Ma. Isabel Piña Camacho

Expediente 343/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
343/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Ma. Isabel Piña Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de junio de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21 inciso d) de dicho Acuerdo. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, suscrita por el actuario judicial adscrito, se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar a *****, toda vez que a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de siete de mayo del año en curso, y notificar al citado apoderado legal dicha determinación, procedió a buscar en los mapas del sitio Google.com, la calle Margarita Maza de Juárez, número 46, en la colonia Ocho Cedros, Toluca, Estado de México, cuyo resultado arrojo una calle con dicho nombre la cual inicia desde Calzada del Pacifico, por lo que el doce de los cursantes se constituyó en la calle en mención iniciando su recorrido desde la calzada, recorrido del cual no advirtió domicilio alguno con número 46, sin embargo, localizó una casa blanca con un número que se apreciaba con un número "cuatro" y otro impreciso, para lo cual, a efecto de indagar procedió a tocar la puerta de dicho inmueble, del cual fue atendido a su llamado por una persona quien no se identificó pero de la cual describe su media filiación, quien le refirió que efectivamente ese domicilio anteriormente contaba con el número cuarenta y seis, para efectos de localización como llamado de taxis o de comida o de domiciliación de servicios y que en últimas ocasiones diversos notificadores han insistido en dejar diversa documentación, indicándole que es un domicilio particular y no está señalado para oír y recibir notificaciones, sin conocer a los autorizados señalados en la demanda de amparo del presente juicio, razón por la cual el trece de mayo siguiente volvió a constituirse en la calle Margarita Maza de Juárez, a efecto de encontrar el domicilio buscado, sin obtener resultado positivo. Atento a lo anterior, y toda vez que de la demanda de amparo promovida por *********, se advierte que cuenta con el usuario "luisoliver", el cual señaló para efectos de consulta del expediente electrónico del presente juicio, y toda vez que de la misma demanda no se advierte diverso domicilio donde pueda notificar a la parte quejosa; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se ordena notificar la determinación de siete de mayo del año en curso, a la parte quejosa, a través del usuario proporcionado por el apoderado legal de mérito, sin perjuicio que con posterioridad pueda señalar diverso lugar para tales efectos. EN CUMPLIMIENTO A DICHO AUTO SE NOTIFICA EL DIVERSO DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL SE TRANSCRIBE AL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, siete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por Luis *******, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y arbitraje con sede en Toluca y otra autoridad, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 343/2021-II. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone. ******* En el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, publicada en la página 890, con número de registro 196196, que establece: ******* En ese sentido, este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: .". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De conformidad con el artículo 61, fracción XIV de la ley de la materia, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente de su notificación, conforme a la ley del acto. Para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del precepto legal antes transcrito se obtiene que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber:  Primer párrafo: Quince días, regla general.  Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se puede concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días (regla general). Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Ahora, del análisis integral de la demanda se obtiene que la quejosa reclama la fecha lejana que se da entre auto de radicación y fecha de celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, en el expediente J.29/1568/2020 del índice de la autoridad responsable. Entonces, siguiendo el marco jurídico, el acto reclamado en el párrafo que antecede se ubica dentro de la regla general de quince días antes enunciada, toda vez que el promovente manifestó en el escrito que se atiende en el presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad, que fue notificado del acto reclamado el trece de abril de dos mil veintiuno, lo que constituye una confesión expresa de la parte quejosa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." De ese modo, si en el caso particular existe conocimiento del acto reclamado, como ha quedado precisado, desde el trece de abril de dos mil veintiuno, -como lo manifestó la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad-, es inconcuso que una vez que surtiera efectos dicha notificación tuvo posibilidad de impugnar el acto en la vía constitucional; de ahí que, la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado en esta vía, es la que fija el punto de partida para el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo, mismo que surtió sus efectos el día y hora en que se practicó, en términos del artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 747.- Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley; y (.)" Por consiguiente, el término para presentar la demanda de amparo respecto del acto reclamado en este asunto, transcurrió del catorce de abril al cuatro de mayo de dos mil veintiuno, sin contar los días previstos en el numeral 19 de la Ley de Amparo, y sin que se advierta que se encuentre en alguno de los casos de excepción contemplados por la Legislación de la materia, lo que obliga a desecharla, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia I. 5o T. J/6., emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materia Laboral, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 193. "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORANEA EN MATERIA LABORAL. Si la presentación de la demanda de garantías tiene lugar fuera del término que previene el artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, al actualizarse la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción XII, de la legislación primeramente invocada, resulta improcedente el juicio constitucional, pues debe considerarse que al no interponerse éste dentro del término legal, se está en presencia de un acto consentido". La Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época, a página 1931, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Asimismo, tiene aplicación al presente caso, la tesis visible en la página 652, publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Así como, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI-Junio, Octava Época, que se aprecia en la página 235, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Por tales motivos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Luis Enrique Oliver López, en calidad de apoderado legal de la quejosa Ma. Isabel Piña Camacho, por notoriamente improcedente. Asimismo, toda vez que la parte quejosa señala domicilio físico para oír y recibir notificaciones, téngase dicho lugar para los efectos que refiere. Por otro lado, toda vez que proporciona usuario para la consulta del expediente electrónico, a efecto de privilegiar los medios electrónicos en el presente sumario constitucional, y en atención a que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario "luisoliver"; como lo dispone el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto. Luego, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere. Con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de mayo de dos mil veintiuno. NOTIFICACION PERSONAL.

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