Ma. Julieta Robles Orozco

Expediente 1028/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1028/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
27/12/2017

Partes del expediente

  • Ma. de Jesús Robles Orozco
  • Ma. Julieta Robles Orozco
  • José Robles Orozco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, transcurrió del diecinueve al veintiséis de los corrientes, sin contar los días veintitrés y veinticuatro por ser sábado y domingo, así como veinticinco de los actuales por haber sido declarado inhábil, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto dictado el once del mes y año en curso, por el que se desechó la demanda promovida. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de once de diciembre del año en curso, en el que se desechó la demanda promovida por Ma. Julieta, Ma. de Jesús, Rosa María y José, todos de apellidos Robles Orozco, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Primer Distrito, con sede en esta ciudad; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Karla

  2. Principal

    El once de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con el escrito registrado bajo el folio 16366 y copias que se adjuntan.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta signado por Ma. Julieta, Ma. de Jesús, Rosa María y José, todos de apellidos Robles Orozco, mediante el cual dan cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de treinta de noviembre del año en curso, a efecto de que precisaran el contenido del acuerdo de veinticinco de octubre actual, dictado en el expediente 1396/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Primer Circuito con sede en Guadalupe, Zacatecas, el cual constituye el acto reclamado en el presente juicio. Al respecto, los promoventes manifiestan que en dicho acuerdo el Tribunal Unitario Agrario del Primer Distrito, con sede en Guadalupe, Zacatecas, se declaró legalmente incompetente para conocer del expediente 1396/2017, remitiéndose éste al Tribunal Superior de Justicia en el estado. En tales condiciones, se provee: DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Primer Distrito, con sede en la ciudad de Guadalupe: Acuerdo de veinticinco de octubre del año en curso, mediante el cual, la autoridad responsable se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio agrario 1396/2017. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VIII del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el primero textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción VIII, de la citada ley dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y ." Del numeral en cita, se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al texto supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De ahí que la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Es decir, las cuestiones de competencia se dilucidan entre órganos jurisdiccionales sin intervención de las partes y será hasta que se resuelva dicho planteamiento que pueda determinarse si la resolución dictada le irroga o no perjuicio al quejoso. En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio agrario 1396/2017, por el que la autoridad responsable se declaró incompetente para conocer del expediente de referencia, remitiendo el mismo al Tribunal Superior de Justicia del estado. Así pues, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que se emite la determinación de incompetencia, es inconcuso que el acuerdo en el que el Tribunal Unitario Agrario se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio agrario 1396/2017, no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de los peticionarios de amparo, en virtud de que es un planteamiento en el cual la autoridad a favor de quien se declinó la competencia no ha determinado si la acepta o no; en consecuencia, no irroga ningún perjuicio a la parte quejosa. Además, el acto reclamado no es de ejecución irreparable pues no afecta materialmente derechos sustantivos, ya que la autoridad a la que se declinó la competencia aún no se ha pronunciado sobre ésta, pudiendo también estimar que no es competente, generándose incluso un conflicto competencial entre ambas. De ello se sigue que el auto reclamado no es un acto de imposible reparación, al no determinarse aún, en la época de la promoción del amparo, cuál es la autoridad que deberá conocer del asunto, pues será hasta que asuma la competencia la autoridad a la que se le declinó o, en su caso, se resuelva el conflicto competencial, que se podrá determinar si existe o no afectación de derechos sustantivos, aspecto que podrá ser impugnado mediante el juicio de amparo. Es aplicable al caso en particular la tesis XXI.1o.P.A.33 A (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2011151, visible en la página 2077, que literalmente establece: "INCOMPETENCIA, EXCEPCIÓN DE. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO DEL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESERVA SU RESOLUCIÓN PARA EMITIRLA DE FORMA CONJUNTA CON LA SENTENCIA. De conformidad con el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, debiendo entenderse como tales, aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declinó la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (tratándose de la competencia por inhibitoria), pues es hasta ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a los derechos sustantivos de la parte interesada; y, asimismo, contra resoluciones definitivas que desechan o desestiman un incidente y/o excepción de incompetencia, ya sea por declinatoria o inhibitoria, ya que ello se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al estimarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución; aspecto que torna a dichas determinaciones como aquellas que podrían traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente podrían corresponder, acarreando consecuencias no reparables, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores de este juicio extraordinario de defensa, entre ellos, el de definitividad, porque de proceder un recurso o medio de defensa ordinario en su contra, resulta necesario agotarlo, previo a la promoción del juicio de amparo. Ahora bien, estas mismas razones justifican que el juicio de amparo indirecto proceda contra la determinación del Tribunal Unitario Agrario de reservar la resolución de una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por alguna de las partes, hasta el dictado de la resolución definitiva, toda vez que esta circunstancia se traduce en que la autoridad que está resolviendo el asunto, siga conociendo de él y lo tramite hasta la emisión de la sentencia, y si bien en el pronunciamiento de ésta, en principio, tendría que resolverse lo relativo a la apuntada excepción de incompetencia, ello sujetaría a las partes a continuar con un procedimiento, juicio o instancia, seguido por una autoridad cuya competencia se controvierte, con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente podría corresponderle; irreparables e, incluso, se vedaría la posibilidad de su reclamo en amparo indirecto, pues al resolverse la excepción de incompetencia con el principal, se impediría su reclamo en tal vía, por tenerse que impugnar la sentencia en amparo directo, y si en la demanda de amparo se hacen valer conceptos de violación respecto de la cuestión en comento, podrían calificarse de inoperantes, por no ser esa vía la procedente contra dicho reclamo; incluso, de resolverse ambas cuestiones de forma separada, pero al mismo tiempo (excepción de competencia y sentencia), podría originarse la improcedencia del amparo indirecto, con motivo del pronunciamiento de la sentencia definitiva". En tales condiciones, debe concluirse que el acto combatido no se encuadra en lo previsto por el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo: es decir, no puede considerarse de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa al no tratarse de la resolución en la que se acepte la competencia declinada. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Ma. Julieta, Ma. de Jesús, Rosa María y José, todos de apellidos Robles Orozco. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. [Karla]*

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE 2017, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el escrito de cuenta signado por Ma. Julieta, Ma. de Jesús, Rosa María y José, todos de apellidos Robles Orozco, mediante el cual dan cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de treinta de noviembre del año en curso, a efecto de que precisaran el contenido del acuerdo de veinticinco de octubre actual, dictado en el expediente 1396/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Primer Circuito con sede en Guadalupe, Zacatecas, el cual constituye el acto reclamado en el presente juicio. Al respecto, los promoventes manifiestan que en dicho acuerdo el Tribunal Unitario Agrario del Primer Distrito, con sede en Guadalupe, Zacatecas, se declaró legalmente incompetente para conocer del expediente 1396/2017, remitiéndose éste al Tribunal Superior de Justicia en el estado. En tales condiciones, se provee: DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Primer Distrito, con sede en la ciudad de Guadalupe: Acuerdo de veinticinco de octubre del año en curso, mediante el cual, la autoridad responsable se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio agrario 1396/2017. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VIII del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el primero textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción VIII, de la citada ley dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y ." Del numeral en cita, se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al texto supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De ahí que la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Es decir, las cuestiones de competencia se dilucidan entre órganos jurisdiccionales sin intervención de las partes y será hasta que se resuelva dicho planteamiento que pueda determinarse si la resolución dictada le irroga o no perjuicio al quejoso. En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio agrario 1396/2017, por el que la autoridad responsable se declaró incompetente para conocer del expediente de referencia, remitiendo el mismo al Tribunal Superior de Justicia del estado. Así pues, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que se emite la determinación de incompetencia, es inconcuso que el acuerdo en el que el Tribunal Unitario Agrario se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio agrario 1396/2017, no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de los peticionarios de amparo, en virtud de que es un planteamiento en el cual la autoridad a favor de quien se declinó la competencia no ha determinado si la acepta o no; en consecuencia, no irroga ningún perjuicio a la parte quejosa. Además, el acto reclamado no es de ejecución irreparable pues no afecta materialmente derechos sustantivos, ya que la autoridad a la que se declinó la competencia aún no se ha pronunciado sobre ésta, pudiendo también estimar que no es competente, generándose incluso un conflicto competencial entre ambas. De ello se sigue que el auto reclamado no es un acto de imposible reparación, al no determinarse aún, en la época de la promoción del amparo, cuál es la autoridad que deberá conocer del asunto, pues será hasta que asuma la competencia la autoridad a la que se le declinó o, en su caso, se resuelva el conflicto competencial, que se podrá determinar si existe o no afectación de derechos sustantivos, aspecto que podrá ser impugnado mediante el juicio de amparo. Es aplicable al caso en particular la tesis XXI.1o.P.A.33 A (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2011151, visible en la página 2077, que literalmente establece: "INCOMPETENCIA, EXCEPCIÓN DE. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO DEL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESERVA SU RESOLUCIÓN PARA EMITIRLA DE FORMA CONJUNTA CON LA SENTENCIA. De conformidad con el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, debiendo entenderse como tales, aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declinó la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (tratándose de la competencia por inhibitoria), pues es hasta ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a los derechos sustantivos de la parte interesada; y, asimismo, contra resoluciones definitivas que desechan o desestiman un incidente y/o excepción de incompetencia, ya sea por declinatoria o inhibitoria, ya que ello se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al estimarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución; aspecto que torna a dichas determinaciones como aquellas que podrían traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente podrían corresponder, acarreando consecuencias no reparables, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores de este juicio extraordinario de defensa, entre ellos, el de definitividad, porque de proceder un recurso o medio de defensa ordinario en su contra, resulta necesario agotarlo, previo a la promoción del juicio de amparo. Ahora bien, estas mismas razones justifican que el juicio de amparo indirecto proceda contra la determinación del Tribunal Unitario Agrario de reservar la resolución de una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por alguna de las partes, hasta el dictado de la resolución definitiva, toda vez que esta circunstancia se traduce en que la autoridad que está resolviendo el asunto, siga conociendo de él y lo tramite hasta la emisión de la sentencia, y si bien en el pronunciamiento de ésta, en principio, tendría que resolverse lo relativo a la apuntada excepción de incompetencia, ello sujetaría a las partes a continuar con un procedimiento, juicio o instancia, seguido por una autoridad cuya competencia se controvierte, con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente podría corresponderle; irreparables e, incluso, se vedaría la posibilidad de su reclamo en amparo indirecto, pues al resolverse la excepción de incompetencia con el principal, se impediría su reclamo en tal vía, por tenerse que impugnar la sentencia en amparo directo, y si en la demanda de amparo se hacen valer conceptos de violación respecto de la cuestión en comento, podrían calificarse de inoperantes, por no ser esa vía la procedente contra dicho reclamo; incluso, de resolverse ambas cuestiones de forma separada, pero al mismo tiempo (excepción de competencia y sentencia), podría originarse la improcedencia del amparo indirecto, con motivo del pronunciamiento de la sentencia definitiva". En tales condiciones, debe concluirse que el acto combatido no se encuadra en lo previsto por el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo: es decir, no puede considerarse de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa al no tratarse de la resolución en la que se acepte la competencia declinada. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Ma. Julieta, Ma. de Jesús, Rosa María y José, todos de apellidos Robles Orozco."

