García Esquivel (foja 17). b. Número 13 inscrita en libro 1, tomo 1 de siete de enero de mil novecientos ochenta y uno relativa al nacimiento de María García Esquivel (foja 19). c. Número 16 inscrita en el libro 4, tomo 1 de treinta de enero de mil novecientos cincuenta y uno relativa al matrimonio celebrado entre María García Esquivel y Ramón Aguilera Trejo (foja 20). d. Número 46 inscrita en el libro 6, tomo 1 de dos de julio de dos mil uno relativo a la defunción del consorte de María García Esquivel, Ramón Aguilera Trejo (foja 21). e. Número 22 inscrita en el libro 6, tomo 1 de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y tres relativa a la defunción del padre de la autora de la sucesión, José de Jesús García Velezquez (foja 22). f. Número 16 inscrita en libro 6, tomo 1 de diecisiete de abril de mil novecientos setenta y uno relativo a la defunción de la madre de la autora de la sucesión, María Esquivel Alejo (foja 23). 4. Certificación de inexistencia de disposición testamentaria de María García Esquivel, a que alude el acta de defunción descrita en el inciso a) del apartado que precede (foja 18). 5. Oficio SDR/2522/2018 expedido por el Registrador Integral de la Delegación Michoacán del Registro Agrario Nacional, que se relaciona con los certificados parcelarios descrito en el apartado 2 (foja 24). Pruebas documentales que si bien merecen valor probatorio pleno, no demuestran que la quejosa tenga constituido en su favor algún derecho sustantivo que la legitime para promover el juicio de amparo. Lo anterior se afirma así, porque la valoración de las pruebas en cualquier proceso judicial comprende tres aspectos: el primero, se relaciona con la forma que son producidas, por ejemplo la prueba documental puede ser pública o privada según su proceso de conformación, pues si éste se encomienda a un funcionario o servidor público en alguna disposición legal, será un documento púbico si satisface las formalidades previstas en las normas generales aplicables, si es elaborado por una persona física que no tenga el carácter de funcionario o servidor público, o que teniéndolo no actúa con base en la norma general, entonces será un documento privado. La segunda dimensión valorativa, se vincula con el contenido de los documentos; por ejemplo, puede suceder que el documento exista como acto jurídico pero que su contenido no. Lo anterior se explica, porque puede suceder que una persona comparezca ante un servidor, funcionario o notario público, a realizar una serie de manifestaciones que no sean verdad, en ese caso, el acto existirá como acto jurídico pero su contenido quedará sujeto a prueba. La tercera dimensión por su parte, se refiere a la vocación probatoria, pues cada documento está diseñado para probar determinados hechos, de ahí que aunque se trate de documento público, que tiene valor probatorio pleno por lo que se refiere a su proceso de creación, y contenga hechos verdaderos -o presumiblemente verdaderos conforme a la ley-, sólo son útiles para acreditar determinados aspectos tal como sucede con las pruebas descritas. Efectivamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, el estado civil sólo se comprueba con las actas y certificaciones del Registro Civil; ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por esa ley. De lo anterior se sigue, que las actas del registro civil descritas -que merecen valor probatorio pleno conforme a los artículos 102 y 209 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo- son útiles para demostrar únicamente el estado civil de las personas que ahí se menciona dado que no tienen otra vocación; esto es, no justifican que la quejosa sea titular de algún derecho que revele el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo dado que su vocación es justificar el estado civil de las personas, y la quejosa no alegó ser pariente de la autora de la sucesión. Por su parte, el poder general para pleitos y cobranzas otorgado en favor de Alberto Orozco Moreno o Edith Olivia Sánchez García (fojas 12 y 13), las copias certificada de los certificados 239568 relativo a la parcela 376 Z-2 P1/3 y el diverso 71767 que ampara el derecho de uso del 0.1900% de las tierras de uso común del ejido Villamar, municipio del mismo nombre, la certificación de inexistencia de disposición testamentaria de María García Esquivel o María Aguilera, a que alude el acta de defunción descrita en el inciso a) del apartado que precede (foja 18) y el oficio SDR/2522/2018 expedido por el Registrador Integral de la Delegación Michoacán del Registro Agrario Nacional, que se relaciona con los certificados parcelarios descritos, aunque se traten de documentos públicos con valor probatorio pleno en los términos ya indicados, no tienen el alcance de demostrar que la quejosa sea titular de algún derecho