Ma. Juana Cortes Campuzano

Expediente 1004/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 36 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1004/2017
Año
2017
Actuaciones
36
Última actuación
04/01/2019

Partes del expediente

  • Ma. Juana Cortes Campuzano
  • Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado con residencia en Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Visto el escrito de José Manuel Cruz Robles, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia, expídase a su costa copia certificada del testimonio relativo a la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, así como del auto en que se declaró cumplida la mencionada ejecutoria; facultándose al personal de este órgano jurisdiccional para que se traslade con el expediente al sistema de fotocopiado y una vez recabadas las copias solicitadas se devuelva a la secretaría; previa identificación y recibo que de su entrega obre en autos. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA: MA. JUANA CORTÉS CAMPUZANO Y EFIGENIA RANGEL ORTEGA, ERICK VIDAR, MIGUEL ÁNGEL Y CYNTHIA ELIZABETH, LOS TRES ÚLTIMOS DE APELLIDOS ALVA RANGEL. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que, al haberse concedido la protección constitucional, es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que exhibieron, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se dio apertura al incidente de suspensión respectivo. Ahora, ya que es un hecho notorio que diversas autoridades se encuentran gozando del segundo período vacacional correspondiente a este año, se reserva la entrega de los oficios relativos a este acuerdo, hasta en tanto reanuden labores. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que, al haberse concedido la protección constitucional, es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que exhibieron, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se dio apertura al incidente de suspensión respectivo. Ahora, ya que es un hecho notorio que diversas autoridades se encuentran gozando del segundo período vacacional correspondiente a este año, se reserva la entrega de los oficios relativos a este acuerdo, hasta en tanto reanuden labores. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MA. JUANA CORTÉS CAMPUZANO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por lo que procede a determinarse de oficio al respecto. Antes de examinar, se advierte que mediante proveídos de seis de noviembre del año en curso, se tuvo a los terceros interesados Efigenia Rangel Ortega, Erick Vidar, Miguel Ángel y Cynthia Elizabeth, los tres últimos de apellidos Alva Rangel, así como la parte quejosa por conducto de sus autorizados, desahogando la vista en relación con el cumplimiento de las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, lo que fue acordado en sus términos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado para el resto de las partes, y esta potestad federal con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro se inserta: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho fojas 175 a 188 por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, sobreseyó en el juicio de amparo solicitado por Ma. Juana Cortés Campuzano. Inconforme con la determinación anterior, mediante escrito recibido en este juzgado el diecinueve de febrero de la anualidad que transcurre, la parte quejosa interpuso recurso de revisión fojas 220 a 227, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien en sesión de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho fojas 247 a 259, determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado por Ma. Juana Cortés Campuzano, respecto de los actos que reclamó del Director de Catastro del Estado de Michoacán y otras autoridades. Por auto de treinta de mayo de dos mil dieciocho fojas 260 y 261, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. En mérito de lo anterior, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, la Directora de Catastro del Estado por sí y en representación del Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos Catastrales, mediante oficio 1435/2018 remitió la misiva 1417/2018 en la cual dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de variación catastral 81/2005 y los oficios 1418, 1419 y 1420 dirigidos a el Receptor de Rentas de Charo, Michoacán, Director del Registro Público en el Estado y a la quejosa fojas 274 a 280. Asimismo, se tuvo al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio informando que se encontraba imposibilitado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que el bien inmueble registrado bajo el número 05 del tomo 6437 había sido transmitido por su entonces propietaria Ma. Auxiliadora Cortes Campuzano a favor de Roberto Caín García Zacarías quien, a su vez, lo vendió a favor de Efigencia Rangel Ortega, Erick Vidar Alba Rangel, Miguel Ángel Alva Rangel y Cynthia Elizabeth Alva