Ma. Liseth González Castro
Expediente 362/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 362/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. Liseth González Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
El tres de agosto de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veinte de julio al dos de agosto de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de diecisiete de julio del año en curso (foja 81 al 89), dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 362/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo cual no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha el Secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta al Secretario encargado del despacho Jorge Martín Zamora González, con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el diecisiete de julio del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. AleM.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 362/2017, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, inició su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por el Presidente Municipal de Villanueva, Zacatecas (foja 51) y por la síndica de dicho municipio (foja 54), del emplazamiento de la tercero interesada Elida Palafox Ávila (foja 47), así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que la juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta a la juez con las documentales exhibidas por las autoridades responsables (fojas 53 y 56) y con las ofrecidas por la quejosa, consistentes en las documentales que obran a fojas 8 y 60 a 63 y la presuncional e instrumental de actuaciones. A lo que la juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas por la parte procesal citada, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa (foja 57) y por la representación social (foja 24). A lo que la Juez determina: Ténganse reproducidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la ley de la materia y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 362/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Ma. Liseth González Castro, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: a) Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. b) Presidente Municipal de Villanueva, Zacatecas. c) Síndico del municipio referido. Acto reclamado: a) De la presidente magistrada del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, reclamo el acuerdo mediante el cual concede la reinstalación a la demandante del juicio laboral burocrático 161/2015. b) De la síndica municipal, el pretender dejar a la hoy quejosa sin el sustento para sostener a mi familiar, al privarme del derecho humano que tengo del trabajo que desempeña para dicha entidad. c) De las tres autoridades responsables, la omisión de algún oficio mediante el cual funde y motive la causa de la privación de su trabajo. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de seis de abril siguiente (fojas 9 a 12), se registró la demanda con el expediente 362/2017 y se previno a la quejosa para que precisara el acto que reclamaba del tribunal responsable, bajo el apercibimiento que se admitiría la demanda únicamente por el resto de actos reclamados. En proveído de veinticinco del mes y año en comento (fojas 16 a 18), se admitió la demanda sólo respecto de los actos atribuidos a las autoridades municipales señaladas como responsables, en virtud de que la amparista no había cumplido con la prevención realizada; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades judiciales que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consisten en: - La afectación del cargo de auxiliar del registro civil que desempeña para el municipio de Villanueva, Zacatecas. Lo precisado, en virtud de que la inconformidad base de la demanda de amparo descansa en el hecho de que, de manera inminente, se rescindirá el nombramiento del cargo referido, sin que se justificara tal privación; de manera que la litis constitucional se engloba en la afectación de la relación de trabajo involucrada, con independencia de las violaciones particulares que se aleguen, las que, en todo caso, integran el fondo de la constitucionalidad del perjuicio combatido. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El presidente y la síndico del municipio de Villanueva, zacatecas, aceptaron la existencia del acto reclamado, en tanto manifestaron que otorgaron el cargo materia del acto reclamado, ya que se encontraba vacante, al existir una demanda laboral promovida contra dicha entidad por Elida Palafox Ávila. Lo anterior implica la existencia del acto reclamado, pues se acredita la relación laboral materia de éste y lo manifestado implica que resulta inminente la afectación de ésta, pues tácitamente se refirió a que se otorgó el nombramiento a la amparista porque se encontraba vacante, lo que envuelve que actualmente no se cumple con dicha condición; esto, tomando en cuenta que no se negó expresamente dicho perjuicio, sino que se aceptó de manera general. Además, la quejosa exhibió la copia certificada del nombramiento materia de la controversia (foja 8); documental pública que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del problema jurídico planteado, se relataran los antecedentes de la resolución combatida. 1. El uno de diciembre de dos mil dieciséis, el Director de Recursos Humanos del Municipio de Villanueva, Zacatecas, otorgó a la quejosa el nombramiento de Auxiliar del Registro Civil (foja 8). La afectación de la relación laboral derivada del cargo anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Debe sobreseerse en el juicio, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo, al no reclamarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, los invocados artículos disponen: " Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Lo expuesto encuentra sustento en el contenido de la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página ciento dieciocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Ahora bien, para dilucidar con precisión si se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Para lo anterior, es necesario tomar en cuenta que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Novena Época, septiembre de dos mil once, página mil ochenta y nueve, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". De las consideraciones anteriores, deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra vinculado con las relaciones jurídicas denominadas de supra o subordinación, entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. En ese contexto, los artículos 1, 2, fracción I, y 3 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas disponen: "Artículo 1 La presente ley tiene por objeto: normar la relación de trabajo entre los Poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con sus respectivos trabajadores. Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por: I. Relación de trabajo: La establecida entre las entidades públicas, a través de sus titulares así como las y los trabajadores a su servicio. Artículo 3 Las y los trabajadores son todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales. De los anteriores preceptos se advierte que la referida ley regula la relación laboral entre los Poderes del Estado y sus trabajadores. En ese sentido, se establece por trabajadores del Estado debe entenderse todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales. Por tanto, la ley anterior constituye el ordenamiento que regula las relaciones de los trabajadores del Estado, en particular, los que desempeñan una función subordinada y remunerada para los municipios, en virtud de un nombramiento expedido. En consecuencia, por regla general, la relación de los servidores municipales es de naturaleza laboral, ya que en esos casos el municipio actúa como un patrón sui generis, tal como se advierte de la fracción I del artículo 2 de la ley en comento; con excepción de los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, debido a que su relación es administrativa, por disposición constitucional. Es ilustrativa de lo anterior, por las razones que informa, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 24/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Novena Época, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, página cuarenta y tres, que dispone: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito". Luego, la relación existente entre los municipios del Estado de Zacatecas y sus servidores públicos es de naturaleza laboral. En concordancia con lo anterior, en el Título Octavo denominado Del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, los artículos 146 y 158, fracción I, de la ley burocrática citada establecen: "Artículo 146 Los conflictos de trabajo de su competencia serán resueltos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje". "Artículo 158 El Tribunal será competente para: I. Conocer y resolver de los conflictos individuales o colectivos que se susciten: a. Entre titulares de una entidad pública y sus trabajadoras y trabajadores". Del normativo anterior se desprende que para resolver los conflictos laborales relacionados con los trabajadores estatales se encuentra establecido el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. En particular, son competencia del tribunal citado, los conflictos individuales que se susciten entre los funcionarios públicos y las entidades públicas en comento. Sobre esa base, en principio, todo requerimiento realizado por los municipios de las entidades federativas a sus servidores públicos es de naturaleza laboral, por realizarse por éstos en su calidad de patrón equiparado de los trabajadores que laboran como servidores públicos, de conformidad con los artículos 115, fracción VIII, y 123 constitucionales. Lo anterior, salvo los casos en que se trate de una sanción firme derivada de una responsabilidad en el ejercicio del servicio público, pues únicamente en este supuesto puede considerarse que el acto es de naturaleza administrativa. Es ilustrativa de lo considerado, por las razones que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 89/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Novena Época, julio de dos mil diez, página trescientos catorce, que dispone: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN, CUANDO LA BAJA NO SEA RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La acción para reclamar la reinstalación o la indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio del gobierno federal o de los organismos públicos descentralizados debe ejercerse en la vía laboral, cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción firme de la autoridad administrativa derivada de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque en ese caso, el acto lo realiza el Estado en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo. Además, para determinar la vía procedente debe prescindirse del estudio de la normativa utilizada por el patrón en el aviso respectivo, por no ser un dato objetivo que conduzca a concluir si la rescisión tiene su origen en una sanción firme impuesta conforme al indicado ordenamiento". De lo expuesto se sigue que los requerimientos realizados por el municipio a sus funcionarios públicos (con excepción de los que forman parte de los cuerpos de seguridad pública), realizado fuera de un procedimiento administrativo sancionador, no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, en todo caso, generan un conflicto entre el funcionario público como trabajador y el municipio patrón. Se afirma lo anterior, pues, como se dilucidó, los conflictos relacionados con los municipios del Estado de Zacatecas y sus trabajadores se deben ventilar ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Es decir, en estos casos, corresponde a un tercero imparcial resolver el conflicto citado. De ahí que los nombramientos, destituciones y requerimientos realizados por los municipios en referencia en su calidad de patrones, no pueden constituir un acto de autoridad, dado que en este caso no existe una relación de supra a subordinación con un particular, sino que la relación es de coordinación entre las partes; esto último, dado que se encuentran en un plano de igualdad, al ser un tercero ajeno a la controversia a quien corresponde