Ma. Mercedes Hernández Espinoza

Expediente 642/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 33 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
642/2022
Año
2022
Actuaciones
33
Última actuación
04/08/2023

Partes del expediente

  • Ma. Mercedes Hernández Espinoza
  • DIRECTOR DEL "HOSPITAL REGIONAL DE PURUANDIRO", perteneciente a la SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Puruándiro, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, misma que causó ejecutoria mediante acuerdo de veintitrés de agosto del año en cita. Consecuentemente, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de ese acuerdo, informaran sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, para los siguientes efectos: Deberá asignar al personal que corresponda para que Ma. Mercedes Hernández Espinoza sea diagnosticada de aquellas enfermedades de las que padece. Continuar proporcionando el tratamiento que requiera la quejosa Ma. Mercedes Hernández Espinoza, con motivo de sus padecimientos de insuficiencia renal crónica, diabetes e hipertensión y de aquéllos que le sean en lo futuro diagnosticados. La atención médica prestada deberá ser integral, con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico de la paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser el caso, procurando la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; procurando que el tratamiento sea siempre el más adecuado para el restablecimiento de su estado físico y mental, lo anterior siempre bajo la más estricta responsabilidad de los médicos tratantes y especialistas que tengan bajo su encargo la salud del quejoso. Lo anterior, bajo la premisa que esta Juzgadora Federal acota el contenido de la presente sentencia para efectos de establecer que el derecho a la salud de la quejosa previsto por el artículo 4º de la Constitución Federal ha sido vulnerado, y que debe continuar la atención médica integral, absteniéndose de indicar o sugerir determinado tratamiento o medicamento, pues tales decisiones corresponden y son responsabilidad únicamente de los médicos tratantes, quienes como se ha dicho, deben maximizar sus esfuerzos y recursos para efecto de que el quejoso continúe con la atención médica tendente al restablecimiento de su salud. En el entendido de que si la paciente requiere algún medicamento específico, éste le sea proporcionado, sea parte de cuadro básico de insumos o medicamentos o no. Asimismo, la atención otorgada deberá garantizar que el tratamiento se preste de forma oportuna, permanente y constante, garantizando que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento, lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. Asimismo, deberán elaborar un programa integral que sea adecuado para la atención y tratamiento del padecimiento de la quejosa. Sin perjuicio de que las citas programadas de revisión, puedan ser modificadas o ajustadas conforme evolucione la salud de la paciente, teniendo siempre como eje rector la recuperación de la enfermedad o el control de la sintomatología. Respecto al expediente clínico de la paciente, deberá actualizarse conforme evolucione su historial médico, y mantener constantemente informada a la paciente respecto del avance de su condición de salud, en términos de las fracciones V y VII del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud. En todo caso, las responsables deberán informar de manera periódica, sobre las sesiones y citas programadas y el resultado de las mismas, así como de toda acción que sea parte del tratamiento del paciente y la evolución de su salud. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Del estado que guardan los autos se desprende que el apoderado jurídico de la responsable Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, por sí y en representación del Director del Hospital General de Puruándiro, Michoacán, realizó lo siguiente: a) Mediante oficio presentado el uno de septiembre de dos mil veintidós, informó que la quejosa estaba recibiendo las sesiones de hemodiálisis que requiere en la clínica particular denominada "YAAR", la cual se encuentra más próxima a su domicilio. b) Por comunicado ingresado el nueve de septiembre del año pasado, en atención al requerimiento formulado en proveído de dos del mes y año en cita, la responsable informó que al comunicarse con la clínica YAAR de Hemodiálisis en Zacapu, fue informado que la quejosa no se había presentado para recibir el tratamiento dialítico que requiere, y que por tal razón sus representadas se encontraban imposibilitadas materialmente para allegar las constancias que acreditaran el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De igual forma, manifestó que la