Ma. O María Salustia Cortés Morán

Expediente 1120/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1120/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Ma. O María Salustia Cortés Morán
  • Director de Catastro en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1120/2023, promovido por Ma. o María Salustia Cortés Morán, por alegada violación de los artículos 1o., 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán. Del Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán. De la Receptoría de Rentas de Charo, Michoacán: Todo lo actuado en el expediente 67/2007, relativo al Procedimiento Administrativo que sobre variación catastral de bienes hereditarios promovió Gaspar Orozco Valente a su favor, y en cuanto hijo del autor de la sucesión, respecto de los bienes que pertenecieron al extinto J. Refugio Orozco o J. Refugio Orozco Molinero, respecto del predio denominado "Los Orozcos"; y, como consecuencia de lo anterior: La nulidad de la escritura privada número setecientos cincuenta y ocho, registrada bajo el número 10, del tomo 12645, relativa al contrato de compraventa celebrado entre Gaspar Orozco Valente, en cuanto vendedor y Marbella Nereida Hernández Orozco, en cuanto compradora -aquí tercera interesada-, el dieciocho de marzo de dos mil catorce, respecto del predio denominado "Los Orozcos". La cancelación de las inscripciones registrales correspondientes, y demás trámites realizados con motivo de la variación catastral, y posteriores a la última escrituración. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Receptoría de Rentas de Charo, Michoacán, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse legalmente notificada para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Luego, es cierto el acto reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado; asimismo, el que se reclama al Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán, no obstante que al rendir su informe con justificación lo haya negado, toda vez que de sus propias manifestaciones se obtiene su certeza. Máxime, es cierta la existencia del expediente 67/2007, relativo al Procedimiento Administrativo que sobre variación catastral de bienes hereditarios promovió Gaspar Orozco Valente a su favor, y en cuanto hijo del autor de la sucesión, respecto de los bienes que pertenecieron al extinto J. Refugio Orozco o J. Refugio Orozco Molinero, tal como se advierte de las constancias que las autoridades responsables remitieron como complemento de sus informes con justificación. Documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2o. CUARTA. Estudio de las causales de improcedencia. La procedencia y el sobreseimiento del juicio de amparo constituyen presupuestos procesales que deben estudiarse aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el particular, este órgano de control constitucional, advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 107 constitucional y los artículos 1o., y 6o., de la Ley de Amparo, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que hable el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)." De los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a defenderlo para que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por tanto, sólo aquella persona física o moral a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad tiene la facultad de instar el juicio de amparo. Ahora, también se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de garantías se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I, del artículo 107, constitucional en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Así como que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, en especial, a través de una resolución judicial. Y, que debido a que el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, se tornó intangible e inaceptable para la legislación secundaria; de tal suerte que no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Sentado lo anterior, es de sostenerse que lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte que no existe algún acto que produzca un agravio personal y directo, y sobre todo actual en relación con la aquí quejosa, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de la gobernada, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en atención a lo estatuido en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el artículo 1°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que del expediente 67/2007, relativo al Procedimiento Administrativo que sobre variación catastral de bienes hereditarios promovió Gaspar Orozco Valente a su favor, y en cuanto hijo del autor de la sucesión, respecto de los bienes que pertenecieron al extinto J. Refugio Orozco o J. Refugio Orozco Molinero, se advierte que el nueve de abril de dos mil siete, se dictó el acuerdo resolutorio número 150, en el que se determinó: ".Se accede a lo solicitado por el promovente; en consecuencia, gírese comunicado al C. Receptor de Rentas, del lugar donde están inscritos los bienes hereditarios, a fin de que haga la Variación Catastral en favor de Gaspar Orozco Valente, en cuanto hijo del autor de la herencia, RESPECTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE FUERON MATERIA DE ESTA VARIACIÓN, QUE SE REGISTRAN AL AUTOR DE LA SUCESIÓN Y QUE CON ANTERIORIDAD SE DESCRIBEN." En contexto de lo anterior, se tiene que en el apartado