Ma Josefina Loya García

Expediente 735/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
735/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
20/09/2016

Partes del expediente

  • Ma Josefina Loya García

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

  2. Principal

    CONSTANCIA. En atención a que la parte QUEJOSA no compareció los días veintidós ó veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, no obstante el CITATORIO que se le dejó para tal fin, por este medio se le notifica el proveído de veinte del mes y año en curso, el cual en lo conducente diced: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda que promueve ***, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Partido, con sede en Salamanca, Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto, por lo que se ordena formar y registrar el expediente en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número 735/2016-VI. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, respecto de la resolución reclamada de veintitrés de agosto del presente año, dictada en el expediente civil *** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de Salamanca, Guanajuato, por la cual le fue desechada la tercería excluyente de dominio presentado por el hoy quejoso, en términos de los artículos 58 y 625 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, y por haberse tramitado en relación a un juicio sucesorio, este Juzgado de Distrito no es legalmente competente para conocer de la misma; ello en virtud de que dicha resolución, es equiparable a aquellas resoluciones que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Ello es así, pues, debe tomarse en consideración que en las tercerías, se ejerce una acción de oposición por un tercero respecto de la propiedad de bienes embargados, o en cuanto a la preferencia de los créditos que deban cubrirse con el producto de aquéllos, que forzosa y necesariamente debe resolverse mediante la sustanciación de un procedimiento contradictorio en el que se dé oportunidad a las partes de plantear sus pretensiones, rendir pruebas y formular alegatos. Así, dichas tercerías se ocupan de resolver un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge la tercería; esto es, en la tercería excluyente se ventila una acción distinta a la que se debate en el juicio principal y al ser la controversia en ésta, distinta a la del juicio preexistente, materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Ello, en virtud de que el tercero es ajeno a la controversia principal, y al ejercitar la nueva acción debe acreditar tener un interés propio y distinto a quienes son parte en el juicio principal, esta nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, todo esto evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios autónomos. Ilustra lo anterior los siguientes criterios emitidos por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcriben: "TERCERÍAS. El inciso c, de la fracción V, del artículo 43, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción VII, se refieren a recursos concedidos por las leyes, que tienen como consecuencia, revocar, reformar o enmendar las resoluciones judiciales pronunciadas en un juicio; pero las tercerías excluyentes de dominio no tienen el carácter de recursos, sino que constituyen un juicio propiamente dicho, en el que se siguen todas la formalidades legales inherentes a su naturaleza; por lo cual, tratándose de terceros extraños al juicio, no es necesario que, para recurrir al amparo, se vean obligados a recurrir antes a la tercería excluyente". "TERCERÍAS, NATURALEZA DE LAS SENTENCIAS EN LAS. Si bien es cierto que las tercerías se reputan incidentales de los juicios en que se promueven, ello no significa que rija, respecto de las mismas, el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pues la tercería es un verdadero juicio que, una vez terminado por sentencia que cause ejecutoria, no puede ser anulado por el hecho de que el juicio principal no llegue a su término, ya porque se desista la parte actora en dicho juicio, o bien por cualquiera otra causa. En la tercería excluyente de dominio, el tercerista sostiene ser propietario de la cosa embargada o disputada en el juicio principal, frente a las partes que intervienen en este último, y si se dicta sentencia que cause ejecutoria, declarando procedente la tercería, es evidente que debe tenerse como verdad legal, la declaración contenida en tal sentencia, en el sentido de que la cosa embargada o disputada en el juicio principal, es de la propiedad del tercerista, de tal manera, que desde el momento en que existe esa verdad legal, por más que la tercería sea incidental del juicio principal, ya no le afecta en lo más mínimo la suerte que siga el juicio o lo que en el mismo se resuelva." Aunado a lo anterior, en relación con los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo, el artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común [.]". Ahora bien, el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Mientras que el diverso 170, del mismo cuerpo de leyes, es del contenido siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido... Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos..." Del primer y tercer numeral antes transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Asimismo, define como sentencia definitiva o laudo, los que deciden el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Cabe precisar que, al resolver la contradicción de tesis 152/2003-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que los actos que delimitan la procedencia del amparo directo tienen las siguientes características: 1. Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Ésta (sentencia) resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; y, b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil, siempre que la ley así lo autorice. 2. Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que en contra de éstas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario; y, 3. Los laudos son las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden laboral. Al respecto, es preciso mencionar que, en el texto de la Ley de Amparo vigente, el legislador ya no dotó a la sentencia definitiva reclamable en amparo directo, de la exigencia relativa a "respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", requisito que sí establecía la abrogada Ley de Amparo, en su artículo 46. Esto es, en la nueva Ley de Amparo, la sentencia, laudo o resolución definitiva es aquella que pone fin al juicio, sin el requisito de que en su contra no proceda algún recurso que prevea la ley común. Se afirma lo anterior, ya que el principio de definitividad, se encuentra en el tercer párrafo de la fracción I del precitado numeral 170 de la Ley de Amparo vigente, al establecer que, previamente al juicio de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales, la sentencia, laudo o resolución reclamada puede ser modificada o revocada; traduciéndose dicha exigencia en un requisito de procedibilidad del juicio de amparo directo y no como un elemento para poder establecer si la sentencia o resolución puede ser reclamada en el amparo uniinstancial. En ese contexto normativo, toda vez que la competencia del Tribunal Colegiado y la procedencia del amparo directo, ya no están estrechamente relacionadas en la nueva Ley de Amparo, pues la primera se surte por el solo hecho de que se reclame una sentencia que haya decidido el juicio en lo principal, o una resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo haya dado por concluido, al margen de que la ley conceda o no un recurso ordinario, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, habida cuenta que esto último incide únicamente en la procedencia o improcedencia del juicio En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo vigente, al reclamarse un una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, dio por concluida la tercería excluyente de dominio de origen, lo que compete conocer y resolver al Tribunal Colegiado en Materia Civil, en Turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, de rubro y texto: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia del Pleno del Trigésimo Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis PC.XXX. J/8 K (10a.), visible en la página 3222, que dice: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO". Así como la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tesis II.2o.C.4 K (10a.), visible en la página 3222, que dice: "SENTENCIA DEFINITIVA EN LA NUEVA LEY DE AMPARO. PARA DETERMINAR LA VÍA DE SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO Y LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ÉSTA, ES INNECESARIO ANALIZAR SI SE AGOTÓ O NO EL RECURSO PROCEDENTE, PUES LA LEGISLACIÓN VIGENTE SÓLO LO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. De conformidad con la legislación de amparo abrogada, se entendía por sentencia definitiva "... las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.-También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. ..." y por resolución que pone fin al juicio "... aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.". Como se ve, la recurribilidad del acto cuando la ley preveía recurso al respecto, era un elemento que formaba parte de estos conceptos, por lo que constituía un requisito a tomarse en consideración para definir la competencia para conocer de la demanda de amparo directo y en términos del artículo 158 de la propia ley abrogada contra tales actos se surtía la competencia en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito. En la actualidad, de conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente, se entiende por sentencias definitivas las que "... decidan el juicio en lo principal ..." y por resolución que pone fin al juicio "... las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido ...", sin que en esta nueva norma se exija como elemento, que se interponga el recurso correspondiente pues ya no lo prevé así, el cual únicamente impacta a la procedencia del juicio, en términos del propio artículo 170, fracción I, párrafo segundo. En consecuencia, ante esta nueva concepción tanto de sentencia definitiva como de resolución que pone fin al juicio, la competencia para conocer de éstas cuando no han sido impugnadas mediante el recurso procedente, se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito y no de un Juez de Distrito". Motivo por el cual, se ordena remitir los autos del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en Turno, con residencia en Guanajuato capital, para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, y como su autorizado a ***, en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, toda vez que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Además, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.

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