Rangel. Por lo que solicitó si también debían de cancelarse los testimonios inscritos bajo el número 46 del tomo 6557 y el registro 38 del tomo 13154, ambos de los libros de propiedad correspondientes al Distrito de Morelia fojas 284 a 309. Luego, mediante auto de quince de junio de dos mil dieciocho (fojas 310 y 311), se requirió al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio para que informara si era su deseo solicitar aclaración de sentencia como lo establece el artículo 74, último párrafo de la Ley de Amparo; o, bien, se diera trámite al incidente previsto en el artículo 193, párrafo cuarto, de la ley de la materia. Por oficio RPP/2794/2018 el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio manifestó que quería que se diera trámite al incidente previsto en el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo (foja 315). El veintidós de junio de dos mil dieciocho (fojas 316 a 319) este juzgado determinó que quien debía interpretar dicha resolución era el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo de este circuito judicial, toda vez que fue la que en segunda instancia determinó conceder la protección constitucional. Por auto de veintisiete de junio de dos mil dieciocho (foja 323), el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito informó que el cumplimiento del amparo debía constreñirse a los lineamientos trazados en la ejecutoria dictada por ese tribunal, sin perjuicio de que la autoridad resolviera al respecto, pues contaba de plenitud de facultades para decidir lo que en derecho correspondía. Mediante oficio 1594/2018 la Directora de Catastro en el Estado, por sí y en representación del Jefe de Procedimientos Administrativos Catastrales remitió el oficio sin número y anexos del Receptor de Rentas de Charo, Michoacán, con el cual le informó que se habían hecho las modificaciones correspondientes en el registro catastral mecanizado y en la tarjeta de registro de control catastral, quedando dicho registro a nombre de Ma. Juliana Campuzano Maciel (fojas 329 a 332); de igual forma, remitió el oficio RPP/DAT/2683/2018 signado por el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, mediante el cual dio respuesta a su oficio 1419/2018 de cuatro de junio de dos mil dieciocho en el que informó la imposibilidad que tenía para dar cumplimiento a su requerimiento (foja 333). En auto de seis de julio de dos mil dieciocho, este juzgado determinó no dar apertura al incidente previsto en el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, por lo que se requirió de nuevo a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a las obligaciones impuestas en la ejecutoria de amparo que fueron las siguientes: Obligaciones básicas: En restitución del derecho fundamental vulnerado, la promovente pueda manifestar lo que en derecho proceda ante la autoridad responsable Director de Catastro del Estado de Michoacán, en relación al procedimiento de variación catastral adyacente 81/2005, en defensa de sus derechos como hija de la autora de la sucesión. Concesión que se hizo extensiva a los actos reclamados de las restantes autoridades señaladas como responsable, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia de la omisión de habérsele llamado al expediente de origen como probable heredera de la de cujus. Como lo sostuvo la superioridad, lo tutelado de tal ejecutoria fue el derecho de audiencia que asiste a la quejosa Ma. Juana Cortés Campuzano, por lo que para el debido cumplimiento del fallo protector, deberían dar oportunidad para que la quejosa pudiera manifestar lo que estimara pertinente ante la Directora de Catastro del Estado de Michoacán, en relación al procedimiento de variación catastral de origen, en defensa de sus derechos que como hija de la autora de la sucesión debe tener. Y, como se precisó en la ejecutoria, las autoridades responsables contaban con plenitud de jurisdicción para resolver lo que en derecho corresponda respecto a las manifestaciones que se realicen, para lo cual deberán atender a las figuras que dotan de certeza y seguridad jurídica a los actos procesales. El trece de julio de dos mil dieciocho se recibió en este juzgado el oficio sin número de once de julio de dos mil dieciocho signado por el Receptor de Rentas de Charo, Michoacán, con el que informó que el diecinueve de junio de dos mil dieciocho se realizaron las modificaciones correspondientes en el registro catastral y la tarjeta de registro de control catastral (fojas 342 a 347). De igual forma, mediante comunicado 2460/2018 la Directora de Catastro en el Estado por sí y en representación del Jefe del Departamento de Procedimientos Catastrales, informó que mediante oficio de cuatro de junio de dos mil dieciocho había hecho saber a este juzgado que dejó sin efectos el acuerdo resolutorio 169 de dieciséis de marzo de dos mil cinco dictado en el procedimiento de variación catastral 81/2005, así como que