relativo a DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES, se cita lo siguiente: ".Predio Urbano, registrado con número 001283, denominado "LOS OROZCOS", actualmente ubicado en el Rancho de Francisco I. Madero, Municipio de Charo, Distrito de Morelia, Michoacán, con las siguientes medidas y linderos: al Norte, 127.00 ciento veintisiete metros, con Andrés Orozco, mediando zanjón; al Sur, 135.00 ciento treinta y cinco metros, con Prisciliana Orozco, zanja en medio, ahora Prisciliano Orozco; al Oriente, 66.00 sesenta y seis metros, con J. Encarnación Hernández, raya de por medio; y al Poniente, 76.00 setenta y seis metros, con J. Encarnación Hernández, cerca y zanjón en medio; con una extensión superficial de avalúo de 0-93-01 Has, cero hectáreas noventa y tres áreas una centiárea; con un valor catastral de $2,480.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) a la fecha de presentación de la promoción. DICHO INMUEBLE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO BAJO EL NUMERO 40362, DEL TOMO 210, DE LOS LIBROS DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTES AL DISTRITO DE MORELIA, MICHOACÁN." De las transcripciones se deprende que el bien inmueble motivo del Procedimiento Administrativo de variación catastral 67/2007, entre otros, fue el predio urbano denominado "LOS OROZCOS", actualmente ubicado en el Rancho de Francisco I. Madero, del municipio de Charo, y distrito de Morelia, Michoacán, con las siguientes medidas y linderos: Al Norte, 127.00 ciento veintisiete metros, con Andrés Orozco, mediando zanjón; Al Sur, 135.00 ciento treinta y cinco metros, con Prisciliana Orozco, zanja en medio, ahora Prisciliano Orozco; Al Oriente, 66.00 sesenta y seis metros, con J. Encarnación Hernández, raya de por medio; y, Al Poniente, 76.00 setenta y seis metros, con J. Encarnación Hernández, cerca y zanjón en medio; Con una extensión superficial de avalúo de 0-93-01 Has, cero hectáreas noventa y tres áreas una centiárea. Inmueble que fue motivo del contrato de compraventa celebrado entre Gaspar Orozco Valente, en cuanto vendedor y Marbella Nereida Hernández Orozco, en cuanto compradora -aquí tercera interesada-, el dieciocho de marzo de dos mil catorce, según se aprecia de la escritura privada número setecientos cincuenta y ocho, registrada bajo el número 10, del tomo 12645. Sin embargo, a través de la copia cotejada exhibida en autos, consistente en el oficio 128-III, derivado del expediente 5762/978, relativo al Procedimiento Administrativo que sobre variación catastral promovió en su favor la aquí quejosa, en cuanto esposa del autor de la herencia y sobre todo el caudal hereditario constituido por los bienes que pertenecieron al extinto Juan Orozco Pérez, se advierte que se dictó acuerdo en el que se concedió variación catastral, entre otros, del siguiente inmueble: ".Predio Rústico de Temporal denominado "LOS OROZCOS", ubicado en ese lugar el cual mide y linda; al Oriente 64.50 Mts, sesenta y cuatro metros cincuenta centímetros, con Miguel Cortez, cerca de alambre de por medio; al Poniente 77.50 Mts, sesenta (sic) y siete metros, cincuenta centímetros, con J. Jesús Rojas, cerca de piedra y alambre de por medio; al Norte 130.00 Mts, ciento treinta metros, con J. Refugio Orozco, raya de por medio y al Sur 139.50 Mts, ciento treinta y nueve metros cincuenta centímetros, con el mismo colindante del viento anterior, raya de por medio. Esto es, la quejosa pretende defender un predio rústico denominado "LOS OROZCOS", con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte 130.00 Mts, ciento treinta metros, con J. Refugio Orozco, raya de por medio Al Sur 139.50 Mts, ciento treinta y nueve metros cincuenta centímetros, con el mismo colindante del viento anterior, Al Oriente 64.50 Mts, sesenta y cuatro metros cincuenta centímetros, con Miguel Cortez, cerca de alambre de por medio; Al Poniente 77.50 Mts, sesenta (sic) y siete metros, cincuenta centímetros, con J. Jesús Rojas, cerca de piedra y alambre de por medio. De lo anterior, se obtiene que el inmueble que defiende la parte quejosa en este juicio constitucional es diverso al que constituyó la materia del Procedimiento Administrativo de variación catastral 67/2007, de quien reclama las violaciones a sus prerrogativas. En ese sentido, dado que el primer aspecto que debe acreditar la peticionaria del amparo es la identidad del bien materia de la controversia; esto es, que el bien que aduce detentar en posesión y/o propiedad, sea el mismo sobre el que versó el Procedimiento Administrativo de variación catastral 67/2007 del que se queja, y con ello poder determinar la afectación de posesión y/o propiedad o no que tiene. Sin embargo, de una confrontación entre la información que se obtiene de ambos Procedimientos Administrativos de variación catastral, se concluye que no existe identidad. En consecuencia, al no haberse exhibido pruebas fehacientes que demuestren la identidad del inmueble que defiende la quejosa, quien esto resuelve considera que el trámite del Procedimiento Administrativo de variación catastral 67/2007; así como todo lo actuado dentro del mismo y sus consecuentes actos registrales, no le generan afectación directa en el derecho de posesión y/o propiedad que defiende la citada impetrante. