Ma. Isabel Regalado Mora

Expediente 331/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
331/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
17/06/2019

Partes del expediente

  • Ma. Isabel Regalado Mora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de diecisiete del actual mes y año, indica las operaciones aritméticas realizadas a fin de determinar lo adeudado al quejoso y aclara lo relativo al dictamen por edad y tiempo de servicio de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si está de acuerdo con lo que informa la responsable respecto a la cantidad que le adeudaba, o bien, es una diversa cantidad; apercibida que de ser omisa a lo anterior, se dará vista respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y se resolverá lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistas las constancias que integran los autos del presente juicio, en particular, la notificación practicada a la parte quejosa ********************el veinticuatro de mayo pasado, mediante la cual se le dio vista con las constancias remitidas por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Nueve, con sede en Mazatlán, Sinaloa, se advierte que al día de hoy, fecha en que se encuentra programada la audiencia constitucional en este juicio, no median al menos ocho días de anticipación, como se obtiene de la certificación de cuenta; en consecuencia, ésta se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, con la finalidad de que dicha parte se imponga de su contenido. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia 54/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Materia Común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, (".el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." **

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dentro del plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, atendiendo al sentido de dicha sentencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de la materia, requiérase a la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Sin que en el presente asunto se actualice la hipótesis contenida en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo vigente, en el sentido de requerir al superior jerárquico para que ordene a la responsable en comento, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a ./J.36/2011 (10a.), determinó que las juntas y tribunales laborales no tienen superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, pues son organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, por lo que están desvinculadas de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio, consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Además, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada.

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada el cuatro del mes y año en curso, por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, dentro del amparo en revisión 264/2019 de su índice, derivado del diverso 34/2019, de la estadística del Órgano Colegiado mencionado en primer término, relativo al juicio de amparo 1055/2016, así como los autos originales del sumario constitucional en un tomo y cinco legajos de constancias. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado Auxiliar, se aprecia que CONFIRMÓ la sentencia pronunciada en este sumario constitucional, misma que sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por Claudio González Ortega, en contra de los actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Luego, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto Vigésimo Primero, del capítulo Quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho Acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto Vigésimo Primero del capítulo Quinto, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, carece de relevancia documental y no cuenta con documentos originales a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción; ello en atención a la ejecutoria emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en la que se confirmó la sentencia emitida por este Juzgado, misma que sobreseyó en el presente juicio de garantías, pues para los efectos del citado Acuerdo General, prevalece la sentencia dictada en segunda instancia, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Además, con sustento en los artículos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, una vez transcurridos cinco años, contados a partir del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió (fojas 8 a 12 y 19 a 24 del cuaderno original del incidente de suspensión), a excepción de la demanda de garantías y las resoluciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el Libro de Gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Por otra parte, devuélvanse a la autoridad responsable denominada Magistrada Presidenta de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, las constancias relativas al acto reclamado, consistentes en un legajo de copias certificadas del toca civil 102/2016 de su índice, así como los autos originales del juicio civil ordinario 139/2009 de la estadística del Juzgado Mixto de Primera instancia, con sede en Santa María del Oro, Nayarit, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Finalmente, agréguese a este juicio de amparo el cuaderno de antecedentes correspondiente a partir de la interposición del citado recurso de revisión. Notifíquese. **

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano