Ma. Maritza Ferrer Ferrer
Expediente 1208/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1208/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Maritza Ferrer Ferrer
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de siete de marzo de dos mil dieciocho por el que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, como de autos se advierte que obran glosados documentos originales exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibida que en caso de no hacerlo en dicho término, los documentos correrán la misma suerte que tenga el presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.marilyn 6614. JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. 6615. ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO MORELIA, MICHOACÁN. DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO 1208/2017, QUE PROMUEVE MARIANO BAROJAS RODRÍGUEZ, APODERADO DE MA. MARITZA FERRER FERRER, CONTRA ACTOS DE USTED, SE DICTÓ UN ACUERDO QUE A LA LETRA EXPRESA: Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de siete de marzo de dos mil dieciocho por el que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, como de autos se advierte que obran glosados documentos originales exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibida que en caso de no hacerlo en dicho término, los documentos correrán la misma suerte que tenga el presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. MORELIA, MICHOACÁN, 05 DE ABRIL DE 2018. ATENTAMENTE: EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LICENCIADO LEONARDO ROJAS BARRAGÁN. JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN SECCIÓN AMPARO. JUICIO DE AMPARO: 1208/2017 QUEJOSO: MA. MARITZA FERRER FERRER. ACUERDO DE 05 DE ABRIL DE 2018. 6614. JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. 6615. ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiocho de febrero del año en curso, remite copia certificada de las constancias relativas al emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio 3A-1452/2017, así como de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, celebrada el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Ahora bien, de los autos que integran el juicio de amparo, se aprecia que en el presente juicio de amparo se reclama lo siguiente: La omisión de emplazar a la parte demandada al juicio de origen, así como la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que la autoridad responsable verificó el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio 3A-1452/2017, desde el treinta de enero de dos mil dieciocho y que el dieciséis de febrero del año en curso se llevó a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de la que se advierte que las partes llegaron a un arreglo conciliatorio y la parte actora desistió de las acciones y prestaciones intentadas en el juicio de origen. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo, existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada al juicio de origen, así como la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto, destruyendo en forma inmediata, total, incondicional y material sus efectos, restituyendo en el pleno goce de sus derechos al quejoso como si le hubiera concedido la protección constitucional. Por tanto, resulta claro que al haber realizado el emplazamiento de la parte actora y celebrado la audiencia inicial, cesaron los actos reclamados; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos la omisión reclamada a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.marilyn 4677. JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. 4678. ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO MORELIA, MICHOACÁN. DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO 1208/2017, QUE PROMUEVE MARIANO BAROJAS RODRÍGUEZ, APODERADO DE MA. MARITZA FERRER FERRER, CONTRA ACTOS DE USTED, SE DICTÓ UN ACUERDO QUE A LA LETRA EXPRESA: Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiocho de febrero del año en curso, remite copia certificada de las constancias relativas al emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio 3A-1452/2017, así como de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, celebrada el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Ahora bien, de los autos que integran el juicio de amparo, se aprecia que en el presente juicio de amparo se reclama lo siguiente: La omisión de emplazar a la parte demandada al juicio de origen, así como la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que la autoridad responsable verificó el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio 3A-1452/2017, desde el treinta de enero de dos mil dieciocho y que el dieciséis de febrero del año en curso se llevó a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de la que se advierte que las partes llegaron a un arreglo conciliatorio y la parte actora desistió de las acciones y prestaciones intentadas en el juicio de origen. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo, existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada al juicio de origen, así como la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto, destruyendo en forma inmediata, total, incondicional y material sus efectos, restituyendo en el pleno goce de sus derechos al quejoso como si le hubiera concedido la protección constitucional. Por tanto, resulta claro que al haber realizado el emplazamiento de la parte actora y celebrado la audiencia inicial, cesaron los actos reclamados; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos la omisión reclamada a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. MORELIA, MICHOACÁN, 07 DE MARZO DE 2018. ATENTAMENTE: EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LICENCIADO LEONARDO ROJAS BARRAGÁN. JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN SECCIÓN AMPARO. JUICIO DE AMPARO: 1208/2017 QUEJOSO: MA. MARITZA FERRER FERRER. ACUERDO DE 07 DE MARZO DE 2018. 4677. JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. 4678. ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de siete de marzo de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierte que se encontraban señaladas las diez horas con treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones correspondiente al expediente laboral 3A-1452/2017; asimismo, se advierte que en proveído de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, la responsable ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Ahora bien, toda vez que resulta necesario para resolver el juicio en que se actúa, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a efecto de que dentro del plazo de dos días contado a partir de que le sea notificada la presente determinación, informe sobre el verificativo del emplazamiento de la parte demandada, así como de la referida audiencia y remita las constancias con las que acredite su dicho. En el entendido de que continúan vigentes los apercibimientos formulados en el auto admisorio. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del nueve de marzo de dos mil dieciocho. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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