Ma Josefina Isabel Butanda Aguayo
Expediente 858/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma Josefina Isabel Butanda Aguayo
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio que suscribe el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, por el cual comunica que ACEPTÓ LA COMPETENCIA PLANTEADA y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo registrada con el número 858/2015-I, del índice de este juzgado. Por tanto, ARCHÍVESE el presente cuaderno por encontrarse concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado federal, asimismo de conformidad con el punto cuarto del acuerdo complementario al diverso general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, el presente cuadernillo es susceptible de destrucción, por lo que transcurridos seis meses a partir de este proveído, podrá ser destruido, cabe hacer mención que el presente sumario NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
Téngase por recibido el oficio que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, a través del cual acusa recibo del comunicado número 19211, del índice de este Juzgado, mediante el cual le fueron remitidos los autos originales del cuaderno de antecedentes en que se actúa, así como el original de la demanda de amparo suscrita por la parte quejosa. Asimismo, se advierte que ordenó las diligencias necesarias para determinar si acepta o no la competencia planteada por esta autoridad.
- Principal
CONSTANCIA.- En cumplimiento a los acuerdos de treinta de septiembre de dos mil quince , por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución dictada el treinta de septiembre de la presente anualidad , que en lo conducente dice: Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve -----, por propio derecho; contra actos del Juez Cuarto Menor de esta ciudad; que considera violatorio en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se ordena formar y registrar el expediente en el Libro de Gobierno, con el número 858/2015-I. Ahora, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene o no para conocer del libelo constitucional recibido. En efecto, en el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "La Sentencia dictada en fecha 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 y notificada personalmente el 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2015". De lo que se coligue que, este Juzgado de Distrito no es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo. Ello es así, pues al acto que en esta vía se combate le reviste el carácter de sentencia definitiva que puso fin al juicio de origen; acto que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Luego, en relación con los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo, el artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común [.]". Ahora bien, el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vigente establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Mientras que el diverso 170, es del contenido siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido... Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos..." Del primer y tercer numeral antes transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Asimismo, define como sentencia definitiva o laudo, los que deciden el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Cabe precisar que, al resolver la contradicción de tesis 152/2003-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que los actos que delimitan la procedencia del amparo directo tiene las siguientes características: 1. Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Ésta (sentencia) resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; y, b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil, siempre que la ley así lo autorice. 2. Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que en contra de éstas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario; y, 3. Los laudos son las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden laboral. Al respecto, es preciso mencionar que, en el texto de la Ley de Amparo vigente, el legislador ya no dotó a la sentencia definitiva reclamable en amparo directo, de la exigencia relativa a "respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", requisito que sí establecía la abrogada Ley de Amparo, en su artículo 46. Esto es, en la nueva Ley de Amparo, la sentencia, laudo o resolución definitiva es aquella que pone fin a juicio, sin el requisito de que en su contra no proceda algún recurso que prevea la ley común. Se afirma lo anterior, ya que el principio de definitividad, se encuentra en el tercer párrafo de la fracción I del precitado numeral 170 de la Ley de Amparo vigente, al establecer que, previamente al juicio de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales, la sentencia, laudo o resolución reclamada puede ser modificada o revocada; traduciéndose dicha exigencia en un requisito de procedibilidad del juicio de amparo directo y no como un elemento para poder establecer si la sentencia o resolución puede ser reclamada en el amparo uniinstancial. En ese contexto normativo, toda vez que la competencia del Tribunal Colegiado y la procedencia del amparo directo, ya no están estrechamente relacionadas en la nueva Ley de Amparo, pues la primera se surte por el solo hecho de que se reclame una sentencia que haya decidido el juicio en lo principal, o una resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo haya dado por concluido, al margen de que la ley conceda o no un recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificada o revocada, habida cuenta que esto último incide únicamente en la procedencia o improcedencia del juicio. Por tanto, resulta jurídicamente válido afirmar que el acto reclamado, constituye una resolución con carácter definitivo, la cual en términos del Código de Comercio no es recurrible, toda vez que de acuerdo con los artículos 1334 y los párrafos primero, quinto y séptimo del 1339 del citado ordenamiento legal, se advierte que solo procede el recurso de apelación cuando la propia legislación contenga disposición expresa en ese sentido, por otro lado, el recurso de revocación solo procede contra autos y decretos que no fueren apelables. En ese tenor, la resolución aquí combatida con la cual se concluye el juicio Ejecutivo Mercantil de origen es una resolución que por su naturaleza, pone fin al juicio; por tanto, la impetrante está en condiciones de acudir a defender sus derechos en la vía del amparo directo. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo vigente, al reclamarse una resolución definitiva que pone fin al juicio civil de origen, lo que compete conocer y resolver al Tribunal Colegiado en Materia Civil, en Turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato. En consecuencia, en términos el artículo 47, de la Ley de Amparo vigente, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 39/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena: I. Remitir el escrito original de demanda y sus copias respectivas al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno. II. Formar, con copia de la aludida demanda, el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que sea necesario pronunciarse en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo vigente, respecto de la suspensión de los actos reclamados, habida cuenta que no se actualizó ninguno de los supuestos que prevé el diverso artículo 22 de la Constitución Federal. Por otro lado, se tiene como domicilio de la quejosa el que indicó en su escrito de demanda; asimismo se tiene como sus autorizados, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a -----, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a las demás personas que indica, por no contar con el anterior requisito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.
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