  4. Principal

    CUENTA. El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Ma. Julieta, María de Jesús, Rosa María y José, todos de apellidos Robles Orozco, registrada con el folio 15840 y seis copias que se acompañan. Con la circunstancia de que el licenciado Arturo Javier Real Cruz, no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de noviembre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Julieta, María de Jesús, Rosa María y José, todos de apellidos Robles Orozco, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Primer Distrito, con sede en esta ciudad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1028/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;" Por su parte, el numeral 108, fracción IV, de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" De los preceptos transcritos se desprende que será motivo de prevención que la demanda de amparo indirecto no cumpla con los requisitos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo, que exista alguna irregularidad en la demanda, o bien, no exista precisión en los actos reclamados. Al respecto, el artículo 108 de la citada ley establece como requisitos entre otros, que se precisen los actos que de cada autoridad se reclame. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Ahora, los promoventes señalaron como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Autoridad responsable: Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Primer Distrito, con sede en Guadalupe, Zacatecas. Actos reclamados: Acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 1396/2017, en el cual la autoridad responsable se declaró incompetente. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere al promovente para qué dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Señalen bajo protesta de decir verdad, el contenido del acuerdo de veinticinco de octubre del año en curso, dictado en el expediente 1396/2017, que constituye el acto reclamado en el presente juicio, toda vez que existe incertidumbre respecto a su contenido, ya que por una parte refieren que la responsable restringió sus "derechos de audiencia, legalidad y de procedimiento al haber resuelto de manera ilegal el desechamiento de la demanda" y, por otra, señalan que la autoridad responsable se "DECLARO INCOMPETENTE"; lo anterior, a fin de establecer la litis constitucional en el presente juicio. Toda vez que los promoventes son parte actora en el juicio 1396/2017, de ser posible exhiban copia del acuerdo de veinticinco de octubre del año en curso, que reclaman en la presente instancia. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, deberán presentar seis copias del escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes a saber una para la autoridad responsable, dos más para ordenar el emplazamiento de los terceros interesados, otras dos para formar los cuadernos incidentales y la última para darle su intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, que también es parte en el presente juicio, según lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. Además, se hace del conocimiento de los quejosos que son ellos quienes deben de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en párrafos que anteceden en razón de que éstas deben ser cumplidas por los propios promoventes del amparo, ya que son ellos quienes deber realizar la protesta de ley al señalar manifestar los actos que vulneran sus derechos fundamentales, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a los ocursantes que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido se tendrá por no presentada la demanda en términos de la penúltima parte del artículo 114, de la Ley de Amparo. AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicitan los promoventes, se tiene únicamente como autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos al licenciado Arturo Javier Real Cruz, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional y, como domicilio para tal efecto el ubicado en avenida Pedro Coronel número ciento veinte (120), fraccionamiento Geranios, de Guadalupe, Zacatecas (oficinas de la Delegación de al Procuraduría Agraria en el Estado). Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Ma. Julieta Robles Orozco, sin perjuicio de que si es su deseo señalar a diversa persona los promoventes puedan designarlo. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

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