Ma. Juana Abigail Hernández Inocencio

Expediente 250/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
250/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/04/2021

Partes del expediente

  • Ma. Juana Abigail Hernández Inocencio

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por la quejosa .., mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, e indica que no se señala como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ahora bien, del análisis de la demanda promovida por la referida quejosa, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario del artículo 107 de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte; En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo Numerales transcritos que al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo Constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En la especie la parte quejosa, hace consistir los actos reclamados en: "ACTO RECLAMADO: ...." En el caso concreto, los actos aquí reclamados no se ubican dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que estos no afectan de manera directa derechos sustantivos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el seis de junio de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, pendiente de integrar al módulo de sistematización, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que los actos de imposible reparación son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por los derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. ". En efecto, en el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en el auto admisorio del juicio ejecutivo mercantil número ..., del índice del Juzgado Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, que sobre pago de pesos promovió ... endosatario en procuración de .., contra la aquí quejosa, en el que, además, se ordenó requerirle de pago, en su caso embargarle bienes de su propiedad, y emplazarla a dicho controvertido, emitido el cuatro de julio de dos mil diecinueve. En ese contexto, se advierte que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio Constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que, el auto emitido por el Juzgado Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el cual se admitió la demanda, sólo constituye meras transgresiones a derechos adjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, porque el referido acuerdo y trámite del juicio no causa un agravio no reparable en sentencia definitiva, en donde se abordará la procedencia de la controversia y en su caso, de serle desfavorable es susceptible de impugnar a través del juicio de amparo directo. Es así, porque en efecto, el acto reclamado se relaciona propiamente, con la admisión de la demanda, lo que confirma que en efecto es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues, como se dijo, no se trata de actos que afecten materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo; es así porque aquel acuerdo es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que dicho proveído ordenó requerir de pago, en su caso embargo y emplazamiento, pues, como indicó la propia quejosa en los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, la diligencia ordenada ya se verificó, e incluso, compareció al controvertido de origen, contestó la demanda, y promovió incidente de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia que ejecutó el mandato contenido en el acuerdo impugnado en el presente juicio de amparo; máxime que, la propia quejosa, expresamente, indicó que no es su deseo reclamar dicha actuación en el presente juicio de amparo. Razón por la cual, se estima que, por las circunstancias apuntadas, los efectos derivados del acto reclamado, no son susceptibles de considerarse como de ejecución irreparable, en términos de los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario. Es aplicable la diversa jurisprudencia VI.2o.C. J/175, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1187, Tomo X, Octubre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE.." Máxime que, con relación a los efectos que produce la circunstancia de que, el inconforme comparezca al juicio de origen, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio o procedimiento seguido en su contra, antes de que se dicte sentencia, para que pierda el carácter de tercero extraño a juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia; con la precisión de que el conocimiento de la existencia del juicio en que el quejoso se ostenta como tercero extraño por equiparación, debe ser tal que realmente le permita acudir a ese juicio e integrarse a la relación procesal. Por tanto, virtud a que, se itera, la parte quejosa, compareció al juicio de origen y, por ende, se integró a la relación procesal del mismo, pues, incluso, impugnó la ejecución de la diligencia previamente multicitada, es inconcuso que, al imponerse de autos e integrarse a la relación procesal para defender sus derechos, está obligado o hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer sus derechos, incluso, aquellos que estime se transgreden con la emisión del auto de admisión, en el cual se ordenó el requerimiento de pago, en su caso embargo, y emplazamiento. Lo anteriormente expuesto tiene justificación, en lo conducente, en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 67/2013 (10ª), del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). : "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", : "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", .". Igualmente se invoca, en lo que aquí interesa, la diversa tesis IV.2o.C.37 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, cuyo contenido es: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. : "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.". ". En esas condiciones, virtud a que la parte quejosa se integró a la relación procesal en el juicio de origen, e incluso, impugnó la ejecución ordenada en el auto que pretende combatir en el presente juicio Constitucional, es inconcuso que este, de igual forma, es impugnable, previo a la promoción del juicio de amparo y, en ese contexto, se desvirtúa lo atinente a que, con motivo de la supuesta irreparabilidad del mismo, se encuentre exenta de hacer valer lo conducente en el juicio natural. Cobra aplicación a lo anterior por las razones que informa, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 8, Libro 55, Tomo 1, Junio de 2018, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.." De igual forma, sirven de apoyo, en lo conducente, las tesis de jurisprudencia números VI. 2o.J/52, y 986, publicadas en las páginas 401 y 678, de los Tomos VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990 y, Tomo VI, Octava y Séptima Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y del Apéndice 1995, que a continuación por su orden se transcriben: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN INPROCEDENTE EL AMPARO. ". Así como la diversa tesis I.3o.C.25 K (10a.), visible en la página 2055, del Tomo Tomo 3, correspondiente al mes de Marzo de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO.: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", ." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de garantías promovida por ., contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que les consten; con apoyo en los numerales 108, fracciones III y IV; y 114, fracciones I, II y IV, de la referida Ley de Amparo, requiérase a la citada promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: Manifieste si también señala como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, toda vez que, en el último párrafo, de la hoja ocho de su escrito de demanda manifiesta: ".En virtud de lo anterior, se solicita a este juzgado de amparo se analice la inconstitucionalidad del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.". En la inteligencia que, de ser así, deberá señalar las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo de dicha norma general. Lo anterior a fin de estar en condiciones de acordar lo procedente en relación a su demanda de garantías. En la inteligencia que, de ser el caso, también deberá completar los antecedentes relativos al mismo, bajo protesta de decir verdad, pues la finalidad de dicha protesta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón la tesis P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA.". Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.". Y la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA.". Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con el requerimiento antes formulado en el plazo concedido, se proveerá lo conducente a su demanda de amparo, únicamente por el acto reclamado señalado en el capítulo correspondiente, con las consecuencias legales que ello implique. En el entendido de que deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para la autoridad señalada como responsable, una para la tercera interesada y una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción las cuales dan un total de tres copias. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS.". Ahora bien, como lo solicita la parte promovente se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con el nombre de usuario "SANTOS_RAYO", el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en virtud de que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, hágase del conocimiento del referido promovente, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este juzgado federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Del mismo modo, como lo solicita la promovente se autoriza que las notificaciones a la parte promovente le sean practicadas en la vía electrónica; en tales condiciones, en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO.." Asimismo, dígase al promovente que no ha lugar a ordenar las notificaciones personales que a su parte correspondan, en el correo electrónico san.rayo.perez@gmail.com, toda vez que en la Ley de Amparo no se contempla dicha forma de notificación; sin embargo, el mismo únicamente se tendrán como un medio de contacto, en los casos en que este órgano jurisdiccional lo llegue a considerar necesario en el momento oportuno, en términos del en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se tiene a la quejosa autorizando para tal efecto a Alberto Rayo Pérez quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número 11052331, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil y únicamente para recibir notificaciones a J. Santos Rayo Pérez, en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la citada profesión, toda vez que al efectuar una revisión en el sistema antes señalado, no se encontró dato inherente a la cédula profesional de este último y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Citlali Esmeralda García García, toda vez que para ese único efecto fue autorizada. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Así también desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, que de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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