Ma. Julia Morales Martínez

Expediente 842/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
842/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Ma. Julia Morales Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ...Zacatecas, Zacatecas, a trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, toda vez que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si la resolución emitida en este juicio se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que por sentencia de siete de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional concedió la protección de la Justicia Federal solicitada, para los efectos siguientes: "1). Ordene a quien corresponda la expedición del título de propiedad del Lote Comunal sin número, con una superficie de 7-25-00 hectáreas de terreno comunal de agostadero, ubicado en la Colonia "Mariana", terreno de la Ex Hacienda de Santa Cruz, Municipio de Fresnillo, Zacatecas, a favor de la quejosa Ma. Julia Morales Martínez." Resolución que causó ejecutoria por auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, sin que existiera necesidad de requerir a la autoridad responsable su cumplimiento, toda vez que, previamente mediante oficio registrado con folio 14016 recibido por este juzgado el quince de julio de la presente anualidad, la responsable remitió en cumplimiento a la sentencia, copia certificada del título de propiedad expedido el veintinueve de junio de dos mil veintidós, a nombre de Ma. Julia Morales Martínez. Con lo anterior, se dio vista a las partes por auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, sin que se hiciera manifestación alguna. Luego, toda vez que se han acatado los efectos del fallo protector; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia con registro 165807, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." A R C H I V O En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la autoridad responsable y por lista de acuerdos a la Agente del Ministerio Público Federal. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.....

  2. Principal

    Juicio de amparo: 842/2022 El ocho de agosto de dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifica que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del doce al veinticinco de julio del año en curso; sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio. No se tramitó incidente de suspensión, en el cual se negó la suspensión definitiva. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Luego visto el estado de autos y toda vez que por auto de dieciocho de julio del año en curso, se reservó acordar respecto de las constancias remitidas por la responsable Directora de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas, hasta en tanto causara ejecutoria el presente juicio, y toda vez que esto ya aconteció se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la responsable Directora de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas, por el cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y adjunta la constancia con la que lo acredita. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta y anexo; para que dentro del término de tres días manifiesten lo que en su derecho corresponda, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan García Trejo secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, licenciado Rodolfo García Camacho, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y autorizado por el oficio CCJ/ST/2327/2022 de trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Álvaro Augusto Álvarez Rendón, Secretario que autoriza y da fe. Vicky En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del nueve de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del nueve de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  3. Principal