resolver lo conducente de manera imparcial. Lo anterior tiene como consecuencia que las determinaciones del municipio en las que se modifiquen las condiciones laborales de sus trabajadores están sujetas a la jurisdicción del tribunal de arbitraje del Estado de Zacatecas. En consecuencia, cualquier cuestión que surja con motivo de tales actos debe ser ventilada ante el tribunal referido. Es sustento de lo determinado, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 97/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Novena Época, noviembre de dos mil tres, página ciento cincuenta y dos, que dispone: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Atento a lo anterior, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social expide un nombramiento a un notificador, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, y no como autoridad para efectos del amparo, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de tal expedición debe ser ventilada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través del juicio laboral ordinario; de manera que si en un juicio de amparo promovido contra la notificación de cuotas obrero patronales se señala como acto reclamado el nombramiento del notificador correspondiente, debe sobreseerse respecto de dicho acto". En suma, las modificaciones en las condiciones de trabajo de los trabajadores municipales no constituyen actos de autoridad para efectos del amparo, ya que al tratarse de una cuestión laboral, la relación subyacente es de coordinación y no de subordinación. En esta instancia constitucional, como se precisó, el reclamo constitucional se centra en la afectación de la relación laboral derivada del cargo de auxiliar del registro civil que la quejosa desempeña para dicha entidad. La inconformidad toral radica en el hecho de que, a juicio de la quejosa, es inminente que se afectarán los derechos derivados del nombramiento materia del acto reclamado, sin que exista justificación para tal perjuicio. De lo anterior se advierte que la materia del acto reclamado, se integra por la afectación de la relación derivada del carácter de trabajadora municipal de la quejosa, pues la legitimación la hace descansar en el nombramiento de auxiliar del registro civil que tiene en esa entidad y de su inminente rescisión o modificación. Luego, es evidente que la relación jurídica subyacente es de carácter laboral, es decir, se trata de una trabajadora del Estado, lo que conlleva que el vínculo entre el quejoso y las autoridades señaladas como responsables es de coordinación (patrón-trabajador) y no de supra a subordinación. Lo anterior, pues, como se expuso, las cuestiones relativas a las condiciones laborales de los trabajadores del Estado deben plantarse ante el tribunal burocrático de dicha entidad. Sin que en el caso se reclame la imposición de una sanción de carácter administrativa que implique una determinación unilateral por parte del Estado. En consecuencia, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que no puede ser objeto de estudio en esta instancia constitucional, pues la reclamación base de la demanda de derechos, se insiste, involucra únicamente una cuestión laboral, por lo que la quejosa se encuentra en una relación de coordinación con las autoridades señaladas como responsables. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, en conformidad con la fracción V del artículo 63, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma. Liseth González Castro contra el acto reclamado del presidente municipal y de la síndico del municipio de Villanueva, Zacatecas, consistente en la afectación de la relación laboral derivada del cargo de auxiliar del registro civil que desempeña para dicha entidad; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El veintidós de junio de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con los oficios registrados bajo los folios 8503, 8504 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan los oficios signados por el Presidente y Síndica del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, por el cual en cumplimiento a lo solicitado por auto de treinta de mayo del año en curso, remite copia certificada de las constancias con que comprueba la existencia de los actos que se reclaman; con dichas constancias, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés convenga. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - CERTIFICA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que se encuentran señaladas las diez horas con cincuenta minutos del veinte de junio de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, con la circunstancia de que mediante proveído de treinta de mayo de año actual, se solicitó a las autoridades responsables remitieran las constancias que avalen la existencia del acto reclamado, sin que a la fecha lo hayan hecho, no obstante que los oficios por cuales se les solicitó fueron recibidos el cinco del mes y año en curso. Lo que asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, veinte de junio de dos mil diecisiete. Conste. Lic. Jorge Martín Zamora González. En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinte de junio de dos mil diecisiete. Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que por proveído de treinta de mayo de año actual, se solicitó a las autoridades responsables remitieran las constancias que avalen la existencia del acto reclamado, sin que a la fecha lo hayan hecho, no obstante que los oficios por cuales se les solicitó fueron recibidos el cinco del mes y año en curso (fojas 70 y 71). Por tanto de nueva cuenta, requiérase al Presidente y Sindica del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, para que dentro del término improrrogable de tres días remitan las constancias que avalen la existencia del acto reclamado, de lo contrario con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que se encontraba fijada el día de la fecha, fijándose las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, para su desahogo. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. Ajc.
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