Ma. Martha Rosales Ramos
Expediente 306/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 306/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Martha Rosales Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase a Elías Ortíz Cervantes, en cuanto autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la constancia que antecede. Como lo solicita el promovente y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles devuélvansele los documentos que refiere, previa copia certificada que de los mismos y que de la identificación de quien los recoja se deje en autos. Levántese el acta de entrega respectiva. Por otro lado, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídase a su costa la copia en los términos que solicita, previo recibo que se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiéranse estos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de julio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 306/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con la documental que la parte quejosa agregó a su libelo constitucional. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la probanza antes descrita. Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario da cuenta que ninguna de las partes formuló los de su intención. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O. Primero.- Mediante escrito presentado el dieciséis de marzo del año en curso ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Ma. Martha Rosales Ramos solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: * Fiscal General del Estado de Michoacán-en su denominación correcta-; * Titular de la Fiscalía Coordinadora, Unidad Administrativa de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; * Titular de la Fiscalía Regional de Morelia; * Director de Carpetas de Investigación de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio-en su denominación correcta-; * Titular de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado-en su denominación correcta-; * Titular de la Dirección de Carpetas de Investigación Dependiente de la Unidad Especializada de Investigación de Homicidio Doloso y Feminicidio, Unidad Administrativa de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; * Unidad de Investigación y Persecución del Narcomenudeo-en su denominación correcta-; * Director de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen-en su denominación correcta-; * Director de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio-en su denominación correcta-; y, * Titular de la Dirección de Policía de Investigación Dependiente de la Fiscalía Regional de Morelia, Unidad Administrativa de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Acto reclamado: * La orden de aseguramiento de la casa habitación construida sobre una fracción de terreno del predio rústico denominado "Los Tepetates", ubicado en la calle Miguel Hidalgo, de la población de Tarímbaro, Michoacán. Segundo. El veintidós de marzo del año en curso se registró la demanda de amparo y se admitió a trámite el libelo constitucional; asimismo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde y, el treinta de mayo del año en curso se fijó fecha para celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el acto reclamado es de carácter positivo atribuido a autoridades responsables ejecutoras, con residencia en este Distrito Judicial, lugar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado consiste en: * La orden de aseguramiento de la casa habitación construida sobre una fracción de terreno del predio rústico denominado "Los Tepetates", ubicado en la calle Miguel Hidalgo, de la población de Tarímbaro, Michoacán. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al momento de rendir su informe justificado manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implican una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Pues las pruebas aportadas por la parte quejosa consistentes en: 1. Escritura privada número siete mil trescientos diez, consistente en contrato compraventa celebrado el quince de diciembre de dos mil quince, entre María Natividad Rangel Silva y la aquí quejosa Ma. Martha Rosales Ramos, respecto del bien inmueble consistente en una fracción de predio rústico denominado "Los Tepetates", ubicado en la calle Miguel Hidalgo, de la población de Tarímbaro, Michoacán; 2. Documental consistente en la copia del recibo de pago del impuesto predial del ejercicio dos mil veintidós; 3. Documental consistente en la copia del recibo de pago de servicio de luz eléctrica; 4. Documentales consistentes en actas de nacimiento y defunción de Juan Miranda Rosales; y, 5. Fotografías y videos aportados por la parte quejosa. No son suficientes para desvirtuar la negativa vertida por las autoridades responsables; pues si bien, por lo que respecta a las fotografías y videos aportados se aprecia puertas de un inmueble a las cuales se les pegó aparentemente sellos con la leyenda "INMUEBLE ASEGURADO", presuntamente colocados por la Unidad de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, Homicidio Doloso Contra la Mujer y Feminicidio, que pudieran impedir el acceso a tal inmueble, lo cierto es que las mismas no dan a este juzgador certeza de que tales "sellos" hayan sido colocados en el inmueble que defiende la parte quejosa. Pues ésta fue omisa en aportar medio de convicción alguno tendente a vincular la existencia de tales sellos en el inmueble de su propiedad. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, adicionado y reformado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E. ÚNICO. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma. Martha Rosales Ramos, contra el acto reclamado a las autoridades responsables. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que feneció el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en auto de doce de mayo de dos mil veintidós, para el efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con la inexistencia de la autoridad señalada como Titular de la Unidad Regional de Morelia de Homicidio Doloso y Feminicidio, dependiente de la Unidad Especializada de Investigación de Homicidio Doloso y Feminicidio, Unidad Administrativa de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y con fundamento en los artículos 5°, fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que dada la inexistencia de la referida autoridad, se ordena suspender toda comunicación con la misma. Por otro lado, de la razón actuarial de veinte de mayo del año en curso, se desprende la imposibilidad que tuvo la actuaria de la adscripción para hacer la entrega del oficio 58170, dirigido al Centro de Operaciones Estratégicas de Narco Menudeo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, porque al constituirse en las instalaciones que ocupa la Fiscalía General del Estado, fue informada de la denominación correcta de dicha autoridad. Consecuentemente, téngase como autoridad responsable a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, en su denominación correcta, y previa copia se envíe del auto de admisión y del libelo constitucional, requiérasele su informe justificado, mismo que deberá rendir en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para lo cual deberá tomar en cuenta las directrices que fueron trazadas en el auto de admisión. Se apercibe a la responsable que de no cumplir con lo anterior, se impondrán las medidas de apremio impuestas en auto de veintidós de marzo pasado. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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