giró órdenes al Receptor de Rentas de Charo, Michoacán y Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado para que dejaran sin efectos el registro de la cuenta catastral respecto del predio materia de la variación catastral citada (fojas 353 a 366). Después, el once de octubre del presente año (fojas 377-383), al calificar el cumplimiento dado a la sentencia concesiva del amparo, este órgano jurisdiccional no tuvo por cumplido en su totalidad el fallo protector, al advertir que el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, domiciliado en esta localidad, no había cancelado la inscripción registral de la variación catastral dictada dentro del procedimiento administrativo 81/2005, que obraba inscrita bajo el número 05 del tomo 6437 del libro de propiedad correspondiente al Distrito de Morelia, así como los que se hubieran realizado posterior a dicho registro. Luego, en relación al requerimiento efectuado en la data citada en el párrafo precedente, mediante comunicación con terminación 4036/2018, remitió copia certificada mediante la cuales acreditó la cancelación de los registros 05, 46 y 38 de los tomos 6437, 6557 y 13154, todos de los libros de propiedad correspondientes al Distrito de Morelia. Bajo ese contexto, por auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho (foja 419), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que dieron las autoridades responsables, efectuándolo los terceros interesados Efigenia Rangel Ortega, Erick Vidar, Miguel Ángel y Cynthia Elizabeth, los tres últimos de apellidos Alva Rangel, así como la parte quejosa por conducto de sus autorizados. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito en el presente asunto otorgó el amparo a la solicitante de derechos, para el efecto de que el Director (1), Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos Catastrales (2), ambos de la Dirección de Catastro del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán (3) y Receptor de Rentas de Charo, Michoacán (4) realizaran lo siguiente: En restitución del derecho fundamental vulnerado, la promovente pudiera manifestar lo que en derecho procediera ante la autoridad responsable Director de Catastro del Estado de Michoacán, en relación al procedimiento de variación catastral adyacente 81/2005, en defensa de sus derechos como hija de la autora de la sucesión. Concesión que se hizo extensiva a los actos reclamados de las restantes autoridades señaladas como responsable, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia de la omisión de habérsele llamado al expediente de origen como probable heredera de la de cujus. Como lo sostuvo la superioridad, lo tutelado de tal ejecutoria fue el derecho de audiencia que asiste a la quejosa Ma. Juana Cortés Campuzano, por lo que para el debido cumplimiento del fallo protector, deberían dar oportunidad para que la quejosa pueda manifestar lo que estime pertinente ante la Directora de Catastro del Estado de Michoacán, en relación al procedimiento de variación catastral de origen, en defensa de sus derechos que como hija de la autora de la sucesión debe tener. Y, como se precisó en la ejecutoria, las autoridades responsables cuentan con plenitud de jurisdicción para resolver lo que en derecho corresponda respecto a las manifestaciones que se realicen, para lo cual deberán atender a las figuras que dotan de certeza y seguridad jurídica a los actos procesales Al respecto, las autoridades responsables realizaron lo siguiente: El cuatro de junio de dos mil dieciocho la Directora de Catastro del Estado por sí y en representación del Jefe del Departamento de procedimientos Administrativos (1 y 2) dejó insubsistente lo actuado en el expediente 81/2005 relativo al procedimiento administrativo de variación catastral, además, ordenó al Receptor de Rentas de Charo, Michoacán, cancelara el registro catastral derivado del dicho procedimiento administrativo; asimismo, requirió al Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, cancelara el registro que hubiera efectuado con motivo del citado procediminto (fojas 276 y 277). El diecinueve de junio de dos mil dieciocho el Receptor de Rentas de Charo, Michoacán (4) realizó las modificaciones al registro catastral mecanizado y tarjeta de registro de control catastral, lo que acreditó con los anexos que remitió (fojas 342 a 347). El Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, domiciliado en esta localidad (3), canceló las inscripciones registrales de la variación catastral dictadas dentro del procedimiento administrativo 81/2005, que obraban inscritas bajo los registros 05, 46 y 38 de los tomos 6437, 6557 y 13154, todos de los libros de propiedad correspondientes al Distrito de Morelia (fojas 399 a 418). Finalmente, el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho la Directora de Catastro del Estado de Michoacán, emitió acuerdo resolutorio 0332, en el expediente 081/2005 promovido por María Auxiliadora Cortes Campuzano, respecto a la variación catastral del bien que perteneció a la extinta Juliana Campuzano Maciel (fojas 360 a 362), del que se desprende que dio oportunidad a la quejosa para que pudiera manifestar lo que estimara pertinente, tan es así que cedió las acciones y derechos que le correspondían del inmueble integrador del caudal hereditario; y, finalmente, con plenitud de jurisdicción resolvió lo que en derecho correspondía, al establecer que accedía a lo solicitado por las promoventes, por lo cual giró comunicado al Receptor de Rentas de Charo, Michoacán, para que inscribiera en favor del cesionario José Luis Caín García Cortes. Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable Directora de Catastro del Estado, por sí y en representación del Jefe del Departamento de procedimientos Administrativos, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente 81/2005. Además, del acuerdo resolutorio 0332, emitido en el expediente 081/2005 por la Directora de Catastro el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se desprende que dio oportunidad a la quejosa para que pudiera manifestar lo que estimara pertinente, tan es así que ésta cedió a José Luis Caín García Cortes las acciones y derechos que le correspondían del bien inmueble que integraba el caudal hereditario; para finalmente con plenitud de jurisdicción resolvió lo que en derecho correspondía respecto a las manifestaciones efectuadas por las promoventes de la solicitud relativa al procedimiento de variación catastral adyacente. Para concluir, las autoridades responsables Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, así como el Receptor de Rentas de Charo, Michoacán, respectivamente en el ámbito de su competencia, llevaron a cabo la cancelación de las inscripciones registrales de la variación catastral dictadas dentro del procedimiento administrativo 81/2005, que obraban inscritas bajo los registros 05, 46 y 38 de los tomos 6437, 6557 y 13154, todos de los libros de propiedad correspondientes al Distrito de Morelia, así como las modificaciones al registro catastral mecanizado y tarjeta de registro de control catastral. En consecuencia, de lo anteriormente sintetizado y acorde a las manifestaciones vertidas por los autorizados de la quejosa, es evidente que las autoridades responsables llevaron, individualmente, a cabo los actos correspondientes para el acatamiento de la ejecutoria de amparo; por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que las responsables acataron lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues en restitución al derecho fundamental violado a la solicitante del amparo, la Directora de Catastro del Estado de Michoacán, en relación al procedimiento de variación catastral adyacente 81/2005, le dio oportunidad para que pudiera manifestar lo que en derecho correspondiera, tan es así que la quejosa cedió a José Luis Caín García Cortes los derechos y las acciones que le correspondían del inmueble integrador del caudal hereditario. Luego, la Directora del Catastro del Estado de Michoacán, con plenitud de jurisdicción lo que en derecho correspondía, esto es, determinó acceder a lo solicitado por las promoventes de dicho procedimiento de variación catastral al ordenar que se hiciera la inscripción a favor de José Luis Caín García Cortes el bien que perteneció a la extinta Juliana Campuzano Maciel. Además, las restantes responsables en el ámbito de su competencia llevaron a cabo los actos concernientes a éstas, pues para ello, individualmente, llevaron a cabo la cancelación de las inscripciones registrales de la variación catastral dictadas dentro del procedimiento administrativo 81/2005, que obraban inscritas bajo los registros 05, 46 y 38 de los tomos 6437, 6557 y 13154, todos de los libros de propiedad correspondientes al Distrito de Morelia, así como las modificaciones al registro catastral mecanizado y tarjeta de registro de control catastral. Lo cual muestra que no dejaron de hacer algo que se les haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que las responsables no fueron más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Porque su actuar fue, previo a dar oportunidad a la quejosa para que pudiera manifestar lo que en derecho correspondiera ante la autoridad responsable, Directora de Catastro del Estado de Michoacán, en relación con un procedimiento de variación catastral, dejar insubsistente todo lo actuado desde el acuerdo inicial, incluido el acuerdo resolutorio 169 de dieciséis de marzo de dos mil cinco, dictado en dicho procedimiento, así como sus consecuencias jurídicas, como son, cancelarse las inscripciones registrales con motivo de la variación catastral anteriormente emitida, y una vez acontecido lo anterior, con plenitud de facultades resolver lo que en derecho correspondiera, lo que aconteció el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Por