Ma. Guadalupe Vallejo Hernández
Expediente 341/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/04/2023
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Vallejo Hernández
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, el actuario judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, acusa recibo del diverso por el que se le remitieron las constancias relativas a fin de substanciar el recurso de queja hecho valer por Ma. Guadalupe Vallejo Hernández, contra el auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, mismo que admitió y registró como recurso de queja 137/2023 de su estadística; circunstancia de la cual este Juzgado de Distrito toma conocimiento. Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Ma. Guadalupe Vallejo Hernández, por propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid- 19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 341/2023-II. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión en la presente instancia constitucional está encaminada a reclamar los actos que se hacen consistir en: La omisión de realizar el pago completo y correcto del retroactivo por concepto de pensión por jubilación provisional en favor de la quejosa. La orden de descuento retroactivo por servicios de salud en agravio de la quejosa. La omisión de pago completo por concepto de pensión por jubilación de forma provisional y previsión social en favor de la quejosa. En ese orden, el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; a continuación se analiza la que se actualiza por lo que ve a los actos reclamados señalados, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Además, es necesario destacar el contenido del artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución" De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que, de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. De las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61 fracción XX de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. En el caso los actos que aquí se reclaman no se encuentran dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar cabalmente los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden contra los actos reclamados. Ahora, en atención a la fracción XX, del artículo 61, de la ley de Amparo, la parte quejosa previo a promover el juicio de amparo bi-instancial, respecto a los actos reclamados consistentes en la omisión de realizar el pago completo y correcto del retroactivo por concepto de pensión por jubilación provisional en favor de la quejosa y la orden de descuento retroactivo por servicios de salud en agravio de la quejosa, debió acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a efecto de promover el Juicio Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que textualmente señalan: "Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: . II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los órganos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación. (.)". En atención al artículo transcrito, se evidencia que, contra los actos reclamados antes citados, es procedente el juicio contencioso administrativo, pues dichos actos son de carácter administrativos y derivan de un órgano auxiliar de carácter estatal; por ende, sus actuaciones son de la misma naturaleza y, se encuentran reguladas por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Por lo tanto, es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe agotar los medios impugnativos ordinarios previstos por la Ley que rige la controversia de origen, es decir, el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en términos del artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al resultar un medio de defensa idóneo y válido para impugnar el acto que aquí se reclama, pues a través del mismo se puede lograr su modificación, revocación o nulificación. Sin que en el caso, se esté en alguno de los supuestos de excepción que al efecto establece la Ley de Amparo, toda vez que tanto en el artículo 194 como en la Sección Cuarta del Capítulo Tercero, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regula la institución jurídica de la suspensión del acto impugnado, no se advierte que los mismos exijan mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para conceder la medida suspensional. Robustece lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis PC.II.A. J/3 A (10a), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, Décima Época, pagina 2936, de título: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL". Así como, de manera orientadora, la tesis II.4o.A.29 A (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Décima Época, pagina 2990, de título siguiente: "NEGATIVA FICTA RECAÍDA A LA SOLICITUD DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIAS SALARIALES. SU PRESCRIPCIÓN DEBE EXPONERSE AL CONTESTAR LA DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)". Aspectos jurídicos por los que este Juzgado Federal concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra de los actos reclamados, procede el Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Y, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de pago completo por concepto de pensión por jubilación de forma provisional y previsión social en favor de la quejosa, en atención a la fracción XX, del artículo 61, de la ley de Amparo, previo a promover el juicio de amparo bi-instancial, la peticionaria de amparo debió denunciar el incumplimiento a la sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México en los autos del juicio 341/2020 ante la misma Sala Regional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que textualmente señala: "Artículo 280.- Si dentro de los tres días siguientes a la notificación a los demandados, la sentencia no quedare cumplida o no se encontrare en vías de cumplimiento, la sala regional competente, de oficio o a petición de parte, dará vista a las autoridades para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Se formulará la misma vista, cuando el actor manifieste que existe defecto o exceso en la ejecución de la sentencia o que se ha repetido el acto impugnado. La sala regional resolverá si el demandado ha cumplido con los términos de la sentencia, si no existe defecto o exceso en la ejecución de la misma y si no se ha repetido el acto impugnado; de lo contrario, la requerirá para que cumpla la decisión respectiva en un plazo de tres días posteriores al en que surta efectos la notificación y previniéndola que, en caso de renuencia, se le impondrá una multa hasta por la cantidad equivalente de 50 a 1,000 días de salario mínimo vigente en la jurisdicción correspondiente. Cuando la naturaleza del acto lo permita, el magistrado comisionará al secretario de acuerdos o actuario para que dé cumplimiento a la ejecutoria, en caso de que no lo haga la autoridad en ese plazo. En los casos en que por la naturaleza del asunto no sea materialmente posible dar cumplimiento a la sentencia o iniciar su cumplimiento dentro del plazo establecido en el primer párrafo de este artículo, el magistrado podrá ampliarlo hasta por diez días, contados a partir del siguiente al en que se notifique a los demandados el requerimiento