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.3º. J/2, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, febrero de 1996, página 327, con registro digital 203341, del tenor siguiente: "POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN. Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías". Así las cosas, resulta innegable que se actualiza la causa de improcedencia contemplada por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 107, Constitucional y los artículos 1o., y 6o., de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento de la presente controversia constitucional. En tales circunstancias, dado que se encuentra acreditada una causa de improcedencia respecto del acto reclamado en la demanda generadora de este juicio, es innecesario analizar los conceptos de violación formulados por la quejosa. La anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1o constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve. Apoya lo anterior la jurisprudencia de registro 2005717, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Finalmente, no se soslaya que la Agente del Ministerio Público Federal formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO" Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma. o María Salustia Cortés Morán, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en la consideración primera, por las razones y fundamentos expuestos en la diversa cuarta de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del presente fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1120/2023, promovido por Ma. o María Salustia Cortés Morán, por alegada violación de los artículos 1o., 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán. Del Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán. De la Receptoría de Rentas de Charo, Michoacán: Todo lo actuado en el expediente 67/2007, relativo al Procedimiento Administrativo que sobre variación catastral de bienes hereditarios promovió Gaspar Orozco Valente a su favor, y en cuanto hijo del autor de la sucesión, respecto de los bienes que pertenecieron al extinto J. Refugio Orozco o J. Refugio Orozco Molinero, respecto del predio denominado "Los Orozcos"; y, como consecuencia de lo anterior: La nulidad de la escritura privada número setecientos cincuenta y ocho, registrada bajo el número 10, del tomo 12645, relativa al contrato de compraventa celebrado entre Gaspar Orozco Valente, en cuanto vendedor y Marbella Nereida Hernández Orozco, en cuanto compradora -aquí tercera interesada-, el dieciocho de marzo de dos mil catorce, respecto del predio denominado "Los Orozcos". La cancelación de las inscripciones registrales correspondientes, y demás trámites realizados con motivo de la variación catastral, y posteriores a la última escrituración. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Receptoría de Rentas de Charo, Michoacán, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse legalmente notificada para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Luego, es cierto el acto reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado; asimismo, el que se reclama al Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán, no obstante que al rendir su informe con justificación lo haya negado, toda vez que de sus propias manifestaciones se obtiene su certeza. Máxime, es cierta la existencia del expediente 67/2007, relativo al Procedimiento Administrativo que sobre variación catastral de bienes hereditarios promovió Gaspar Orozco Valente a su favor, y en cuanto hijo del autor de la sucesión, respecto de los bienes que pertenecieron al extinto J. Refugio Orozco o J. Refugio Orozco Molinero, tal como se advierte de las constancias que las autoridades responsables remitieron como complemento de sus informes con justificación. Documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2o. CUARTA. Estudio de las causales de improcedencia. La procedencia y el sobreseimiento del juicio de amparo constituyen presupuestos procesales que deben estudiarse aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el particular, este órgano de control constitucional, advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 107 constitucional y los artículos 1o., y 6o., de la Ley de Amparo, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que hable el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)." De los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a defenderlo para que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por tanto, sólo aquella persona física o moral a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad tiene la facultad de instar el juicio de amparo. Ahora, también se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de garantías se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I, del artículo 107, constitucional en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Así como que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, en especial, a través de una resolución judicial. Y, que debido a que el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, se tornó intangible e inaceptable para la legislación secundaria; de tal suerte que no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Sentado lo anterior, es de sostenerse que lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte que no existe algún acto que produzca un agravio personal y directo, y sobre todo actual en relación con la aquí quejosa, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de