Ma. Lisset Flores Cedillo

Expediente 739/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
739/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Ma. Lisset Flores Cedillo

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de junio de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta remitido por la Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; mediante el cual acusa recibo del exhorto 72/2022-III, orden 91/2022-III, del índice de este juzgado, derivado del presente juicio de amparo; asimismo, informa que el mismo será devuelto a la brevedad posible. De lo que se toma nota, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Ma. Lisset Flores Cedillo, quien se ostenta como miembro de colectivo "FRENA" contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades; con copias que acompaña; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 739/2022-III. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Conforme al numeral 62, de la propia ley de la materia se advierte la diversa obligación del Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo, debe examinar de modo preferente la procedencia del juicio de amparo, por ser un cuestión de orden público. Acorde con lo anterior, este juzgador federal emprenderá el estudio de la causal de improcedencia que de manera oficiosa advierte, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107 constitucional y en el invocado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la norma general que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Así, se tiene que para acudir al juicio de amparo es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales. Cabe señalar que no basta que exista el acto de autoridad para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el accionante de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Luego, en el presente asunto no se actualizan las hipótesis aducidas para tener por acreditado el interés legítimo, esto porque, en primer lugar, es claro que la situación jurídica de la parte demandante no es distinta a la del resto de los gobernados, pues aun cuando demostrara ejercer alguna profesión relacionada con la salud o prestar sus servicios en el sector público, los actos que se reclaman (la contratación de médico extranjeros y sus consecuencias) no incidirían en su esfera jurídica, esto es, de ninguna forma podrían crear, modificar o extinguir los derechos de la parte que aquí se dice agraviada, en la medida en que la contratación de que se trata no limitaría sus derechos fundamentales, dado que existen diferentes sectores públicos o áreas de la salud en que se puede ejercer la mencionada actividad profesional. Inclusive debe destacarse que la contratación que se pretende impugnar y sus consecuencias jurídicas, son actos en los que el Gobierno de México participa en su carácter de empleador, esto es, no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sobre los cuales igualmente es improcedente el juicio constitucional de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia. En esa tesitura, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, se desecha de plano la demanda constitucional, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Valente Arizabalo Priego y Edmundo Aput Vite quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Ruperto Martínez Gómez y Alejandro Romel Martínez, al no contar con el requisito anterior; y en los mismos términos a Miguel Ángel Martagon y Diana Gutiérrez García, por así solicitarlo. Notifíquese personalmente mediante exhorto.

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