correspondiente". Y, de acuerdo al procedimiento aplicable al cumplimiento de sentencias en el Juicio Contencioso Administrativo del Estado de México, contenido en la tesis aislada II.3o.A.144 A (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Décima Época, pagina 1720, de contenido siguiente: "En los artículos 279 a 284 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se establece un sistema de cumplimiento de sentencias de dos instancias, donde la primera se lleva ante las Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y lo actuado por éstas es susceptible de control por las Secciones de su Sala Superior, las que, por no contar con facultades ni regulación sobre dilaciones procesales o recepción de pruebas, no pueden sustituirse plenamente a las Salas de primer grado, sino sólo operar como revisoras. Así, el procedimiento relativo, es el siguiente: 1. Cuando se dicte una sentencia favorable al actor en el juicio contencioso administrativo y ésta cause ejecutoria, comenzará la etapa de cumplimiento, la que se iniciará con el requerimiento, de oficio y sin demora, que se comunicará de inmediato a las autoridades demandadas; 2. En dicho requerimiento se ordenará a la autoridad administrativa que cumplimente la sentencia dentro de los tres días siguientes a la notificación, o al menos que justifique y demuestre que se encuentra en vías tendentes, por no ser posible el acatamiento inmediato; 3. Si la sentencia no quedare cumplida dentro del plazo señalado o no se realiza algún acto tendente a ello (sólo cuando esto sea razonable), se le dará vista al administrado para que manifieste lo que a su derecho convenga por otros tres días; 4. La vista se otorgará también por tres días a las autoridades obligadas al cumplimiento, cuando el administrado denuncie o manifieste que existe exceso, defecto o repetición en el cumplimiento de la sentencia; 5. Cuando se manifieste en dicha vista que la sentencia no se encuentra cumplida o se denuncie el exceso, defecto o repetición, la Sala Regional deberá resolver dentro de otros tres días si existe el vicio manifestado o denunciado; 6. Si fuera necesario se admitirán pruebas para demostrar el cumplimiento o incumplimiento; 7. Al resolver sobre la manifestación o denuncia de incumplimiento, la Sala Regional deberá declarar si la sentencia fue cumplida o no; 8. Si se considera que fue incumplida, se requerirá nuevamente y de forma directa a la autoridad demandada para que la acate en el plazo de tres días más, bajo apercibimiento de multa por la cantidad equivalente de 50 a 1,000 días de salario mínimo en caso de renuencia (la que se podrá imponer y reimponer cuantas veces sea necesario) y, además, si dicha autoridad tiene superior jerárquico, la Sección correspondiente de la Sala Superior, a petición de la Sala Regional, resolverá si se solicita al titular de la dependencia estatal, municipal u organismo al que se encuentre subordinado, que la conmine al cumplimiento (esto, con independencia de las otras formas de responsabilidad que pudieran presentarse); 9. Si la autoridad, a pesar de lo anterior, persiste en el incumplimiento, el Magistrado de la Sala Regional comisionará al secretario de Acuerdos o actuario para que, en defecto de la autoridad, cumpla directamente la ejecutoria cuando ésta no lo haga en el último plazo concedido; 10. Sólo cuando no sea materialmente posible dar cumplimiento dentro de los plazos anteriores, el Magistrado de la Sala Regional podrá ampliar dicho plazo hasta por diez días; 11. Cuando la autoridad no cumpla dentro de los plazos anteriores, la Sección podrá decretar su destitución, salvo que gozara de fuero constitucional, supuesto en el cual se dará aviso a la Legislatura Estatal para que se proceda como corresponda; 12. Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos serán responsables del incumplimiento de sus inferiores; 13. Sólo en los casos que señala la ley se podrá pedir el cumplimiento sustituto (privación de bienes inmuebles), previo incidente para fijar el valor comercial de los bienes afectados; 14. No podrá archivarse ningún asunto hasta que no quede cumplida la sentencia; 15. Contra las resoluciones dictadas por las Salas Regionales en la etapa de cumplimiento procede recurso de revisión, cuya materia se limitará a verificar la legalidad de lo realizado por la Sala de primer grado; 16. En congruencia y aplicación analógica de las jurisprudencias 1a./J. 44/2007 (9a.) y 1a./J. 61/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando sea necesario fijar una cantidad líquida (créditos, salarios, contraprestaciones, etcétera), antes de proceder a la etapa de cumplimiento, la Sala Regional deberá abrir un incidente (en términos similares a la cuantificación en el cumplimiento sustituto) para determinar la cantidad exacta que habrá de pagarse con motivo de la cumplimentación de sentencia, y una vez obtenida se procederá conforme a lo anterior; y, 17. Si en revisión, la Sección de la Sala Superior advierte que el procedimiento de ejecución fue seguido sin fijar previamente la cantidad exacta a cubrir, deberá ordenar su reposición y dejar sin efectos lo actuado, a fin de que, antes de comenzar la etapa de cumplimiento, se haga la cuantificación exacta referida". En atención al artículo e interpretación antes transcritos, se evidencia que, contra el acto reclamado antes precisado, es procedente denunciar el incumplimiento a la sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México en los autos del juicio 341/2020 ante la misma Sala Regional. Por lo tanto, es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe agotar los medios impugnativos ordinarios previstos por la Ley que rige la controversia de origen, es decir, la denuncia al incumplimiento de la sentencia ante la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México que conoció del juicio administrativo, en términos del artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al resultar un medio de defensa idóneo y válido para impugnar el acto que aquí se reclama, pues a través del mismo se puede lograr su nulificación. Aspectos jurídicos por los que este Juzgado Federal concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra de los actos reclamados, procede el Juicio Contencioso Administrativo y la denuncia al incumplimiento de la sentencia definitiva, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Por las consideraciones y fundamentos expresados, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promueve Ma. Guadalupe Vallejo Hernández, por propio derecho, contra los actos aquí reclamados. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el físico y electrónico que cita en su ocurso inicial de amparo; asimismo, por autorizados en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo a las personas que refiere, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la Tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Asimismo, tocante al número telefónico proporcionado, se toma conocimiento. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de éste y de las demás partes en este juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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