    Juicio de amparo: 842/2022 El dieciocho de julio de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con folio 14016. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad responsable Directora de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas, por el cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y adjunta las constancias con las que lo acredita; documentos, de los cuales se reserva acordar hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia definitiva dictada en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de Juzgado quien autoriza y da fe. A.I Vicky En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diecinueve de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 842/2022, se encuentra en audiencia pública Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias, leídas las mismas y rendido el informe justificado de la autoridad que se tuvo como responsable. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza la documental que la parte quejosa acompañó a su demanda, así como con las constancias justificativas remitidas por la autoridad responsable. En periodo de alegatos: El secretario hace constar que no fueron ofrecidos por ninguna de las partes. A lo cual el juez acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes para formularlos y con se cierra dicho periodo. No habiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 842/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Ma. Julia Morales Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable: - Directora de Fraccionamientos Rurales dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del estado de Zacatecas. Acto reclamado: - La falta de expedición de título de propiedad, que la acredite como adjudicataria del Lote Comunal sin número, con una superficie de 7-25-00 hectáreas de terreno comunal de agostadero, ubicado en la Colonia "Mariana", terreno de la Ex Hacienda de Santa Cruz, Municipio de Fresnillo, Zacatecas. Preceptos constitucionales violados. La quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en el estado. En proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se registró el expediente con el número 604/2022-IV, que le correspondió y se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita. TERCERO. Returno por conocimiento previo. Por proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, la Juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, relató que la quejosa Ma. Julia Morales Martínez, promovió diverso juicio de amparo, el cual fue del conocimiento de este Juzgado Primero de Distrito en el estado, registrado con el número 399/2020, en contra de actos provenientes del expediente 1029/2019, radicado ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del estado de Zacatecas; situación que se corroboró con las constancias de tal juicio. De ahí, que la citada juzgadora estimó que los actos reclamados en ambos juicios de amparo, derivaban del mismo asunto 1029/2019 y por ello, se surtía la hipótesis de conocimiento previo para conocer del citado asunto. En tales condiciones, con fundamento en lo previsto por los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en el estado, ordenó remitir el juicio de amparo número 604/2022-IV de su índice, a fin de que este órgano jurisdiccional se pronunciara sobre la competencia planteada. CUARTO. Aceptación de la competencia planteada. En acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós y una vez analizados, los motivos que dieron lugar a considerar que este Juzgado de distrito conoció previamente en el juicio de amparo número 399/2020, en el que se reclamaron actos provenientes del expediente 1029/2019, radicado ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del estado de Zacatecas; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Primero de Distrito en el estado, asumió el conocimiento de la demanda promovida; se registró el juicio con el expediente 842/2022; se admitió a trámite la demanda de amparo, sin que resultara necesario solicitar el informe justificado, ya que el mismo ya obraba en el sumario, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público adscrito y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama la omisión por una autoridad con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de derechos deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. En ese sentido, de la demanda de amparo y de las constancias de autos se advierte que el acto reclamado consiste en: - La falta de expedición de título de propiedad, que la acredite como adjudicataria del Lote Comunal sin número, con una superficie de 7-25-00 hectáreas de terreno comunal de agostadero, ubicado en la Colonia "Mariana", terreno de la Ex Hacienda de Santa Cruz, Municipio de Fresnillo, Zacatecas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Directora de Fraccionamientos Rurales dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del estado de Zacatecas, toda vez que al rendir su informe justificado, reconoció parcialmente la existencia de la omisión. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las constancias que fueron allegadas por la autoridad responsable Directora de Regularización de Fraccionamientos Rurales de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial de Zacatecas (tomo I/I de pruebas); documentales a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2° y de las que se advierte que a la fecha no se ha expedido el título de propiedad solicitado por el quejoso. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de la omisión que en el presente juicio se impugna. CUARTO. Causales de Improcedencia. Al no hacer valer las partes causal de improcedencia y no advertir alguna de oficio, procede analizar el fondo del asunto sin la trascripción de los conceptos de violación, al no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo estatuya, sin transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad, como se expone en la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de Constitucionalidad. Es fundado el concepto de violación planteado por el quejoso. Aduce el inconforme, que la autoridad responsable, trasgrede su derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no ha expedido el título de derechos en favor de la quejosa, no obstante de haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos; así como el pago de derechos para su respectiva expedición. Sigue indicando que la autoridad ha excedido el término contemplado en la ley que rige el acto, pues la resolución definitiva que ordenó la adjudicación del referido lote fue de veinte de marzo de dos mil veinte. También refiere que el artículo 17 de la Carta Magna indica que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo que la Directora de Regularización de Fraccionamientos Rurales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado de Zacatecas, ha incumplido con dicha obligación. Los motivos de inconformidad que hace valer la parte quejosa en sus conceptos de violación son fundados, conforme a lo siguiente: El artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En ese contexto, en los juicios, el retraso u omisión en la realización de los actos previos indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio, es decir, ocurre un desfase en el procedimiento que ocasiona que la dilación subsista con independencia de que ya se hayan realizado aquéllos. La administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben de resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna por ello. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Así, se ha determinado que la violación al derecho de justicia pronta se manifiesta a través de un acto negativo o de una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora y la segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Ahora, respecto del trámite para la expedición de un título, el artículo 93 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas, dispone: "Artículo 93.