Ma. Lucinda Zaragoza Campuzano
Expediente 508/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 508/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Lucinda Zaragoza Campuzano
- Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de uno de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del once al diecisiete de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica García Campos, Secretaria con quien actúa y da fe.-
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha UNO DE JUNIO DE dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: MORELIA, MICHOACÁN, UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese el oficio OCC/C11/JDM/175/2021, signado por el Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al que adjunta el diverso 7079, firmado electrónicamente por el Juez y el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta capital, al que se acompañan el juicio de amparo 395/2021, promovido por..., contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, en cumplimiento a lo ordenado por auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el que dicho órgano jurisdiccional declaró que carece de competencia legal, para conocer de la citada demanda, por las razones expuestas en dicho auto. Por tanto, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, esta potestad federal se avoca a su estudio; acúsese el recibo de estilo. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 508/2021-III. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción IX del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". De la literalidad del dispositivo legal transcrito, se aprecia que el presente medio de control constitucional es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En efecto, de acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra resoluciones acaecidas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; pues, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio de control constitucional, sin importar el momento en que dicha resolución se emita, es decir, antes o después de concluido el "juicio" en lo principal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 57/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 829, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2018315, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración.". Así como la tesis 1a. LXX/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, foja 83, que es del tenor: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal.". Ahora, en el caso la parte quejosa, hace consistir los actos reclamados en lo siguiente: "Del juzgado séptimo de distrito la falta de notificación que se hizo ala suscrita pues en ningún momento fui llamada a juicio como tercera perjudicada ni en mi domicilio ubicado en la calle garita del zapote número 417, colonia valle de los sauces o Hermenegildo galeana de esta ciudad, pues todos los días he permanecido en dicho domicilio toda vez que con la pandemia existente y en mi calidad de profesora de telesecundaria doy clases en línea en mi domicilio razón por la cual estoy todo el día en casa. Y en consecuencia por la falta de emplazamiento sin tener conocimiento del juicio de garantías número 535/2020 se dictó la sentencia dictada con fecha 11 once de marzo de dos mil veintiuno donde considera al señor benigno serrato Mendoza como legítimo propietario del bien inmueble ubicado en el lote 8 de la manzana 14, zona 01 cero uno perteneciente al ejido de santa maría de guido en el municipio y distrito de Morelia, con la exhibición de un supuesto contrato privado de compraventa celebrado con la señora ma. Del rosario ortega león de fecha doce de enero de dos mil diez y ratificado sin estar conforme a la ley con esa misma fecha ante la fe del lic. David Gálvez Hernández notario público número seis de Uruapan, Michoacán. Y del juzgado tercero de primera instancia en materia civil del supremo tribunal de justicia del estado de Michoacán el cumplimiento que pretenda dar a la sentencia antes mencionada.". Lo anterior, pone de manifiesto la actualización de improcedencia invocada, porque en la especie los actos reclamados los hace consistir en la falta de emplazado o llamamiento al juicio de amparo indirecto 535/2020, del incide del Juzgado Séptimo de Distinto en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y como consecuencia del mismo, la emisión de la sentencia dicada el once de marzo del año en curso, a través de la cual -según su decir- se consideró a Benigno Serrato Mendoza, como legítimo propietario del bien inmueble ubicado en el Lote 8, Manzana 14, zona 01, perteneciente al ejido de Santa María de Guido, en esta ciudad. Por tanto, como se mencionó se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo anterior es así, tomando en cuenta que la finalidad de las sentencias dictadas dentro de un medio de control Constitucional, es la de proteger los derechos humanos, lo que implica que se trata de una instancia extraordinaria que guarda particularidades propias, como es que sus resoluciones no pueden dejar de cumplirse por ningún motivo; en ese sentido, no existe norma alguna que establezca la posibilidad de revocarlos, pues considerar lo contrarío implicaría la revocación de tales determinaciones, poniendo en peligro la seguridad y certeza jurídica generadas con su dictado. Robustece lo aquí deducido, la tesis número III.1o.A.58 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1464, con número de registro 165891, que establece: "AMPARO CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE GARANTÍAS. ES IMPROCEDENTE AUN CUANDO QUIEN LO PROMUEVA SE OSTENTE COMO TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO NATURAL. En el juicio de amparo la cosa juzgada tiene efectos diferentes que en el derecho común, ello es así si se toma en cuenta que la finalidad de las sentencias dictadas en dicho medio de control de la constitucionalidad es proteger las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que se trata de una instancia extraordinaria que guarda particularidades propias, como es que sus resoluciones no pueden dejar de cumplirse por ningún motivo, porque no existe norma alguna que establezca la posibilidad de revocarlas ni pueden variarse las