Ma. Justina López Estrada
Expediente 177/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 13/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Alejandra Corona Zepeda representante legal de
- Ma. Justina López Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa y tercero interesado en proveído de doce de junio de dos mil diecisiete (fojas 426 a 429), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ... Por otra parte, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente documento aportado por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de trecede julio de dos mil diecisiete: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa y tercero interesado en proveído de doce de junio de dos mil diecisiete (fojas 426 a 429), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ... Por otra parte, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente documento aportado por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el dieciocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 380 a 388), en el presente juicio de amparo indirecto número 177/2017-I, promovido por Alejandra Corona Zepeda, en su carácter de apoderada de Ma. Justina López Estrada, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en los siguientes términos: "VI. DECISIÓN. 24. En tales condiciones, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía violada, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que la autoridad responsable, en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tome las medidas necesarias en el juicio natural para que en el plazo máximo de diez días hábiles, a partir de que sea requerida para que cumpla la presente sentencia concesoria formule el proyecto de laudo y una vez aprobado, sin adiciones ni modificaciones, lo eleve a la categoría de laudo y ordene la notificación. 25. El plazo que se concede a la autoridad responsable para formular el laudo obedece a que el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo permite considerar un tiempo prudente para que se ejecuten las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo, pues señala que siempre que "la naturaleza del acto lo permita" se lleven a cabo dentro de la temporalidad de veinticuatro horas, lo que significa, en sentido contrario, que si la naturaleza del asunto requiere un mayor esfuerzo, podrá concederse discrecionalmente un plazo superior a las veinticuatro horas; de ahí que se justifique que en el presente caso, ante la naturaleza del acto, la autoridad responsable cuente con diez días hábiles para cumplir a partir de que cause ejecutoria este fallo constitucional. 26. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 41, del tomo II, Apéndice (actualización 2001), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "JUECES DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La circunstancia de que el juicio de amparo indirecto sea procedente en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, autoriza al juzgador de amparo a apreciar en cada caso concreto si ha transcurrido un plazo razonable para que la representación social dicte la resolución que conforme a derecho corresponda, con base en las manifestaciones del quejoso y las de la propia autoridad responsable en su informe con justificación, sin que ello implique otorgar al juzgador constitucional la facultad de estudiar el fondo de la denuncia o querella planteada por el gobernado, sino únicamente la de imponer, en su caso, a dicha representación un plazo prudente para que dicte su resolución." 27. Por otra parte, en lo que toca al acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se impone conceder el amparo para el efecto de que dicha autoridad realice las notificaciones del juicio natural dentro de los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. 28. Por último, cabe precisar que en el caso concreto los alcances de la protección constitucional deben limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del proceso laboral. 29. Tiene aplicación al caso, la tesis aislada 2ª. CV/2013 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada el trece de diciembre de dos mil trece, que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." (.)." Dicha sentencia causó ejecutoria el nueve de mayo del año en curso, por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo (fojas 397 y 398). Mediante auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete (foja 421), se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las demás partes no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora bien, la Presidenta y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, así como el Actuario adscrito a dicha institución, mediante oficios 633/2017 y 634/2017 (fojas 403 a 404), la presidenta y representante remitió copia certificada del laudo de veintitrés de mayo del año en curso, dictado dentro del expediente C.D.T. 661/2012-3, asimismo el actuario manifestó en su oficio de cuenta haber dado cumplimiento, por lo que solicitó se le tuviera por adherido al informe rendido por la citada junta, de lo que se advierte que en cumplimiento a la sentencia de amparo: La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, dictó una resolución en forma de laudo en el que resolvió condenar al demandando Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, a reinstalar a la actora Ma. Justina López Estrada (foja 418, resolutivo tercero). Y por otra parte, absuelve de pagar a la actora los 64 turnos laborados que reclama la parte actora (resolutivo sexto). De igual forma, el Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, realizó las notificaciones del laudo de veintitrés de mayo de los actuales, a la parte actora Ma. Justina López Estrada, y demandada Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, (foja 419). A tales documentos se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese tenor, de su análisis se acredita que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal. En consecuencia, es evidente que las autoridades responsables acreditaron el cumplimiento -en el núcleo esencial- de los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD; esto sin prejuzgar sobre la legalidad o no del nuevo acto emitido, en términos del tercer párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de la parte quejosa y terceros interesados la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.
