Ma. Isabel Cuatianquis Cerros

Expediente 1081/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1081/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
07/03/2019

Partes del expediente

  • Ma. Isabel Cuatianquis Cerros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, se considera que este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió al no haberse tramitado incidente de suspensión. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubiesen exhibido, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MA. ISABEL CUATIANQUIS CERRO. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, se considera que este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió al no haberse tramitado incidente de suspensión. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubiesen exhibido, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, siendo las nueve horas con diez minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 11), hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo II-1081/2018, promovido por Ma. Isabel Cuatianquis Cerros, por propio derecho, contra actos de la autoridad que se menciona en el cuadro siguiente: NO.AUTORIDAD RESPONSABLE1 JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. De quien reclama el acto consistente en: La dilación en el trámite del juicio laboral 2C-1573/2017, en forma concreta: La omisión de dictar acuerdo sobre admisión de pruebas. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con la asistencia del secretario licenciado Javier Ivan Contreras Osorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el secretario hace una relación de las constancias de autos y certifica: Que obran agregadas las siguientes: Demanda de amparo (fojas 2 y 3) Auto admisorio de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 5 a 7) De igual forma, se hace relación del informe justificado que obra en autos mediante el cuadro siguiente: N° Autoridad Fojas Sentido 1 PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. 12 Cierto Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias; con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a ordenar el emplazamiento de terceros interesados, ya que en este asunto se reclaman omisiones en el trámite del juicio laboral subyacente, específicamente omisión de dictar acuerdo sobre admisión de pruebas, de ahí que un posible sobreseimiento, la negativa del amparo o una concesión de la protección constitucional por dilaciones no les causa perjuicio alguno. Además, con base en la reforma constitucional al artículo 17, párrafo segundo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, se impuso a los juzgadores la obligación de que en caso de no afectarse la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Se abre el período de pruebas en el que el secretario hace constar: Que obra la documental que la quejosa anexó a su demanda de amparo, así como las que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado (fojas 13 a 52), consistentes en copia certificada del expediente laboral 2C-1573/2017, sin que las demás partes las ofrecieran; a lo que el Juez acuerda: Ténganse por ofrecidas y desahogadas las probanzas ofertadas por la quejosa y autoridad responsable y a las demás partes por perdido su derecho de ofertarlas y se cierra esta etapa. Enseguida, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el Juez acuerda: En consideración que ninguna de las partes formuló alegatos se les tiene perdido su derecho a hacerlo y se cierra esta fase. Acto seguido, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo II-1081/2018; y R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Ma. Isabel Cuatianquis Cerros, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, los que consideró violatorios de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, relató los antecedentes que consideró pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que se admitió a trámite mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque la omisión se atribuye a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, relativa a la Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención de la promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a impugnar: La dilación en el trámite del juicio laboral 2C-1573/2017, en forma concreta: La omisión de dictar acuerdo sobre admisión de pruebas. Tercero. Certeza de la omisión reclamada. Es cierta la omisión que se atribuye a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, no obstante que al rendir su informe con justificación (foja 12), no precisó si era cierto o no el acto reclamado; sin embargo, toda vez que manifestó que el quince de enero de dos mil diecinueve, emitió acuerdo de admisión de pruebas dentro del juicio 2C-1573/2017, se le tiene por cierto el acto que se le atribuye. Apoya lo anterior la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 486, tomo IV, octubre de 1996, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que la quejosa hubiese señalado en su demanda de garantías que los actos reclamados fueron dictados en un expediente al que denominó causa y no averiguación, no se sigue que por ese motivo se trate de expedientes diferentes, pues no debe perderse de vista que además en dicha demanda aquélla señaló que ese expediente era el número 2, que se trataba de una orden de aprehensión, misma que fue dictada por el Juez Cuarto de Distrito en la entidad, ahora Quinto, y que el delito que se le imputaba era el previsto en el artículo 58 de la Ley Forestal en relación con los numerales 11, 20 y 22 de la propia Ley, todo lo cual coincide con las constancias que como justificación de su informe rindió el aludido Juez Cuarto de Distrito, ahora Quinto". Circunstancia anterior que se corrobora con las copias certificadas que anexó la responsable al informe con justificación; documental pública con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 153, tomo VI, materia común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que se lee: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual forma, resulta aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 588, tomo V, segunda parte-2, enero a junio de 1990, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, materia común, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". Cuarto. Procedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al igual que la jurisprudencia número 228, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Respecto al acto reclamado que se hace consistir en la omisión de dictar acuerdo sobre admisión de pruebas dentro del juicio laboral 2C-1573/2017, el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Es así porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto que se reclama o realiza el que debía, cuando como en el caso se demanda una omisión, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho humano violado; de ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de aquél, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia a estudio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, como es el caso. Del contenido de las copias certificadas remitidas por la responsable, se advierte que abandonó la conducta pasiva que se atribuye, ya que el quince de enero de dos mil diecinueve, emitió el acuerdo relativo a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio ordinario laboral 2C-1573/2017 (fojas 51 y 52), esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda (trece de diciembre de dos mil dieciocho). Atento lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al haber cesado la omisión de emitir el acuerdo relativo a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio ordinario laboral 2C-1573/2017, que se le atribuye a la autoridad responsable; de ahí que, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la ley en la materia, y de acuerdo a lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, procede sobreseer en el juicio. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma. Isabel Cuatianquis Cerros, respecto a la omisión que reclamó a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido del licenciado Javier Ivan Contreras Osorio, secretario que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; agréguese a los autos y con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, conforme lo dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la referida autoridad ofreciendo como prueba las constancias que adjunta, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrarse la audiencia constitucional.

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