otra parte, en cuanto a los argumentos vertidos por los terceros interesados, consistentes en que las responsables al llevar el acatamiento a la ejecutoria de amparo incurrieron en un exceso, pues llevaron a cabo la cancelación de los registros catastrales, así como de las escrituras de propiedad tanto de los de ellos como de los antecedentes que sirvieron para emitirles título de propiedad. Lo anterior, porque a su consideración no fue materia de la sentencia concesiva, pues únicamente consistía en que se anulara o se dejara sin efectos la cancelación de la variación catastral, para que fuera llamada la presunta heredera a deducir sus derechos. Argumentos anteriores que devienen ineficaces, toda vez que el título que constituye la resolución que ordena una variación catastral está sujeto al resultado de los juicios que surjan con motivo de la sucesión, como en el caso acontece, por tanto, si la Directora de Catastro, en cumplimiento a la concesiva del amparo, apreció que debía llevar a cabo dicha variación, todas las personas que hayan adquirido de ella, deben estar a las resultas de las insuficiencias de ese título de su causante, circunstancias anteriores que demostradas quedaron al calificar el cumplimiento dado al fallo protector por parte de las responsables. Por otra parte, expresaron los terceros interesados que se debe requerir al Director de Catastro del Estado, como al Director del Registro Público para que remitieran el dictamen o resolución administrativa o acuerdo que hubiesen dictado para anular o cancelar los registros catastrales y registrales, así como las notificaciones que les hubieran practicado en las que se les hicieran saber dichas cancelaciones; asimismo, copia certificada íntegra del expediente de la variación catastral, esto último toda vez que no se les dio vista con todo el trámite realizado por la autoridad responsable, y al no haberlo hecho así, se viola en su perjuicio sus derechos consagrados en los artículos 14 y16 constitucionales, motivo por el cual, Además, que si el Director de Catastro anuló la variación catastral y el Director del Registro Público canceló las escrituras, únicamente lo debieron haber realizado sobre el cincuenta por ciento de los derechos del inmueble, toda vez que las escrituras con las que contaban protegían el cincuenta por ciento restante, y al no haberlo hechos así, existe un exceso en el acatamiento al fallo protector. Exposiciones anteriores que no son obstáculo para arribar a la conclusión a la que se llegó, toda vez que como ya quedó demostrado, la autoridad cumplió cabalmente con dar la oportunidad a la quejosa de que se manifestara ante la multicitada Directora de Catastro, en relación al procedimiento de variación catastral, en defensa de sus derechos que como hija de la autora de la sucesión debía tener, una vez acontecido ello, resolvió al respecto con plenitud de facultades otorgadas, como lo hizo y, a virtud de la extensiva concesión, las autoridades ejecutoras registral y catastral, se estableció la libertad de gravámenes correspondientes. Esto es, en el fallo no se le conminó para que llevara a cabo las acciones que pretenden los terceros interesados realizara la Directora de Catastro, sino por lo contrario, el haberse efectuado la cancelación de los registros catastrales y registrales, fue una consecuencia de la insubsistencia del acto reclamado que realizó la responsable en cumplimiento de la ejecutoria concesiva para restituir a la promovente del amparo en el pleno goce de los derechos vulnerados, lo que tuvo como consecuencia, la protección constitucional decretada en el presente sumario, motivo por el cual no era necesario que previamente a ordenar tal anulación se notificara a los terceros interesados. Además, cabe señalar que si bien las controversias relativas al derecho de propiedad deben dilucidarse ante las autoridades del fuero común y no ante la potestad federal, lo cierto es que, la cancelación de las inscripciones de los terceros interesados sobre el inmueble materia del legado, ordenada con motivo del fallo protector, no implica que se esté resolviendo la prevalencia del derecho de propiedad sobre el mismo ya que ningún pronunciamiento se hizo al respecto, pues como ya se dijo tal cancelación sólo obedece a que al momento en que se impugnaron los actos que tuvieron como origen la concesión a la quejosa no se le había dado intervención, por ello, la protección constitucional únicamente tiene como finalidad restituir a la solicitante de los derechos vulnerados a fin de otorgar efectividad al fallo protector, por tanto, adversamente a lo que exponen no puede decirse que previamente debió promoverse la nulidad de las inscripciones, de ahí que devengan ineficaces sus alegaciones. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

Quedan 32 actuaciones en este expediente

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