Ma. Lourdes Delgadillo Dávila

Expediente 738/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
738/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Ma. Lourdes Delgadillo Dávila

Actuaciones

  1. Principal

    El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario de Juzgado certifica: a) Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del veintiocho de septiembre al cuatro de octubre de dos mil veintiuno, con exclusión de los días dos y tres de octubre de dos mil veintiuno, al ser inhábiles (sábado y domingo), contra el auto que desechó de plano la demanda de derechos. b) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Lourdes Delgadillo Dávila y Belén Gutiérrez Luevano; contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los 1, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 738/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Del estudio de la demanda de garantías y anexo, se advierte que la parte quejosa, reclama la resolución de doce de agosto del presente año, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, dentro del recurso de reclamación número TJA/RAG/R-REC/0005/2021-III, derivado del expediente de origen TJA/RAG/357/2020-P3, misma que confirmó el acuerdo de recepción y radicación del informe de presunta responsabilidad administrativa, en contra de las quejosas, de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno. Al respecto, se actualiza de modo manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 107, fracción V, de la invocada ley de la materia, este último aplicado en sentido contrario. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo será improcedente, en los demás casos, en que tal improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la invocada ley de la materia. A su vez, el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclame actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." [.]" Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto se pedirá ante el Juzgado de Distrito, entre otros supuestos: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado Mexicano sea parte." Del texto de dichos preceptos se advierte que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento fuera de juicio o después de concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando materialmente sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en el texto constitucional y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene una resolución favorable a sus intereses, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna irreparable a los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, el acto reclamado, consiste en la resolución de doce de agosto del presente año, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, dentro del recurso de reclamación de número TJA/RAG/R-REC/0005/2021-III, del expediente de origen TJA/RAG/357/2020-P3, a través de la cual confirmó el proveído de diez de febrero del presente año, que recepcionó y radicó el informe de presunta responsabilidad administrativa, promovido en contra de las quejosas, lo cual sin duda constituye un acto emitido dentro de un juicio. Sin embargo, tal actuación no se considera de imposible reparación para poder ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, habida cuenta que no afecta de manera inmediata y cierta un derecho sustantivo de la parte promovente. Lo anterior, es así, puesto que se afirma que el acto reclamado en el presente asunto, no es de aquéllos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación para poder ser impugnado mediante el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que como quedó expuesto en líneas anteriores, el acto reclamado no tiene como consecuencia la afectación directa de derechos sustantivos, pues se trata de un acto en el procedimiento que arroja una consecuencia procesal, sin que afecte inmediata y directamente tales derechos. Es aplicable por identidad de razón el criterio jurisprudencial de rubro y texto siguiente: "ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión". Aunado a que el acto reclamado fue dictado en un procedimiento de investigación administrativa seguido en forma de juicio; además, que no constituye la última resolución. En ese contexto, debe decirse que la interlocutoria impugnada es un acto que no es de imposible reparación, porque solo afecta derechos adjetivos o procesales, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que únicamente tiene como efecto sujetar a las amparistas al procedimiento de origen a fin de determinar su responsabilidad como servidoras públicas; por ende, sólo tiene consecuencias de carácter formal o intraprocesal, es decir, su emisión no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la parte impetrante, y la trasgresión procesal que en todo caso pudiera sufrir, puede subsanarse con la obtención de un fallo benéfico a sus intereses. La solución del problema jurídico en análisis se obtiene, por analogía, de la jurisprudencia 669, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 745, tomo II, septiembre de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Registro 175221 que dispone: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." Es necesario indicar que si bien es cierto el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los derechos humanos se interpretarán conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de Ia manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo. Es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis que se lee: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicitan los promoventes, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el que señalan en su ocurso. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Ma. Lourdes Delgadillo Dávila, sin perjuicio de que si es su deseo señalar a diversa persona los promoventes puedan designarlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. ....

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "... Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Lourdes Delgadillo Dávila y Belén Gutiérrez Luevano; contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los 1, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 738/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Del estudio de la demanda de garantías y anexo, se advierte que la parte quejosa, reclama la resolución de doce de agosto del presente año, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, dentro del recurso de reclamación número TJA/RAG/R-REC/0005/2021-III, derivado del expediente de origen TJA/RAG/357/2020-P3, misma que confirmó el acuerdo de recepción y radicación del informe de presunta responsabilidad administrativa, en contra de las quejosas, de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno. Al respecto, se actualiza de modo manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 107, fracción V, de la invocada ley de la materia, este último aplicado en sentido contrario. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo será improcedente, en los demás casos, en que tal improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la invocada ley de la materia. A su vez, el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclame actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." [.]" Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto se pedirá ante el Juzgado de Distrito, entre otros supuestos: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado Mexicano sea parte." Del texto de dichos preceptos se advierte que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento fuera de juicio o después de concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando materialmente sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en el texto constitucional y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene una resolución favorable a sus intereses, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna irreparable a los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, el acto reclamado, consiste en la resolución de doce de agosto del presente año, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, dentro del recurso de reclamación de número TJA/RAG/R-REC/0005/2021-III, del expediente de origen TJA/RAG/357/2020-P3, a través de la cual confirmó el proveído de diez de febrero del presente año, que recepcionó y radicó el informe de presunta responsabilidad administrativa, promovido en contra de las quejosas, lo cual sin duda constituye un acto emitido dentro de un juicio. Sin embargo, tal actuación no se considera de imposible reparación para poder ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, habida cuenta que no afecta de manera inmediata y cierta un derecho sustantivo de la parte promovente. Lo anterior, es así, puesto que se afirma que el acto reclamado en el presente asunto, no es de aquéllos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación para poder ser impugnado mediante el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que como quedó expuesto en líneas anteriores, el acto reclamado no tiene como consecuencia la afectación directa de derechos sustantivos, pues se trata de un acto en el procedimiento que arroja una consecuencia procesal, sin que afecte inmediata y directamente tales derechos. Es aplicable por identidad de razón el criterio jurisprudencial de rubro y texto siguiente: "ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión". Aunado a que el acto reclamado fue dictado en un procedimiento de investigación administrativa seguido en forma de juicio; además, que no constituye la última resolución. En ese contexto, debe decirse que la interlocutoria impugnada es un acto que no es de imposible reparación, porque solo afecta derechos adjetivos o procesales, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que únicamente tiene como efecto sujetar a las amparistas al procedimiento de origen a fin de determinar su responsabilidad como servidoras públicas; por ende, sólo tiene consecuencias de carácter formal o intraprocesal, es decir, su emisión no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la parte impetrante, y la trasgresión procesal que en todo caso pudiera sufrir, puede subsanarse con la obtención de un fallo benéfico a sus intereses. La solución del problema jurídico en análisis se obtiene, por analogía, de la jurisprudencia 669, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 745, tomo II, septiembre de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Registro 175221 que dispone: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." Es necesario indicar que si bien es cierto el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los derechos humanos se interpretarán conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de Ia manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo. Es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis que se lee: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicitan los promoventes, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el que señalan en su ocurso. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Ma. Lourdes Delgadillo Dávila, sin perjuicio de que si es su deseo señalar a diversa persona los promoventes puedan designarlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. ....

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