la gobernada, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en atención a lo estatuido en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el artículo 1°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que del expediente 67/2007, relativo al Procedimiento Administrativo que sobre variación catastral de bienes hereditarios promovió Gaspar Orozco Valente a su favor, y en cuanto hijo del autor de la sucesión, respecto de los bienes que pertenecieron al extinto J. Refugio Orozco o J. Refugio Orozco Molinero, se advierte que el nueve de abril de dos mil siete, se dictó el acuerdo resolutorio número 150, en el que se determinó: ".Se accede a lo solicitado por el promovente; en consecuencia, gírese comunicado al C. Receptor de Rentas, del lugar donde están inscritos los bienes hereditarios, a fin de que haga la Variación Catastral en favor de Gaspar Orozco Valente, en cuanto hijo del autor de la herencia, RESPECTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE FUERON MATERIA DE ESTA VARIACIÓN, QUE SE REGISTRAN AL AUTOR DE LA SUCESIÓN Y QUE CON ANTERIORIDAD SE DESCRIBEN." En contexto de lo anterior, se tiene que en el apartado relativo a DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES, se cita lo siguiente: ".Predio Urbano, registrado con número 001283, denominado "LOS OROZCOS", actualmente ubicado en el Rancho de Francisco I. Madero, Municipio de Charo, Distrito de Morelia, Michoacán, con las siguientes medidas y linderos: al Norte, 127.00 ciento veintisiete metros, con Andrés Orozco, mediando zanjón; al Sur, 135.00 ciento treinta y cinco metros, con Prisciliana Orozco, zanja en medio, ahora Prisciliano Orozco; al Oriente, 66.00 sesenta y seis metros, con J. Encarnación Hernández, raya de por medio; y al Poniente, 76.00 setenta y seis metros, con J. Encarnación Hernández, cerca y zanjón en medio; con una extensión superficial de avalúo de 0-93-01 Has, cero hectáreas noventa y tres áreas una centiárea; con un valor catastral de $2,480.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) a la fecha de presentación de la promoción. DICHO INMUEBLE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO BAJO EL NUMERO 40362, DEL TOMO 210, DE LOS LIBROS DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTES AL DISTRITO DE MORELIA, MICHOACÁN." De las transcripciones se deprende que el bien inmueble motivo del Procedimiento Administrativo de variación catastral 67/2007, entre otros, fue el predio urbano denominado "LOS OROZCOS", actualmente ubicado en el Rancho de Francisco I. Madero, del municipio de Charo, y distrito de Morelia, Michoacán, con las siguientes medidas y linderos: Al Norte, 127.00 ciento veintisiete metros, con Andrés Orozco, mediando zanjón; Al Sur, 135.00 ciento treinta y cinco metros, con Prisciliana Orozco, zanja en medio, ahora Prisciliano Orozco; Al Oriente, 66.00 sesenta y seis metros, con J. Encarnación Hernández, raya de por medio; y, Al Poniente, 76.00 setenta y seis metros, con J. Encarnación Hernández, cerca y zanjón en medio; Con una extensión superficial de avalúo de 0-93-01 Has, cero hectáreas noventa y tres áreas una centiárea. Inmueble que fue motivo del contrato de compraventa celebrado entre Gaspar Orozco Valente, en cuanto vendedor y Marbella Nereida Hernández Orozco, en cuanto compradora -aquí tercera interesada-, el dieciocho de marzo de dos mil catorce, según se aprecia de la escritura privada número setecientos cincuenta y ocho, registrada bajo el número 10, del tomo 12645. Sin embargo, a través de la copia cotejada exhibida en autos, consistente en el oficio 128-III, derivado del expediente 5762/978, relativo al Procedimiento Administrativo que sobre variación catastral promovió en su favor la aquí quejosa, en cuanto esposa del autor de la herencia y sobre todo el caudal hereditario constituido por los bienes que pertenecieron al extinto Juan Orozco Pérez, se advierte que se dictó acuerdo en el que se concedió variación catastral, entre otros, del siguiente inmueble: ".Predio Rústico de Temporal denominado "LOS OROZCOS", ubicado en ese lugar el cual mide y linda; al Oriente 64.50 Mts, sesenta y cuatro metros cincuenta centímetros, con Miguel Cortez, cerca de alambre de por medio; al Poniente 77.50 Mts, sesenta (sic) y siete metros, cincuenta centímetros, con J. Jesús Rojas, cerca de piedra y alambre de por medio; al Norte 130.00 Mts, ciento treinta metros, con J. Refugio Orozco, raya de por medio y al Sur 139.50 Mts, ciento treinta y nueve metros cincuenta centímetros, con el mismo colindante del viento anterior, raya de por medio. Esto es, la quejosa pretende defender un predio rústico denominado "LOS OROZCOS", con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte 130.00 Mts, ciento treinta metros, con J. Refugio Orozco, raya de por medio Al Sur 139.50 Mts, ciento treinta y nueve metros cincuenta centímetros, con el mismo colindante del viento anterior, Al Oriente 64.50 Mts, sesenta y cuatro metros cincuenta centímetros, con Miguel Cortez, cerca de alambre de por medio; Al Poniente 77.50 Mts, sesenta (sic) y siete metros, cincuenta centímetros, con J. Jesús Rojas, cerca de piedra y alambre de por medio. De lo anterior, se obtiene que el inmueble que defiende la parte quejosa en este juicio constitucional es diverso al que constituyó la materia del Procedimiento Administrativo de variación catastral 67/2007, de