Ma. Isabel Barriga Ruiz

Expediente 570/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
570/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
12/07/2018

Partes del expediente

  • Ma. Isabel Barriga Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, doce de julio de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, suscrito por - con el carácter que tiene debidamente reconocido en autos, mediante el cual interpone recurso de queja adjuntando cinco copias del escrito de expresión de agravios, en contra del auto de veinticuatro de marzo pasado, dentro del juicio en que se actúa, en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos a la superioridad, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviándose al efecto el original y réplica del escrito de expresión de agravios e informe sobre la materia de la queja. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en cuanto apoderado jurídico del ******************** ********************, carácter que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración que adjunta, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número V-311/2018-2. Ahora, del análisis integral del escrito inicial de demanda, se aprecia claramente que los actos reclamados se hacen consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1).-Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán se reclama, el auto de ejecución del laudo emitido dentro del juicio Burocrático número 418/2013, que sobre pago de diversas prestaciones promovió la -, en contra de mi representado "******************** DE TACÁMBARO". 2).- Del ciudadano Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, se reclama la diligencia de embargo de fecha fecha 04 cuatro de abril de 2018, dos mil dieciocho, realizada dentro del juicio Burocrático número 418/2013, que sobre pago de diversas prestaciones promovió la-, en contra de mi representado "******************** ********************". Acto respecto del cual, el suscrito estima procedente desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable (por identidad) la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61, fracción XVIII, el cual textualmente señala: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." De los antecedentes de la demanda de garantías, se advierte lo siguiente: ? El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, el aquí promovente del amparo en cuanto representante legal y gestor de la menor quejosa, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil número 1020/2014, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, interpuso tercería excluyente de dominio, la cual se tuvo por promovida en auto de trece de marzo de dos mil diecisiete, registrándose con el número de expediente 306/2017. ? Seguida por sus trámites legales el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, el Juez señalado como responsable, dictó sentencia definitiva en la tercería excluyente de dominio, en la que se declaró que sigue surtiendo efectos el embargo practicado dentro del expediente número 1020/2014, sobre el inmueble materia de conflicto, por las razones que ahí se expusieron. ? Inconforme con dicha determinación, el nueve de octubre de dos mil diecisiete, el promovente del amparo, presentó ante el Juez responsable escrito en el cual solicita se levante el embargo llevado a cabo en el bien inmueble de su menor hija, en contestación al mismo, la citada responsable emitió el auto de doce de octubre de dos mil diecisiete, en el que declaró improcedente la solicitud del ocursante, virtud de que dicha petición fue objeto de declaración en la sentencia, misma que no fue impugnada mediante recurso ordinario alguno. Siendo esta determinación, la que constituye el acto reclamado. El artículo 1339 Bis del Código de Comercio, que prevé: ". Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables.". De ahí que, el acto reclamado se dictó con motivo de una sentencia emitida en una tercería excluyente de dominio, y por ende de cuantía indeterminada debido a la naturaleza de las prestaciones reclamadas en la misma, contra la misma, es procedente el recurso de apelación establecido en el numeral citado con antelación. Así lo determino la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia publicada en la página 498, Libor 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013". Por lo que antes de acudir el peticionario de garantías al juicio de amparo, debió agotar dicho medio ordinario de defensa, para satisfacer el principio de definitividad que resulta necesario para la procedencia del juicio de garantías, de acuerdo con el invocado artículo precepto legal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que la determinación reclamada no se encuentra entre la excepción que la propia fracción contempla, en donde se establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, no es necesario agotar el medio ordinario de defensa. Consecuentemente, como uno de los principios en que se sustenta la acción constitucional de amparo, es el de definitividad, que parte de la premisa fundamental, de que el acto reclamado, no sea susceptible de revocarse, anularse o modificarse, a través de algún medio ordinario de defensa, esto obliga al gobernado hacerlos valer. La que previamente a instarlo, acuda a los recursos ordinarios previstos en la ley, para corregir los vicios de los actos de autoridad, y que en éstos se aleguen, en la forma correspondiente, todas las irregularidades que se adviertan. Es aplicable en el caso, la jurisprudencia número 37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En virtud de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en precepto legal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 113 del mismo ordenamiento, se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de garantías En otro aspecto, toda vez que el promovente no hace manifestación alguna respecto a si se opone a la publicación de su nombre y datos personales en el presente asunto, una vez que cause estado el presente proveído, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga". Finalmente, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, autorizando para ese efecto e imponerse de los autos a la profesionista que indica, quien contará con las demás facultades que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, una vez que registre su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la ley de la materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Notifíquese.

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