Ma. Isidra Pérez Pardo

Expediente 1435/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1435/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
31/10/2018

Partes del expediente

  • Ma. Isidra Pérez Pardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el tres del mes y año en curso (fojas 88 y 89) la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de cuatro del presente mes (foja 90), se dio vista a la parte quejosa con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el diez siguiente (fojas 91 a 93); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del quince al diecisiete del actual mes y año. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia de ocho de agosto de dos mil dieciocho (fojas 57 a 74), se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".En consecuencia, al resultar inconstitucional el ordinal 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, por violar los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, lo que procede es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos fundamentales violados, en acatamiento a lo dispuesto en el dispositivo 77, fracción I, con relación al 78, ambos de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, en (sic) de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la quejosa la cantidad de $10,797.97 pesos, por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativos al instrumento público "35,154", emitido por el Notario Público 15, con sede en Tepic, Nayarit, que se pagó el cinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 9 a 14, 33 a 36 y 50). Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a la contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria el tres de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 78 y 79). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 21, fracciónes I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlo en contra de la promovente del amparo, hasta en tanto fueran reformados. Le devolviera a la agraviada la suma de $10,797.97 (Diez mil setecientos noventa y siete pesos 97/100 Moneda Nacional), por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el tres de este mes (fojas 88 y 89), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, acompañó la impresión de la transferencia efectuada en favor de la promovente del amparo, el dos de octubre de este año, por la cantidad de $10,526.89 (Diez mil quinientos veintiséis pesos 89/100 Moneda Nacional), por concepto del monto que en su momento erogó la agraviada con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $10,797.97 (Diez mil setecientos noventa y siete pesos 97/100 Moneda Nacional), luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de instrumento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la parte promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que el Recaudador responsable tenía que devolver la cantidad de $10,517.97 (Diez mil quinientos diecisiete pesos 97/100 Moneda Nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el cinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 9, 10 y 50) y el dos de octubre del año en curso, la autoridad responsable realizó la transferencia respectiva a la aquí quejosa (foja 89); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de junio a octubre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto de este año entre el índice para el mes de abril de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior de los meses respectivos, no hubiera sido publicado por el Banco de México al día en que, en su caso, se expidió el recibo fiscal o bien, se efectuó la devolución de la cantidad erogada, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual anterior publicado, esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil dieciocho fue de 131.987; y para el mes de agosto de esta anualidad fue de 100.492 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.7613; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1, de conformidad al último párrafo del citado numeral. De las constancias que obran en autos se advierte que el citado Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas responsable, acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad de $10,526.89 (Diez mil quinientos veintiséis pesos 89/100 Moneda Nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el Recaudador responsable debía devolver a la agraviada era de $10,517.97 (Diez mil quinientos diecisiete pesos 97/100 Moneda Nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $10,526.89 (Diez mil quinientos veintiséis pesos 89/100 Moneda Nacional), es decir, entregó un excedente de $8.92 (Ocho pesos 92/100 Moneda Nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría requerir a la promovente de amparo, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto ésta para devolver dicho monto y la autoridad responsable a fin de que se le devuelva serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de garantías y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por *, en su carácter de quejoso, a través del cual desiste de la presente demanda de amparo; sin embargo, dicho libelo no se encuentra ratificado; entonces, atendiendo a lo anterior y considerando que el juicio de garantías siempre se sigue a instancia de parte agraviada, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, comisiónese al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, para que se constituya en el domicilio procesal señalado por el citado promovente y lo requiera para que ratifique su escrito de desistimiento, en el propio acto de la notificación o bien, dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de mérito, comparezca ante la presencia judicial con esta finalidad, apercibiéndolo que de no cumplir con lo anterior, no se le tendrá por desistido de este sumario constitucional. El criterio de jurisprudencia que aparece citado, se invoca aun cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema que tratan; ello con fundamento en el numeral sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente.