- Principal
NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA ALEJANDRA CORONA ZEPEDA, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADAS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 177/2017-I, QUE ESTABLECE: "Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el dieciocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 380 a 388), en el presente juicio de amparo indirecto número 177/2017-I, promovido por Alejandra Corona Zepeda, en su carácter de apoderada de Ma. Justina López Estrada, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en los siguientes términos: "VI. DECISIÓN. 24. En tales condiciones, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía violada, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que la autoridad responsable, en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tome las medidas necesarias en el juicio natural para que en el plazo máximo de diez días hábiles, a partir de que sea requerida para que cumpla la presente sentencia concesoria formule el proyecto de laudo y una vez aprobado, sin adiciones ni modificaciones, lo eleve a la categoría de laudo y ordene la notificación. 25. El plazo que se concede a la autoridad responsable para formular el laudo obedece a que el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo permite considerar un tiempo prudente para que se ejecuten las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo, pues señala que siempre que "la naturaleza del acto lo permita" se lleven a cabo dentro de la temporalidad de veinticuatro horas, lo que significa, en sentido contrario, que si la naturaleza del asunto requiere un mayor esfuerzo, podrá concederse discrecionalmente un plazo superior a las veinticuatro horas; de ahí que se justifique que en el presente caso, ante la naturaleza del acto, la autoridad responsable cuente con diez días hábiles para cumplir a partir de que cause ejecutoria este fallo constitucional. 26. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 41, del tomo II, Apéndice (actualización 2001), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "JUECES DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La circunstancia de que el juicio de amparo indirecto sea procedente en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, autoriza al juzgador de amparo a apreciar en cada caso concreto si ha transcurrido un plazo razonable para que la representación social dicte la resolución que conforme a derecho corresponda, con base en las manifestaciones del quejoso y las de la propia autoridad responsable en su informe con justificación, sin que ello implique otorgar al juzgador constitucional la facultad de estudiar el fondo de la denuncia o querella planteada por el gobernado, sino únicamente la de imponer, en su caso, a dicha representación un plazo prudente para que dicte su resolución." 27. Por otra parte, en lo que toca al acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se impone conceder el amparo para el efecto de que dicha autoridad realice las notificaciones del juicio natural dentro de los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. 28. Por último, cabe precisar que en el caso concreto los alcances de la protección constitucional deben limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del proceso laboral. 29. Tiene aplicación al caso, la tesis aislada 2ª. CV/2013 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada el trece de diciembre de dos mil trece, que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." (.)." Dicha sentencia causó ejecutoria el nueve de mayo del año en curso, por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo (fojas 397 y 398). Mediante auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete (foja 421), se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las demás partes no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora bien, la Presidenta y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, así como el Actuario adscrito a dicha institución, mediante oficios 633/2017 y 634/2017 (fojas 403 a 404), la presidenta y representante remitió copia certificada del laudo de veintitrés de mayo del año en curso, dictado dentro del expediente C.D.T. 661/2012-3, asimismo el actuario manifestó en su oficio de cuenta haber dado cumplimiento, por lo que solicitó se le tuviera por adherido al informe rendido por la citada junta, de lo que se advierte que en cumplimiento a la sentencia de amparo: La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, dictó una resolución en forma de laudo en el que resolvió condenar al demandando Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, a reinstalar a la actora Ma. Justina López Estrada (foja 418, resolutivo tercero). Y por otra parte, absuelve de pagar a la actora los 64 turnos laborados que reclama la parte actora (resolutivo sexto). De igual forma, el Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, realizó las notificaciones del laudo de veintitrés de mayo de los actuales, a la parte actora Ma. Justina López Estrada, y demandada Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, (foja 419). A tales documentos se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese tenor, de su análisis se acredita que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal. En consecuencia, es evidente que las autoridades responsables acreditaron el cumplimiento -en el núcleo esencial- de los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD; esto sin prejuzgar sobre la legalidad o no del nuevo acto emitido, en términos del tercer párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de la parte quejosa y terceros interesados la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- Ma. Juana Vázquez Sánchez713/2020
- Ma. Juana Vázquez Sánchez591/2017
- Ma. Juana Vazquez Sanchez1510/2014
- Ma. Juana Vázquez Sánchez86/2017
- Ma. Juana Y/O Juana Angoa Solis115/2022
- Ma.Julisa Díaz García138/2020
- Ma. Justina López Estrada496/2015
- Ma. Laura Guadalupe Domínguez Vázquez1128/2019
- Ma. Leonor Y/O Leonor Lara Xicohténcatl626/2022
- Ma. Lucia Maricela Ramírez Rosario1175/2018
- Ma. Luisa Domínguez Terán1177/2023
- Ma. Luisa Rivera Martínez751/2023