Ma. Isabel López Franco y Otros.

Expediente 459/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
459/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Antonio López Franco
  • Ma. Isabel López Franco y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de once de mayo del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSAAgréguese en autos el escrito signado por**************** y *****************, ambos de apellido*******************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngaseles cumpliendo con el requerimiento que se le hizo en proveído de veintisiete de abril del presente año. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo la consideración anterior, se precisa que lo que los quejosos reclaman en esta instancia constitucional, es la negativa del juez responsable de tenerlos como terceros extraños al juicio ordinario civil C137/2022, promovido en contra de la sucesión testamentaria que se tramita en el expediente C107/2019, dentro de la cual son coherederos, ambos juicios del índice del Juzgado Civil de Partido y Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato. En ese orden, respecto a dicho acto reclamado, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII- en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" (.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. En efecto, en la legislación vigente, se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Por tanto, como se puede observar de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, los quejosos manifiestan que pretenden incorporarse al juicio ordinario civil C137/2022, del índice del Juzgado Civil de Partido y Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, con la calidad de coherederos con la que cuentan en el sucesorio testamentario C107/2019, en virtud de que aquél controvertido se instruye en contra de la sucesión a la que tienen derecho; y que el referido juicio ordinario civil se encuentra en etapa de instrucción puesto que el albacea de la aludida sucesión contestó la demanda. En ese sentido, la negativa de tenerles como terceros extraños, no puede ser considerada como un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, puesto que en determinado caso, podrían traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos, más no así derechos sustantivos, ya que esa actuación tendrá un efecto jurídico en la esfera de la parte quejosa hasta el dictado de la sentencia; por lo que, no se les puede considerar como actos de imposible reparación, de manera no encuadran en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107 -fracción V- de la Ley de Amparo en vigor. Cabe señalar que se estima que en el caso, el acto reclamado no afecta el derecho de audiencia de los quejosos puesto que como quedó precisado, pretenden que se les incorpore al juicio de origen con la calidad de herederos de la sucesión testamentaria que se tramita en el expediente C107/2019; sin embargo, sus derechos están representados por el albacea de la sucesión, quien tal como lo refieren, dio contestación a la demanda. Pues no debe perderse de vista que el artículo 2944, fracciones VII y VIII, del Código Civil para el Estado de Guanajuato, dispone que son obligaciones del albacea la defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; así como también representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren contra de ella. De ahí que, la actuación reclamada sólo implique la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si la sucesión de la que son parte obtiene sentencia favorable en el juicio ordinario civil y, en caso contrario, de resultar opuesto a sus intereses, el albacea puede reclamarla en el juicio de amparo que se promueva en contra de dicha resolución. Lo anterior es así, pues en la especie, como se estableció dicho acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, si la parte quejosa, en cuanto coherederos de la sucesión del juicio sucesorio testamentario C107/2019 obtiene resolución favorable. Consecuentemente, al quedar demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *********** y **********, ambos de apellido *****************, por su propio derecho, contra actos del Juez Civil de Partido y Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato; con apoyo en el Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma, Adiciona y Deroga el similar 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, en relación al Periodo de Vigencia y las Facultades de la Comisión Especial; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 459/2022-IV. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común al primero de los mencionados en párrafo que antecede. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La primer irregularidad advertida surge de lo establecido en la fracción II del artículo 108 de la ley de la materia, dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional, el nombre y domicilio de los terceros interesados, y en caso de que desconozca a quienes les reviste dicho carácter, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa señaló como tercero interesado a ****************; sin embargo, de los antecedentes de su escrito de demanda no indicó que participación tiene en el juicio de origen, dado que la parte quejosa sólo se limitó a señalar como tercero al antes mencionado, sin darle mayor intervención dentro de los antecedentes o relatar la relación que guarda el citado con el acto reclamado, circunstancia que hace que la demanda que se estudia sea imprecisa, dado que no se expresó con claridad los hechos que acontecieron al mismo. B) La segunda irregularidad advertida emerge en cuanto al requisito establecido en la fracción V del artículo 108, que dispone: "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, el suscrito estima que la parte quejosa fue omisa en narrar de manera sucinta y cronológica la totalidad de los antecedentes del acto reclamado derivado del expediente C*********** de la estadística del Juzgado Civil de Partido y Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, dado que si bien es cierto que narró algunos hechos o abstenciones, también lo es que omitió narrar de manera clara, concisa y sucesiva diversos aspectos como: a). Cuál es la naturaleza del juicio; b). Qué prestaciones se reclaman; c). Quiénes son las partes; y d). En qué etapa procesal se encuentra el juicio. Por tanto, se estima que los promoventes del amparo soslayan describir de manera cronológica y detallada los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de los actos que tilda de inconstitucionales en el presente juicio con apego a la verdad, lo que como se dijo, resulta necesario para proveer lo que en derecho corresponda en relación con la demanda de amparo. Conclusivamente, ante las omisiones incurridas por la parte quejosa, lo procedente conforme a los mencionados artículos 108, fracciones II y V, en relación con el 114, todos de la Ley de Amparo, es prevenirla para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise qué participación tiene el tercero interesado *****************, en el controvertido de donde emana el acto reclamado, o bien, porqué sostiene que le resulta el carácter de tercero interesado para los efectos del presente juicio de amparo; y Manifieste bajo protesta de decir verdad, la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, en términos de lo expuesto en el cuerpo de la presente determinación. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe señalar que el promovente es quien debe cumplir la prevención, puesto que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quienes promueven la demanda, porque los sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hacen con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estarían sujetos a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual el directo quejoso debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. En otro contexto, toda vez que la parte quejosa solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquesele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Asimismo, téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, al contar con cédula profesional ************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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