- Hecha la adjudicación se ordenará que dentro del plazo de los 90 días siguientes se expida el título respectivo, debiendo el nuevo adjudicatario pagar a favor del fisco local conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado, además de cubrir los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda y de expedición del título, el cual deberá contener: I. Nombre del adjudicatario; II. Ubicación, linderos y superficie del lote, con clasificación del terreno, la cual deberá ser ilustrada con el plano respectivo; III. Nombre de la finca afectada; IV. Nombre del fraccionamiento a que corresponda el lote; V. Valor del lote o lotes, y VI. La firma del Ejecutivo del Estado o del Secretario". Del citado precepto se advierte que una vez hecha la adjudicación respectiva, dentro del plazo de los noventa días siguientes se ordenará que se expida el título respectivo, debiendo el nuevo adjudicatario realizar el pago correspondiente en favor del fisco local conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado, y además cubrirá los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y de expedición del título correspondiente, el cual contendrá: a) nombre del adjudicatario, b) ubicación, linderos y superficie del lote con clasificación de terreno, misma que deberá ser ilustrada con el plano respectivo, c), nombre de la finca afectada, d) nombre del fraccionamiento al que pertenezca el lote, e) valor del lote y f) firma del Ejecutivo del Estado o del Secretario. Ahora bien, de las constancias que obran en autos y que adquieren pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se advierte que: 1. Mediante resolución definitiva de veinte de marzo de dos mil veinte, emitida dentro del procedimiento administrativo de adjudicación número 1029/2019, se adjudicó a favor de la impetrante Lote Comunal sin número, con una superficie de 7-25-00 hectáreas de terreno comunal de agostadero, ubicado en la Colonia "Mariana", terreno de la Ex Hacienda de Santa Cruz, Municipio de Fresnillo, Zacatecas. 2. El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, la parte quejosa realizó el pago por el concepto de expedición de título, según se desprende del recibo correspondiente expedido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Entonces, atendiendo a lo estipulado al artículo 93 de la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas, una vez realizada la adjudicación, dentro del plazo de noventa días siguientes se ordenará que se expida el título respectivo, debiendo previamente la parte interesada realizar el pago correspondiente en favor del fisco local conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado, y además cubrirá los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y de expedición de título correspondiente, lo cual como quedó evidenciado aconteció desde el dieciocho de marzo de dos mil veintidós. En este tenor, el requisito de prontitud en la impartición de justicia tiene como elemento esencial que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, siendo por ello requisito indispensable que se acredite con los medios probatorios idóneos y suficientes tal supuesto. En las condiciones apuntadas, la omisión reclamada en la especie, se considera como un acto negativo, pues se pretende demostrar la inconstitucionalidad, por parte de las autoridades responsables al no expedir el título de propiedad respectivo, y por ende, no respetar los términos procesales que para tal efecto consagra la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas. Cabe aclarar que las conductas de carácter omisivas tildadas de inconstitucionales, deben considerarse como actos que en sí mismos no son violatorios de la Constitución Federal, lo que implica que, por su propia naturaleza, necesitan demostrarse y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, para acreditar la inconstitucionalidad del acto negativo señalado en esta vía, por no ser un acto inconstitucional en sí mismo, es necesario que se demuestren algunos requisitos, a saber: que realmente exista una sentencia definitiva en la cual se ordene la adjudicación de la propiedad solicitada; que la promovente haya realizado el pago correspondiente para su expedición; y, que haya trascurrido el término que la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas otorga para la expedición del título. Precisado lo anterior, conviene verificar si en los autos del presente juicio se encuentran acreditados dichos aspectos. 1) Que realmente exista una sentencia definitiva en la cual se ordene la adjudicación de la propiedad solicitada. Este aspecto en particular implica que el gobernado tenga el carácter de parte en el procedimiento de origen, lo que se acredita en el presente juicio, pues de las constancias que integran el procedimiento administrativo de adjudicación con número de expediente 1029/2019 se aprecia que mediante resolución definitiva de veinte de marzo de dos mil veinte, se adjudicó el lote en cuestión a la aquí impetrante de amparo Ma. Julia Morales Martínez; por ende, le asiste el carácter de parte en el procedimiento antes señalado. 2) Que el promovente haya realizado el pago correspondiente para su expedición. En relación a este segundo elemento, también se actualiza, pues obra el recibo expedido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en el que se evidencia que la parte quejosa realizó el pago por el concepto de expedición de título. 3) Que haya trascurrido el término que la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas otorga para la expedición del título. Requisito que también se encuentra colmado ya que como se indicó en el párrafo que antecede, el impetrante del amparo realizó el pago correspondiente desde el dieciocho de marzo de dos mil veintidós y a la fecha del dictado de la presente sentencia, ya transcurrió en exceso el plazo de noventa días siguientes. Por lo que resulta evidente que desde la fecha en la que la autoridad responsable se encontraba en posibilidad material y jurídica de expedir el referido título al día en que se resuelve el presente juicio de amparo, ha transcurrido en demasía el término que concede la ley les concede para tal efecto, pues han transcurrido más de tres meses, equivalente a ciento once días, de ahí que se considere excesivo el plazo devengado para la expedición del título de que se habla. Por lo antes expuesto, es incuestionable que las autoridades responsables, conculcan con su proceder en perjuicio del peticionario de amparo, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, al incumplir con la función que les está encomendada por ley, dentro de los plazos legalmente establecidos; lo cual contraviene a su vez el derecho de propiedad que le asiste al quejoso, ante la omisión injustificada en la expedición del título a que se ha hecho referencia. Efectos de la sentencia: En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa Ma. Julia Morales Martínez, procede es concederle el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para que la autoridad responsable Directora de Fraccionamientos Rurales dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del estado de Zacatecas, sin mayores dilaciones: 1). Ordene a quien corresponda la expedición del título de propiedad del Lote Comunal sin número, con una superficie de 7-25-00 hectáreas de terreno comunal de agostadero, ubicado en la Colonia "Mariana", terreno de la Ex Hacienda de Santa Cruz, Municipio de Fresnillo, Zacatecas, a favor de la quejosa Ma. Julia Morales Martínez. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. Julia Morales Martínez, por su propio derecho, respecto del acto reclamado y autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Vicky/L´JMZG En Zacatecas, Zacatecas a siete de julio de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del ocho de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

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