Ma. Jesús Soto Soto
Expediente 1033/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Jesús Soto Soto
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la parte quejosa en proveído de diez de diciembre de dos mil dieciocho, para que compareciera debidamente identificada a este juzgado federal, para que en diligencia formal manifestara si la huella que calza el escrito de demanda fue estampada por ella, así como para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a alguna que tenga jurisdicción en esta ciudad; y de ser así precisara su denominación, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Por otra parte, vista la razón de entrega de documentos que antecede, de la que se desprende que el veinte de los actuales, **********, autorizado de la parte quejosa, compareció ante este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que anexó a su demanda de amparo la parte quejosa, tal como se ordenó en proveído de diecinueve de diciembre pasado; en ese sentido, hágase lo anterior del conocimiento del Analista Jurídico para que haga las anotaciones correspondientes.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por **********, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos que alude, previa copia certificada que en su lugar se deje.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo que presenta por ***********, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Partido Civil de San José Iturbide, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1033/2018-I. En el caso concreto, primeramente debe decirse que la promovente del amparo ***********, únicamente estampó su huella en la demanda, lo que de conformidad con el artículo 114, constituye una irregularidad, pues lo normal en este tipo de promociones es que contengan la firma del agraviado, o en su caso, la rúbrica de quien firme a su ruego; motivo suficiente para ordenar su aclaración, con el objeto de tener certeza de que aquélla pertenezca a la citada promovente. Sin que obste a lo anterior la jurisprudencia 1/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 79/2011, entre las sustentadas por el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, actual Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." Toda vez que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que la problemática en dicha contradicción de tesis consistió en determinar: ".si cuando en la demanda se imprime la huella digital del quejoso y alguien firma a su ruego, debe admitirse ésta, o bien, es necesario requerirle para que, acorde a lo señalado en el artículo 146 de la Ley de Amparo, ratifique si es su voluntad instaurar el juicio de garantías"; lo que en el caso no ocurre, en virtud que en la especie únicamente obra la huella de la quejosa, es decir, no firmó nadie a su ruego; por ello, se afirma que no se está en el mismo supuesto jurídico. Cabe señalar que el criterio antes citado, resulta de observancia obligatoria para el suscrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, pues no obstante que se emitió a la luz de las disposiciones establecidas en la Ley de Amparo abrogada, no se opone a lo previsto en la ley actual, de acuerdo con lo establecido en el diverso sexto transitorio de dicho cuerpo de leyes. Asimismo, el suscrito estima que la demanda también es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción III del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En la especie el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular, en virtud que de los datos proporcionados por la quejosa no se puede establecer cuál Juez de Distrito es el competente para conocer de la misma. Para justificar el aserto anterior, es necesario precisar que: - La competencia es la facultad que tienen las autoridades para conocer y decidir sobre determinados asuntos y materias que se sometan a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio; y, - La jurisdicción es una institución de derecho que reviste a la autoridad de potestad legal para impartir justicia y, a su vez, es el imperio de que se hallan investidos los Jueces para administrarla, la cual se clasifica en atención a razones territoriales, a la cuantía de los asuntos, a la materia misma de la controversia y al grado, lo que origina la competencia de determinado tribunal para conocer de un negocio. De ahí que, al constituir la competencia un presupuesto de orden público, resulte necesario establecer previamente a tramitar la demanda de amparo qué órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la misma. En el caso concreto, la quejosa señaló en su demanda de amparo como: Autoridades responsables ordenadoras: Juez Primero Civil de Partido de San José Iturbide, Guanajuato, así como el Secretario de Acuerdos adscrito a dicho órgano jurisdiccional. Autoridad ejecutora: Notario Público número 6, de Ciudad Victoria, Guanajuato. De lo anterior se advierte que si bien es cierto que la solicitante del amparo señaló autoridad responsable ejecutora con sede en la ciudad de Victoria, Guanajuato, también lo es que soslayó señalar autoridad responsable ejecutora diversa bajo la cual el suscrito ejerza jurisdicción. Por ello, es necesario que la quejosa aclare su demanda y, haga el señalamiento de alguna autoridad ejecutora en esta jurisdicción, a fin de que este tribunal cuente con competencia legal para proveer sobre la demanda, ya que el sólo domicilio de la quejosa en la jurisdicción de este juzgado es insuficiente para justificar la competencia. Conclusivamente, ante la omisión incurrida por el quejoso, lo procedente conforme a los mencionados artículos 108, fracción III, en relación con el 114, todos de la Ley de Amparo, es prevenirlo para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con ocho copias de su libelo aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Comparezca debidamente identificada a este juzgado federal, para que en diligencia formal manifieste si la huella que calza el escrito que se provee fue estampada por ella. Manifieste si desea señalar como autoridad responsable a alguna que tenga jurisdicción en esta ciudad; y de ser así precise su denominación. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Asimismo, como lo solicita la promovente, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la ley de la materia, la presente determinación, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, practíquenseles mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********, al contar con cédula profesional número *************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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