Ma. Juana Lopez Rosales
Expediente 770/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 770/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Juana Lopez Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil diecinueve. Como del estado procesal que guardan los autos y de la certificación de cuenta se advierte que ha fenecido el término de quince días que establece el artículo 202, en relación con el 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de once de febrero de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de garantías, sin que en ese lapso se hayan inconformado; en consecuencia, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
. CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE TERCERO INTERESADA.DEL PROVEIDO DE ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, este juzgado CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a -, en contra de los actos que reclamó al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 y al Registro Agrario Nacional, en los términos siguientes: ".En consecuencia, al quedar evidenciada la transgresión a los derechos fundamentales de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a -, para que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en Morelia Michoacán: 1. Deje insubsistente todo lo actuado en el expediente agrario 804/2015, sobre sucesión intestamentaria, promovido por -, y emplace a la aquí quejosa, con la finalidad de que sea oída en el mismo, esto es, para que se le brinde la oportunidad de hacer valer lo que a sus intereses legales convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, para acreditar el derecho que dice tener respecto de los derechos agrarios que pertenecieron al finado ejidatario -, reconocido como ejidatario de las parcelas 2 y 74 del Ejido - Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero; hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda. 2. El otorgamiento del amparo se hace extensivo al Delegado del Registro Agrario Nacional, para el efecto de que proceda a la baja de la inscripción de la sentencia pronunciada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 el veintinueve de junio de dos mil quince, en el expediente 804/2015, la cual registró a foja 136 del volumen CXI, Libro Primero, relativo a la inscripción de sentencias, así como de la expedición de los certificados parcelarios números 1031752 y 1031753 a favor de -, que amparan las parcelas números 2 Z-1 P1/2 y 74 Z-2 P1/2, pertenecientes al - Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero". Por auto de catorce de enero del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia; se les requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días (fojas 146 y 147). Posteriormente mediante oficio TUA36/UJ/45/2019 de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, informó que en esa misma data dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio 804/2015 de su índice, giró oficio a la Delegación del Registro Agrario Nacional para que procediera a la baja de inscripción de la sentencia pronunciada el veintinueve de junio de dos mil quince, así como de la expedición de los certificados parcelarios relativos y, por último, instruyó al actuario de su adscripción para que emplazara a la aquí quejosa -, con la finalidad de que compareciera a la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria. Seguidamente, a través del diverso oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veintiuno de enero del año en curso, la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, comunicó y acreditó con las constancias respectivas, que el dieciocho del mes y año en cita, canceló la inscripción de la sentencia materia del acto reclamado; y, posteriormente, con el oficio SDR/163/2019 demostró haber cancelado los certificados parcelarios números 1031752 y 1031753. Asimismo, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, remitió a este juzgado las constancias con las que se acreditó el cumplimiento del órgano registral (fojas 177-194). Es así, que este Juzgador estima que las autoridades responsables han dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en Morelia, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente agrario 804/2015, ordenó el emplazamiento de la quejosa al juicio de origen y al Registro Agrario Nacional dar de baja la inscripción de la sentencia dictada en dicho expediente el veintinueve de junio de dos mil quince, así como la expedición de los certificados parcelarios 1031752 y 1031753, lo que así hizo esta última autoridad. Sin que sea óbice a lo anterior que en la audiencia a que hacen referencia los artículos 170 y 185 de la Ley Agraria, celebrada el cinco de febrero de dos mil diecinueve con la comparecencia de - y la aquí quejosa -, la primera en cuanto parte actora en el juicio de origen desistió de la demanda, lo que el tribunal responsable acordó procedente y ordenó el archivo del expediente. Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria emitida en esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa -, atento a su contenido, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, hágasele la devolución de los documentos a que alude, previa certificación que se deje en autos; se tiene por autorizado para ese efecto a la persona que refiere ";...LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, este juzgado CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a -, en contra de los actos que reclamó al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 y al Registro Agrario Nacional, en los términos siguientes: ".En consecuencia, al quedar evidenciada la transgresión a los derechos fundamentales de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a -, para que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en Morelia Michoacán: 1. Deje insubsistente todo lo actuado en el expediente agrario 804/2015, sobre sucesión intestamentaria, promovido por -, y emplace a la aquí quejosa, con la finalidad de que sea oída en el mismo, esto es, para que se le brinde la oportunidad de hacer valer lo que a sus intereses legales convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, para acreditar el derecho que dice tener respecto de los derechos agrarios que pertenecieron al finado ejidatario -, reconocido como ejidatario de las parcelas 2 y 74 del Ejido - Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero; hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda. 2. El otorgamiento del amparo se hace extensivo al Delegado del Registro Agrario Nacional, para el efecto de que proceda a la baja de la inscripción de la sentencia pronunciada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 el veintinueve de junio de dos mil quince, en el expediente 804/2015, la cual registró a foja 136 del volumen CXI, Libro Primero, relativo a la inscripción de sentencias, así como de la expedición de los certificados parcelarios números 1031752 y 1031753 a favor de -, que amparan las parcelas números 2 Z-1 P1/2 y 74 Z-2 P1/2, pertenecientes al - Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero". Por auto de catorce de enero del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia; se les requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días (fojas 146 y 147). Posteriormente mediante oficio TUA36/UJ/45/2019 de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, informó que en esa misma data dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio 804/2015 de su índice, giró oficio a la Delegación del Registro Agrario Nacional para que procediera a la baja de inscripción de la sentencia pronunciada el veintinueve de junio de dos mil quince, así como de la expedición de los certificados parcelarios relativos y, por último, instruyó al actuario de su adscripción para que emplazara a la aquí quejosa -, con la finalidad de que compareciera a la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria. Seguidamente, a través del diverso oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veintiuno de enero del año en curso, la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, comunicó y acreditó con las constancias respectivas, que el dieciocho del mes y año en cita, canceló la inscripción de la sentencia materia del acto reclamado; y, posteriormente, con el oficio SDR/163/2019 demostró haber cancelado los certificados parcelarios números 1031752 y 1031753. Asimismo, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, remitió a este juzgado las constancias con las que se acreditó el cumplimiento del órgano registral (fojas 177-194). Es así, que este Juzgador estima que las autoridades responsables han dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en Morelia, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente agrario 804/2015, ordenó el emplazamiento de la quejosa al juicio de origen y al Registro Agrario Nacional dar de baja la inscripción de la sentencia dictada en dicho expediente el veintinueve de junio de dos mil quince, así como la expedición de los certificados parcelarios 1031752 y 1031753, lo que así hizo esta última autoridad. Sin que sea óbice a lo anterior que en la audiencia a que hacen referencia los artículos 170 y 185 de la Ley Agraria, celebrada el cinco de febrero de dos mil diecinueve con la comparecencia de - y la aquí quejosa -, la primera en cuanto parte actora en el juicio de origen desistió de la demanda, lo que el tribunal responsable acordó procedente y ordenó el archivo del expediente. Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria emitida en esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa -, atento a su contenido, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, hágasele la devolución de los documentos a que alude, previa certificación que se deje en autos; se tiene por autorizado para ese efecto a la persona que refiere
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, mediante el cual remite el acta de la audiencia a que hacen referencia los artículos 170 y 185 de la Ley Agraria, de la que se advierte que la parte actora en el juicio de origen desistió de la demanda, lo que la autoridad responsable acordó procedente y ordenó el archivo del expediente; sin que haya lugar a dar vista a las partes con dicha documental, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo, toda vez que en proveído de veintinueve de enero pasado se otorgó dicha vista con las constancias necesarias para emitir pronunciamiento, en el momento procesal oportuno, sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
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