clínica YAAR es una clínica particular que no forma parte de ese Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán y/o Secretaría de Salud de Michoacán y por ende no cuenta con el expediente clínico de la quejosa Ma. Mercedes Hernández Espinoza, mediante el cual se advierta un programa de horario y lugar, y la forma en la que se le aplican las sesiones de hemodiálisis, c) Por oficio, de doce de septiembre del dos mil veintidós, se tuvo a la responsable remitiendo la copia de la factura A-333, de tres de agosto del año en cita, con la cual acreditó que el costo de las sesiones de hemodiálisis requeridas por la parte quejosa habían sido subrogados, por conducto de la clínica particular ya citada. d) En oficio recibido el dos de diciembre del dos mil veintidós, las responsables informaron que se encontraban subrogando de forma permanente e irreductiblemente (contratar y pagar) el servicio de hemodiálisis a favor de la parte quejosa, en la clínica particular denominada "YAAR", con sede en Zacapu, Michoacán, a efecto de que recibiera la atención médica respecto a su insuficiencia renal crónica y reciba sus sesiones de hemodiálisis de forma gratuita en la forma y términos que los había venido recibiendo y las veces por semana que fueran requeridas por la quejosa. Sin embargo también informó que se entabló comunicación telefónica con la citada clínica particular, donde informaron que la quejosa no había comparecido a la misma para recibir sus sesiones de hemodiálisis y que la atención médica se trata de una obligación solidaria entre las responsables y la beneficiaria aquí quejosa, por lo que fue requerida. e) Por oficios recibidos el cinco y nueve de diciembre del dos mil veintidós, una vez más se tuvo a las responsables informando que la parte quejosa no había comparecido a recibir las sesiones de hemodiálisis requeridas; no obstante lo manifestado, se requirió a éstas nuevamente a efecto de acreditar que se había subrogado el servicio de hemodiálisis a favor de la quejosa. Consecuentemente, en auto de veinte de diciembre del dos mil veintidós, las responsables adjuntaron el contrato de licitación con la empresa IGSA Medical, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que a través de ésta se otorgara la atención médica de manera subrogada a la parte quejosa. f) Luego de diversas gestiones informadas respecto del proceso de licitación para la adquisición y contratación de la terapia sustitutiva renal extracorpórea (hemodiálisis), y de diversos requerimientos sobre la acreditación de haber cubierto el costo de las sesiones de hemodiálisis, así como que las mismas se proporcionarían de manera subrogada, al menos por un periodo que comprendiera tres meses del presente año, se tiene que finalmente, mediante comunicados exhibidos en este órgano el cinco de julio del año en curso, las responsables informaron que la parte quejosa a esa fecha no había comparecido a efecto de seguir otorgándole las sesiones de hemodiálisis, por lo que se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que las responsables habían dado, apercibida la parte quejosa que si no desahogaba la vista se denotaría su desinterés y se daría vista para el cumplimiento de la ejecutoria. Consecuentemente, en auto de veintiuno de julio del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis del mes y año citados, esto es, se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que con su desahogo o sin él este órgano se pronunciaría en relación con el cumplimiento del fallo protector. 3. Manifestaciones. La parte quejosa no desahogó la vista dada con el cumplimiento dado a la ejecutoria. 4. Conclusión. En tales circunstancias, es dable concluir que las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo, pues informaron y acreditaron haber realizado las gestiones correspondientes para otorgar la atención médica a la quejosa, al menos desde septiembre de dos mil veintidós; no obstante, la quejosa no ha comparecido a las clínicas subrogadas a recibir su tratamiento que requiere; acto que se estima es únicamente atribuible al actuar de la quejosa, no así de las autoridades responsables. Por tanto, de los efectos de la sentencia de amparo, contrastados con las actuaciones de las autoridades responsables, es válido concluir que la ejecutoria fue acatada en sus términos y por ende, lo procedente es tener por cumplido en su totalidad el fallo protector, sin que exista exceso o defecto. Al margen de lo anterior, se determina que el pronunciamiento que en este momento se realiza de ninguna manera significa que las autoridades responsables queden eximidas en lo subsecuente de continuar salvaguardando en favor de la quejosa el derecho de