sustantivo que deba ser tutelado a través del juicio de amparo, ello porque con el poder sólo se justifica la facultad de la persona que compareció al juicio en representación de la quejosa; las copias de los certificados agrarios demuestran los derechos de diversa persona, y el último justifica el hecho de la cancelación de los certificados en comento. En ese orden, ninguno de los documentos acredita que la quejosa es titular de algún derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa con los actos reclamados. Circunstancia que tampoco se logra acreditar con la constancia de posesión expedida por el comisariado ejidal del núcleo agrario de Villamar, municipio del mismo nombre (foja 46), en la que se menciona que María García Esquivel estaba reconocida como ejidataria y era la titular de los derechos agrarios ahí descritos; y que, Ma. Raquel Morales Aguilera -quejosa- "desde hace muchos años hasta la actualidad se encarga de las obligaciones y derechos de la parcela", pues se trata de un documento privado expedido por un órgano de gobierno interno del ejido que no tienen atribuciones para hacer constar ese tipo de hechos pues, en todo caso, ello corresponde a la asamblea general de ejidatarios. Al respecto, cobra ampliación la tesis de jurisprudencia PC.XIII. J/1 (10a.) del Pleno de Decimotercer Circuito que establece: "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA. En términos de los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Por su parte el precepto 33, fracción I, de dicho Ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Ahora bien, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, en principio, que cuente con la autorización de la Asamblea; sin embargo, no existe razón legal para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión, expedida por el Comisariado, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo, cuando la Asamblea la ratifica; porque si bien en tal supuesto el Comisariado actúa extralimitándose en las facultades que tiene conferidas, esa constancia sólo está viciada de nulidad relativa, por lo que puede ser objeto de convalidación o ratificación por la Asamblea; y de ahí que una vez verificada dicha ratificación, la constancia respectiva adquiera validez y eficacia probatoria, porque así lo establece expresamente el artículo 2583, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley Agraria, al señalar que los actos que el mandatario, practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos en relación con el mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente; con la salvedad de que esos efectos son retroactivos desde que se emite el documento suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales, en los términos del artículo 2235 del Código Civil Federal, que establece que la confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero". Tampoco resulta útil la prueba testimonial para justificar el interés jurídico. En efecto, en la audiencia constitucional tuvo verificativo el desahogo de esta probanza, en la que comparecieron a declarar Raúl Esquivel Castillo y Mario Morales Aguilera, al dar respuesta a las interrogantes que formuló la parte quejosa manifestaron lo siguiente: Mario Morales Aguilera 1. Si conocen a la C. MA. RAQUEL MORALES AGUILERA parte quejosa en el presente Juicio de Garantías, en caso afirmativo desde cuándo y por qué razón. Respuesta: Sí, sí la conozco porque es mi hermana. 2. Si conocieron a la C. MARIA GARCIA ESQUIVEL, en caso afirmativo desde cuándo y por qué razón. Respuesta: Desde que nació, aproximadamente sesenta y cuatro años puesto que es mí hermana. 3. Si conocen al C. FRANCISCO FLORES GARCIA parte quejosa (sic) en el presente Juicio de Garantías, en caso afirmativo desde cuándo y por qué razón. Respuesta: Sí, sí lo conozco porque es ahí de Villamar, Michoacán. 4. Si conocieron a la C. MARIA JESUS GARCIA ESQUIVEL y/o MA. JESUS GARCIA ESQUIVEL, en caso afirmativo desde cuándo y por qué razón. Respuesta: Sí, sí la conocí porque es la mamá de Francisco; la conocí desde que tengo uso de razón porque también vivió ahí en Villamar. 5. Si saben y les consta si la C. MARIA JESUS GARCIA ESQUIVEL y/o MA. JESUS GARCIA ESQUIVEL es la misma persona que MARIA GARCIA ESQUIVEL. Respuesta: No, son personas diferentes; a una la conocíamos como "Jesusita" y a la otra María. 6. Si conocen la parcela 376 Z-2 P1/3 con superficie de 4-19-07.550 hectáreas ubicada en el ejido Villamar, municipio de Villamar, Michoacán. Respuesta: Así como se menciona en la pregunta, no la conozco, pero sí conozco una parcela que es propiedad de uno de mis tíos que pasó a ser propiedad de su esposa de nombre María García Esquivel. 7. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, que digan los testigos si saben y les consta que persona se encuentra en posesión de la parcela, desde cuándo y por qué razón. Respuesta: Actualmente la posee una hermana de nombre Raquel Morales Aguilera. 8. Si saben y les consta que FRANCISCO FLORES GARCIA reconocido como ejidatario del ejido Villamar, municipio de Villamar, Michoacán, en caso afirmativo, si saben y les consta si se encuentra en posesión de tierras dentro del ejido en cita. Respuesta: No tengo conocimiento de que Francisco Flores García, hijo de la señora "Jesusita", se encuentre reconocido como ejidatario y no tengo conocimiento de que posea alguna parcela dentro del ejido. 9. Si saben y les consta cuando falleció la C. MARIA GARCIA ESQUIVEL. Respuesta: Sí, no recuerdo la fecha exacta en que falleció pero está enterrada ahí en Villamar junto a su esposo. 10. Si saben y les consta que MARIA GARCIA ESQUIVEL tenía en posesión la parcela 376 Z-2 P1/3 con superficie de 4-19-07.550 hectáreas ubicada en el ejido Villamar, municipio de Villamar, Michoacán, hasta su fallecimiento. Respuesta: Sí se encontraba en posesión de la parcela de su esposo, que estaba destinada para la siembra de diversos granos. 11. Si saben y les consta que parentesco o relación personal existía entre MARIA GARCIA ESQUIVEL y MA. RAQUEL MORALES AGUILERA. Respuesta: María García Esquivel era madrina y tía de Raquel Morales Aguilera. 12. Que digan los testigos la razón de su dicho. Respuesta: Lo sé porque Raquel es mi hermana y María García era esposa de mi tío Ramón Aguilera, quien era el titular de los derechos parcelarios. Raúl Esquivel Castillo 1. Si conocen a la C. MA. RAQUEL MORALES AGUILERA parte quejosa en el presente Juicio de Garantías, en caso afirmativo desde cuándo y por qué razón. Respuesta: Sí, sí la conozco desde que tenía como diez años porque vivíamos en el mismo municipio. 2. Si conocieron a la C. MARIA GARCIA ESQUIVEL, en caso afirmativo desde cuándo y por qué razón. Respuesta: Sí, la conozco por la misma razón que la respuesta anterior. 3. Si conocen al C. FRANCISCO FLORES GARCIA parte quejosa (sic) en el presente Juicio de Garantías, en caso afirmativo desde cuándo y por qué razón. Respuesta: De momento, no lo recuerdo. 4. Si conocieron a la C. MARIA JESUS GARCIA ESQUIVEL y/o MA. JESUS GARCIA ESQUIVEL, en caso afirmativo desde cuándo y por qué razón. Respuesta: Sí, nada más la conozco de vista pero sí la identifico. 5. Si saben y les consta si la C. MARIA JESUS GARCIA ESQUIVEL y/o MA. JESUS GARCIA ESQUIVEL es la misma persona que MARIA GARCIA ESQUIVEL. Respuesta: Sí son diferentes personas. 6. Si conocen la parcela 376 Z-2 P1/3 con superficie de 4-19-07.550 hectáreas ubicada en el ejido Villamar, municipio de Villamar, Michoacán. Respuesta: Sí la conozco y pertenecía a la señora María porque ya falleció y tengo conocimiento o la puedo identificar porque es la que yo siembro. 7. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, que digan los testigos si saben y les consta que persona se encuentra en posesión de la parcela, desde cuándo y por qué razón. Respuesta: Desde hace algunos años, la señora María me comunicó que yo me iba a encargar de pagar la renta de esa parcela a la señora Raquel Morales. 8. Si saben y les consta que FRANCISCO FLORES GARCIA reconocido como ejidatario del ejido Villamar, municipio de Villamar, Michoacán, en caso afirmativo, si saben y les consta si se encuentra en posesión de tierras dentro del ejido en cita. Respuesta: No, no lo conozco pero no está reconocido como ejidatario. 9. Si saben y les consta cuando falleció la C. MARIA GARCIA ESQUIVEL. Respuesta: Sí, aparentemente a principios de en este año. 10. Si saben y les consta que MARIA GARCIA ESQUIVEL tenía en posesión la parcela 376 Z-2 P1/3 con superficie de 4-19-07.550 hectáreas ubicada en el ejido Villamar, municipio de Villamar, Michoacán, hasta su fallecimiento. Respuesta: Sí, es precisamente la parcela a la que me he referido y que también se conoce como "La Caña". 11. Si saben y les consta que parentesco o relación personal existía entre MARIA GARCIA ESQUIVEL y MA. RAQUEL MORALES AGUILERA. Respuesta: Sí, Raquel Morales es sobrina de María, y Raquel cuidó de María porque era una señora mayor. 12. Que digan los testigos la razón de su dicho. Respuesta: Porque la señora María me encargó el cuidado de la parcela porque ya no podía atenderla directamente y desde entonces me he ocupado de trabajarla y de depositarle a Raquel Morales la renta. De lo asentado se advierte, que con la prueba testimonial no se logró demostrar que la quejosa se ubicara en algunos de los supuestos previstos en los artículos 17 o 18 de la Ley Agraria que la legitimarían para la promoción del juicio de amparo. Es así que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 20/2009 , estableció que el interés jurídico para reclamar el juicio sucesorio agrario con el carácter de tercero extraño, se justifica si la parte quejosa se coloca en cualquiera de las hipótesis previstas en las normas invocadas las cuales establecen: Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior. Artículo 18.- Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: I. Al cónyuge; II. A la concubina o concubinario; III. A uno de los hijos del ejidatario; IV. A uno de sus ascendientes; y V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos". En este contexto, ninguna de las interrogantes que se formularon a los testigos tenía por objeto demostrar la dependencia económica de la quejosa, respecto de la autora de la sucesión, más bien, se cuestionó la dependencia de MARIA GARCIA ESQUIVEL respecto de MA. RAQUEL MORALES AGUILERA, pues los testigos asegura que esta última fue la que cuidó a la primera debido a su condición de persona adulta mayor; por tanto, en el juicio no se demostró el interés jurídico para la promoción del juicio. En ese orden, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con base en el diverso normativo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, procede sobreseer en el juicio. Al respecto, la tesis de jurisprudencia invocada en el párrafo que precede establece lo siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO SUCESORIO AGRARIO. ACREDITA SU INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA FIRME DICTADA EN DICHO JUICIO, SI SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY AGRARIA. Acorde con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, fracción XIII, y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo cuando afecten a personas extrañas al juicio, constituyéndose una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de ahí que la persona que, a pesar de tener interés jurídico, no fue llamada al juicio sucesorio agrario, es tercera extraña a éste, en la medida en que no fue convocada a ejercer sus defensas y, por tanto, puede impugnar en amparo indirecto la sentencia firme dictada en aquel juicio. Para estos efectos, el tercero extraño debe probar ante el Juez de Distrito que se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, consistentes en: 1) figurar en alguna lista de sucesión inscrita en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante notario público o 2) acreditar que es cónyuge, concubina, concubinario, hijo, ascendiente o dependiente económico del ejidatario fallecido". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a la Delegación en Michoacán del Registro Agrario Nacional, dado que se trata de actos de ejecución que no fueron reclamados por vicios propios. Al respecto, cobra aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de los de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios" . Por lo anteriormente expuesto se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma. Raquel Morales Aguilera, en contra de los actos que reclamó al Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, y Registro Agrario Nacional con residencia en esta ciudad por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia.
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NOTIFÍQUESE PERONALEMNTE A LAS PARTES
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Visto el estado que guardan los autos, del que se aprecia que transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes en auto de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (foja 79), a fin de que ampliaran por escrito las preguntas correspondientes al interrogatorio al tenor del cual depondrán los testigos Raúl Esquivel Castillo y Mario Morales Aguilera, con el objeto de que se formulen las repreguntas respectivas al momento de verificarse la prueba; sin que lo hayan hecho. En consecuencia, se procede a la preparación del desahogo de dicha probanza. Por ello, tomando en consideración que la parte quejosa no manifestó imposibilidad alguna para la presentación de los referidos atestes -ni desde el ofrecimiento de la prueba ni en el escrito por el cual solicitó la sustitución de un testigo-; en consecuencia, queda a cargo de la parte promovente su presentación a las nueve horas con diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho en el local de este juzgado, sito Avenida Camelinas, número 3550, ala oriente, colonia Club Campestre de esta ciudad; hora y fecha señaladas para el verificativo de la audiencia constitucional. Comuníquese lo anterior a las partes a fin de que, de estimarlo conducente, comparezcan el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional y, en su caso, formulen las repreguntas que a su interés legal convenga únicamente en relación a las respuestas que depongan con motivo del interrogatorio. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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