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el oficio STCCNO/250/2018 de dos de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, del que se advierte que en sesión celebrada en dicha fecha, entre otras cuestiones, cesaron los efectos del punto de acuerdo C. CAR 11/2018-111 y, en consecuencia, se determinó que el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio y apoyo a las labores de este órgano jurisdiccional, pronuncie las sentencias definitivas dentro de los juicios de amparo de la estadística de este órgano jurisdiccional, los cuales le serán remitidos de manera mensual. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y de conformidad con el "Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares", el presente asunto fue seleccionado para ser remitido al órgano jurisdiccional auxiliar referido, cuyo titular es el licenciado José Dekar de Jesús Arreola; por tanto, con fundamento en la fracción I del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, remítase a dicho juzgado, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Cuarto Circuito, el expediente en que se actúa constante en un tomo, para que proceda a dictar la sentencia correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.

  4. Principal

    Tepic, Nayarit, uno de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso Noé Alfredo Osuna Fonseca, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de septiembre de este año señala como autoridad responsable al Jefe de Departamento Comercial Zona Tepic EF, de la División de Distribución Jalisco de la Comisión Federal de Electricidad. Por lo que, se tiene por cumplida la citada prevención; además, exhibe las copias necesarias de su escrito aclaratorio. ADMISIÓN. En virtud de lo anterior, con apoyo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115 y demás aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE en sus términos la demanda de amparo de que se trata. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin proveer lo conducente respecto del incidente de suspensión por no haberse solicitado, pues de conformidad con el artículo 124, fracción I de la Ley de Amparo, la suspensión del acto que se reclame debe a ser a petición del agraviado, lo que en el caso no acontece. INFORMES JUSTIFICADOS. Pídase INFORME JUSTIFICADO únicamente a la autoridad responsable Jefe de Departamento Comercial Zona Tepic EF, de la División de Distribución Jalisco de la Comisión Federal de Electricidad, toda vez que los informes correspondientes a las demás autoridades ya obran en autos, que deberá rendirlo dentro del plazo de QUINCE DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le requiere, ello de conformidad a lo previsto en el precepto 117 de la ley en comento; apercibida que en caso contrario, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo, del arábigo citado, se presumirá la certeza del acto que se le reclama; envíesele para tal efecto, copia simple de la demanda. Asimismo, con fundamento en los numerales 75 y 117, párrafo cuarto, de la ley en cita, requiérase a la autoridad responsable para que juntamente con sus respectivo informe remita copias certificadas, completas y legibles de las constancias en que apoye el acto que se le reclama, incluyendo las que se tengan al momento de recibir el oficio de notificación de mérito; lo anterior, con independencia de la certeza o no del acto reclamado, apercibida que en caso de ser omisa, esto es, en caso de no rendir el informe aludido o de no remitir las constancias indicadas en líneas precedentes, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo que establece el ordinal 260, fracción II y 238 de la actual Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. REQUERIMIENTO POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64, de la Ley de la Materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Cabe precisar que la asignación de dicha data, está supeditada a las cargas laborales del juzgado. PRUEBAS Con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas documentales que acompaña a su escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas al verificarse la audiencia constitucional correspondiente. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicitan las impetrantes de amparo, téngase como autorizados para recibir notificaciones a su nombre en lo amplios términos que prevé el artículo 12 de la ley de la materia al licenciado Rivelino Márquez Jacobo, toda vez que su cédula profesional toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por otra parte téngasele únicamente como autorizada en términos restringidos a Karla Alejandra Jiménez Hernández, por no contar con tal requisito. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Luego, de conformidad a lo establecido en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve y de acuerdo con lo dispuesto en el dispositivo antes mencionado, en la que se autoriza a las partes y a sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los juzgados, para obtener copia de cualquier constancia o documento que obre en autos, asimismo, por economía procesal, se autoriza el uso de medios electrónicos, para obtener reproducción de las constancias que obren en este expediente, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. En el entendido de que tal autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. Lo anterior encuentra sustento, por analogía, en la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página dos mil ochocientos cuarenta y siete, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.". COPIAS. Con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Legislación de la Materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se autoriza la expedición de las copias certificadas que solicita, previa toma de razón y recibo que de su entrega deje en autos el promovente o sus autorizados para tal efecto. MINISTERIO PÚBLICO. Por otra parte, con base en el arábigo 5, fracción IV, de la ley en comento, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, mediante copia simple que se le entregue de la demanda interpuesta y escrito aclaratorio de ésta, de conformidad con el dispositivo 26, fracción II, inciso c), de dicha ley. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que pueden manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales.

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