circunstancias jurídicas creadas por virtud de ellas. En ese sentido, el juicio de garantías promovido contra el cumplimiento de dichas ejecutorias es improcedente conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, aun cuando quien lo promueva se ostente como tercero extraño al procedimiento natural, pues considerar lo contrario implicaría la revocación de tales determinaciones, poniendo en peligro la seguridad y certeza jurídica generadas con su dictado, en congruencia con la jurisprudencia 180 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 147, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA TERCEROS DE BUENA FE.". De igual forma, se invoca la tesis XII.1o.4 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Enero de 1996, foja 305, que es del tenor: "JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ÚLTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo.". Lo anterior es así, toda vez de la lectura de la demanda de amparo, se obtiene que la quejosa bajo protesta de decir verdad señala que el acto que por esta vía reclama deriva de que un Juez Federal otorgó un amparo. Manifestaciones que realizó bajo protesta de decir verdad, lo cual constituye una confesión expresa admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. Cobra aplicación la tesis I.15o.A.28 K, sustentada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil seiscientos trece, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." No óbstate a lo anterior, y tomando en consideración que la parte quejosa, aduce una violación a la garantía de audiencia, al no haber sido emplazada al juicio de amparo indirecto 535/2020, de donde derivan los actos reclamados, de lo que se sigue que se encuentra legitimada para impugnar el acto reclamado a través del recurso de revisión extraordinario, pues a través de dicho medio de impugnación, se puede dejar insubsistente el fallo de amparo indirecto, para el efecto de que se reponga el procedimiento y se le emplace en forma debida. Se invoca la tesis I.3o.C.J/25 (10a), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1672, Libro 53, Tomo III, Abril 2018, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor: "RECURSO DE REVISIÓN "EXTRAORDINARIO". PASOS A SEGUIR. ORDINARIAMENTE ES IMPROCEDENTE, CONTRA SENTENCIAS QUE CONSTITUYAN COSA JUZGADA, AUNQUE EXTRAORDINARIAMENTE PROCEDE POR EL TERCERO INTERESADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 28/2015 (10a.), de título y subtítulo: "TERCERO PERJUDICADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA POR HABER SIDO RECURRIDA (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).", definió que el "tercero perjudicado" que no fue emplazado al juicio de amparo indirecto tiene legitimación para impugnar una sentencia que causó ejecutoria por haber sido recurrida anteriormente por alguna otra de las partes. Lo anterior, porque la calidad de cosa juzgada no puede generar perjuicio al tercero interesado no llamado al juicio de amparo indirecto. Conforme a dicha jurisprudencia es posible considerar la existencia de un recurso de revisión extraordinario cuando se cumplan dichos supuestos. La excepcionalidad de ese recurso de revisión extraordinario por virtud de que existe cosa juzgada impone un obligado análisis sobre la procedencia del recurso, la legitimación de quien lo hace valer, el efecto útil que, eventualmente, habría que reconocerle a la impugnación y la manera en que se entiende el emplazamiento al juicio de amparo indirecto. Por seguridad jurídica no cualquier persona que aduzca tener el carácter de tercero interesado puede impugnar a través de ese recurso de revisión extraordinario una sentencia con calidad de cosa juzgada, cuya legitimación deriva de la afectación a un interés directo según la naturaleza del acto reclamado. Por tanto, con el objeto de dar certeza jurídica a las partes en una controversia judicial y respetar la firmeza de las sentencias con calidad de cosa juzgada es necesario para determinar la procedencia de este tipo de recurso de revisión extraordinario, analizar los siguientes pasos: a) En primer lugar, si en realidad el recurrente tiene el carácter de tercero interesado, puesto que de lo contrario quedaría a la potestad de los particulares invocar que tiene la calidad de tercero interesado para pretender impugnar una sentencia firme; b) En segundo lugar, se deberá analizar si en la demanda de amparo indirecto se le otorgó esa calidad por estar comprendida en alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo; c) En tercer lugar, si a pesar de haber ordenado su emplazamiento por algún motivo o alguna razón no se realizó, esto es, si fue señalado como tal, pero fue mal emplazado; y, d) Finalmente, deberá analizarse el supuesto de que alguna persona sin haber sido señalada como tercero interesada, pretenda a través de la presentación del recurso de revisión que se le reconozca ese carácter previamente para la procedencia del recurso. Concluidas esas etapas, se analizarán los agravios, los que necesariamente deben tener por materia solamente dos cuestiones: la improcedencia del juicio de amparo y la impugnación de la resolución que constituya cosa juzgada.". Por lo anterior, toda vez que el juicio de amparo indirecto no procede en contra de las resoluciones dictadas en otros juicios de amparo, de ahí que, como se dijo se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo en vigor. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal en calle Eduardo Ruiz, número 162-B, colonia Centro, en esta ciudad, autorizando únicamente para tal efecto a JUAN CARLOS ZARAGOZA CAMPUZANO, MA. LOURDES ROBLES GARCÍA y ALÁN ESPINOSA ROBLES, toda vez que en esos términos fueron designadas. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- Ma. Josefina Pérez Peña813/2022
- Ma. Juana Abigail Hernández Inocencio250/2021
- Ma. Juana Andrade Valadéz o María Juana29/2021
- Ma. Leticia Cortés Martínez200/2023
- Ma. Leticia Guillén Rentería1401/2019
- Ma. Lucila Hernández Becerra709/2019
- Ma. Luisa Boiso García609/2021
- Ma. Luisa Martínez Delgadillo1062/2019
- Ma. Magdalena Resendiz Alipio732/2019
- Ma. Magdalena Reséndiz Alipio738/2023
- Ma. Minerva Ambríz Cendejas1087/2022
- Ma. Ninfa Cuamba Rodríguez653/2023