recibir la atención médica gratuita adecuada para contrarrestar los padecimientos que tiene, así como de continuar entregándole los medicamentos que le sean prescritos. Es así, ya que el deber impuesto a las responsables de restituir en el pleno goce de los derechos fundamentales al peticionario del amparo, no se extingue por el hecho de que se termine la supervisión de la ejecutoria por parte de este órgano jurisdiccional, pues la observancia de tal prerrogativa no depende de que se declare cumplida la ejecutoria, ya que las autoridades quedan sujetas al cumplimiento de la sentencia amparadora a pesar de que se declare cumplida; por tanto, quedan obligadas a continuar proporcionando a la impetrante de garantías, dicho tratamiento de manera ininterrumpida. Además, la quejosa tiene derecho de solicitar en todo momento la prestación de salud oportuna, a fin de que sea valorado y se le proporcione el tratamiento médico correspondiente de forma gratuita. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -en adelante Acuerdo General-, el presente asunto es de CONSERVACIÓN ÍNTEGRA. 6.1. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 7. Incidente de suspensión. No se ordenó la apertura de incidente de suspensión y por consecuencia no se exhibió billete de depósito. 8. Documentos originales. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el ordinal 34, párrafo segundo, del Acuerdo General, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ENGROSE TREINTA Y UNO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, misma que causó ejecutoria mediante acuerdo de veintitrés de agosto del año en cita. Consecuentemente, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de ese acuerdo, informaran sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, para los siguientes efectos: Deberá asignar al personal que corresponda para que Ma. Mercedes Hernández Espinoza sea diagnosticada de aquellas enfermedades de las que padece. Continuar proporcionando el tratamiento que requiera la quejosa Ma. Mercedes Hernández Espinoza, con motivo de sus padecimientos de insuficiencia renal crónica, diabetes e hipertensión y de aquéllos que le sean en lo futuro diagnosticados. La atención médica prestada deberá ser integral, con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico de la paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser el caso, procurando la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; procurando que el tratamiento sea siempre el más adecuado para el restablecimiento de su estado físico y mental, lo anterior siempre bajo la más estricta responsabilidad de los médicos tratantes y especialistas que tengan bajo su encargo la salud del quejoso. Lo anterior, bajo la premisa que esta Juzgadora Federal acota el contenido de la presente sentencia para efectos de establecer que el derecho a la salud de la quejosa previsto por el artículo 4º de la Constitución Federal ha sido vulnerado, y que debe continuar la atención médica integral, absteniéndose de indicar o sugerir determinado tratamiento o medicamento, pues tales decisiones corresponden y son responsabilidad únicamente de los médicos tratantes, quienes como se ha dicho, deben maximizar sus esfuerzos y recursos para efecto de que el quejoso continúe con la atención médica tendente al restablecimiento de su salud. En el entendido de que si la paciente requiere algún medicamento específico, éste le sea proporcionado, sea parte de cuadro básico de insumos o medicamentos o no. Asimismo, la atención otorgada deberá garantizar que el tratamiento se preste de forma oportuna, permanente y constante, garantizando que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento, lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. Asimismo, deberán elaborar un programa integral que sea adecuado para la atención y tratamiento del padecimiento de la quejosa. Sin perjuicio de que las citas programadas de revisión, puedan ser modificadas o ajustadas conforme evolucione la salud de la paciente, teniendo siempre como eje rector la recuperación de la enfermedad o el control de la sintomatología. Respecto al expediente clínico de la paciente, deberá actualizarse conforme evolucione su historial médico, y mantener constantemente informada a la paciente respecto del avance de su condición de salud, en términos de las fracciones V y VII del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud. En todo caso, las responsables deberán informar de manera periódica, sobre las sesiones y citas programadas y el resultado de las mismas, así como de toda acción que sea parte del tratamiento del paciente y la evolución de su salud. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Del estado que guardan los autos se desprende que el apoderado jurídico de la responsable Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, por sí y en representación del Director del Hospital General de Puruándiro, Michoacán, realizó lo siguiente: a) Mediante oficio presentado el uno de septiembre de dos mil veintidós, informó que la quejosa estaba recibiendo las sesiones de hemodiálisis que requiere en la clínica particular denominada "YAAR", la cual se encuentra más próxima a su domicilio. b) Por comunicado ingresado el nueve de septiembre del año pasado, en atención al requerimiento formulado en proveído de dos del mes y año en cita, la responsable informó que al comunicarse con la clínica YAAR de Hemodiálisis en Zacapu, fue informado que la quejosa no se había presentado para recibir el tratamiento dialítico que requiere, y que por tal razón sus representadas se encontraban imposibilitadas materialmente para allegar las constancias que acreditaran el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De igual forma, manifestó que la clínica YAAR es una clínica particular que no forma parte de ese Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán y/o Secretaría de Salud de Michoacán y por ende no cuenta con el expediente clínico de la quejosa Ma. Mercedes Hernández Espinoza, mediante el cual se advierta un programa de horario y lugar, y la forma en la que se le aplican las sesiones de hemodiálisis, c) Por oficio, de doce de septiembre del dos mil veintidós, se tuvo a la responsable remitiendo la copia de la factura A-333, de tres de agosto del año en cita, con la cual acreditó que el costo de las sesiones de hemodiálisis requeridas por la parte quejosa habían sido subrogados, por conducto de la clínica particular ya citada. d) En oficio recibido el dos de diciembre del dos mil veintidós, las responsables informaron que se encontraban subrogando de forma permanente e irreductiblemente (contratar y pagar) el servicio de hemodiálisis a favor de la parte quejosa, en la clínica particular denominada "YAAR", con sede en Zacapu, Michoacán, a efecto de que recibiera la atención médica respecto a su insuficiencia renal crónica y reciba sus sesiones de hemodiálisis de forma gratuita en la forma y términos que los había venido recibiendo y las veces por semana que fueran requeridas por la quejosa. Sin embargo también informó que se entabló comunicación telefónica con la citada clínica particular, donde informaron que la quejosa no había comparecido a la misma para recibir sus sesiones de hemodiálisis y que la atención médica se trata de una obligación solidaria entre las responsables y la beneficiaria aquí quejosa, por lo que fue requerida. e) Por oficios recibidos el cinco y nueve de diciembre del dos mil veintidós, una vez más se tuvo a las responsables informando que la parte quejosa no había comparecido a recibir las sesiones de hemodiálisis requeridas; no obstante lo manifestado, se requirió a éstas nuevamente a efecto de acreditar que se había subrogado el servicio de hemodiálisis a favor de la quejosa. Consecuentemente, en auto de veinte de diciembre del dos mil veintidós, las responsables adjuntaron el contrato de licitación con la empresa IGSA Medical, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que a través de ésta se otorgara la atención médica de manera subrogada a la parte quejosa. f) Luego de diversas gestiones informadas respecto del proceso de licitación para la adquisición y contratación de la terapia sustitutiva renal extracorpórea (hemodiálisis), y de diversos requerimientos sobre la acreditación de haber cubierto el costo de las sesiones de hemodiálisis, así como que las mismas se proporcionarían de manera subrogada, al menos por un periodo que comprendiera tres meses del presente año, se tiene que finalmente, mediante comunicados exhibidos en este órgano el cinco de julio del año en curso, las responsables informaron que la parte quejosa a esa fecha no había comparecido a efecto de seguir otorgándole las sesiones de hemodiálisis, por lo que se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que las responsables habían dado, apercibida la parte quejosa que si no desahogaba la vista se denotaría su desinterés y se daría vista para el cumplimiento de la ejecutoria. Consecuentemente, en auto de veintiuno de julio del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis del mes y año citados, esto es, se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que con su desahogo o sin él este órgano se pronunciaría en relación con el cumplimiento del fallo protector. 3. Manifestaciones. La parte quejosa no desahogó la vista dada con el cumplimiento dado a la ejecutoria. 