Ma. Quirina Reyes Ferreyra

Expediente 588/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
588/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Ma. Quirina Reyes Ferreyra
  • Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 36 de Morelia, Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Tribunal confirma incompetencia. Agréguese a los autos el oficio remitido por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que dicho órgano colegiado asumió el conocimiento de la controversia planteada. 2. Orden de archivo. En consecuencia, atendiendo a la determinación adoptada por el colegiado oficiante, se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 73, 74, 75, 77, 107 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eutimia Laurel León, por los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando tercero de este fallo. SEGUDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Eutimia Laurel León,, contra los actos que reclamó del encargado del Despacho y la jefa de Departamento de

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Cipriano Robles Reyes apoderado de Ma. Quirina Reyes Ferreyra, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 588/2022. 1.2. Consideraciones previas. Ahora, el artículo 112 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito o tribunal unitario de circuito dentro del término de veinticuatro horas deberá resolver si la admite o desecha. Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, que declaró fundada la excepción de prescripción de la acción de nulidad parcial del acta de asamblea de ejidatarios de once de noviembre de dos mil cinco, dictada en el expediente agrario 94/2021, que opusieron los demandados en cuanto Integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido San Lucas Pio, municipio de Indaparapeo, Michoacán, y Salomón Agustín Sotelo. 1.3. Incompetencia. Dicho lo anterior, este juzgado estima respetuosamente que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por razón de la instancia o vía intentada por la parte quejosa, virtud a que los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal.". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.". De la interpretación funcional (teleológica) y sistemática (sentido estricto) de estos preceptos se obtiene que la competencia para conocer de una demanda de amparo se determina por varias circunstancias; a saber: 1. La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En caso del amparo directo, conforme a lo que establece el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano competente es un tribunal colegiado. 2. La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo directo, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el particular específico en el ordinal 37, fracción I, inciso b), de la citada ley. 3. El territorio, regulado por el artículo 34, de la Ley de Amparo. Así, en atención a tales principios -en específico al destacado en el punto 1- y derivado del análisis integral de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional considera respetuosamente que carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, toda vez que la promovente reclama la resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, que declaró fundada la excepción de prescripción de la acción de nulidad parcial del acta de asamblea de ejidatarios de once de noviembre de dos mil cinco, dictada en el expediente agrario 94/2021, que opusieron los demandados en cuanto Integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido San Lucas Pio, municipio de Indaparapeo, Michoacán, y Salomón Agustín Sotelo, frente a la parte actora quien tiene debidamente reconocida la calidad de ejidataria en dicho núcleo. En ese sentido, resulta evidente que se analiza una controversia suscitada entre la asamblea general y los miembros de un núcleo de población en las que se tilda de nula un acta del citado órgano, actos cuya impugnación corresponde a la vía directa del juicio de amparo, establecida en los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia VI.1o.A. J/22, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN AGRARIA. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA, CONTRA SENTENCIAS PRONUNCIADAS AL RESOLVER CONTROVERSIAS DONDE SE DEMANDE PRINCIPALMENTE LA NULIDAD DE UN ACTA O RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE UN NÚCLEO DE POBLACIÓN Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, LA NULIDAD DE LA INSCRIPCIÓN RESPECTIVA ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 109/99, 2a./J. 24/2000, 2a./J. 33/2001 Y 2a./J. 34/2001. El artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria establece la procedencia del recurso de revisión contra sentencias que resuelvan en primera instancia sobre la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en la jurisprudencia 2a./J. 109/99, cuyo rubro es: "REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS.", que el concepto del término "resoluciones", debe entenderse en sentido amplio, como aquellas que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Particularmente, respecto de los actos del Registro Agrario Nacional, la propia Segunda Sala de ese Alto Tribunal emitió la jurisprudencia 2a./J. 24/2000, con el rubro: "DERECHOS AGRARIOS. RESOLUCIONES DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECIDEN SOBRE LA NULIDAD DEL REGISTRO DE TRASLADO DE DOMINIO ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. AMPARO IMPROCEDENTE, SI NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA.", en la que consideró que en contra de la sentencia dictada por un tribunal agrario que resuelve sobre la nulidad del registro de traslado de dominio de derechos agrarios por sucesión, ante el Registro Agrario Nacional, procede el recurso de revisión. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 34/2001, que la procedencia del recurso de revisión se encuentra condicionada a que la sentencia de que se trate haya sido emitida en un juicio tramitado bajo el supuesto previsto en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Así, en cuanto al concepto de "autoridades agrarias", de la jurisprudencia 2a./J. 33/2001 se advierte que el precitado recurso ordinario es improcedente contra sentencias que resuelvan conflictos suscitados entre la asamblea general y los miembros del núcleo de población en las que se tilde de nula un acta o resolución del citado órgano, porque se trata de un supuesto de procedencia del juicio agrario, diverso al contenido en la fracción IV del referido artículo 18, es decir, que la asamblea general no se encuentra comprendida dentro del término "autoridades agrarias" a que alude dicha fracción IV, pues al ser la asamblea uno de los órganos del núcleo de población, la hipótesis de procedencia del juicio agrario ya no se rige por la multicitada fracción IV, sino por la establecida en la diversa fracción VI del propio numeral 18. Por consiguiente, tratándose del caso en el que se reclame principalmente la nulidad de una resolución de la asamblea general y, en vía de consecuencia, la inscripción correspondiente ante el Registro Agrario Nacional, es inconcuso que resulta procedente el juicio de amparo directo, sin necesidad de agotar previamente a su promoción, el recurso de revisión en comento, atendiendo a que la controversia del juicio de origen no encuadra en la fracción IV del artículo 18 de la ley orgánica mencionada, sino en la fracción VI del mismo precepto, aun cuando también se reclame en forma accesoria la nulidad de un acto emanado de una autoridad que tiene el carácter de "autoridad agraria", como lo es el Registro Agrario Nacional, toda vez que en la especie prevalecen las características y naturaleza de la acción principal, orientada a combatir los actos de la asamblea general, aunado a que de esa manera tampoco se divide la continencia de la causa." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 33/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: TRIBUNALES AGRARIOS. EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN CONTROVERSIAS DONDE SE RECLAMA PRINCIPALMENTE LA NULIDAD DE UN ACTA O RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE UN NÚCLEO DE POBLACIÓN. Si se toma en consideración que la hipótesis de procedencia del recurso de revisión a que se refieren los artículos 198, fracción III, de la Ley Agraria y 9o., fracción III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios está condicionada a la circunstancia de que el juicio agrario se haya tramitado bajo el supuesto a que se contrae la fracción IV del artículo 18 de la propia ley orgánica, resulta inconcuso que dicho recurso ordinario es improcedente contra las sentencias de los Tribunales Unitarios Agrarios que resuelvan las controversias suscitadas entre la asamblea general y los miembros del núcleo de población en las que se tilde de nula un acta o resolución del citado órgano, porque se trata de un supuesto de procedencia del juicio agrario diverso al contenido en la mencionada fracción IV. En esta tesitura, las señaladas sentencias son impugnables a través del juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, en virtud de que esta clase de resoluciones jurisdiccionales son sentencias definitivas que ponen fin al juicio en lo principal y lo dan por concluido, además de que son dictadas por tribunales administrativos y, en su contra, ya no procede recurso alguno. (Lo resaltado es propio) Por tanto, con fundamento en el numeral 47 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, residente en esta ciudad, para que tenga a bien determinar si, conforme a lo precisado en el presente auto, el asunto en comento es de su competencia, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. 1.4. Domicilio procesal y autorizado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda y como autorizado para tales efectos a la persona que refiere; asimismo, en cuanto autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Ángel Reynaldo Bustos Guzmán, dado que cuenta con cédula profesional registrada, tal como se advierte de la certificación secretarial de mérito.

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