Ma. Juana Vázquez Sánchez
Expediente 86/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 3 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 03/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ma. Juana Vázquez Sánchez
Actuaciones
- Principal
Notifico mediante lista a la parte quejosa, el contenido de la resolución de tres de febrero de dos mil diecisiete, cuya síntesis dice: Número de expediente: 86/2017 Acuerdo: Vista la demanda de amparo que promueve Ma. Juana Vázquez Sánchez, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de quien reclama la omisión de dictar el auto de admisión de pruebas y como consecuencia señalar día y hora para el desahogo de las que por su naturaleza así lo requieran. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 86/2017-IV. Lo anterior, resulta relevante en este asunto, pues el acto reclamado en el presente juicio consiste en la omisión de dictar el auto de admisión de pruebas y como consecuencia señalar día y hora para el desahogo de las que por su naturaleza así lo requieran, sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicha determinación no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Así, la materia de la resolución reclamada es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, ya que sólo ocasiona la omisión de dictar el auto de admisión de pruebas y como consecuencia señalar día y hora para el desahogo de las que por su naturaleza así lo requieran, toda vez que cuando se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento al derecho de petición, no se deja sin defensa al quejoso pues esta violación debe considerarse de carácter adjetivo la cual debe seguir las reglas establecidas en la legislación ordinaria que lo rija, por ello, es que se itera la improcedencia de la presente contienda constitucional. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas.En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos; teniéndose como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Zenón Tecuapacho Rodríguez y María del Carmen Gloria Tecuapacho Tecuapacho, y para oir y recibir notificaciones a Juan Ramón Sanabria Chávez y Nelly Fernández Sánchez, toda vez que no cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales.
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