4. Conclusión. En tales circunstancias, es dable concluir que las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo, pues informaron y acreditaron haber realizado las gestiones correspondientes para otorgar la atención médica a la quejosa, al menos desde septiembre de dos mil veintidós; no obstante, la quejosa no ha comparecido a las clínicas subrogadas a recibir su tratamiento que requiere; acto que se estima es únicamente atribuible al actuar de la quejosa, no así de las autoridades responsables. Por tanto, de los efectos de la sentencia de amparo, contrastados con las actuaciones de las autoridades responsables, es válido concluir que la ejecutoria fue acatada en sus términos y por ende, lo procedente es tener por cumplido en su totalidad el fallo protector, sin que exista exceso o defecto. Al margen de lo anterior, se determina que el pronunciamiento que en este momento se realiza de ninguna manera significa que las autoridades responsables queden eximidas en lo subsecuente de continuar salvaguardando en favor de la quejosa el derecho de recibir la atención médica gratuita adecuada para contrarrestar los padecimientos que tiene, así como de continuar entregándole los medicamentos que le sean prescritos. Es así, ya que el deber impuesto a las responsables de restituir en el pleno goce de los derechos fundamentales al peticionario del amparo, no se extingue por el hecho de que se termine la supervisión de la ejecutoria por parte de este órgano jurisdiccional, pues la observancia de tal prerrogativa no depende de que se declare cumplida la ejecutoria, ya que las autoridades quedan sujetas al cumplimiento de la sentencia amparadora a pesar de que se declare cumplida; por tanto, quedan obligadas a continuar proporcionando a la impetrante de garantías, dicho tratamiento de manera ininterrumpida. Además, la quejosa tiene derecho de solicitar en todo momento la prestación de salud oportuna, a fin de que sea valorado y se le proporcione el tratamiento médico correspondiente de forma gratuita. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -en adelante Acuerdo General-, el presente asunto es de CONSERVACIÓN ÍNTEGRA. 6.1. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 7. Incidente de suspensión. No se ordenó la apertura de incidente de suspensión y por consecuencia no se exhibió billete de depósito. 8. Documentos originales. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el ordinal 34, párrafo segundo, del Acuerdo General, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el término de tres días otorgado a la parte quejosa, en acuerdo de seis de julio del año en curso, para que informara si compareció a la clínica a la cual fue subrogada, a efecto de que le otorgaran de manera oportuna y continua las sesiones de hemodiálisis que requería, así como los medicamentos necesarios, o en su caso informara el impedimento que haya tenido para ello. Con el apercibimiento que de ser omisa se denotaría su desinterés y se daría vista a las partes para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con las constancias y datos que se hayan sido aportados hasta el momento. 2. Efectivo apercibimiento. Por tanto, dese vista a las partes con lo anterior, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Luis Enrique Pérez Ruiz.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintitrés. 1. Autoridad informa. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el apoderado jurídico de las autoridades responsables de Salud del Estado de Michoacán, mediante el cual informa que la quejosa no ha comparecido a recibir las sesiones de hemodiálisis a la clínica asignada, desconociendo el motivo; lo que no tiene apertura de expediente clínico de hemodiálisis. 2. Se requiere a la autorizada. Atento a lo anterior, y toda vez que el juicio de amparo es tramitado a petición del interés de la parte promovente, requiérase a la autorizada de la quejosa, en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda, a fin de que en el plazo de tres días, informe si a la fecha, se le ha otorgado de manera oportuna y continua las sesiones de hemodiálisis que requiere su representada, así como los medicamentos que necesita, o en su caso informe el impedimento que haya tenido para ello. 3.1 Apercibimiento. Apercibida que, de no cumplir, le será impuesta una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se denotará su desinterés y se dará vista a las partes para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con las constancias y datos que se hayan sido aportados hasta el momento. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Luis Enrique Pérez Ruiz.

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