Ma. Luisa Enriquez Carlin
Expediente 643/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ma. Luisa Enriquez Carlin
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, en el que se transcribe la determinación de dos de julio del presente año, dictada en la audiencia constitucional celebrada en el juicio de amparo 171/2021-VIII del índice de este juzgado, y se acompaña un escrito signado por Ma. Luisa Enríquez Carlín, con ocho copias y un anexo, a través del cual pretende ampliar la demanda inicial que dio origen al citado juicio de amparo; lo anterior, al estimarse que no había relación directa con el acto originalmente reclamado y, por tanto, no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo. En consecuencia, este Juzgado se avoca al conocimiento de dicho ocurso a través del cual la citada quejosa reclama del Juez Tercero de lo Familiar del Estado de San Luis Potosí, el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 1335/2020 relativo al juicio de controversia familiar, en el que declina el conocimiento del juicio de origen, ordenando la devolución de las constancias de todo lo actuado al Juzgado Segundo de lo Familiar en el Estado; por tanto, fórmese el expediente respectivo, y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este órgano de control constitucional, bajo el consecutivo 643/2021-VIII. Ahora bien, examinada la demanda de amparo se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse. El citado artículo 113 de ley de la materia señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Los preceptos aludidos facultan al órgano constitucional a desechar la demanda constitucional cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, al estimar que se actualiza la prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En la especie, se aprecia que se actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que la parte quejosa reclama el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 1335/2020 relativo al juicio de controversia familiar, mediante el cual el Juez Tercero de lo Familiar del Estado de San Luis Potosí, declina el conocimiento del juicio de origen, ordenando la devolución de las constancias de todo lo actuario al Juzgado Segundo de lo Familiar en el Estado. Es así, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que si bien el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinan inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, lo cierto es que no podía entenderse en su literalidad, en tanto que era necesario que dicho auto fuera definitivo y produjera una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, lo cual ocurriría una vez que el órgano a favor del que se declinaba la aceptara (incompetencia por declinatoria); o bien, cuando se inhibiera el conocimiento del asunto (competencia por inhibitoria), porque era cuando se producían todas las consecuencias del acto impugnado y una afectación personal y directa al agraviado. Entonces, si la resolución combatida es un planteamiento de incompetencia, del cual la autoridad a favor de quien se declinó no ha determinado si la acepta o no; por ende, resulta indudable que tal determinación reclamada es un acto que, por su naturaleza, no es definitivo, dado que el órgano puede aceptarla o no hacerlo; y, en su caso, podría suscitar un conflicto competencial, el cual sería resuelto por la autoridad correspondiente, razón de más para determinar que la determinación de la responsable aún no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo. En consecuencia, si el acto reclamado, tal y como se precisó, no es definitivo, pues está sometido a la determinación que, en su caso y en su momento, emita la autoridad a la cual se le planteó la competencia, no altera las cuestiones que dieron origen a la controversia, y mucho menos deja sin defensa a las partes respecto del mismo, lo que permite concluir que no irroga ningún perjuicio a la parte quejosa pues no vulnera materialmente derecho sustantivo alguno. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracción VIII, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que menciona, toda vez que cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las personas que señala, por así solicitarlo. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, en el que se transcribe la determinación de dos de julio del presente año, dictada en la audiencia constitucional celebrada en el juicio de amparo 171/2021-VIII del índice de este juzgado, y se acompaña un escrito signado por Ma. Luisa Enríquez Carlín, con ocho copias y un anexo, a través del cual pretende ampliar la demanda inicial que dio origen al citado juicio de amparo; lo anterior, al estimarse que no había relación directa con el acto originalmente reclamado y, por tanto, no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo. En consecuencia, este Juzgado se avoca al conocimiento de dicho ocurso a través del cual la citada quejosa reclama del Juez Tercero de lo Familiar del Estado de San Luis Potosí, el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 1335/2020 relativo al juicio de controversia familiar, en el que declina el conocimiento del juicio de origen, ordenando la devolución de las constancias de todo lo actuado al Juzgado Segundo de lo Familiar en el Estado; por tanto, fórmese el expediente respectivo, y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este órgano de control constitucional, bajo el consecutivo 643/2021-VIII. Ahora bien, examinada la demanda de amparo se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse. El citado artículo 113 de ley de la materia señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Los preceptos aludidos facultan al órgano constitucional a desechar la demanda constitucional cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, al estimar que se actualiza la prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En la especie, se aprecia que se actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que la parte quejosa reclama el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 1335/2020 relativo al juicio de controversia familiar, mediante el cual el Juez Tercero de lo Familiar del Estado de San Luis Potosí, declina el conocimiento del juicio de origen, ordenando la devolución de las constancias de todo lo actuario al Juzgado Segundo de lo Familiar en el Estado. Es así, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que si bien el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinan inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, lo cierto es que no podía entenderse en su literalidad, en tanto que era necesario que dicho auto fuera definitivo y produjera una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, lo cual ocurriría una vez que el órgano a favor del que se declinaba la aceptara (incompetencia por declinatoria); o bien, cuando se inhibiera el conocimiento del asunto (competencia por inhibitoria), porque era cuando se producían todas las consecuencias del acto impugnado y una afectación personal y directa al agraviado. Entonces, si la resolución combatida es un planteamiento de incompetencia, del cual la autoridad a favor de quien se declinó no ha determinado si la acepta o no; por ende, resulta indudable que tal determinación reclamada es un acto que, por su naturaleza, no es definitivo, dado que el órgano puede aceptarla o no hacerlo; y, en su caso, podría suscitar un conflicto competencial, el cual sería resuelto por la autoridad correspondiente, razón de más para determinar que la determinación de la responsable aún no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo. En consecuencia, si el acto reclamado, tal y como se precisó, no es definitivo, pues está sometido a la determinación que, en su caso y en su momento, emita la autoridad a la cual se le planteó la competencia, no altera las cuestiones que dieron origen a la controversia, y mucho menos deja sin defensa a las partes respecto del mismo, lo que permite concluir que no irroga ningún perjuicio a la parte quejosa pues no vulnera materialmente derecho sustantivo alguno. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracción VIII, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que menciona, toda vez que cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las personas que señala, por así solicitarlo. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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