quien reclama las violaciones a sus prerrogativas. En ese sentido, dado que el primer aspecto que debe acreditar la peticionaria del amparo es la identidad del bien materia de la controversia; esto es, que el bien que aduce detentar en posesión y/o propiedad, sea el mismo sobre el que versó el Procedimiento Administrativo de variación catastral 67/2007 del que se queja, y con ello poder determinar la afectación de posesión y/o propiedad o no que tiene. Sin embargo, de una confrontación entre la información que se obtiene de ambos Procedimientos Administrativos de variación catastral, se concluye que no existe identidad. En consecuencia, al no haberse exhibido pruebas fehacientes que demuestren la identidad del inmueble que defiende la quejosa, quien esto resuelve considera que el trámite del Procedimiento Administrativo de variación catastral 67/2007; así como todo lo actuado dentro del mismo y sus consecuentes actos registrales, no le generan afectación directa en el derecho de posesión y/o propiedad que defiende la citada impetrante. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.3º. J/2, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, febrero de 1996, página 327, con registro digital 203341, del tenor siguiente: "POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN. Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías". Así las cosas, resulta innegable que se actualiza la causa de improcedencia contemplada por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 107, Constitucional y los artículos 1o., y 6o., de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento de la presente controversia constitucional. En tales circunstancias, dado que se encuentra acreditada una causa de improcedencia respecto del acto reclamado en la demanda generadora de este juicio, es innecesario analizar los conceptos de violación formulados por la quejosa. La anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1o constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve. Apoya lo anterior la jurisprudencia de registro 2005717, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Finalmente, no se soslaya que la Agente del Ministerio Público Federal formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO" Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma. o María Salustia Cortés Morán, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en la consideración primera, por las razones y fundamentos expuestos en la diversa cuarta de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del presente fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, procede a celebrar la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1120/2023, sin asistencia de las partes. Luego, del estado de autos, específicamente de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como terceros interesados a ******************** y a ********************; por lo que en el auto admisorio se les reconoció esa calidad. No obstante lo anterior, por lo que respecta a ********************, lo conducente es desconocerle tal carácter, dado que no encuadra en las hipótesis contenidas en el inciso b) de la fracción III, del artículo 5, de la Ley de Amparo. Ello es así porque en el presente juicio el acto reclamado lo es el trámite de variación catastral del predio denominado "********************", que si bien fue iniciado por la citada persona, lo cierto es que de las constancias remitidas por las autoridades responsables Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán y Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, aparece que dicho predio fue vendido a ******************** -tercera interesada emplazada el treinta de septiembre de dos mil veintitrés; bajo ese tamiz, quien tiene interés en que subsista el acto reclamado, y por ende, el expediente de variación catastral lo es ésta última mencionada. Por tanto, se le desconoce el carácter de tercero interesado a ********************; lo anterior para los efectos legales conducentes. Por su contenido ilustrativo es aplicable el criterio del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de voz y contenido siguientes: "TERCERO INTERESADO. EN LOS JUICIOS DE AMPARO DEL ORDEN CIVIL PROMOVIDOS POR QUIEN SE OSTENTE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, POR REGLA GENERAL, DEBE RECONOCERSE ESE CARÁCTER A QUIEN TENGA UN INTERÉS CONTRARIO AL DEL QUEJOSO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al analizar una misma problemática jurídica arribaron a posicionamientos contrarios, pues para uno de ellos, cuando el juicio de amparo se promueva por quien se ostente como tercero extraño equiparado en un juicio civil y, como consecuencia, reclame el emplazamiento que ahí se le practicó, la calidad de tercero interesado le asistirá a todas las demás partes en dicha controversia, aun tratándose de codemandados, mientras que para el otro, por regla general, sólo a la parte actora en el juicio de origen le revestirá el carácter de tercero interesado, por ser quien tiene un interés contrario al del quejoso. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determina que en los juicios de amparo que se promuevan por quienes se ostentan como terceros extraños equiparados en un juicio civil y, como consecuencia, reclamen la falta o ilegalidad del emplazamiento a ese procedimiento en el que son parte material, la calidad de tercero interesado le asistirá a quien tenga un interés contrario al del quejoso. Justificación: Del texto del artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y de la interpretación que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la figura del tercero interesado en el juicio de amparo, cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, ese carácter le corresponde a quien tiene derechos opuestos a los del quejoso e interés en que subsista el acto reclamado, con independencia del carácter procesal que guarde en el juicio de origen; sin embargo, tratándose de juicios de amparo promovidos por quien se ostenta como tercero extraño por equiparación en un juicio civil y, como consecuencia, reclame el emplazamiento al juicio de origen en el que es parte material, por regla general, la calidad de tercero interesado le asistirá sólo a la parte actora, pues es precisamente quien pretende que se emplace a juicio al quejoso para obtener de él las prestaciones reclamadas en el juicio de origen; pudiendo admitirse como excepción, aquellos casos en los que quede demostrado fehacientemente que otra persona distinta al actor tenga un interés jurídico contrario al del quejoso, como pudiera ser el codemandado." Enseguida, la secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al Juez con la demanda de amparo, auto admisorio, informes justificados de las autoridades responsables Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán y Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán -con constancias anexas- y emplazamiento de la tercera interesada ********************, acuse de recibo del oficio 25677/2023, por medio del cual se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable Receptoría de rentas en el Municipio de Charo, Michoacán. Asimismo, la secretaria hace constar que la autoridad responsable Receptoría de rentas en el Municipio de Charo, Michoacán, no rindió su informe justificado en el plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que fue notificada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, por lo que el término de quince días le transcurrió del uno al veinticinco de septiembre del presente año. A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por efectuada la relación de constancias existentes en autos y por otorgada la intervención legal que corresponde a la Representante Social de la Federación. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por omisa en rendir su informe justificado a la autoridad responsable Receptoría de rentas en el Municipio de Charo, Michoacán, en los términos expuestos, lo que será tomado en consideración al momento de dictar sentencia. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y la secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa y por las autoridades responsables referidas; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas, conforme a su naturaleza, las pruebas ofertadas por la parte quejosa y por las citadas autoridades responsables. No habiendo medio de convicción pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el Juez abre el periodo de alegatos y la secretaria hace constar que únicamente la fiscal de la adscripción los formuló; a lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tienen formulados y a las demás partes, por omisas en realizar manifestaciones en esta vía. No habiendo pendientes por relacionar, se decreta el cierre de esta etapa y se procede a dictar la siguiente: Sergio Santamaría Chamú Juez Primero de Distrito en el Estado

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se fija fecha para audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la audiencia constitucional se encontraba programada para las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés. Sin embargo, de la certificación de cuenta se advierte que con motivo del paro nacional de labores convocado en toda la República Mexicana en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con la Circular 28/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó declarar inhábiles los días comprendidos del dieciséis al veinticuatro de octubre de la presente anualidad, con motivo del citado paro nacional y como consecuencia, suspender labores, términos y plazos durante el citado periodo. Así como que, en la diversa Circular 29/2023, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno dicho Consejo, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, estableció que corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales preservar el principio de continuidad de la función; pero que, dadas las condiciones que prevalecen en algunas instalaciones de órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, podrán declarar inhábiles los días que, a su consideración, deban suspenderse labores, términos y plazos procesales, pero manteniendo la operatividad de los tribunales de la Federación. Es por ello que se declararon inhábiles los días que van del veinticinco al veintisiete de octubre del año actual; en consecuencia, a fin de reanudar el trámite del presente juicio de amparo y a efecto de que la parte quejosa esté en condiciones de proporcionar a este órgano jurisdiccional un domicilio en el que pueda ser emplazado el tercero interesado Gaspar Orozco Valente o, en su caso, informar el impedimento legal que tenga para ello, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano